La Misión Ivanissevich – Por Ricardo Marconi

📜 El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi

La Misión Ivanissevich

 

En abril de 1975, luego de la muerte de Juan Domingo Perón, sobrevino la denominada “Misión Ivanissevich”, una ofensiva del loperreguismo para establecer una nueva “cabeza de playa” como anticipación al golpe en la universidad pública.

Tres individuos, de apellido Arango, Razoc y Pangia tuvieron a su cargo la “limpieza” de marxistas de la universidad.

Pangia llegó a asumir que “con su tarea borró 20 años de penetración marxista” y que con su trabajo de inteligencia entregó a grupos parapoliciales,  nombres de militantes, tanto estudiantes como docentes, luego desaparecidos, [1]entre los que se contarían Olga Ruiz, Carlos Belmont, Silvia Bianchi, Edén Britos, Adriana Estévez, Eduardo Lagrita, José Pancaldo, Elvira Dentesano, Stella Galiccio y  Leila Sade, quienes figurarían en listados secuestrados y que estarían dirigidos al ex general y ex presidente Leopoldo Fortunato Galtieri.

 

El asunto Radrizanni

El 11 de julio de 1975 Miguel Radrizanni denunció que “cinco automóviles Ford Falcon, en la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, ocupados por individuos vestidos de civil, luego de llegar a una vivienda, se introdujeron por la fuerza en la misma y amenazaron de muerte a una mujer y a unos niños que se hallaban junto a Carlos Banylis,-militante del Partido Comunista y delegado de la Unión Tranviarios Automotor- a quien a las rastras lo sacaron de la finca y en el jardín lo apoyaron contra un paredón que hacía las veces de medianera, tras lo cual lo fusilaron”.

Carlos Banylis, delegado de Transporte del Oeste (TDO) y militante del PC, asesinado por la Triple A el 10/06/1975 (Prensa Obrera)

El juez aterrorizado, que recibió la denuncia de la mujer del dirigente asesinado le pidió que “no profundizara la investigación”. Precisamente algunas averiguaciones practicadas años después, relacionaron la muerte del Banylis con el accionar de la Triple A, con su jefe Almirón y con las muertes de Rodolfo Ortega Peña, ocurrida el 31 de julio de 1974; Raúl Laguzzi, 7/9/1974; Alfredo Curutchet, 10/9/1974; Julio Tomás Troxler, 20/9/ 1974; Luis Mendiburu, 27/9/1974; Silvio Frondizi, 27/9/1974; Pedro Barrraza, 13/10/1974; Daniel Banfi, Luis Latrónica, y Guillermo Jabif, cuyas muertes se produjeron el 12/9/1974.

 

 

El sepelio de Ortega Peña

El triste día del sepelio de Rodolfo Ortega Peña hizo recordar que el 31 de julio de 1974 había sido asesinado por ráfagas de ametralladora de la Triple A.

Rodolfo Ortega Peña en una marcha de obreros de la fábrica Insud (Revista Haroldo)

La izquierda peronista exaltó la belleza de la muerte militante. Se equivocaban: no existe la muerte bonita. No hay belleza en la muerte.

Salvador Paino, jefe de Organización y Administración, Prensa y Relaciones Públicas del Ministerio de Bienestar Social acusó a Almirón como uno de los jefes operativos de la Triple A el 18 de septiembre de 1975 y sostuvo que fue convocado por “Lopecito” a su despacho para organizar el personal de la custodia y un dispositivo eficaz de seguridad a través de un sistema de células, “que no se conocieran entre ellas y que debían trabajar de manera independiente unas de otras”.

*

En noviembre de 1975, el Comando en Jefe del Ejército envió al Comando del II Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario, una Orden de Operaciones de Lucha contra la Subversión, a través de la cual se disponía la aplicación de métodos especiales de interrogación para sostener operaciones de inteligencia, tarea que sería coordinada por el Comando mencionado a través de una Central de Operaciones (Cenope), desde donde se disponía la libertad de detenidos.

Ese mismo mes y año, Jorge Rafael Videla -el undécimo hombre que se mudó de los cuarteles a la Casa Rosada en el último medio siglo-, participó en Montevideo, Uruguay, de la XI Conferencia de Ejércitos Americanos, invitado por el Pentágono.

 

Muerto y desfigurado en el Atlántico

Allí fue que declaró con desparpajo: “En la Argentina deberán morir todas las personas que sea necesario para que vuelva a reinar la paz” y a los cuatro meses, tras el golpe del 24 marzo del 76, fue hallado el primer cuerpo sin vida, flotando en el Atlántico uruguayo, desfigurado por la tortura impiadosa, a tal punto que no pudo determinarse la identidad, aunque se llegó a suponer que era un individuo japonés o coreano.

Era el mismo Videla que sobre la guerra contrarrevolucionaria señaló que era “el telón de fondo sobre el que ocurren sucesos de la vida nacional”. La frase sería usada posteriormente por otros generales, almirantes y brigadieres para pregonar el “aniquilamiento” y el “exterminio” de los que consideraban guerrilleros.

“Restablecer el orden en la producción y el aseguramiento de que las empresas privadas reciban beneficios estatales”, fue otro de los objetivos de Videla y sus adláteres.

En diciembre del 75, había tenido lugar otra reunión presidida por López Rega, dónde se discutió el nombre del grupo asesino. Primero se intentó denominarla Alianza Antiimperialista Argentina o Alianza Anticomunista Argentina. López Rega zanjó diferencias y la denominó Triple A. Posteriormente, en uno de sus informes confidenciales, la Policía Federal la denominó “Alianza Antiperonista Argentina”, como anticipáramos en una de nuestras columnas.

El 24 de marzo de 1976, el télex 071677, que lleva la firma del ex secretario de Estado Henry Kissinger sostenía: “Los problemas derivados y ligados a las inversiones serán minimizados, debido a la favorable actitud de la Junta con el capital extranjero”.

Se conoció más adelante un informe del comisario Luis Margaride, en que la califica a ese grupo de asesinos como “una agrupación extremista” que nació públicamente con el atentado al senador nacional de la Unión Cívica Radical Hipólito Solari Irigoyen el 21 de noviembre de 1975.

Entre 1976 y 1978 los salarios industriales básicos descendieron en su valor del 57,7% al 28,3% y la deuda externa creció un 50%, pasando de 5.189 millones de dólares en el 76 a 8.357 millones en el 78.

Las inversiones extranjeras, en cambio, treparon de 4.115 millones de dólares del 76 a 147.100 millones en el 78 y la inflación descendió del 400 al 175 por ciento.

Este último porcentaje fue utilizado por el segundo jefe de la misión extranjera Maxwell Chaplin para enviar el télex 241235 Z, del 23 de junio del 76, aunque puso énfasis en la caída de la demanda y la recesión, a la vez que aportó las críticas militares al Ministerio de Economía.

El 23 de enero de 1984, casi una década después del último de los asesinatos consignados, Interpol emitió una orden de detención contra Luis Almirón, en vez de hacerlo contra Rodolfo Almirón, su verdadera identidad. Muchos analistas le señalaron al autor que creían firmemente que el error tenía el objeto de “tirar las cosas para delante en el tiempo, esto es evitar la detención”.

Con el tiempo, el accionar de la Triple A fue reemplazado a través de la “Logia Libertadores de América”, por el Departamento de Asuntos Exteriores de la Policía Federal, conducido por oficiales becados por la inteligencia estadounidense, a través de la AID, esto es los comisarios Juan Gaiter y Antonio Gettor, sometidos a la autoridad de Gardener Hathaway, por entonces jefe de la Estación de la CIA en Argentina.

 

Los pagadores de la muerte

La versión corría por toda la planta de la metalúrgica Acindar[2] y nadie la negaba: El jefe de la División Personal de la empresa Pedro Aznarez, y el jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini serían los que tenían, entre otras, la obligación de pagar un plus a toda la policía que actuaba en Villa Constitución, esto es un suplemento del sueldo que recibían de la provincia.

El plus, se señaló en ese momento, de manera insistente, tendría que ver con un grave episodio ocurrido el 20 de octubre de 1975, cuando un grupo de represores secuestró a Julio Palacios, Carlos Ruesca y a la abogada De Grandi.

Al día siguiente, sus cuerpos aparecieron asesinados con crueldad increíble. Mediante el mecanismo de la tortura, a la abogada le habían seccionado un pecho. A Ruesca lo mutilaron, mientras que a Palacios le arrancaron los testículos.[3]

La metalúrgica que nos ocupa, según revelaría el policía Peregrino Fernández, uno de los jefes máximos de la Triple A, debía convertirse en una especie de fortaleza militar que tendría hasta cercos de alambres de púas como los campos de concentración nazis.

El helipuerto de la empresa fue usado para ascenso y descenso de helicópteros que se habrían utilizado en la represión de la huelga de 1975 y en un sector preciso se estacionaban los autos Ford Falcon, sin patente, y hasta en algunas oportunidades, tuvieron cabida efectivos de “Los Pumas”.

Alcides López Aufranc, oficial militar que fue instructor de la «doctrina francesa» sobre la que se asentaron las acciones represivas durante el sangriento Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983)

El general López Aufranc, un delgado y “pituco” militar que actuó como presidente de la citada empresa, se jactó de señalar a quien quisiera escucharlo que “23 delegados de base ya no darían problemas, ya que estaban muertos. Incluso hasta desapareció una empleada de menor rango: Nadia Doria, de la sección IBM.

No fue casualidad que la metalúrgica se convirtiera entonces, en el 5º deudor privado, con un pasivo de 652.193.000 dólares, transferidos luego al Estado mediante un seguro de cambio –que se agradeció a Domingo Cavallo– presidente del Banco Central durante la dictadura militar.

En el mismo mes y año –octubre de1975- la cúpula de la Unión Cívica Radical habría sido sondeada por jefes militares, entre los que se contaban el comandante del 1º Cuerpo Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason. El objetivo era, al parecer, conocer su opinión política ante un probable golpe militar.

Al parecer, los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas   sólo tenían datos objetivos sobre los potenciales oponentes al proceso criminal que se preparaba y en ese sentido se habían realizado análisis respecto del Movimiento Nacional Justicialista y en torno a manifestaciones parciales. Dentro de la “prioridad 1” estaban incluidos el gremialismo –la CGT de los Argentinos, la Juventud Trabajadora Peronista y el Movimiento Sindical de Base, así como el Movimiento Sindical Combativo”.

El plan, que dirigía desde la cúspide el mismísimo Roberto Eduardo Viola, incluía, según las versiones, encubrir con acciones “antisubversivas” la acción represiva que debía caer sobre el sindicalismo que él denominaba en reuniones privadas como “alternativo”. La resultante del plan significaría que serían “chupados” 200 delegados de base pertenecientes a la franja industrial del Gran Rosario hasta San Nicolás.

*

Mientras los hechos enunciados se desarrollaban, en Rosario –motivo central de nuestra indagación-, desde el 11 de diciembre de 1975 al 9 de abril de 1976, ocupó el cargo de jefe de policía un hombre de carrera.

Se trataba del por entonces inspector general Félix Pallavidini. Con ascendencia policial tomó la responsabilidad y llevó adelante, según su saber y entender el mando del organismo de seguridad. Pero Feced volvió a cubrir el cargo, ya que tenía un imperioso destino: matar y para esa función, felizmente para Pallavidini, sobraba.

Cuando Pallavidini se estaba retirando, se designaba en Buenos Aires, como ministro de Economía a Alfredo Martínez de Hoz, cuyo nombre surgió de un acuerdo de los tres comandantes en jefe del nuevo gobierno.

Martínez de Hoz era un poderoso estanciero, presidente -casualmente-, del directorio de Acindar, subsidiaria de la US Steell y miembro del directorio de la Pan American Arwais y de la ITT, aunque –como ya señalamos en otra columna-, formaba parte de los grupos Bracht y Roberts.

 

Martínez de Hoz fue por todo

Desde abril del 76 liberó los precios, congeló los salarios, derogó la legislación laboral, anunció la desnacionalización de todas las empresas estatales que no guardaban relación con la defensa y preparó el camino para la radicación de capitales extranjeros que competirían en las mismas condiciones que los nacionales.

Además, suprimió las trabas para remesar utilidades al extranjero y eliminó el derecho de huelga, que podía ser castigado con 10 años de prisión, a la vez que anuló preferencias impositivas y crediticias para las PYMES nacionales, despejó de gravámenes las importaciones de bienes que se producían en Argentina y viajó a Estados Unidos, Europa y Japón para solicitar créditos que le permitieran pagar 12 mil millones de la deuda externa.[4]

José Alfredo Martínez de Hoz, de la conducción de Acindar al Ministerio de Economía (Télam)

Inició un plan de despidos de empleados estatales, generando un millón de nuevos desocupados, sobre un total de una masa productiva de seis, a la vez que elevó en cinco años la edad para jubilarse, por lo que surge nítidamente que no se privó de nada en lo que concierne a perjudicar a los trabajadores.

La generación de un proceso recesivo no se hizo esperar y la inflación alcanzó un 500 por ciento anual. El próximo paso estaba cantado: “trasladar-matar” a los activistas y delegados que no alcanzaron a ponerse a salvo.

Entre el 18 de diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977, en cuatro decenas de enfrentamientos, las fuerzas militares del gobierno tuvieron 23 muertos y 40 heridos, mientras que la guerrilla debió contabilizar el abatimiento de 63 de sus efectivos. Mientras tanto, otros 100 procesados fueron eliminados por el mecanismo de la “tentativa de fuga”, discurso que nadie creyó entre los ciudadanos, pero que servía para prevenir a la guerrilla y a los partidos políticos reconocidos.[5]

*

El 23 de marzo de 1976, -un día antes del golpe- el mayor Bernardo Alberte envió una carta a Jorge Rafael Videla y antes de que se cumplieran 24 horas, en la madrugada del golpe, a las 2 de la madrugada, se salvó milagrosamente de morir a manos de una unidad conjunta del Ejército y la Policía Federal.

La patota de “exquisita mixtura criminal” irrumpió en su casa de Libertador 1160 y tras sacarlo de la cama a empujones y patadas, lo arrojó por la ventana del departamento ubicado en un sexto piso, tras lo cual los asesinos, teniendo como testigos aterrados a la familia de Alberte, se dedicó a saquear la casa. Obviamente ningún juez valiente quiso hacerse cargo de la investigación.

En la misma noche del 23 de marzo, del fatídico 1976 y en la madrugada siguiente, en su departamento de un ambiente, de 3 por 2.60 metros, con un mini baño y una kichinet, el escritor Rodolfo Walsh y su esposa Lilia Ferreira, mientras sólo podían percibir el aire que entraba por debajo de la puerta de ingreso, -ya que la única ventana que tenían daba a un contrafrente y estaba siempre cerrada para que los vecinos no escucharan sus conversaciones, que mantenían entre murmullos, sobre una cama de dos plazas o apoyados sobre la biblioteca que había pertenecido a Leopoldo Lugones y que les había regalado la mujer del escritor-, estuvieron interceptando comunicaciones radiales de las fuerzas de seguridad, en razón que la atención nacional estaba puesta en la posibilidad de que el golpe de Estado fuera  una realidad incontrastable.

El área de información montonera estaba pendiente de las escuchas para detectar datos del accionar militar que se estaba gestando. Esa noche del 24 de marzo, Lilia escuchó el noticiero de la BBC de Londres, a las 22. Walsh hablaba inglés y lo traducía.

También escucharon y descifraron órdenes de detención de gente que concurría a la Universidad de Bahía Blanca y otras informaciones que luego se difundían en la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA). Así, pudieron precisar que los tanques estaban circulando por el bajo en dirección de la Casa Rosada, mientras paralelamente, escuchaban Radio Colonia.

A la mañana del 24 Walsh salió a comprar los diarios, mientras se cuidaba de ser seguido, pero la muerte lo sorprendió.

 

Un panorama desolador

El 24 de marzo de 1976, el télex 071677, que lleva la firma del ex secretario de Estado Henry Kissinger sostenía: “Los problemas derivados y ligados a las inversiones serán minimizados, debido a la favorable actitud de la Junta con el capital extranjero”.

 

El télex de Hill

El embajador estadounidense Robert Hill también envió el télex 071649 Z, del 7/4/77, donde delineó las prioridades estratégicas norteamericanas en lo “económico y militar”. El objetivo de máxima pasaba por la no proliferación de tecnología en armas nucleares y volvió sobre la cuestión de producir alimentos a nivel mundial.

Obviamente, Alfredo Martínez de Hoz y Rafael Videla no eran estatistas ni proteccionistas y llevaron a la muerte a muchos argentinos en nombre de la economía de mercado.

Martínez de Hoz redujo en un año el 40 por ciento del salario real y a la población se le redujo el 30 por ciento de su participación en el ingreso nacional. Para pagar la canasta familiar el trabajador debía laborar 18 horas diarias y la desocupación se incrementó un 9 por ciento.

Para los militares del Proceso la tortura era “algo normal” y no un exceso, ya que hubo actos violentos gratuitos y, además, era considerada “un acto de servicio”.

“En Rosario no quedó casi nadie. Cayeron las mujeres del secretariado. Cayó Mónica Capelli, que había salido de la pensión con su hija de 3 años y al otro día apareció la nena que traía un hombre. Había dejado a la pequeña a un compañero.  Después se llevaron a la hija de Mónica. También cayó Magdalena Nosiglia (negrita) y un hombre.

 

Un envío controlado

El 6 de mayo de 1997, el periodista Juan Carlos Algañaraz, desde Madrid, dio a conocer una información a cuatro columnas en la que se hacía referencia a “Un envío que controló la SIDE”.

La información daba cuenta que “unos 5.500 documentos –fichas-, sobre desaparecidos habrían sido transportados a España en dos aviones Hércules y, desde allí, por tierra habrían terminado su derrotero en Suiza”. La denuncia la habría formulado un presunto ex agente de inteligencia en la capital española.

En Suiza, los datos fueron a parar a una sucursal de la Banca della Svizzera italiana, en Lugano y la llegada habría sido supervisada por la SIDE. La información fue publicada en el diario El Mundo y la declaración fue de Roberto Luis Marenco, identificado por el diario como “un ex agente militar” que habría trabajado en la Operación Traslado y en el Ministerio de Interior de España, durante uno de los gobiernos de Felipe González.

Marenco, al parecer, declaró que “el oficial encargado del transporte de los documentos era el comodoro Neme”. El Mundo, en la información dio cuenta que había generales, coroneles y tenientes coroneles, en conocimiento del operativo cumplido el 27 de mayo de 1983, el que “había partido desde el Aeroparque de Buenos Aires, con una escala técnica en Islas Canarias. El oficial cargo del procedimiento habría pedido que el servicio de inteligencia español (CESID) microfilmara toda la documentación y que el organismo español cumplimentara el pedido y se quedó con una copia, según el declarante.

 

 

 

[1] El análisis de cifras acerca de la represión, permite establecer que el 52% de los desaparecidos pertenecían a la clase trabajadora.

[2] Empresa íntimamente relacionada con el Villazo, tema ya detallado en anteriores crónicas.

[3] Declaración de Pedro Alfaro. Ïbidem ítem 12.

[4] Vale acotar que el 16 de marzo de 1850 se aprobó la denominada Ley de Consolidación de la Deuda Interna, una vasta operación financiera consistente en el pago de las deudas acumuladas por el Estado desde los orígenes de la República y a favor de prestadores nacionales. Así se reconoció como créditos contra Argentina todos los prestamos voluntarios o forzados, en dinero o especie, levantados desde 1820 por cualquier autoridad gubernamental. La decisión de llegar a un arreglo de la deuda interna, tomada un año después de los acuerdos de Londres con los tenedores de bonos de la deuda externa, representaba una concesión a los acreedores nacionales. En 1851 la deuda interna ascendía a 5 millones de soles y siete años más tarde, a 23. Una comisión investigadora, en 1855, denunció que más de 12 millones en bonos eran fraudulentos. José Echenique, en su Historia de Perú, publicó que en algunos expedientes hasta le falsificaron la firma a San Martín. Así, mediante la conversión de los títulos de la deuda interna, se convirtió la misma en externa de 13 millones con la intervención de la banca británica y de la francesa, que se hicieron cargo de la deuda interna, a cambio de los nuevos títulos de la deuda externa.

[5] Sin pudor los militares aplicaron la Ley de fuga a unos 50 prisioneros para que los medios hicieran trascender la información en Córdoba, bajo la comandancia del general Benjamín Menéndez. Para ese entonces varios cuerpos habían aparecido “25 cuerpos mutilados entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas”, procedentes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Martín Caparrós –Anguita. La Voluntad. Tomo 3. Página 282, ítems IV.

 

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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política

Foto: Acindar, la metalúrgica de Villa Constitución que fue el trampolín de Martínez De Hoz y lugar emblemático de persecución y secuestro de obreros durante la dictadura (Mundo Empresarial)

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