Los ciegos desaparecidos – Por Ricardo Marconi

📜 El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi

Los ciegos desaparecidos

 

Alguien siempre necesita explotar el miedo para iniciar una cruzada que pudiera llevarlo a la cabeza del poder. Debemos admitir que la inseguridad sirve, en algunos como la justificación para la aplicación de móviles punitivos.

Esto posibilita sociedades más violentas como la de Rosario y con menos garantías que criminalizan la miseria. En realidad, por otra parte, es en gran medida, un esfuerzo inútil, ya que el excluido es el que menos miedo tiene a la pérdida de prestigio social, debido a un hecho fáctico que no se puede negar: no lo posee.

El resultado final es una sociedad que se alimenta de la muerte.

En la noche del 17 de septiembre de 1977 un grupo de tareas militar, conformada por 40 hombres del Ejército, tanto de la policía provincial de Santa Fe como de Gendarmería Nacional rodeó y tomó por asalto la vivienda de Santiago 2815. El operativo era dirigido por el carnicero verde comandante general de Gendarmería Agustín Feced.

Allí residía un matrimonio no vidente y su pequeño hijo-, quien fue entregado a sus familiares. Ese día desaparecían María Esther Ravelo y su marido Emilio Etelvino Vega, ella con sólo 23 años de vida y ciega por una enfermedad virósica, él, de 33 años, no vidente como resultante de un accidente.

Su sostenimiento económico era un negocio de venta de soda, que habían logrado comprar junto con un camión que conducía como repartidor Juan Carlos Amador, luego de radicarse en Rosario, provenientes de Santa Fe, donde se habían conocido en una escuela para ciegos.

El día del ataque y saqueo se llevaron hasta una perra de raza ovejero alemán, que era utilizada como lazarillo, según el libro Nunca Más.

Manuel Amador, hermano de Juan había sido secuestrado en enero de 1977 por un grupo de tareas y habría sido torturado en el Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II. Luego fue transferido a la cárcel de Coronda.

Vega era militante montonero –según una publicación existente en el Museo de la Memoria.

La casa fue saqueada y luego usurpada hasta 1994, cuando por orden judicial fue desalojado el Centro de Jubilados de la Gendarmería, que allí funcionaba. A partir de allí nació la Casa de la Memoria.

 

Juicio oral

Los procesos históricos no se detienen y es por esa circunstancia que a la columna ya publicada sobre el robo de expedientes de los Tribunales Provinciales de Rosario, vinculados con la represión y desaparición de personas, ocurrido el 8 de octubre de 1984, debemos agregar la decisión judicial tomada 37 años después.

Es que un fiscal federal de Rosario solicitó el juicio oral para dos exmilitares que fueron parte de la última dictadura[1]. La razón de la decisión obedece al hecho de que los delitos vinculados a la violación de los derechos humanos y cometidos por los militares, en tiempo de la dictadura militar, han sido considerados imprescriptibles.

El pedido de juicio oral incluye a los ex militares Luis Américo Muñoz y Héctor Fructuoso Funes, y fue formulado por el fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos en Rosario, Adolfo Raúl Villate.

Muñoz y Funes fueron procesados ​​en 2019, 35 años después de la operación de inteligencia que ahora se les atribuye, consistente en planear y ejecutar el robo de expedientes vinculados a la investigación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

En 1984, cuando ocurrió el robo de esos expedientes, Muñoz era el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y Funes era jefe de Inteligencia e integrante del Estado Mayor del Comando del II Cuerpo de Ejército, con asiento en la ciudad de Rosario.

A la fecha de la decisión judicial, Muñoz vive en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y Funes en la ciudad de San Luis.[2]

 

Las acusaciones

En el juicio, Villate acusará a Muñoz como autor de los delitos de privación ilegítima de libertad calificada, robo calificado, supresión de medios de prueba y supresión de documento público.

A Funes, en tanto, lo acusará de autor mediato de los delitos de privación ilegítima de libertad calificada, robo calificado, supresión de medios de prueba y supresión de documento público.

Como se indicó, Villate considera a Muñoz y Funes responsables de una operación de inteligencia destinada a robar los expedientes judiciales abiertos a partir de denuncias radicadas por la Delegación Rosario de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep). Dicha operación se ejecutó alrededor de la 1.45 de la madrugada del aludido 8 de octubre de 1984.

De acuerdo al escrito en el que pide la elevación a juicio, Villate considera responsable a Muñoz de haber amenazado de muerte con armas de fuego a la custodia policial del edificio de los Tribunales provinciales de Rosario, a cargo del sargento Demetrio Flores y el agente Juan José Aguirre, ambos de la policía santafesina, y de haberlos reducido para quitarles sus armas y cargadores. Luego ambos fueron maniatados y encerrados en la guardia policial del edificio, situación en la que permanecieron hasta las 5 de la mañana, cuando comenzaron a llegar sus relevos.

También responsabiliza a Muñoz de haber sustraído la casi totalidad del material secuestrado por la Justicia provincial en relación con las denuncias radicadas por la Conadep, que dieron lugar a la formación en el Juzgado de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario, a cargo en aquel momento de Francisco Martínez Fermoselle, del expediente caratulado “Feced, Agustín y otros s/ Privación Ilegítima de la Libertad, Homicidios y otros”.

Los imputados también fueron acusados de haber sustraído los tres cuerpos del expediente, que estaban en el despacho del juez Martínez Fermoselle, luego de haber forzado las cerraduras de la puerta de ingreso al juzgado y la puerta de ingreso a la oficina del magistrado.

Para Villate, Muñoz fue entonces el ejecutor del robo de expedientes en los Tribunales provinciales. A Funes, en tanto, el fiscal le atribuye en su carácter de jefe de Inteligencia (G2) e integrante del Estado Mayor del Comando del Cuerpo de Ejército II con sede en Rosario, con el grado de coronel, haber preparado los planes y órdenes para la reunión de información, procesamiento de dicha información para transformarla en inteligencia en forma personal o por intermedio del personal a sus órdenes y en cumplimiento de las mismas, haber intervenido en la adquisición de los “blancos” a ejecutar.

Asimismo, se lo acusa de haber suministrado toda esa información al general de División Víctor Pino Cano, en su carácter de comandante y jefe del II Cuerpo de Ejército, y haber planeado y ejecutado por órdenes del propio Pino Cano, en coordinación con el jefe de Operaciones (G3) del Comando y el Destacamento de Inteligencia 121, con gran despliegue de efectivos y medios, la Operación Especial de Inteligencia. Muñoz sería, por tanto, quien preparó y ordenó el robo.

 

Allanamientos

Días antes del robo en los Tribunales, a pedido de la Delegación Rosario de la Conadep, se habían practicado diversos allanamientos donde se había secuestrado prueba documental incriminatoria para personal militar y policial que había actuado en Rosario en la denominada “lucha contra la subversión”, producto de lo cual se había iniciado una causa en el juzgado de Martínez Fermoselle para investigar los hechos denunciados.

La investigación del robo de los expedientes no prosperó por años, hasta que el fiscal Villate la reactivó. Ese nuevo impulso resultante que en 2019 el juez federal Carlos Vera Barros ordenara la detención de Muñoz, Funes y Pino Cano, quien murió en mayo de este año. El propio Villate pidió la elevación a juicio del proceso contra los dos primeros.

 

 

[1] Diario El Ciudadano. 14/10/2021.

[2] Ïbidem.

 

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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política

Foto: Fachada de la vivienda de Santiago 2815, luego convertida en Casa de la Memoria (Foto enredando.org.ar)

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