📜 El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
Caso Ingalinella: asesinado en una sesión de tortura
El caso del doctor Juan Ingalinella se transformó en un episodio criminal de enorme trascendencia y, por muchos años, tuvo vigencia en la memoria de los rosarinos e, incluso, fue considerado a nivel nacional.
Ingalinella se desempeñó, como médico, en el barrio La Tablada y llegó a ser secretario de Propaganda del Partido Comunista de Santa Fe. Su trayectoria lo convirtió en uno de los primeros desaparecidos tras su secuestro, ocurrido el 17 de junio de 1955.
Las investigaciones posteriores llegaron a precisar que su muerte violenta –tras sufrir la tortura-, ocurrió en horas de la noche del día señalado, a manos de la Policía Provincial.
Precisamente, las autoridades fraguaron su liberación, pero la repercusión del caso, en el orden internacional forzó la declaración de un policía implicado que desencadenó un juicio que concluyó con la actuación del juez Juan Antonio Vítulo, quien terminó condenando a cadena perpetua a Francisco Lozón, Félix Monzón, Santos Barrera y Rogelio Luis Tixie, entre otros implicados en el asesinato del militante comunista.
El magistrado entendió que la inexistencia del cadáver “no era óbice para dejar impune el crimen”.
¿Quién era Ingalinella?
Al doctor Juan todos lo querían en el barrio La Tablada de Rosario, donde había nacido el 10 de octubre de 1912 y vivido en Saavedra 667, junto a su esposa Rosa Trumper y su hija Ana María, esto es una zona de la ciudad de guapos de la década del 30, la que en el 2021 sigue siendo uno de las zonas “calientes” de Rosario.
Vale recalcar que, en la época que nos ocupa, ser referente de la Federación Juvenil del Partido Comunista como Ingalinella, equivalía a ser objetivo de persecución, situación que la víctima denunciaba por los acosos de que era objeto, debido a que defendía el orden constitucional, precisamente en una época en que los golpes de Estado eran habituales.
Antes de formar parte de la Federación Juvenil aludida, mientras estudiaba en la universidad, se acercó al grupo universitario Insurrexit, orientado por Héctor Agosti, a la vez que militó en el Movimiento Estudiantil Reformista.
En 1941 participó en el Congreso de la Juventud Argentina que se reunió en Córdoba, en el marco de la política de los frentes antibélicos y antifascistas.
Ingalinella, en diferentes oportunidades pagó con cárcel sus denuncias y la policía santafesina “se la tenía jurada”.
Participó como delegado en el XI Congreso del Partido Comunista realizado en agosto de 1946 en Buenos Aires. En 1953 viajó a Viena, al Primer Congreso Mundial de Médicos para el Estudio de las Condiciones de Vida de los Pueblos.
Posteriormente viajó a la Unión Soviética, invitado por el Ministerio de Salud Pública y la Academia de Ciencias Médicas de la Unión Soviética (en Moscú) y de regreso en Argentina, fue candidato a diputado nacional en la elección del 25 de abril de 1954.
En el tiempo del bombardeo
En crónicas anteriores que venimos desgranando en Proyecto Escaño hemos dado cuenta puntillosamente del episodio ocurrido el 16 de mayo de 1955, momento crítico en que se descargó el bombardeo antiperonista sobre la Plaza de mayo, en el marco de una escalada violenta de conflictos desarrollados al interior de las fuerzas armadas contra el general Juan domingo Perón. En esa fecha Ingalinella era apoderado del Partido Comunista en Rosario.
En ese entonces, el Partido Comunista hacía lo indecible para zigzaguear entre la militancia y los dirigentes que comprendían al peronismo, pero detestaban a Perón. Ingalinella reconocía al peronismo por sus avances sociales, aunque expresaba su rechazo al autoritarismo del régimen.
El Partido imprimió y repartió panfletos contra el golpe y la policía se cansó de meter presos a los militantes, a los que luego liberaban, previas golpizas a los detenidos.
El mismo día 16 de junio, la policía rosarina comenzó a detener dirigentes opositores y al siguiente una comisión policial concurrió al domicilio de Ingallinella -quien había desechado la oportunidad de ocultarse- y lo condujo a la División Investigaciones de la Jefatura de Policía junto con unas sesenta personas, entre las cuales estaban los abogados Guillermo Kehoe y Alberto Jaime.
Los detenidos fueron retornando a sus hogares, pero no Ingallinella. Ante las gestiones de su esposa y de sus camaradas, la Policía aseguró que había salido por sus propios medios de la jefatura, lo que resultó ser falso.
La esposa de Ingalinella, al ver que no regresaba su esposo al domicilio concretó el pedido de un Habeas Corpus junto a su colega Alberto Jaime, pero no hubo avances en ese sentido a pesar de que el país se movilizó por la víctima y que los seguidores del médico aprovecharon para dar a conocer a la sociedad sobre los excesos del régimen.
Movilizaciones
De inmediato hubo movilizaciones de profesionales y estudiantes, y se formó una comisión universitaria para presionar por la investigación. Casi un mes después, el 13 de julio de 1955, los trabajadores judiciales hicieron una huelga, y el 2 de agosto la Confederación Médica de la República Argentina dispuso un paro nacional de actividades.
El 20 de julio de 1955 el interventor federal de la provincia, Ricardo Anzorena ―que hasta entonces había negado la veracidad de la denuncia― ordenó la detención del jefe y del subjefe de investigaciones y de otros policías, así como el reemplazo del jefe de policía de Rosario, Emilio Vicente Gazcón, por Eduardo Legarreta. Inmediatamente exoneró –destituyó-, a los policías involucrados.
El 27 de julio de 1955, el ministro de gobierno de Santa Fe dio un comunicado oficial: Ingallinella habría fallecido a consecuencia de un síncope cardíaco durante el interrogatorio en que era violentado por empleados de la sección Orden Social y Leyes Especiales.
Enterrado y desaparecido
La investigación judicial permitió establecer que tras matarlo a Ingalinella, la policía enterró el cuerpo, presumiblemente, cerca de la estación de trenes de Ibarlucea, tras lo cual no pudo ser localizado.
A Ingalinella –hijo de inmigrantes sicilianos-, se lo considera como uno de los primeros desaparecidos de la historia argentina, después del albañil anarquista Joaquín Penina (1901-1930), desaparecido también por la policía rosarina y de los tres militantes anarquistas Miguel Arcángel Roscigna (1891-1937); Andrés Vázquez Paredes y Fernando Malvicini, desaparecidos el 31 de diciembre de 1936.
Ingallinella acumuló 20 procesos por desacato y resistencia a la autoridad y estuvo detenido varias veces en la Jefatura de Policía en Rosario, permaneciendo en una oportunidad en esa situación entre abril de 1944 y mediados de 1945.
Testimonios y denuncia por picanear
Hay testimonios recogidos en la prensa de Rosario que cuentan que a los pacientes sin recursos Ingalinella los atendía gratuitamente y les suministraba muestras de medicamentos sin cargo cuando no tenían dinero para comprarlas.
Otros pacientes hicieron referencia a que, por su condición humilde, les regalaba prendas de vestir y zapatillas y, obviamente, los atendía ad honórem cuando concurrían al Hospital de Niños “Víctor J. Vilela”.
Vale apuntar que, a principios de 1944, la policía rosarina detuvo y torturó a tres comunistas. Entonces Ingallinella ―que manejaba una pequeña imprenta clandestina―, denunció el hecho en un volante y señaló como responsables a los oficiales Félix Monzón -jefe de la sección Orden Social y Político-, Santos Barrera -subjefe- y Francisco E. Lozón.
La tortura a Guillermo Kehoe
El abogado Guillermo Juan Kehoe, también afiliado al Partido Comunista, tras ser detenido por defender a militantes, sufrió una terrible sesión de tortura por parte de un amigo suyo y ex compañero de la escuela, de apellido Lozón, el que se desempeñaba como jefe de Leyes Especiales de la policía santafesina.
Lozón, en la sesión de tortura, se le escapó que “si detenían a Ingalinella, la tortura sería peor”. Y ello se hizo realidad, debido a que cuando lo atraparon “le dieron con todo” para sacarle información y, aparentemente, se les murió en una sesión de picana de un ataque al corazón. A Kehoe lo asesinaron dos años más tarde.
Kehoe había nacido un 21 de julio de 1913 en Rosario, siendo descendiente de inmigrantes irlandeses. Su padre era el abogado Guillermo Kehoe y Kearney y su madre Luisa Donnelly y Cardiff. Había estudiado derecho en la Universidad Nacional de Rosario.
Se casó con la docente Elsa Ofelia Larrazábal, nacida en 1916 en Rosario, con quien tuvo una hija, Sonia Mirta, en 1942.
Guillermo Juan Kehoe fue asesinado con un arma de fuego por defender a trabajadores.
Investigación judicial
La legislación entonces vigente había establecido el “fuero policial”, esto es que el personal de esa fuerza no era juzgado penalmente por la justicia común sino por un tribunal especial ―el Consejo de Justicia Policial―, el cual inicialmente trató de tomar el caso.
Como el juez de instrucción Carlos Rovere también sostuvo la competencia, la Corte Suprema de Justicia de la provincia debió resolver el conflicto: el 3 de agosto de 1955 dio competencia al juez, argumentando que los policías habían perdido su estatus policial por haber sido exonerados.
Con la investigación judicial se puso al descubierto la maniobra de encubrimiento que se había realizado, tal como la desaparición de numerosas fojas del libro donde se asentaban los ingresos y egresos de detenidos. Lo sucedido con Ingallinella se pudo reconstruir mediante el testimonio de otros detenidos, de lo que surgió que Francisco E. Lozón, el jefe de la sección Leyes Especiales, quería ubicar el mimeógrafo donde se habían impreso los volantes, para lo cual hizo torturar a varios detenidos ―incluyendo a Ingallinella― con la picana eléctrica.
Como se señaló, tiempo después, uno de los acusados, el oficial Rogelio Luis Delfín Tixie, rompió el pacto de silencio y contó que Ingallinella había fallecido durante la tortura y que su cadáver había sido enterrado cerca de la estación de trenes de la localidad de Ibarlucea (a unos 17 km al noroeste de Rosario) y luego trasladado a otro punto, en un vehículo de la División Investigaciones.
La Justicia comprobó que ―para borrar las huellas del traslado― se habían arrancado las 41 primeras fojas del libro de guardia del 19 de junio de 1955 del puesto de la policía caminera de la localidad de Pérez, a unos 10 km al sureste de Rosario. No obstante, se constató que el vehículo utilizado había regresado a Rosario a las 21 de aquel día. Al hacerse excavaciones en la zona indicada por el oficial Rogelio Luis Delfín Tixie, se halló una tela que habría correspondido al sobretodo del médico. Sin embargo, nunca se supo adónde fueron llevados los restos de Ingallinella.
El oficial Rogelio Luis Delfín Tixie también involucró al exjefe de policía Emilio Vicente Gazcón, quien ―según dijo― había encomendado los procedimientos personalmente a Francisco E. Lozón, y le había ordenado que aplicara torturas.
Sentencia
El 30 de mayo de 1961, el juez Juan Antonio Vitullo declaró que el hecho de no haberse encontrado el cadáver no era óbice para que con la abundante prueba rendida se tuviera por acreditada la existencia del homicidio. La defensa de los acusados había planteado que no podían suponer que la picana eléctrica fuera normalmente peligrosa dado que ninguna de las otras víctimas había sufrido consecuencias graves, por lo que la muerte debía atribuirse a una condición anormal predisponente del doctor Ingallinella. En esta manera excluían el homicidio doloso y planteaban la hipótesis del homicidio culposo.
El juez rechazó la hipótesis, afirmó que la muerte del doctor pudo no haber sido planeada, pero estaba dentro de las posibilidades por el método de tortura y calificó el hecho de homicidio agravado. Francisco E. Lozón (jefe de la sección Leyes Especiales), Félix Monzón (jefe de la sección Orden Social y Político), Rogelio Luis Delfín Tixie y Santos Barrera (subjefe de la sección Orden Social y Político), fueron condenados a prisión perpetua, Fernando Luis Serrano a dos años de prisión y Emilio Vicente Gazcón (exjefe de policía) al pago de una multa y la inhabilitación por un año.
Apelación
La defensa apeló y el 19 de diciembre de 1963 la Sala II de la Cámara del Crimen de Rosario modificó la calificación de homicidio agravado a la de homicidio simple.
Francisco E. Lozón fue condenado a 20 años de prisión como «promotor, autor material y responsable principal» de homicidio simple, privación ilegal de la libertad y apremios ilegales. Félix Monzón, Rogelio Luis Delfín Tixie, Fortunato Domingo Desimone, Arturo Lleonart y Santos Barrera a 15 años de prisión; Ricardo Rey y Héctor Andrés Godoy a 6 años, por encubrimiento, privación ilegal de la libertad y apremios ilegales; Francisco Rogelio Espíndola y Fernando Luis Serrano a dos años, por encubrimiento; Gilbert Silvestre Bermúdez (exjefe de Investigaciones) y Emilio Vicente Gazcón (exjefe de policía) fueron multados por violación de los deberes de funcionario público. Por otra parte, la misma sentencia declaró que a esos crímenes no se aplicaba la amnistía para delitos políticos que había aprobado la ley 14.436 porque ella excluía de sus beneficios «los delitos atroces cometidos de manera inhumana, carente de relación atendible con el móvil político o gremial alegados».
Repercusión política
Después de los hechos del 16 de junio de 1955 el gobierno se había lanzado a una campaña de pacificación y tratado de tender puentes con la oposición. Dentro de ese marco se autorizó para que algunos dirigentes opositores pronunciaran discursos por radio, comenzando el 27 de julio por el líder radical Arturo Frondizi. El caso Ingallinella incidió negativamente en ese proceso. Dijo el historiador Félix Luna al respecto:
“Este escándalo, ocurrido casi por casualidad, hería de muerte los intentos de pacificar los espíritus. Ni el gobierno nacional ni el de Santa Fe habían tenido responsabilidad directa en el criminal proceder de la policía rosarina. Pero era como si las obreras telefónicas de 1948, el dirigente azucarero Aguirre, el estudiante Bravo, los estudiantes de FUBA y los obreros ferroviarios de 1951, los conspiradores de Suárez de 1952, los terroristas de 1953, los centenares de argentinos que habían pasado por la ordalía de la picana eléctrica durante el gobierno de Perón sin que se castigara a sus torturadores, se corporizaran ahora en el cadáver de Ingallinella”.
Más adelante agregó: “Ninguna responsabilidad directa, es cierto; pero el régimen había permitido que se usara habitualmente la tortura, había protegido a sus operadores, había desestimado sistemáticamente las investigaciones que reclamaba la oposición. El azar de un corazón débil revelaba ahora, de manera dramática e irreprimible, la esencia represiva del sistema justicialista: al fin de cuentas la policía rosarina había jugado con Ingallinella del mismo modo como muchos policías de todo el país jugaban desde años atrás con los presos políticos”.
Por su parte Rodolfo Walsh escribió: “No soy peronista, no lo he sido ni tengo intención de serlo. […] Puedo, sin remordimiento, repetir que he sido partidario del estallido de septiembre de 1955. No sólo por apremiantes motivos de afecto familiar ―que los había―, sino que abrigué la certeza de que acababa de derrocarse un sistema que burlaba las libertades civiles, que fomentaba la obsecuencia por un lado y los desbordes por el otro. Y no tengo corta memoria: lo que entonces pensé, equivocado o no, sigo pensándolo. […] Lo que no comprendo bien es que se pretenda obligarnos a optar entre la barbarie peronista y la barbarie revolucionaria, entre los asesinos de Juan Ingallinella y los asesinos de Satanowsky”.
No hay elementos de juicio para suponer que el caso Ingallinella fuera decisivo por sí solo para marcar el rumbo posterior de los hechos que culminaría con el alzamiento militar del 16 de septiembre de 1955 ―la autodenominada Revolución Libertadora que derrocó a Perón―, pero ciertamente fue utilizado por la oposición como argumento crítico de un gobierno cuya estabilidad tambaleaba por muchas y complejas razones.
Homenajes
Raúl González Tuñon le dedicó el poema Ingallinella y Alfredo Varela hizo lo propio con su poema Sangre Santa. Ingallinella apareció como uno de los rosarinos destacados por el diario La Capital en un libro especial editado por su 140.º aniversario y en el 2000 el Concejo Municipal de la ciudad de Rosario dispuso por ordenanza 7121, aprobada el 9 de noviembre de 2000, para que se diera el nombre de Dr. Juan Ingallinella a la plaza ubicada entre las calles Virasoro, Alem, Rueda y Primero de Mayo. El 24 de junio de 2010, el mismo Concejo lo declaró “Ciudadano Ilustre posmórtem”, en reconocimiento a su trayectoria militante, a su lucha por la justicia, la solidaridad y la igualdad de los hombres.
En la vivienda de Saavedra 667, se montó un Centro Cultural para honrar la memoria del dirigente político quien afirmaba que “la dignidad se defiende, se ejerce y no se rinde”.
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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Foto: autor desconocido
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