El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
Convergen en Rosario el crimen organizado, la globalización económica y el crecimiento de mafias que enfrenta Pullaro
El crimen organizado es una de las tantas consecuencias de la globalización económica y ello ha incidido en el crecimiento de las mafias que convergen con prácticas ilegales que ponen en funcionamiento grandes empresas, siendo algunas de ellas multinacionales, las que maximizan sus ganancias victimizando con exclusión a millones de personas en el orbe y en un marco de creciente impunidad.
Las economías informales, en franco crecimiento, y el trabajo en condiciones miserables crecen implacablemente, utilizando la inseguridad social y la servidumbre por deudas para provocar, como resultante, economías subterráneas hasta en instituciones políticas que llegan a tener a funcionarios involucrados como el de la ya conocida banda de “Chocolate Rigau”, a lo que hay que sumar organizaciones dedicadas al secuestro extorsivo en un grado nunca visto.
Y el último ejemplo lo tenemos con el último de los homicidios ocurrido anoche en Tablada, más precisamente en Beruti y Virasoro, donde sufrió la pérdida de su vida un joven de 21 años a poco de ingresar, en estado crítico al Hospital Provincial, luego de recibir 14 disparos de dos homicidas que circulaban en una moto.
Josué Isaías Arduvino, la víctima mortal, fue atacada en cercanías de su casa, cuando salió a dejar los residuos domiciliarios aproximadamente a las 22.
En junio pasado, en la misma intersección, otros asesinos atacaron, en pleno día, con armas de fuego a Néstor Arduvino, que tenía 18 años, quien falleció 48 horas después.
En el caso de Josué, al parecer, el joven habría adivinado las intenciones de quienes lo atacaron y comenzó a correr pero algunas balas lo alcanzaron mortalmente.
La policía recolectó 13 balas intactas y un cargador de una pistola 9 milímetros. El caso fue tomado por la Fiscalía de Homicidios, a cargo de Patricio Saldutti.
Un plan como respuesta
La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, en los primeros pasos de su gestión, vino a Rosario a presentar con celeridad –como lo indicamos en nuestra anterior columna-, su Plan Bandera, acompañada por el gobernador de la provincia Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.
Bullrich lo hizo para cumplir con su palabra. Esto es hacer lo indecible para enfrentar la narcocriminalidad, aunque luego de la presentación de su plan, como señalamos, continuó creciendo el número de homicidios y balaceras en Rosario y hasta se fugaron más de dos decenas de reclusos de la seccional 21ª, algunos con dificultades para saltar una tranquera baja -con evidentes excesos de peso-, que cierra un pasillo con salida a la calle Cazadores.
Al momento de concretarse esta columna, reclusos ya habían sido nuevamente detenidos e iban a ser derivados a Coronda -sin paradas intermedias- para achicar la superpoblación del penal de la 21ª, donde ocurrió el grave episodio. Es más, algunos presos habían tenido tiempo de escapar, llevándose su “bagayo”, término con que los italianos se referían a elementos personales que el delincuente tiene en su poder.
Bullrich dio a conocer en el acto realizado en el Monumento Nacional a la Bandera, un programa de trabajo compuesto –según ella- de “acciones muy fuertes para controlar bandas que asesinan personas” mediante el sicariato, a lo que se le agregará la vigilancia de “las vías navegables, de las rutas y el control aéreo”, utilizando un “plan dinámico con un control territorial más fuerte que el que tienen ellos (los narcos)”.
Los Monos con un modelo polirrubro
La ministra nacional dejó trascender que “Los Monos se quieren meter en San Lorenzo, utilizando un modelo polirrubro”. En Proyecto Escaño habíamos adelantado, ya con suficiente antelación esa intención, dando ejemplos de casos trascendentes en ese sentido. Es que los narcos sanlorencinos habrían iniciado “una gestión agroexportadora”.
También la ministra se refirió a su intención de impedir la organización del delito desde las cárceles, ya que se puso al hombro el Servicio Penitenciario Federal e hizo mención a la “compra de inhibidores de señales de celulares”.
Ingenio narco
En una entrevista señaló que “se hizo un operativo en el que se detectó que en una heladera -que habían pedido en una cárcel-, estaban entrando celulares”. El ingenio narco no descansa.
Es más, tuvo que admitir la ministra que “cuatro o cinco clanes continúan intentando tomar territorios y para ello se tirotean porque creemos que pasaron a un modelo de polirrubro, ya que no sólo venden droga, sino que comercializan ilegalmente soja. Estamos estudiando y trabajando en el tema”.
Pullaro dijo lo suyo
El gobernador Pullaro profundizó las medidas que tomará para sanear el funcionamiento policial. Remarcó que la totalidad del personal se abocará al control de la calle. “Yo tengo blindex en mi casa, no un patrullero en la puerta”, sostuvo sobre los agentes que brindan custodias.
Pullaro también hizo hincapié en que ayudará a la policía de Santa Fe para que reordene sus recursos humanos. Recordó que son 23 mil hombres y mujeres, de los cuales 5 mil están en Rosario. Les controlarán los horarios y verán sus problemas para poder sacarlos a todos a la calle. Es un viejísimo proyecto que nunca se concretó debidamente. La esperanza nunca se pierde.
El gobernador se comprometió a abrir centros territoriales de recepción de denuncias “para que el policía deje de ser un guardiacárcel”, dijo Pullaro. Ya otros ministros de Gobierno lo intentaron. Los policías esperan que Pullaro cumpla.
“Vamos a tomar las investigaciones criminales más complejas, vamos a reunirnos con Diego Iglesias de la Procunar para tomar una agenda de lucha frontal contra el crimen organizado en la ciudad”, agregó el gobernador.
400 búnkers
Cuando se lo inquirió al primer mandatario santafesino por los más de 400 búnkers de droga en Rosario, Pullaro hizo referencia a la presentación de la ley de narcomenudeo, tras lo cual aseguró: “El ministro de Gobierno Fabián Bastía va a ir a charlar con todos los bloques”.
La Ley “Es una adhesión a una ley nacional que le permite a los fiscales provinciales junto a las fuerzas de seguridad provinciales o federales intervenir inmediatamente. Si hay denuncia que se vende droga en un lugar se hace la comprobación y se interviene directamente, se puede romper ese búnker, secuestrar y detener a la persona que vende”, alegó Pullaro.
Es un tema viejo que se discutió en el Concejo de Rosario, en diversas oportunidades, con la presencia de funcionarios de la Justicia. Se presentaron proyectos pero la solución final no llegó.
“Las organizaciones federales quedarán para ser investigadas por la Justicia federal y los puntos de venta de droga que generan violencia y altos índices de letalidad los persiguirán los fiscales. Esperamos tener esta ley antes de fin de año”, destacó Pullaro.
Pedido urgente
La edila radical de Rosario Anahí Schibelbein (UCR Evolución) le pidió al intendente Javkin que colabore con el plan de seguridad del gobernador y recalcó que “hay obras fundamentales que no pueden seguir dilatándose”.
Schibelbein sostuvo que “hay tareas que le competen al Estado local que son prioritarias y que deben acelerarse” y al enumerarlas mencionó la iluminación led, la colocación de cámaras de monitoreo y la pavimentación de calles para que puedan ingresar ambulancias o patrulleros a algunos barrios: “Eso tiene que ser urgentemente resuelto porque es lo que va a potenciar la tarea de seguridad por parte del gobierno provincial”.
A todo esto, en este festival de fin de año de declaraciones rimbombantes, el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni dijo que en Rosario “tienen que salir a la calle 200 patrulleros. La policía está desmantelada”.
También anunció cambios en el rol de los investigadores “con mayor autonomía. Cada fiscal dejará de tener brigadistas propios para garantizar la continuidad de todas las investigaciones en marcha”.
Coccocioni, hace 12 años, anticipó que “la criminalidad requiere de medidas especiales en las prisiones de Santa Fe”. Una de esas medidas era la creación de pabellones para presos “de alto perfil”.
En todo ese tiempo transcurrido los presos pasaron de ser 3.300 a 6.900, cuando concluyó la gestión de Miguel Lifschitz. Años después los reclusos llegaron a 10.000 y al concluir el 2022 eran 9.350 en cárceles y 1.089 en seccionales.
El crecimiento delictivo ha hecho que el perfil del delincuente está conformando organizaciones criminales complejas y se dan órdenes para concretar crímenes de narcos a través de un mensaje por celular.
Los crímenes siguen produciéndose tras el cobro de cifras no importantes, producto de la necesidad económica de los tira tiros, quienes aprovecharían las salidas transitorias para matar, cobrar y volver a la celda.
Elementos y alimentos hasta dos kilos de peso estarían siendo autorizados para ingresar a las cárceles y en las seccionales sería más fácil ingresar elementos a los detenidos, razón por la cual se pretende reducir al mínimo los detenidos en las cárceles.
Coccocioni dejó saber que se analizan los antecedentes de los criminales más minuciosamente, antes de derivarlos a una cárcel o seccional para evitar juntar a los más peligrosos. “Es que los penales de Santa Fe son considerados altamente conflictivos y se producen hechos violentos inesperados”.
En el 2014 había 4.560 presos y desde el 2012 hay más de 10.000 debido a que la tasa de encarcelamiento se duplicó. Es más, desde 2017 el índice se incrementó en 25 puntos promedio por año, a lo que e suma que se incrementó la violencia institucional.
Fugados en cajas de bananas
Pullaro comunicó modificaciones en las condiciones de encierro que generaron impacto. “Los jefes narcos van a ir a un pabellón de “alto perfil” para controlarlos a los efectos de que no cometan delitos”, sostuvo y destacó: “Serán monitoreados las 24 horas”.
“Vamos a suspender el ingreso de alimentos a las unidades penitenciarias” dijo el gobernador y recordó: “En Santa Fe se escaparon dos presos en cajas de bananas”.
En este marco se interrogó a sí mismo: “¿Cómo hace un penitenciario para requisar dos cajas de bananas, un lechón, una bolsa de papas? Es ilógico”, consideró.
Pullaro aclaró que se va garantizar, tal como cuando era ministro de Seguridad, “el control nutricional de los presos”. “No pueden seguir entrando alimentos de afuera porque no se pueden controlar. Puede haber una excepción, una torta por un cumpleaños que obviamente se puede requisar, concluyó.
Otra fuga y van….
Cuando se acercan las fiestas de Navidad y Fin de Año, cíclicamente, se producen episodios de suma gravedad relacionados con fugas de presos y en el mes que transcurre se dieron a la fuga 25 presos, de los cuáles 9 de ellos fueron recapturados, a pesar que, evidentemente, habían preparado su fuga puntillosamente de la seccional 21ª.
El detalle de los que tomaron la decisión de irse es el siguiente:
Lautaro Alegre, detenido este agosto por infracción a la ley federal; Facundo Barrios, detenido este diciembre por robo; Nelson Chieu, detenido este septiembre por encubrimiento; Ezequiel Cueva, detenido este agosto por tenencia de arma de guerra; Maximiliano Encina, detenido este noviembre por portación ilegítima de arma de fuego; Ezequiel Godoy, detenido este octubre por amenazas; Rául Lugo, detenido este noviembre por robo calificado; Jonatan Mansilla, detenido este diciembre por violación de domicilio; Martín Mansilla, detenido este octubre por amenazas calificadas y portación de arma de fuego; Nahuel Meza, detenido este noviembre por robo calificado y encubrimiento Claudio Noriega, detenido este noviembre por amenazas simples; Alan Pacheco, detenido este noviembre por portación ilegítima de arma de fuego; Juan Manuel Palacio, detenido este julio por robo calificado; Leandro Sánchez, detenido este noviembre por robo calificado de vehículo en vía pública y Jonatan Silva, detenido este noviembre por intento de robo.
Meza, de 31 años, uno de los evadidos, estaba preso por el crimen del motociclista que intentó escapar de un robo y chocó contra un poste. Fue acusado por el fiscal Luis Schiappa Pietra, quien le atribuyó haber sido uno de los ladrones que asaltó al ya fallecido Elías Vázques.
Hay que hacer hincapié en que, con Vázques en el suelo, uno de los ladrones se llevó la moto, dándose a la fuga por calle Batlle y Ordóñez en dirección al bulevar Oroño y, horas más tarde, Meza fue detenido por personal del Comando Radioeléctrico junto a otro delincuente, luego de una persecución que finalizó en Pasaje 507, la que había comenzado tras la denuncia de personas a las que habían robado a mano armada cerca de Oroño y Uriburu.
Por este último hecho de robo, Meza y el otro ladrón, identificado como Lautaro Vecchiarello (21), fueron imputados por el fiscal Damián Cimino por el delito de robo calificado.
A Vecchiarello también le adjudicó encubrimiento, portación de arma de guerra y abuso de armas, por lo que el juez Facundo Becerra le dio prisión preventiva hasta abril del año próximo.
Vale hacer notar que Meza fue uno de los reclusos que forzó la puerta trasera del módulo de alojamiento transitorio de la seccional 21ª y posteriormente escapó con los otros presos por los techos de las casas vecinas. Según indicaron desde el Ministerio de Seguridad, al momento de la evasión había 48 presos en un lugar que tiene capacidad para 16.
Meza había logrado escapar de una redada en barrio 17 de Agosto temprano en la mañana y el Comando lo detuvo a metros de su casa de Pasaje 528 y Arrieta, en la ex villa La Granada, horas después.
Secuestradores apresados
Autoridades policiales dejaron trascender el apresamiento de Claudio Daniel Coto, el jefe de una gavilla que secuestró empresarios en Rosario y Villa Ramallo.
Coto tiene 62 años, antecedentes por robo y falsificación de documentación. Fue apresado en una vivienda de alquiler temporario donde se escondía desde el momento en que cometió un atraco en Gualeguaychú.
El detenido, el martes pasado habría liderado una banda que secuestraba empresarios o a sus familiares y siguiendo el consejo de sus abogados se negó a declarar en su indagatoria ante la Justicia federal de San Nicolás.
Tiene domicilio registrado en la localidad de Béccar, en el partido de San Isidro y la División Antisecuestros de la Policía lo encontró en un inmueble de Martínez, Buenos Aires. Es que allí se hallaba “acovachado” ante el temor de un arresto como consecuencia de la confirmación de una condena en su contra y por un reciente asalto cometido en Gualeguaychú, donde sustrajo 40 mil dólares.
La investigación fue realizada por los fiscales federales Javier Arzubi Calvo (Rosario), Matías Di Lello (San Nicolás) y Santiago Marquevich de la Ufeco.
Se lo capturó debido a que su voz fue detectada en uno de los secuestros extorsivos, siendo quien daba instrucciones a la víctima pasiva del hecho, esto es quien recibía las comunicaciones para negociar un pago por el rescate.
También es quien, según escuchas telefónicas, gestionaba alquileres temporarios en casas donde después las víctimas eran mantenidas cautivas.
Coto, en las intervenciones telefónicas, se hacía pasar por Juan Carlos S. e incluso tenía un DNI trucho con esa identidad. En algunos casos hasta decía ser trabajador portuario. Sin embargo, dejó algunas migas en sus dos cuentas de Facebook que sirvieron a los investigadores.
Otro descuido, poco frecuente en él, fue el haber repetido una misma línea telefónica en el secuestro extorsivo perpetrado el 23 de enero pasado en Villa Ramallo y en el cometido el 10 de octubre de este año en barrio Martin, en Rosario.
Las víctimas que seleccionó para llevar adelante los secuestros no fueron seleccionadas azarosamente. En junio de 2021 fueron contra Jorge O., imputado en la megacausa inmobiliaria de Rosario, por quien un grupo de empresarios hizo una “vaquita” para pagar 80 mil dólares y 1.200.000 pesos para su liberación. El segundo –por quien se abonó 600 mil dólares para su rescate– era el hijo de uno de los ocupantes del helicóptero que protagonizó un accidente mortal en el río Paraná a finales de noviembre.
Un familiar suyo había quedado involucrado en una presunta denuncia por robo de combustible a YPF. El último, a quien le secuestraron a su pareja y a su hijo de 13 años tuvo una investigación –que no avanzó– en su contra por presunto contrabando de suero.
Según dio a conocer la página web del Centro de Información Judicial, el 4 de mayo del 2022, fue condenado a 1 año de prisión por el Tribunal Oral Federal Nº 3 de San Martín por haber falsificado un 08. Como tenía una pena previa a 3 años de prisión condicional por la causa de un robo en Concordia, Entre Ríos, la Justicia de San Martín unificó el monto total en 3 años y 6 meses de cárcel, cuyo cumplimiento es efectivo, tras las rejas.
Doble imputación
Pablo Nicolás Camino (27), un preso que está imputado como presunto jefe de una célula de Los Monos que opera en la zona oeste de Rosario, sumó una nueva acusación. El fiscal Patricio Saldutti le atribuyó haber ordenado el año pasado, mientras estaba alojado en la cárcel de Coronda, el doble crimen de las hermanas Marianela (28) y Estefanía (25) Gorosito, quienes fueron acribilladas a tiros el 19 de julio de 2022 en Cabin 9, en Pérez. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados al día siguiente en un basural.
El doble crimen, como ya se ventiló en anteriores audiencias, estuvo motivado por una supuesta deuda que tenían las hermanas Gorosito con Pablo Camino. En el avance de la causa ya fueron imputados y quedaron en prisión preventiva varias de las personas sospechadas de haber tenido participación en el plan.
Tras la indagación habían sido acusadas Melisa Samanta Negro (35), novia de Camino, y Sandra Caligari (52), una mujer que también está detenida por venta de droga. El fiscal ubicó a ambas como las responsables de haber recibido órdenes del presunto jefe de la célula de Los Monos y de llevar adelante el plan criminal que les había encomendado.
Negro y Calegari fueron imputadas por el fiscal como parte del plan por el que mataron a Estefanía Gorosito de ocho tiros, y a su hermana Marianela de cuatro.
Había sido secuestradas el 19 de julio pasado en la puerta de su casa, y luego, de acuerdo a la teoría del caso, fueron acribilladas y arrojadas al descampado de la ciudad de Pérez. Antes de ser obligadas a subir a un auto habían ido a merendar a un bar de bulevar Oroño y Salta, por lo que en un primer momento se creyó que habían sido atacadas a la salida de ese local gastronómico.
A las dos mujeres se le agregan los imputados Willian Alberto Espinoza López –detenido en la noche del 19 de julio del año pasado en Cabín 9 en el C3 donde transportaron a las víctimas– y Damián Ezequiel Rojas –propietario de auto–. El otro participante fue Lucas Martín Castillo, alias “Pelu”, a quien se le atribuyó haber sido el presunto autor material uno de los disparos contra Estefanía –tenía ocho orificios de arma de fuego– y Marianela –que tenía cuatro heridas de bala–.
Traslado
Camino fue enviado al penal federal de Rawson, donde está alojado junto a Leandro “Gordo” Vilches y Rodolfo Héctor “Eri” Masini, también relacionados con Los Monos. Los tres reclusos integran una de las facciones que mantuvo una interna callejera contra los eslabones inferiores de otra facción, liderada por los presos de Ezeiza Leandro “Pollo” Vinardi, Carlos Damián “Toro” Escobar y Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, episodio sobre el que informamos detalladamente en Proyecto Escaño.
A Camino los fiscales lo acusaron por haber instigado cinco crímenes, 18 balaceras y robos entre finales de 2022 y marzo pasado. Entre los ataques a tiros que le atribuyó el Ministerio Público de la Acusación se encuentra el del Supermercado Único, ocurrido en Lavalle al 2500 el 2 de marzo de este año.
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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Imagen: De izquierda a derecha, el intendente de Rosario Pablo Javkin, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, y el gobernador Maximiliano Pullaro, en la presentación del denominado Plan Bandera (Foto: Télam)
Viene de acá: Pullaro quiere "terminar con la realidad brutal que azota a Rosario"
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