Los concejales Renata Ghilotti y Agapito Blanco, de Juntos por el Cambio, realizaron un relevamiento al respecto.
El estudio reveló que sólo uno de los ocho cumple con todos los requisitos.
Ante ello, le piden al municipio que aplique las sanciones correspondientes, que van de $ 14.448 a $24.080. Incluso, podría llegar a la caducidad de la concesión.
Ghilotti manifestó que la situación expone la falta de control que ejerce la Municipalidad y más aún en las zonas con mayor concurrencia. Por su parte, Blanco advirtió que además, el Ejecutivo no exige las adecuaciones correspondientes, como los sensores en los lavamanos para evitar contagios.
La ordenanza que regula los sanitarios públicos es la 7.180 del año 2001, y establece que los concesionarios de bares y restaurantes en espacios de dominio municipal deberían garantizar: el mantenimiento y la limpieza; un acceso del público en forma irrestricta y directa desde el exterior de los locales; instalaciones para ambos sexos y adaptables a uso de discapacitados; sanitarios con sensores de presencia, proximidad, acercamiento o automáticos sin contacto en los lavamanos, inodoros, secadores de mano, urinales, expendedores de papel y jabón.
