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Decodificando el pasado – Por Ricardo Marconi

El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi

Decodificando el pasado

“La memoria es el grado de conciencia de conocimiento de los hechos y de experiencia que se transmite de generación en generación, que es su principal capital. Contar esa memoria le sirve a los poderosos para mantenernos en estado de injusticia”.
                         Hugo Papalardo

 Sobre las historias emergentes del proceso militar argentino, relacionadas con el período 1975-1983 se han escrito una cantidad de páginas difíciles de precisar en números y, seguramente, algunas historias relacionadas con ese ciclo penoso y sangriento quizás no salgan nunca a la luz.

En la presente columna, intentamos poner blanco sobre la insondable oscuridad a algunas de ellas – para que se conozcan-, tomándonos en algunos casos, como método de protección personal a las víctimas-, la decisión de no mencionar identidades de estas últimas, para evitar que se produzcan revictimizaciones.

En la primera historia, una de las víctimas sólo tenía 11 años y vivía en una vivienda localizada en un pasaje de la zona oeste de Rosario. Su casa, en horas de la madrugada, estaba siendo vigilada de manera disimulada, hasta que, de pronto, luces blancas, nítidas se confundieron con los ruidos de los golpes brutales sobre la puerta principal, la que fue derrumbada para que una tromba de cuerpos penetren en la propiedad.

La pequeña, con el tiempo, se enteró que otro grupo de individuos se había arrojado al unísono, ya en la vía pública, sobre el cuerpo somnoliento de Inocencio, su cuñado, cuando salía de su trabajo –una fábrica en la que era delegado-, para dominarlo físicamente. Le ataron las manos, le taparon con su remera los ojos y en segundos lo llevaron a la rastras hasta un colectivo viejo que se hallaba listo para partir.

La fuente de esta historia agregó que al apresado -luego de hacerlo descender en el destino final del transporte-, lo introdujeron en una sala grande, donde la radio funcionaba en su máximo volumen y, casi de inmediato, la transmisión se confundió con los gritos de un sufriente de torturas.

Al poco tiempo desapareció Alicia, hermana de la menor, sobre la que hasta el momento de escribirse esta historia, se desconocen nuevos datos.

La niña recuerda que antes que tiraran abajo la puerta de su casa, escuchó que su familia había detectado  movimientos raros en la cortada Fuhr. También pudo saber, con el tiempo, que a Inocencio, al ser sometido a vejámenes, le quedaron no sólo huellas físicas. Estaban las otras que se convirtieron en imborrables: Las psicológicas.

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Sobre el centro de detención clandestino La Calamita nos enteramos en el diario por intermedio del jefe de sección, en ese entonces el periodista Manuel Di Salvo. Los datos que había recogido de una fuente indubitable como primicia, en ese entonces, eran sencillamente horrorosos. La cúpula de la redacción analizó en profundidad el caso hasta que se decidieron los pasos a seguir para publicarlos.

Centro de detención «La Calamita» (Foto: Municipalidad de Granadero Baigorria)

El destino quiso que quien esto escribe recibiera, de primera mano, el testimonio de una de las víctimas del lugar, quien masticaba una a una las cuidadas palabras que emitía apelando a su memoria.

“Se chocan las nubes, se funden unas sobre el resto de otras, el frío glaciar obliga a las presas a abrazarse a sí mismas para no sentir tanto el frío mientras escuchan aviones que ascienden y aterrizan en una pista cercana. El ruido de los motores se producía entre las 7 y las 21 de cada día y su inicio y final permitían establecer la hora”, inició el relato.

“La diferencia la marcaban los niños que eran trasladados, en días imprecisos, al lugar, junto a sus madres, y lloraban cuando las escuchaban a ellas insultar a sus torturadores, gritar o gemir cuando se las martirizaba en otras habitaciones. Los milicos hasta se tomaron el trabajo de secuestrar a un perro que llegó con un contingente de detenidos desde uno de los allanamientos”, continuó la víctima.

Testimonio de deshumanización

Al arrojar su verdad histórica al universo, la ex detenida, indignada acotó: “Tras algunos días de estar detenida junto a otras mujeres, finalmente, en grupo nos permitieron lavarnos en un mugroso lugar de ese campo de exterminio”.

“Nos costaba sacarnos las costras resecas de sangre en el cuerpo, producto de la tortura infame, mientras los custodios controlaban y disfrutaban mirando nuestros cuerpos desnudos, llenos de cicatrices. Es que la picana eléctrica nos dejó sus huellas imborrables”.

Otra historia de horror

La mujer, mirándome a los ojos, luego de aceptar contar su breve pero deshumanizante historia comenzó admitiendo que la había liberado “sin saber la causa por la que había sido detenida” y la llevaron a Riobamba al 700.

“Tenía quemaduras en las piernas y durante mucho tiempo, donde vivía, su teléfono estaba intervenido. Allí habían vivido la esposa y la hija de un militar abatido por la guerrilla”.

“Empecé a trabajar y a alquilar gracias a un abogado de la familia. Su cuñado estuvo exiliado en Noruega, de donde regresó luego de 30 años. Fue acogida como refugiada política junto a su familia en Noruega”, admitió.

Cuando fue a entrevistarse con un general de la Nación para que pedirle datos sobre su hermana desaparecida o muerta le dijo: “En el bolsillo no la tengo”.

“Déjeme decirle, acotó la entrevistada antes de irse abatida por sus recuerdos: “Me dijeron que en La Intermedia, como se nombraba a otra de las cárceles, era propiedad de Amelong y allí todos terminaron  ejecutados. Allí había mucha delación debido a que a los detenidos les inyectaban psicofármacos”.

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Uno recuerda dichos testimonios que nos ocupan sobre La Calamita, en Granadero Baigorria, de una extensión de diez hectáreas, y no puede evitar pensar en el sufrimiento soportado por las víctimas, tanto hombres como mujeres, en otros centros de torturas como el existente en una vivienda de Puerto Gaboto, en “El Castillo”, en “La Española” de Funes y en una propiedad del sur rosarino sobre la que no poseo mayores datos, por ahora.

La Quinta La Calamita cumplió su horrorífica función desde 1.975 hasta 1.978, bajo el control del II Cuerpo de Ejército. Era un centro clandestino que dependía del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario, que tenía la función primordial de terminar con la Columna Norte de Montoneros, apresar a componentes del Ejército Revolucionario del Pueblo y desarticular la gestión de los delegados de las fábricas del cordón industrial. Un número reducido de detenidos sobrevivieron y existe la presunción de que hay víctimas enterradas en el terreno existente donde se construye una casona desde 1.920, tiempo en que se denominaba la comuna con el nombre de Paganini que luego se incorporó a Alberdi y posteriormente hizo lo propio con Rosario.

Si accedemos a libros de historia, nos encontraremos con que el dueño de las tierras era el inmigrante Juan Sala, quien poseía las diez hectáreas.

El gran predio

La Calamita ocupa una extensión de diez hectáreas, de las cuales una porción está sujeta a expropiación para rescatar su memoria. Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores aprobaron el proyecto que declara «de interés general y sujeto a expropiación el inmueble que nos ocupa, por el que se presume que pasaron al menos un centenar de personas secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas.

La cárcel de Eva Perón 1530 operó desde 1975 hasta 1978 bajo la órbita del II Cuerpo del Ejército, siendo uno de los centros clandestinos del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario, y era funcional al objetivo de desarticular la columna norte de Montoneros, detener a militantes del ERP y delegados de fábricas del Cordón industrial.

Antes que el espacio físico fuera utilizado para torturar y matar, allí trabajaron más de 150 obreros que sembraban árboles frutales, olivares, flores y vides. El casco central de la propiedad era el edificio actual de La Calamita.

Sala, «El Gallego», varias veces presidente comunal de la localidad entre 1928 y 1934 falleció a principio de los 40, dejando sus tierras a sus descendientes que, a mediados de esa década, las vendieron a Ángel Calamita y de allí surgió su actual denominación. Este volvió a hacer productivos los viñedos creando una famosa bebida conocida como hidromiel Pontón. Sin embargo, en 1969, vendió esas mismas tierras a la firma Raúl Benzadón Saci, propietaria de la antigua tienda La Buena Vista.

Fue en 1975, cuando Osvaldo Rodenas y Natalio Wainstein, dirigentes de Rosario Central, alquilaron el predio y se lo cedieron al II Cuerpo del Ejército, mediante un contacto que éstos tenían con el coronel Juvenal Pozzi.

Antonio Rodenas, dirigente de Rosario Central en 1975. Años después, asumió la presidencia del club

La Calamita era un lugar despoblado y sin testigos, cercano a la autopista y a la ruta 11, localizado a pocas cuadras del hospital Eva Perón, que por entonces habría servido de maternidad para las decenas de embarazadas que habrían dado a luz durante su cautiverio en la estancia de la que sólo ahora varios sótanos y galpones algunos quedan en pie.

En junio de 2003 los propietarios derrumbaron los que estaban en la parte trasera porque habrían sido dañados por un temporal y su consecuencia fue la realización de la primera marcha a favor de la expropiación del lugar, con la movilización de militantes, agrupaciones políticas y de derechos humanos.

La lucha por el rescate de la memoria pareció tomar un buen camino en 2005, cuando la Legislatura Provincial sancionó la respectiva ley y el gobierno provincial, encabezado por Jorge Obeid, aprobó la compra de la estancia. La iniciativa cayó porque se vencieron los plazos de ejecución.

De centro clandestino de torturas a fábrica de cloro

En La Calamita se instaló una fábrica de cloro, encarada por la familia Benzadón, que continúa siendo la propietaria de la estancia y de la contigua, conocida denominada Quinta Canut, donde también se presume que funcionó otro centro clandestino de detención.

El lugar fue reconvertido en un criadero de pollos y, en 2006, fue dedicado a domas de caballos. Dos años más tarde funcionó allí una molienda de plástico y hace poco tiempo se destinó uno de los galpones que quedan en pie para la recarga y repintado de garrafas que derivó en una intervención judicial y municipal, ya que en el lugar pesa una medida cautelar de no innovar dictada hace dos años.

Varios cambios de destinos de funcionamiento implicaron deterioro y destrucción parcial del lugar, con la ocupación del casco, la probable construcción de habitaciones para alquiler y hasta el levantamiento de viviendas precarias, para las cuales se realizaron movimientos de tierra. Un clásico argentino, generando lamentaciones entre los defensores del patrimonio, de la memoria, así como a los investigadores forenses quienes esperan que se habilite la excavación del lugar, medida que se había dispuesto en 2006, según Juan Nobile, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense.

La Justicia había ordenado excavar el lugar a partir de las declaraciones de un imputado en la causa Feced: Se trata de Eduardo “Tucu” Constanzo, quien aseguró que una de las personas secuestradas había muerto en el predio de La Calamita y le ordenaron enterrarla. Cuando iba a cavar el pozo, sus superiores le indicaron que lo hiciera más lejos, porque allí estaba sepultado el soldado (José) Prat. “Indicó el sector y sólo allí pudimos trabajar, con resultado negativo”, lamentó el profesional, en una entrevista de La Capital.

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Bullrich reveló  la identidad de un jefe terrorista

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa, reveló la identidad de Hussein Ahmad Karaki, a quien se lo conocía en organismos de inteligencia y contrainteligencia del Mossad con el alias de “Abu Ali”, “Rami” y “Saad Az Aldi”.

Hussein Ahmad Karaki, jefe de operaciones de Hezbolá en América Latina, responsable de los atentados de 1992 y 1994 en Buenos Aires, en un documento de identidad venezolano de 2004.

Karaki es el jefe operativo que se considera responsable de los “atentados a la Embajada de Israel y la AMIA” y según afirmó Bullrich «es referente de la convergencia para reclutar a miembros del crimen o ex presidiarios en los atentados frustrados de Trapiche I y II en Brasil, en Colombia, Bolivia y Perú».

Asimismo, explicitó  Bullrich, “Karaki había estado en Argentina, Brasil y Paraguay entre 1990 y 1991. En ese lapso, reclutó a José Suleiman, en San Pablo, para el contrabando de explosivos y volvió a ingresar con documento colombiano bajo el nombre de Alberto León Naím.

La ministra hizo hincapié en que Karaki “compró y preparó la camioneta a nombre de Elías Ribeiro SDalush, con documento falso que explotó en la embajada de Israel. Era jefe en Latinoamérica, a nombre de Elías Ribeiro Dalush, con documento brasileño falso -34.031 567- y unas horas antes del atentado, salió por el aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, rumbo a Foz de Iguazú«.

Bullrich sostuvo que, luego de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, Karaki «desapareció” y no fue detectado por los servicios de inteligencia occidentales por varios años».

Hay que agregar que la ministra precisó que en Bolivia estuvieron cerca de hacer explotar un edificio con un coche bomba de las mismas características del que se usó en la AMIA.

«En Perú, en marzo de 2024 y en noviembre de 2023, donde Argentina colaboró, hubo dos operaciones de la Policía Federal de Brasil que se conocieron como Trapiche y Trapiche II», puntualizó la funcionaria nacional que agregó: «La Operación Trapiche desarticuló una organización vinculada a Hezbollah que había reclutado ciudadanos brasileños para perpetrar ataques a instalaciones de la comunidad judía en Brasil. Hubo 22 detenidos. En la Operación Trapiche II intentaron asesinar a un empresario y generaron una serie de ramificaciones para el lavado de activos, agencias de viajes y cambio».

También adelantó la ministra: “Se enviará una carta a la Embajada de Líbano solicitando colaboración para esclarecer los atentados y prevenir nuevos ataques y se solicitarán a la Procuración de la Nación a que arbitre los medios para concretar su captura internacional, mediante la emisión de una Circular Roja de Interpol y así poder juzgarlo en ausencia”.

Bullrich estuvo respaldada en la convocatoria a la prensa por Carlos Ferrer Picado, director nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, y el titular de la SIDE, Sergio Neiffert.

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Más imputados  por el crimen del policía en Fisherton

La fiscal María de los Ángeles Granato acusó a tres sospechosos más por haber participado en el plan criminal que se consumó el 27 de septiembre, donde fue asesinado el subinspector Andrés Farías.

La causa por el crimen del policía baleado se alzó con 35 millones de pesos, sumó tres imputados más. Se trata de Axel Fernández, Dylan Ollacarizqueta y Sheila López, quienes quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, según la resolución del juez Florentino Malaponte. 

La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal. En el avance del legajo, ya son seis los acusados penalmente de haber formado parte del plan –junto con los coimputados Kevin Agüero, Alexis Sebilan y Nicolás Ramírez– que terminó con el homicidio del subinspector que fue atacado en inmediaciones de Ambrosetti y Benegas mientras acompañaba el traslado del dinero de la empresa El emporio de las golosinas rumbo a una sucursal del banco Macro de Fisherton.

Fernández y Ollacarizqueta fueron, a criterio de la causa, coautores del crimen de Farías. En tanto, López participó en el hecho al recibir el Focus que se usó para perpetrar el golpe comando. La joven, a su vez, figura como titular del Peugeot 207 bordó que utilizaron los sicarios para irse de la escena de la balacera.

El 23 de septiembre, Kevin Agüero y Nicolás Ramírez robaron el Focus en Gaboto al 4100. Dicho auto luego fue entregado al día siguiente en Servando Bayo al 2400 a Dylan OllacarizquetaSheila López y Axel Fernández, quienes abonaron la suma de medio millón de pesos por el vehículo.

El Focus fue utilizado para ejecutar el asalto y el asesinato de Farías. Lo abandonaron en González Sabathié y González del Solar, donde fue secuestrado por la Policía de Acción Táctica, y continuaron la huida en un Peugeot 207 bordó y un Up blanco.

Para la fiscal, Fernández y Ollacarizqueta, junto a otras personas aún no detenidas, hicieron seguimiento en los tres autos –Focus, Up y 207– al Kangoo que salió con el dinero desde El emporio de las golosinas rumbo al Macro de Fisherton. Ollacarizqueta y Fernández cortaron el paso del utilitario en el que iba Farías junto con otro empleado de la empresa. De ese vehículo bajaron tres ocupantes, quienes robaron el dinero, el arma reglamentaria del policía y le efectuaron varios disparos con una pistola calibre .38 y otra calibre 9 milímetros.

A Ollacarizqueta también se le atribuyó la tenencia de una escopeta que fue incautada en su domicilio de Espinosa al 5500, en la zona oeste de la ciudad.

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Narcomenudeo con cinco detenidos

En las cercanías de la intersección de Gálvez y Castellanos fueron detenidos cinco individuos que tenían en su poder 300 bochas de cocaína y dinero en efectivo.

Los narcos fueron aprehendidos por la Brigada Motorizada y puestos a disposición de la fiscal Agustina Eiris, de la unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El procedimiento se concretó cuando, al ser detectados los implicados, estos comenzaron a correr y uno de ellos se introdujo en un pasillo y tiró una bolsa, la que fue secuestrada con 298 bochas de cocaína, tras lo cual, ya esposado, se lo identificó como Brian L., de 27 años.

El resto de grupo detectado también fue detenido y se les secuestró 106 mil pesos y tres celulares que la fiscal ordenó peritar.

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Armería allanada

La armería de bulevar Seguí al 1700 fue allanada por la Policía Federal, debido a que se lo solicitó el fiscal Gastón Ávila.

De manera simultánea se concretaron más de tres decenas de operativos simultáneos en Rosario, los que se relacionaron con la trazabilidad de armamento y cartuchos.

De la operación policial también participó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). Hay que hacer notar que en agosto de 2021 se acusó al propietario de otra armería, situada en Presidente Juan Domingo Perón y Avellaneda.

Es que se están generando casos en que la salida de cartuchos se produce en favor de personas autorizadas, pero que efectivamente se entregan a otras que no poseen el permiso correspondiente.

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Perpetua a Alan Funes

Alan Funes, condenado a 44 años de prisión en la prisión de Marcos Paz, como jefe de una banda narco y preso en una cárcel federal, fue sentenciado a prisión perpetua por ser instigador del crimen de Mariel Lezcano, una joven de 19 años asesinada hace tres años de un balazo en el cráneo, como resultante de un ataque ordenado, contra su madre, porque la mujer se negaba a vender drogas para la organización de narcotraficantes de Funes.

Alan Funes (a la izquierda), sumó una nueva condena por ser instigador del crimen de Mariel Lezcano

También fue condenado a prisión perpetua Ariel Gutiérrez, como el ejecutor y a dos décadas tras las rejas a Ulises Chapire, quien conducía la moto en la que escapó el sicario. La decisión judicial se dio a conocer en la sala 10 del Centro de Justicia Penal donde los jueces Ismael Manfrin, Fernando Sosa y Silvana Lamas juzgaron a los acusados a lo largo del mes de octubre. 

Lezcano perdió la vida cuando fue a abrir la puerta de su vivienda de Ayacucho al 4300 el 13 de octubre de 2021. En realidad el destino de muerte era para “La Paquete”, en represalia porque se negaba a vender y manejar los bunkers de droga.

“La paquete”, de 21 años se dedicaba a cuidar a su hijo y hermanitos mientras cumplía una condena domiciliaria por narcomenudeo como componente de la banda de René Ungaro, a la vez que se integraba a la familia Funes. La víctima recibió impactos de una pistola Browning 9 milímetros. 

Trascendió que el conductor de la moto bajó armado y el acompañante tomó el manubrio, se adelantó unos metros mientras Gutiérrez se dirigía a la última casa. Allí tocó a la puerta y al ser atendido por Mariel, sin mediar palabra, le efectuó un disparo en el cráneo y otro en la zona del tórax. Luego subió a la moto en la que escaparon tras consumar la tarea, por la cual les habían ofrecido un pago de 150 mil pesos.

Los jueces condenaron a Alan Funes a la pena de prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma y calificado por ser cometido por precio o promesa remuneratoria, en carácter de instigador.

“Lolo” Gutiérrez, sindicado como quien disparó, recibió la misma pena como coautor de ese delito y por la portación ilegítima de un arma de guerra. En tanto que Ulises David “Pera” Chapire fue condenado a 20 años de prisión en calidad de partícipe necesario del crimen como el encargado de manejar la moto.

Luego, en las afueras de un pasillo se detuvo a Fabián Alejo “Fabito” Domínguez con el arma homicida. Acusado de encubrimiento, este joven de 21 años fue condenado seis años de prisión en febrero pasado, una condena que incluyó los delitos de portación de arma y miembro de asociación ilícita.

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Gerente de Los Monos condenado

Jeremías “Pato” Mac Caddon admitió en un juicio abreviado su rol al frente de una célula de Los Monos que reportaba a Guille Cantero sus negocios en San Lorenzo

Mc Caddon, quien se hizo conocido como “el loco de los negocios”, con un origen como puntero político en San Lorenzo que luego derivó a gerente de una célula de Los Monos en el cordón industrial.

Mac Caddon aceptó una condena a cinco años y ocho meses de cárcel como organizador de una asociación ilícita y delitos como extorsión y amenazas. La condena fue homologada por la jueza Valeria Pedrana.

La pena se suma a otra condena a siete años de cárcel que cumple desde septiembre del año pasado como proveedor de drogas de un grupo comandado por Gisela Bibiana Rodríguez y conocido como la “Banda de la Giya”.

“Giya” estaba a cargo de la zona sudoeste de Rosario. En esa investigación de la Justicia federal se había ventilado que el narco sanlorencino había comenzado a abastecer a esa organización luego de que el anterior proveedor, Iván “Maxi Rey” Giménez, fuera asesinado junto con su mujer y su hija a la salida de un casamiento en Ybarlucea.

En esta columna ya hemos hecho mención al Mc Caddon,  detenido el 23 de marzo de 2022 luego de ser detectado como un hombre de Ariel “Guille” Cantero en el cordón industrial.

En ese tiempo, ya llevaba al menos un año gerenciando los asuntos de Los Monos luego de desplazar a quienes manejaban negocios como la venta minorista de droga en Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Puerto San Martín. La captura de Pato coincidió con la imputación de otros jefes narcos como parte de una —entonces novedosa— estructura organizada en células autónomas que operaban independientemente pero reportando todas a Guille, sindicado como quien les impartía las órdenes desde su celda en el penal federal de Marcos Paz.

Junto con Mac Caddon fueron acusados como organizadores de asociación ilícita Leandro “Pollo” Vinardi, Pablo Nicolás Camino y Damián “Toro” Escobar.

A Mac Caddon los fiscales le achacaron “ el dominio territorial” de la franquicia, Pato “gestionó recursos humanos y materiales, acordó con personal de fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos la obtención de favores ilícitos y omisiones de cumplir obligaciones que como tales debían, a cambio de entrega de dinero, y todo para favorecer el funcionamiento de la asociación ilícita”.

El condenado aceptó haber “impartido órdenes a personas que se encontraban por debajo suyo en la estructura de la organización para cometer diversos hechos violentos, a través de la intimidación mediante el uso de armas de fuego”. También disponer de armas y vehículos para la ejecución de atentados, gestionar el cobro de deudas de forma violenta con organizaciones antagónicas y con personas que le abonan sumas de dinero para poder ejercer distintos negocios legales e ilegales” en el cordón.

También se lo acusó de haber mantenido “reuniones con personal de las fuerzas de seguridad con los cuales gestionaba protección en la zona donde el mismo ejercía control territorial permitiéndole acceder a información relativa a las investigaciones existentes en la zona a su cargo, evitando que personas de su organización sean detenidas o en caso de que fueran detenidas que recuperen la libertad”.

El acuerdo abreviado de Mac Caddon incluye una imputación anterior: El 19 de junio de 2019 fue interceptado por Gendarmería mientras circulaba en un Citroën C4 en cuya guantera se halló un arma de fuego Taurus Millenium con el número de serie suprimido y un cargador con tres balas calibre 32.

Por ese episodio le imputaron la portación ilegal de arma de fuego de uso civil, delito que se sumó al de asociación ilícita en calidad de organizador, autor de cohecho y de tentativa de extorsión, además de instigador de amenazas coactivas.

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Clan familiar detenido por presunto narcomenudeo

Agentes de la Policía Federal realizaron una serie de allanamientos en los que además incautaron cocaína, marihuana y elementos para estirar y vender estupefacientes.

La causa en cuestión tuvo su origen a partir de órdenes emanadas por la Unidad Fiscal de Rosario, a cargo del fiscal Matías Scilabra, que encomendó a los efectivos de la Policía Federal distintas averiguaciones en relación a esa organización narcocriminal.

Durante la investigación, los uniformados establecieron que este grupo delictivo estaría compuesto por una familia entera y que operaría tanto en el centro como en la zona sur de Rosario. En ese sentido, identificaron diez inmuebles, ubicados sobre las calles Corrientes, Amenábar, Sarmiento, Fray Luís Beltrán y Moreno.

El juez federal Carlos Vera Barrios, ordenó la realización de los allanamientos. En consecuencia, los funcionarios federales detuvieron a ocho personas; seis hombres y dos mujeres. Durante los procedimientos, además, secuestraron 1.497 gramos de clorhidrato de cocaína, 86 municiones, una motocicleta, 125 gramos de oro, dólares estadounidenses, un millón de pesos en efectivo, una balanza de precisión y  elementos de fraccionamiento.

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Bullrich brega por  una “cruzada” contra el ocio

Bullrich, lanzó una cruzada contra el “ocio” en las cárceles federales con el anuncio del programa “Manos a la obra”, que apunta a que los presos se encarguen obligatoriamente del mantenimiento de los penales.

“Este lanzamiento es un punto muy importante en el camino de las transformaciones y la reestructuración del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y de la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen con la sociedad”, sostuvo Bullrich en la presentación de este programa, realizada en Complejo Federal de Mujeres Nº 4 de Ezeiza.

La propuesta de Bullrich no apunta al trabajo remunerado, sino a la obligación de que los presos mantengan su espacio de alojamiento con arreglos generales, una actividad que ya se da de hecho en más de una cárcel de la Argentina.

“El ocio en las cárceles genera más violencia y menos reinserción social; se altera el orden. La propuesta es que todas las personas trabajen para el mantenimiento del espacio que habita”, dijo la funcionaria.

“El programa también incluye la implementación de sistemas biométricos para el control de horariosEl ocio además no es un tratamiento penitenciario. Es entrar en la cultura tumbera y no lo vamos a permitir; esa es la cultura de la destrucción social. A partir de ahora, todos los presos van a trabajar”, prometió Bullrich.

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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política

Imagen: Foto del interior del centro de detención La Calamita en Granadero Baigorria (Diario La Capital – 20/03/2018)

Viene de acá: El Kees, oscuro y tenebroso

Continúa aquí: Fue capturado un cargamento de cocaína valuado en 10 millones de dólares

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