📜 El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
Doce horas para huir o dejar de vivir
A los pocos días del golpe del 24 de marzo de 1976, el coronel Reinaldo Tabernero, ministro de Gobierno de Santa Fe[1], le comunicó al comandante mayor de Gendarmería Agustín Feced -el carnicero verde-, que por decreto 183, del Poder Ejecutivo, había sido nombrado delegado interventor de la Unidad Regional II de Rosario.
Leopoldo Fortunato Galtieri, ya con 50 años de vida sobre sus espaldas –nacido el 15 de julio de 1926- lo despidió a Feced con todos los honores, recordando su accionar en los años 71, 72 y 73, calificándolos como “difíciles y de incomprensión, desconocimiento e inferioridad, pero con mucha responsabilidad”.
Y a los pocos días, -el 9 de abril de 1976-, el gendarme pronunció un discurso al ser puesto en funciones. Lo hizo en las escalinatas de la Jefatura de Policía, por ese entonces ubicada en Santa Fe 1950.
Con su característica forma agresiva de expresarse exacerbaba la retórica de los represores y “brindaba claves respecto del pasado reciente”.[2]
Más adelante, en su disertación Feced apuntó a los policías que lo escuchaban con atención: “Estamos de pie para continuar con una batalla inconclusa contra la subversión apátrida. La conocieron y tuve el honor de combatirla junto a ustedes”.
Se refería al ya relatado período 1970/1972 bajo el funcionamiento del Comando Sub Área Rosario, un organismo formado por efectivos de distintos organismos de seguridad, responsable de la desaparición del estudiante Ángel Enrique Brandazza, episodio ocurrido en la intersección de Córdoba y Oroño, el 28 de noviembre de 1972.
Brandazza era un militante social al que todos conocían por “Tacuarita”. Había nacido el 22 de mayo de 1949 en Blacquier, provincia de Buenos Aires y concurría a la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario, a la vez que militaba en la Unión de Estudiantes del Litoral al momento de ser secuestrado por el Comando SAR, del Comando del II Cuerpo de Ejército.
“Parece que va a ser el momento de pelear” articuló el comandante mayor Feced con su uniforme verde puesto ante los policías y agregó suelto de cuerpo: “Comenzaremos la guerra total contra la guerrilla y la subversión. A los extremistas les digo que a partir de este momento tienen 12 horas para abandonar la ciudad”, finalizó el interventor, quien tuvo como colaboradores –cómplices necesarios- para llevar adelante su trabajo sucio a unas 70 personas entre policías y civiles.
Uno de estos últimos se había hecho nombrar asesor pedagógico de la biblioteca Constancio Vigil, la que fuera intervenida el 26 de febrero de 1977[3].
El tiempo, -esa invención maravillosa del hombre-, no se detuvo y el 29 de julio de 1976, bajo el mando operacional del general Ramón Genaro Díaz Bessone, el subcomisario Oscar Odone, por entonces jefe de la Policía de Menores de Rosario, escribió la nota 2.168, dirigida a la jueza Nelly Alcira Perales.
En la misma se señalaba:” Por la presente doy cuenta que con fecha 20 del actual, provenientes de la Unidad Regional II y a disposición del jefe de Policía, fue recibida en la Sección Femenina de esta dependencia, a mi cargo, a la llamada Dolores Aguirre, cuyos demás datos de identidad se ignoran, junto con sus hijas Josefina y Catalina Aguirre, de 4 meses y 3 años, respectivamente y que en la víspera, la menor Josefina, por orden telefónica de ese tribunal, fue entregada a la empleada de esta dependencia, cabo Norma Pilar Ramos, quedando la menor alojada en la Sección Femenina y su progenitora, mayor de edad, alojada en la Alcaidía de Mujeres”.[4]
Era un claro ejemplo de menores que se extirpaban de sus hogares originarios para entregarlos a terceras personas como una forma sistémica de actuar con hijos de presuntos guerrilleros.
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El 18 de junio de 1976 el segundo jefe de la misión de la embajada estadounidense en Buenos Aires analizó mediante el decreto 5281 el significado de una convocatoria al diálogo político, siendo firmado el documento secreto con la clave “Chaplin”, aunque no se hiciera referencia al cómico inconmensurable. Ya advertirá el lector porqué de esta aclaración. Sólo resta apuntar que “Chaplin” avanzaba en su análisis futurista, señalando que la lucha militar interna sería ganada por Videla.
Sin embargo, 365 días después las posibilidades democráticas se desvanecieron por la decisión de Videla de favorecer al sector más conservador en el gobierno.
Los asesores del militar habían aportado nombres para abrir el juego político y en la lista figuraban Oscar Camilión –Cancillería-, Rafael Martínez Raimonda –Bienestar Social- Amadeo Frúgoli –Justicia- y Rubén Blanco –Educación-. Pero el general cambió de idea y cerró toda posibilidad de lograr la apertura política, nombrando a Juan Llerena Amadeo en Educación y a Alberto Rodríguez Varela, en Justicia.
Militares en crisis
A finales de 1977 la crisis militar interna era despiadada por la designación del ya citado “cuarto hombre” y “tres documentos de la embajada norteamericana lo reflejaron en pocos días cuando el Ejército dio vuelta el esquema de poder diseñado en 1975 para impulsar a su candidato, con una autoridad superior a la de la Junta. Los documentos eran: Buenos 9571, Buenos 9753 y Buenos 9779.[5]
En 1978 otro documento desclasificado hace mención a las dificultades de Videla para designar ministros moderados y a la caída de toda posibilidad de recuperar en corto lapso la democracia. En ese mismo informe se hizo mención a la imposibilidad de Videla de enfrentar a los más duros del poder militar y a Martínez de Hoz, quien se oponía a la apertura política, ya que su plan necesitaba más tiempo para que sus medidas de austeridad revirtiesen la economía. Quizás el ministro también se creyera que sería el heredero final de Proceso, a sabiendas que su figura orejuda despertaba escaso consenso social.
En el mismo año 1978 la Embajada de Estados Unidos en Argentina ya consideraba al almirante Emilio Eduardo Massera, un interesante candidato para ser presidente.
Raúl Castro, el embajador norteamericano en Argentina creía que el marino sería el próximo caudillo argentino y ponía como cartas a su favor su energía, su habilidad y… su inescrupulosidad. “Besa chicos, envía coronas a los funerales y escribe notas eficaces con tacto”, agregaba el diplomático según una investigación de la periodista María Seoane.
Masacre
El 12 de septiembre de 1976, a las 18.15 estalla, por orden de Fernando Vaca Narvaja (a) Vasco, integrante de la conducción nacional de Montoneros, -nacida al amparo del Lonardismo jesuítico que rodeaba al general Juan Carlos Onganía y los servicios de informaciones del general Francisco Imaz-, una bomba “Vietnamita” en el interior de un automóvil Citroën, detonada a corta distancia del paso de un transporte de la Guardia de Infantería, que regresaba con policías desde la cancha del club Rosario Central.
La explosión, dispuesta por el “Vasco” produjo el fallecimiento de los agentes Edgardo Jorge Ferri, soltero, nacido el 31 de octubre de 1948, quien había ingresado a la policía en enero de 1975; Juan Domingo Matiasevich, agente, casado, nacido el 15 de mayo de 1948, con dos hijos e ingresado en julio de 1974; Domingo Hipólito Alfonso, agente, casado, nacido en 1948, con tres hijos e ingresado en 1972; Andrés Alberto Acosta, agente, casado, nacido en agosto de 1951; Carlos González, casado, con una hija e ingresado en abril de 1975, nacido el 12 de junio de 1956; José Luis Boggino, agente, nacido el 9 de julio de 1952, casado, con un hijo e ingresado en agosto de 1974; Hugo Alberto Pellegrina, agente, soltero, ingresado en julio de 1974 y nacido el 27 de agosto de 1950; José María Gutiérrez, agente, casado, con tres hijos, nacido el 28 de marzo de 1953 e ingresado en septiembre de 1974 y el agente Darío Héctor Pietrani, soltero, nacido el 30 de noviembre de 1953, ingresado en octubre de 1975.
Heridos y mutilados
Además, a los fallecidos hubo que agregar 20 heridos graves y mutilados, los que fueron derivados a la Asistencia Pública. Entre los heridos civiles fueron identificados Andrés Fabián Ledesma, de 14 años y Carlos Galeazzo, un vecino que al momento de la deflagración estaba arreglando una moto.
Con el correr de los días fallecieron por las heridas Walter Ledesma, de 56 años, fotógrafo y Ángela Dib, de 42 años.
Por el atentado fueron detenidos Carlos Enrique Pérez Rizzo, nombre de guerra «Cabezón”, nacido el 18 de marzo de 1963, quien fue condenado, aunque no cumplió la pena. Y Graciela Porta, NG: “La Corcho”, nacida el 18 de octubre de 1954, quien tampoco cumplió la condena.
En esos mismos días, estalló un artefacto explosivo en la Superintendencia de Seguridad Federal y la respuesta fue atroz: 70 fusilados; 30 por el atentado la Ministerio de Defensa; 40 en la masacre de Año Nuevo –que siguió a la muerte del coronel Castellanos y 19 luego de la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela.[6] Esos números formarían parte de 1.200 ejecuciones en 300 “supuestos combates”.
El 27 de septiembre de 1976 fue secuestrado el militante Roberto De Vicenzo, horas después que ocurriera lo propio con su esposa Miriam Moro, cuando ésta regresaba, junto a otras personas, de distribuir panfletos en frigoríficos de la zona sur de Rosario.
El cuerpo de Moro fue hallado en 1983, en el osario de Casilda, a 50 km. Al oeste de Rosario. De Vicenzo y Moro tenían dos hijos por ese entonces: Darío de 2 años y Gustavo de 7 meses. Miriam, al ser detenida, cursaba un embarazo de 3 meses.
Los restos del militante que nos ocupa también fueron identificados y enterrados en el cementerio de Granadero Baigorria.
Un traslado
En octubre de 1976, Feced, al padre de una joven secuestrada por elementos parapoliciales, quien había ido a preguntar por su hija desaparecida le dijo: [7] “Vamos a trasladar a su hija a la Jefatura de Policía y luego se la entregaremos” y le agregó: «entreténgase viendo fotos de álbumes”. No pudo el progenitor de la detenida ver más de dos páginas con fotos en colores de cuerpos destrozados, de ambos sexos, bañados en sangre”.[8]
Feced le expresó al padre de la detenida que lo que estaba viendo era sólo una muestra. Que “él era el hombre que iba a barrer con la subversión en Rosario”.[9]
Los dichos de Feced se expresaron en la realidad el 7 de octubre de 1976, fecha en la que, en ocasión del Día de la Virgen, dio a conocer la identificación de 3 de 5 presuntos “subversivos”, esto es Ruth González, Estrella González y Héctor Antonio Vitantonio. [10]
Diez días después –17 de octubre de 1976-, siete jóvenes fueron retirados de su cautiverio del centro clandestino de detención El Pozo, perteneciente al Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de Policía de Rosario y trasladados hasta la localidad cordobesa de Los Surgentes, donde fueron acribillados en un camino rural.
Las víctimas resultaron ser Cristina Costanzo, María Cristina Márquez, Analía Murguiondo, Daniel Oscar Barjacoba, Sergio Abdo Jalil, Eduardo Felipe Laus y José Antonio Oryarzábal. [11]
En el racconto periodístico e histórico que llevó adelante el periodista José Maggi, se mencionó en primer término las detenciones de Daniel Oscar Barjacoba y María Cristina Márquez, ocurridas el 2 de octubre de 1976, en las adyacencias del Arroyo Ramallo, Barrio Somisa, de San Nicolás, donde Daniel recibió varias heridas de bala al intentar escapar.
Oyarzábal y Laus fueron apresados el 12 de octubre de 1976, en la vía pública, portando folletos con propaganda política. Ese día, casualmente, Leopoldo Fortunato Galtieri se hacía cargo del Comando del II Cuerpo de Ejército.
Cristina Costanzo, un día más tarde, fue detenida en la calle con Carlos Pérez Rizzo y otra mujer, de nombre Analía. Corrió igual suerte el 14 de octubre en su domicilio de Rosario, junto a su hija de dos años, tras producirse un enfrentamiento en el que fueron heridos dos componentes del Servicio de Informaciones.
Uno de éstos últimos, apodado “La Bruja”, fue herido en una mano y el restante en un ojo. A los dos se los atendió en el Sanatorio Británico.
Sergio A. Jalil, el 15 de octubre, a las 15, fue secuestrado frente al domicilio de República 3635, vendado e introducido en un auto color blanco, según testimonios de vecinos. Caminaba acompañado de Stella Miguel, quien posteriormente fue asesinada, fingiéndose un presunto tiroteo.[12]
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Los siete detenidos fueron torturados en el Servicio de Informaciones, donde fueron vistos por varios testigos. Como Murguiondo se resistió en el interrogatorio, el propio “carnicero verde” la torturó a golpes de puño y ordenó luego que le aplicaran la picana eléctrica a su hija.
El 17 de octubre de 1976, en horas de la madrugada, los juntaron a todos en una oficina, los obligaron a costarse boca abajo, esposados en la espalda, con vendas reforzadas y se los llevaron.
De estos crímenes fueron responsabilizados Agustín Feced, el comisario Saichoux (fallecido); el comisario Guzmán Alfaro (a) “el Mudo”; el oficial Lo Fiego (a) “El Ciego” o “Luzbel” (fallecido), el oficial Marcote (a) “El Cura”; el oficial Nast (a) “El Ronco”; Scorchetini (a) “Archie” y los apodados “Beto” y “Fino”, según una carta de Gustavo Píccolo y Carlos Pérez Rizzo, desde Villa Devoto.
La actuación de INTERPOL
Al Barjacoba lo identificó INTERPOL, según le fue comunicado a sus familiares, a través del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario. Los cuerpos de los asesinados fueron encontrados por vecinos de Los Surgentes, un domingo, a las 8 de la mañana, apilados a un costado del camino, con los ojos vendados, con señales de tortura y acribillados a balazos.
Fue la encargada del Registro Civil, María Trinidad González de Molina quien identificó a las víctimas, ayudada por un empleado del cementerio local, de apellido Narvaja y elevó la documentación al Registro Nacional de las Personas, desde donde fueron retiradas por el Ejército.
En noviembre de 1976 se realizaron identificaciones que se mantuvieron en secreto, hasta que por una filtración en la información aparecieron publicadas en el diario La Voz del Interior. Así se conocieron públicamente las identificaciones de cuatro de los siete asesinados. [13]
En el mismo octubre del 76, a siete meses del fatídico golpe, en el ámbito sindical rosarino comenzaron a generarse débiles actos de “agitación” y algunos casos de sabotaje. El dato fue recogido por la agencia de noticias clandestina ANCLA, que hacía referencia a un “informe confidencial” que estaba circulando en medios políticos y que había sido requerido por oficiales superiores del Ejército, ya que se insinuaban, en el ámbito nacional, conflictos en los gremios de Luz y Fuerza, telefónicos y portuarios, que defendían sus fuentes de trabajo, pues temían despidos y racionalización de personal, temas por los cuales gremialistas rosarinos criticaban, lejos de micrófonos de los periodistas, a Martínez de Hoz y a Videla, a quien les hacían recriminaciones porque había prometido que no se producirían despidos.
Mientras esto ocurría, soterradamente, los telefónicos inutilizaban cámaras subterráneas y destruían cables, siguiendo órdenes de un dirigente gremial que se hallaba detenido y que despertaba preocupación en los altos mandos del Ejército que no querían asumir las consecuencias sociales de la política económica.
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El 13 de noviembre de 1976 el militante comunista Enzo Tossi y secretario general del Sindicato de Obreros Mosaístas, es secuestrado por un grupo de Feced, perteneciente a la sección Robos y Hurtos, tras lo cual estuvo cinco años en cautiverio.
A fines de 1976, en Rosario, eje de nuestra investigación, ya habrían sido asesinadas 3000 personas y fue en ese tiempo en que se decidió “seleccionar” a ciertos secuestrados para recuperarlos, aunque ya estaban doblegados por la tortura, el terror y las promesas de sobrevida.
Armó el Ejército un mini “staff” de “colaboradores” que debían salir a marcar compañeros militantes en las calles. Varios componentes de este grupo fueron derivados al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Habrían conformado ese mini “Staff” Graciela García Romero, Anita Avatman –Barbarella-; Marta Bazán –Coca-; Marisa Hurgier –Estela-y Alfredo Bursali – El gordo-; quienes según otras investigaciones habrían entregado más de 200 compañeros. Otro de los componentes del grupo, el “Chancho” Caprioli fue enviado a Europa en la búsqueda de dólares que los Montoneros habían cobrado de rescate por el secuestro de los hermanos Born.[14]
El 13 de julio de 2007, -mientras se llevaba adelante esta extensa investigación- se presentó Tossi en los Tribunales Federales para ser reconocido y dar su testimonio como querellante en la causa que lleva el mismo apellido que el del jefe de la “patota” que lo secuestró.
Se llevaron en el baúl de un auto y a los otros tres que lo acompañaban en el momento del operativo. Los subieron en el interior del vehículo. Un quinto logró escapar, debido a que cuando lo fueron a buscar a su domicilio, se hallaba en un velatorio. Pudo finalmente huir y exiliarse en Paraguay.
Por su parte, Tossi estuvo dos meses en el centro de detención El Pozo y luego fue derivado al Centro de Informaciones de Rosario, en la intersección de Dorrego y San Lorenzo- tras lo cual fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, aunque previamente transitó por las cárceles de Coronda, Caseros y La Plata, desde donde salió en libertad a fines del 81.
Tossi, como es de imaginar, soportó vejámenes, torturas físicas y psicológicas, al igual que otros 500 secuestrados del Partido Comunista, a lo que deben agregarse 150 desaparecidos, casi 40 asesinados, 2.500 presos políticos y 5.000 militantes cesanteados, según el propio dirigente gremial mosaísta. Su causa estuvo radicada en el Juzgado Federal Nº 4 de Germán Sutter Schneider.
En Rosario, todos corremos peligro de morir
El bioquímico Alfonso Tomás Rimada, en el legajo 8.093 de la CONADEP, tras denunciar la desaparición de su hijo Héctor Ariel y de Olga Pattacini, ocurrida el 2 de diciembre de 1976, señaló ante el organismo que el doctor Jorge Velasco, por aquel entonces médico del Servicio de Informaciones, en Rosario, según el denunciante, le dijo: “En Rosario, en este momento todos corremos peligro de muerte”. En el momento de sus dichos, Velasco era radiólogo y había trabajado en la Unión Obrera Metalúrgica de San Nicolás.
Con el paso del tiempo, para ser más precisos, en septiembre de 1984, Jorge Alberto Velasco -nacido el 3 de junio de 1942- estaba a cargo de Sanidad Policial de San Lorenzo y según apuntó Rimada, su solución al problema subversivo consistía en “llevar al público a la cancha de Newell’s, poner a todos los subversivos en el campo de juego y fusilarlos”.
Velasco llegó al grado de comisario mayor y ejerció el cargo de director general de Medicina Legal de la policía provincial de Santa Fe.
Rosario, obviamente, vivía en la impiedad que prodigaban los grupos de tareas, en el marco de un Estado criminal. La muerte era un secreto…a voces; era la resultante de una forma fantasmal de accionar contra los ciudadanos en su conjunto y que la justicia no atinaba a intentar probar.
El objetivo único era sobrevivir en ese estado de cosas apelando a la cobardía y la mezquindad como mecanismo de vida…ante la muerte que muchas veces mostró, desde 1975 a 1983, su feroz cara, embebida en crueldad y sangre de inocentes.
Nadie era perdonado, ni siquiera los floristas que cayeron presos simplemente por llevar una corona a un velorio de un sospechoso.
[1] José María González era el jefe del Área 212 el 24 de marzo de 1976, cuando al mando de tropas copó la Casa de gobierno, derrocó a Sylvestre Begnis y se convirtió en el primer interventor de la dictadura en Santa Fe hasta abril de 1976, cando lo sucedió el vicealmirante Aníbal Desimoni, ya fallecido. En esos meses, lo secundó un gabinete integrado por militares de Santa Fe y Reconquista, entre ellos el coronel Reynaldo Tabernero, quien asumió como ministro de Gobierno y tiempo después pasó a ser el subjefe de la Policía Bonaerense. Juan Carlos Tizziani. Rosario 12. 03/04/2011.
[2] La Capital, “Cuando Rosario fue un territorio cercado” Osvaldo Aguirre. 24/3/2006. Pág. 4
[3] Fuentes documentales permiten al presente desnudar categóricamente el rostro profundo y por entonces desconocido de las nuevas autoridades. El “asesor pedagógico” no era otro que Telmo Raúl Alcides Ibarra, miembro de la policía provincial; Se desempeñó en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, donde se hacía llamar “Rommel” por “deferencia” al mariscal de campo y comandante nazi Erwin Eugen Rommel
[4] Matar para robar… Carlos Del Frade. Pág. 180/181
[5] Zona. Diario Clarín. María Seoane. Sobre el “cuarto hombre” en la crónica Operación Bolsa brindamos una detallada exposición.
[6] La Voluntad. Eduardo Anguita-Martín Caparrós.1976/1978.Editorial Norma. 1998. Pág. 391/2.
[7] La Policía., Martín Edwin Andersen. Pág. 269
[8] Feced no fue el único que tenía un álbum con las fotos de sus “hazañas”. También lo tuvo un jefe del Comando Radioeléctrico que dirigía personalmente los operativos, en estos casos contra delincuentes comunes que terminaban hechos un colador por la gran cantidad de impactos que recibían, presumiblemente efectuados con una metralleta.
[9] Íbidem del ítem 17.
[10] Historia profesional de Galtieri. Pág. 124-125
[11] La memoria por los treinta años de la masacre de Los Surgentes. Rosario 12. José Maggi 17/10/2006. Pág. 4.
[12] Íbidem, anterior.
[13] Años más tarde, el 7 de marzo de 1980, el subcomisario Germán Walter Kutzechbach, jefe de la División Convenio Policial Argentino, de Córdoba, le informó al Juzgado Federal Nº 2 de Rosario que personal de Criminalística confeccionó fichas dactilares de los cadáveres encontrados en Los Surgentes, las cuales fueron remitidas con fecha 20 de octubre de 1976 a los organismos de seguridad de todas las provincias, INTERPOL y Registro Nacional de las Personas para su identificación. También que se identificaron dos cadáveres, uno perteneciente a Barjacoba y que fue comisionado personal de esa división a la morgue judicial del Hospital San Roque, que constató que los cuerpos fueron inhumados en el cementerio San Vicente, en Pilote 5, fosa común. Luego de diversos trámites judiciales, el 28 de febrero de 1985, el doctor Héctor Cámara remitió los restos óseos al administrador del Cementerio de San Vicente, dónde fueron incinerados por orden del segundo jefe del cementerio, de apellido Arévalo. Las cenizas fueron arrojadas en una fosa debajo de la cruz mayor del cementerio. Con fecha 24 de marzo de 2003, se elevó una nota a la doctora Graciela de Filoñuk, fiscalía Nº 3 de Córdoba, en la que se solicitaba la veracidad de la cremación de los restos exhumados en el Cementerio de San Vicente en 1984 y, de confirmarse, se identifique y condene a los responsables.
[14] La Voluntad Vol. III. Pág. 361
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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Foto: Agustín Feced, jefe de la Policía de Rosario, durante el Terrorismo de Estado. Fue declarado muerto en 1986, pero existen sospechas fundadas de que seguía con vida después de esta fecha
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