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El capital y la dictadura civil y militar – Por Ricardo Marconi

📜 El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi

El capital y la dictadura civil y militar

 

La dictadura del capital financiero expuso con meridiana claridad la relación entre las corporaciones económicas.

En el lapso de tres años y medio, mediante una profunda investigación sobre la Comisión Nacional de Valores surgieron, desde las profundidades de la corrupción cívico-militar, datos obtenidos  durante la gestión de Alejandro Vanoli. 

El análisis fue impulsado por diversos pedidos de indagación de causas judiciales que tenían en su seno datos que permitían adentrarse en crímenes de lesa humanidad.

La apertura investigativa permitió hacer surgir de las profundidades actas y documentos elaborados  en el transcurso del proceso militar que recibió la “colaboración” de “los bancos Nación y Central”.

Las copias de la documentación fueron remitidas a los Grupos de Tareas, en los que se utilizaron las mismas para realizar interrogatorios y aplicar torturas a secuestrados para producir información de inteligencia y generar, probablemente, desapariciones de banqueros, financistas y empresarios.

 

Rapiña  

Obviamente, el objetivo paralelo era la rapiña de bienes de las víctimas, a las que se desapoderó de sus empresas y, en ese accionar, cayeron –al parecer-, los accionistas del Banco de Hurlinghan e Industrias Grassi, entre otros.

Por otra parte, el análisis documental reveló, además, como los representantes de las cámaras de empresarios les “dictaban” a los militares desaparecedores, las leyes que permitían modificar las estructuras de la economía argentina.

La dictadura llegó “a los archivos de la Comisión Nacional de Valores, que tuvo una actuación particular, ya que hubo indicios de colaboración con el Ejército, al que se les suministraban datos sobre banqueros, empresarios y financistas en dependencias de Campo de Mayo”, según señaló el historiador Bruno Nápoli en una entrevista periodística.

En 2012 trabajó sobre el tema un equipo interdisciplinario conformado por una antropóloga, un sociólogo y un historiador (Nápoli), quienes desclasificaron la totalidad de la documentación archivada y las actas del directorio, así como las resoluciones, las direcciones que se obtuvieron y las comunicaciones con otros organismos habilitados para sacar provecho de la información.

Lo que surgió de las entrañas del poder fue la estricta colaboración con el Ejército, surgiendo que la Comisión que nos ocupa envió peritos a Campo de Mayo. Ellos trabajaban en el lugar cumpliendo horario y la información que se lograba se incluía en los legajos de los secuestrados.

Circulaba la versión que había representantes del BCRA y del BNA, entidades conducidas por la dictadura. Asimismo, representantes de bancos privados fueron designados directores y en el caso de la Comisión aludida, el titular era Juan Alberto Etchebarne, amigo personal de Martínez de Hoz.

 

¿Qué pretendía saber la dictadura? 

La dictadura quería conocer cuántas empresas-cuentas manejaban los empresarios y financistas y que bienes personales poseían. Se actuaba como un órgano de inteligencia, sin serlo, para lograr datos privilegiados.

Esa data era reenviada al Ejecutivo y a los secuestradores de los empresarios para que la utilizaran en los interrogatorios.

 

El uso y abuso de las leyes 

La Ley de subversión económica de 1974 –sancionada en el período democrático-, fue utilizada por Rafael Videla con la duplicación de las penas y con la modificación del articulado para poder atacar activos económicos de organizaciones a las que el Estado consideraba enemigas.

La ley, vale apuntarlo, establecía pautas para castigar a las empresas que “no cumplían con sus deberes patrióticos”. Lo terrible de ello que el castigo al incumplimiento era el secuestro y, en muchos casos, la muerte con la excusa de la subversión económica.

Los militares se llenaban los bolsillos escudándose en solicitudes de dinero al Tesoro Nacional, utilizando como justificación la Deuda Externa, fundamentalmente en el bienio 1978/79. El Mundial del 78 fue una muy buena excusa para pedir y nunca rendir lo solicitado.

En ese sentido, Nápoli en una entrevista otorgada al periodismo calculó fondos por 5 mil millones de dólares, en carácter de préstamo “y cuando el Tesoro los reclamó, a fines de 1982 y a principios de 1983, con la dictadura en plena huida, dijo que “no darían cuenta de esa plata, ya que no pidieron tanto”.

 

El uso de los dineros robados 

Pasado el período militar, los políticos en su gran mayoría, supuso que esos dineros públicos no devueltos fueron utilizados para adquirir armamento y los militares dijeron que “los banqueros pedían el doble”.

Hay que hacer mención también a que la Oficina de Derechos Humanos fue el primer equipo  que ingresó  a un archivo del sistema financiero y comenzó un concienzudo trabajo de investigación, considerado un caso único en la historia.

Luego se intentó un procedimiento idéntico, dirigido a la Casa de la Moneda y el Banco Central. Eduardo Basualdo ingresó al archivo del BNA, pero no llegó a verificar la existencia de la “pata civil” de la dictadura en la institución crediticia.

Es que un cambio de gobierno a los 3 años y medio, desmontó los equipos y les quitó funciones al principio a los investigadores, tras lo cual los derivó a otras áreas para “desinflar” las investigaciones iniciadas, las que quizás, podrían llegar a producir resultados comprometedores.

Otros mal pensados expresaron que quizás se tomó esa resolución para hacer negocios oscuros a través de estructuras estatales y poder llevarse dinero.

En ese sentido hasta se habló de un ministro de Finanzas que emitió deuda y luego la compró. En otras palabras: Se paró de los dos lados del mostrador. Y en la dictadura pasó lo mismo. Resta aclarar que no es ilegal emitir deuda y luego comprarla a menor valor.

Otras versiones hacen mención a la Ley de Aduanas, de Rafael Videla, que terminó “creando un centro mafioso”. Hay que recordar que el Grupo SOCMA arrancó en el 73 con un total de 6 empresas y al concluir el proceso dictatorial en Argentina poseía 46.

Se tomó deuda en dólares –autorizada por el Banco Central-, la que –el lector seguramente ya lo adivinó-, nunca se pagó y  lo más triste es que el Estado argentino lo permitió.

 

La herencia legal 

Hay cientos de leyes heredadas de la dictadura que aún rigen. Se habla de 400, siendo una pesadísima herencia legislativa que se formuló en el proceso dictatorial por orden de sectores financieros aliados a los militares.

El objetivo era financiar la dictadura y la sustracción de bienes. Casi 20 banqueros, empresarios y financistas fueron secuestrados y robados sus bienes materiales y económicos.

 

Embargo de granos 

Seguramente el lector, con algunos años de experiencia en sus espaldas recordará cuando Estados Unidos  invitó a la Comunidad Europea, Canadá, Australia y Argentina a una reunión en Washington para que adhirieran a la decisión estadounidense de embargar granos.

El por ese entonces embajador argentino Jorge Aja Espil recibió la invitación del Departamento de Estado norteamericano y el funcionario, ni lento ni perezoso derivó el mismo al secretario de Agricultura Jorge Zorrequieta –el padre de la reina Máxima de Holanda- y este último paró con el pecho la nota y de “palomita”, como el concejal Aldo Poy,  se la envió a su vez a AlfredoMartínez de Hoz. El maíz argentino estaba en juego. 

La por entonces Unión Soviética el segundo comprador de Argentina y los restantes países habían vendido su stock, implicando esta circunstancia que nuestro país perdería 85.000 millones de dólares por la caída de las exportaciones.

El embargo implicaba romper el acuerdo que había firmado el ministro José Ber Gelbard con los rusos.  Argentina había pasado de exportar 9 millones de toneladas a más de 20 en 1979.

En el diario Convicción, que dependía de Massera se publicó el 11 de enero de 1980, un día después de que Argentina anunciara que quebraría el bloqueo, anunciando Zorrequieta que vendería a la URSS “ahora y después”.

Incluso, uno de los tantos dirigentes rurales de nuestro país, con un rostro de acero, dijo sin ponerse colorado: “Argentina forma parte de un frente occidental, pero conformado de otra manera”.

“Las Fuerzas Armadas tomaron la decisión”, dijo el dirigente rural y sobre el precio internacional acotó: “el precio dependerá de qué haga el gobierno de Estados Unidos”.

¿Qué puede hacer?, le preguntaron los periodistas

“Acopiar”, respondió.

¿Y nosotros? Consultaron los cronistas.

La respuesta no se hizo esperar: “si tuviéramos ahora el cereal haríamos negocios porque lo que perderíamos por el precio lo recuperamos por el flete. Hay cualquier cantidad de barcos que quedarían varados”.

 

El final de la historia 

El embargo fue levantado un año después por el republicano Ronald Reagan. La Junta Militar, identificada CON Washington no respetó el boicot a Moscú, pero si el acuerdo Gelbard-URSS.

Resultado final: El conflicto soviético y el valor del peso pusieron contra las cuerdas al Banco Central.

 

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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política

Imagen: José Alfredo Martínez de Hoz, primer ministro de Economía de la dictadura militar de 1976

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