📜 El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
El fatídico Rosario 2022: paraíso para narcos
“El miedo es una emoción humana, aunque su definición y aceptación social depende del sexo y la persona que lo vive”.
Joanna Bourne. Catedrática de la Historia del miedo
El 24 de agosto de 2009 ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de Resolución que tenía el número 4002/D-2009, mediante el cual se solicitaba al Poder Ejecutivo Nacional informes sobre acusaciones relacionadas con la existencia de pistas aéreas clandestinas en la Región NEA, más precisamente en la zona sur de la provincia del Chaco y el norte de Santa Fe.
El proyecto fue firmado por diputados nacionales de la Coalición Cívica Fabián Peralta, Héctor Flores, Elsa Quiróz, Susana García y Elisa García y fue girado a la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico para su tratamiento.
Se pidieron informes sobre las medidas que tomó la Fuerza Aérea, sobre 141 pistas clandestinas y acerca de los nombres de los titulares de los dominios donde se encuentran ubicadas las pistas clandestinas, a la vez que se realizaron consultas sobre si existe como titular algún funcionario –actual o mandato cumplido-, de la provincia del Chaco o de sus parientes hasta el 4º grado.
También se pidió saber si se afectaron partidas presupuestarias en forma excepcional para revertir dicha situación y si el PEN tiene conocimiento del trabajo realizado por la ONG Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA) sobre el Mapa del Narcotráfico en Argentina” y que medidas se tomaron para comprobar la veracidad de las denuncias y dar solución a las mismas.
Finalmente, se pidieron respuestas a dicho Poder Ejecutivo sobre actividades desarrolladas por el Cartel de Sinaloa en la zona indicada y sobre la capacidad que tiene el Sistema Nacional de Vigilancia para controlar los vuelos que aterrizan en pistas registradas.
Cifras y falta de control
Las cifras de las que se habla en voz baja van de 600 a 1.500 pistas, en función de las denuncias y según datos de la Asociación de Agencias antidrogas, el 80 % del contrabando de drogas se hace a través de pistas ubicadas en la región norte del, país –, esto es La Rioja, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones Corrientes, Entre Ríos y el norte de Santa Fe.
Ya en 2008 Paraguay había admitido la falta de control suficiente de su espacio aéreo. La Fuerza Aérea Argentina habría detectado 14 pistas clandestinas utilizadas por narcos extranjeros para ingresar a nuestro país, a menos de 4.000 metros de altura, para no ser detectado por los radares y cumplir su objetivo de descender, descargar la droga, cargar combustible y levantar vuelo en un plazo no mayor a una hora, para regresar luego a su base.
A pesar de la celeridad con que actúan los narcos, habría habido detenidos de nacionalidad colombiana con elementos farmacéuticos para ser el estiramiento de drogas ilícitas en la zona de la Isla Cerrito, donde el 10 por ciento de la población es colombiana.
“En esa zona hay gran movimiento de avionetas y embarcaciones de poco calado que provienen de Paraguay”, según los autores de dicho proyecto.
Radares insuficientes
En el 2004 se generó un Sistema de Control de Vigilancia y Control de aeronaves por decreto del 14 de octubre, con el que se reemplazó al de 1996. Se pensaba instalar 96 radares para todo el territorio nacional contra el 5% que había hasta ese momento.
Evidentemente, las mafias nacionales y extranjeras que operarían en Argentina y más precisamente en Santa Fe no sufren suficientemente el control estatal. Rosario es una muestra implacable de ello.
El ingreso aéreo se complementa mediante la utilización de caminos rurales, la descarga aérea de drogas en campos en los que existirían silos bolsa y por rutas argentinas presuntamente controladas.
El paralelo 28, en el límite Chaco- Santa Fe es considerado tierra de nadie, fundamentalmente en cercanías de la localidad de Florencia.
En esa zona operan numerosas avionetas cumpliendo tareas de todo tipo y ello complica seriamente el control de las naves en su conjunto.
Operativo “Ajos encantados”
Más acá en el tiempo, en la gestión del gobernador Hermes Binner, en Europa trascendió que se decomisó más de una tonelada y media de droga que había sido cargada en Santa Fe.
Ello se concretó en función de los operativos denominados “Ajos encantados” y “Narco tractores”, luego que se concluyeran tareas de inteligencia que duraron seis meses en España, con ayuda de la DEA.
Esas indagaciones secretas habrían referido la existencia posible de una célula de las FARP colombianas, presuntamente relacionadas con el homicidio de un alto jefe del Cártel de Cali. En el estacionamiento del Unicenter de Buenos Aires.
La droga habría llegado a Argentina, proveniente de la frontera chilena con Mendoza, mientras que otro cargamento de drogas se estimaba que había sido escondido en tractores que se exportaban.
Seguramente los rosarinos ya se han olvidado que el 18 de agosto de 2006, la por entonces diputada nacional por Santa Fe Alicia Tate elevó un pedido de informes al PEN “sobre diversas cuestiones relacionadas con actuaciones judiciales vinculadas a la participación de agentes de la Policía Federal Argentina y de la Gendarmería Nacional en el encubrimiento y comercialización de la droga en nuestra ciudad.
Tate, en su pedido, hizo mención a la “relación directa de la droga con la inseguridad que sufrimos los ciudadanos de este país” y agregó: “Es por ello que nos interesaría conocer la actitud del PEN frente a las denuncias públicas que desde hace 20 años viene realizando la jueza Laura Cosidoy, integrante del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, de las cuáles el Ministerio del Interior debería tener conocimiento, tanto por la cobertura mediática y la repercusión pública de las denuncias de la magistrada, como por el informe que la misma elevara en junio pasado al doctor Aníbal Fernández”.
Falta de decisión política
Cosidoy en el 2006 denunció “falta de decisión política” “para combatir el tráfico de estupefacientes” y alertó sobre que “la cantidad de procedimientos de la policía provincial, no se condice con la magnitud de la droga que circula en la ciudad (Rosario)”.
Debido a la gravedad de la denuncia de la magistrada, el fiscal de Cámara José María Peña del TOF Nº 1, requirió a la jueza precisiones y la respuesta de ésta, junto a la de otros integrantes del TOF Nº1, Santiago Harte y Otmar Paulucci arrojaron a Peña una veintena de sentencias en las que se ordena “investigar a policías santafesinos, tanto provinciales como federales por omisiones, torpezas o encubrimientos presuntos, cometidos en los procedimientos que se ventilaron en juicios orales y públicos.
El 27 de abril de 2007, el por entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, Jorge Obeid, anunció el relevo de 35 agentes rosarinos que componían la Dirección de Prevención y Control de Adicciones, cayendo también en la “volteada” su titular.
Las investigaciones de Cosidoy permitieron denunciar la connivencia entre política, narcotráfico y fuerzas de seguridad de principios de los 90 y sus averiguaciones permitieron demostrar la existencia de un circuito que, desde Brasil y Paraguay, hacía base en Rosario para exportar marihuana y cocaína, tema que hemos actualizado en el tiempo con informaciones aportadas en columnas anteriores en Proyecto Escaño.
Vale recordar que Cosidoy fue baleada y, repentinamente fue ascendida en menos de 24 horas, luego de haber esperado su promoción durante quince años. Eso sí, al parecer la investigación se frenó y los oficiales de policía imputados quedaron sobreseídos. Laura Cosidoy admitió en una entrevista: “los medios me salvaron la vida”.[1]
La inundación del “paco”
El paco comenzó a llover en Argentina luego de las crisis 2001-2002 y, debido a que el gobierno mejicano prohibió importar los químicos que se utilizan para elaborar cocaína, se unieron los dos elementos para que los traficantes buscaran donde convertir, la pasta base de cocaína en el clorhidrato de exportación. Allí se llegó a la elección de Brasil, Chile y Argentina.
A nuestro país llegaron los colombianos para comenzar a conformar una estructura y para, en el tiempo, conformar –como se hace en una invasión militar-, una cabeza de playa”, pagando a los delincuentes locales algunos servicios con pasta base. Así nació la oferta y en e l tiempo apareció y creció la demanda, la que se comercializó agregándole elementos de corte como el bicarbonato de sodio, la escoria de la cocaína –similar al crack-, ya que la cocaína pura implicaba un alto costo que no tenía una clientela sustentable.
Y para que esto último sucediera, los narcos agregaron cafeína y anfetaminas. En algunos casos hasta –temerariamente-, se agregó herbicida y vidrio molido proveniente de tubos fluorescentes[2].
En el origen de la composición del paco también está presente el sulfato de la obtenida de hoja de coca macerada con hidrocarburos y ácido sulfúrico.
La relación entre el producto terminado y los residuos es de 1 a 1,5 aproximadamente y el residuo puede contener hasta 5% de cocaína. El residuo es nuevamente cortado por los minoristas y así, cada dosis de paco pesa 0,01 y 0,036 gramos.
85 mil posibles narcos
En Buenos Aires y el Conurbano, en 2011, había 85 mil narcos[3] y en las últimas cuatro décadas la producción, el tráfico y el consumo de drogas creció significativamente mientras se consolidaba la criminalidad con su expansión permanente, generando esa situación el incremento de la violencia, a corrupción policial, la protección del negocio y el presunto control de políticos, gobernantes y dirigentes sociales.
Repetidamente se escucha en mentideros judiciales que más del 70% de las causas iniciadas judicialmente fueron iniciadas para perseguir consumidores jóvenes de clase media, sin antecedentes, desarmados y 1 de cada 10 es por tráfico y 2 de cada 10 fueron por tenencia simple.
Del mismo modo, pero en un porcentaje del 75%, las causas terminaron en sobreseimientos y 40% concluyeron desestimadas, mientras que las archivadas representaron ese año el 26,9%. Sólo el 0,7% fue condenado el imputado.
La Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), al describir la cartelización progresiva de nuestro país estaría ligada al negocio internacional del narcotráfico. Hay cárteles peruanos, bolivianos y paraguayos para manejar el negocio en su totalidad, esto es recibir la droga desde el exterior y sacarla con destino a Europa del norte, sin descuidar la comercialización local, en las villas de Capital, Gran Buenos Aires y la provincia de Santa Fe.
Cada uno en su sector
Los grupos narcos tienen cada uno su territorio: Los peruanos dominan las villas 1.11.14, Illia y Rivadavia; los dominicanos están focalizados en Constitución y San Telmo; los paraguayos en Retiro y Villa Soldatti y los bolivianos en Liniers y las villas 31 y 31 bis.
Esas bandas comercializan en función de los parámetros siguientes: El 80 % del ladrillo de máxima pureza va directo a Europa y la banda se queda con el 20% restante y el paco. Aquí es vital apuntar que las “cocinas” están radicadas de mara tal que si una cae, no incide su desaparición en las restantes, pero la que lidera el ránking de muertos serían los peruanos.
Lo que si no habría variado es el constante tráfico de “mulas” y lo que habría crecido es la aparición de cadáveres destripados, debido a que no soportaron el viaje y les explotó la droga en los intestinos, motivo por el cual, los traficantes se vieron en la necesidad de recuperar la droga a toda costa.
Los muertos son, en general indocumentados que, para hacer la diferencia para iniciar una nueva vida en Argentina, ingresan con “ravioles de cocaína” de un gramo y con “tizas” de 20 gramos. Estas últimas son almacenadas, al parecer, en depósitos y luego son fraccionadas y vendidas en turnos de 8 horas. Los vendedores, paralelamente, conforman una red de vigilancia para alertar a sus jefes y, habitualmente, son los que caen abatidos primero o son detenidos cuando la policía se ve en la necesidad de “hacer estadística”.
Datos sobre Rosario
Para que el lector conozca algunos datos estadísticos generados en Rosario, podemos mencionar que, al 18 de mayo de 2018, el Ministerio de la Acusación tenía 149 fiscales entre febrero de 2014 y 31 de diciembre de 2018, se crearon 230.649 legajos.
A mayo de 2018 el MPA había investigado 259.038 delitos contra la propiedad y 2.184 procedimientos abreviados en 2017. En 2018, hasta diciembre hubo 218 juicios orales.
En el año aludido, el fiscal general de la Provincia de Santa Fe, Jorge Baclini estuvo a punto de hacerse cargo de las investigaciones de narcomenudeo, pero con la condición que se le otorgaran más recursos.
En ese tiempo la policía provincia hacía los procedimientos y los resultados eran derivados a la justicia federal.
En el 2018 faltaban instalaciones en algunas localidades para hacer cámaras Gesell y ello obligada a trasladar muchos kilómetros a menores víctimas.
DE 6.074 audiencias en 2014, se pasó a 19.415 en 2017 y en 2014 se hicieron 9 juicios orales; en 2015, 39; en 2016, 74 y en 2017, 96.
En 2016 Argentina fortaleció los controles contra el lavado de dinero, aunque los especialistas en el tema dejaron entrever que había una falta de eficiencia respecto de otros países del hemisferio sur para investigar y perseguir el blanqueo de capitales y delitos complejos.
[1] Ciudad Blanca, Crónica Negra. Historia del Narcotráfico en Santa Fe. Carlos del Frade. Ediciones Letra Libre. Rosario.
[2] Asociación de Reducción de daños de Argentina (ARDA). Gustavo Hurtado.
[3] País Narco. Mauro Federico. 2011.
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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Viene de acá: Los rosarinos en el imperio de la kakistocracia
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