📜 El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
El intento final de volatilizar pruebas
Se intentó que el trabajo de averiguación de los hechos relacionados con crímenes de lesa humanidad -en primera instancia-, concluyeran haciendo que las pruebas “se volatilizaran”.
Felizmente la propuesta final de dejar la investigación judicial de todo el trágico período de la represión en la nada falló y los delitos aludidos comenzaron a ser juzgados a partir del año 2009.
El propósito de hacer desaparecer definitivamente los testimonios, indicios y evidencias se llevó a cabo el 8 de octubre de 1984, cuando el domicilio particular y el despacho en los Tribunales Provinciales, con sede en Rosario, del juez Francisco Martínez Fermoselle, fueron violentados de manera simultánea por individuos no identificados y vestidos con uniformes policiales.
En el operativo los delincuentes robaron la totalidad de la documentación y las armas incautadas en la tarea de investigación sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, denunciados por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas.
El material sustraído, era de gran importancia para realizar una minuciosa investigación y no había copias, ya que, según el propio Fermoselle “Consistían en pruebas objetuales y sumarios”, aunque agregó que sólo existían copias de los expedientes girados al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que registraba una labor de investigación hasta mediados de abril de 1984.
El entonces ministro de Gobierno provincial, Eduardo Cevallos, declaró posteriormente que “Se trata de un grupo comando, de alto nivel de entrenamiento”, mientras que el ministro del Interior de la Nación, doctor Antonio Tróccoli, se reunió con su par santafesino, y se consideró “la evolución de la policía en todo el país y los planes para devolverle la seguridad a la población”.
Denuncia
Organismos de DDHH realizaron una conferencia de prensa, denunciando lo sucedido y dieron a conocer un documento, donde se solicitó a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, a personalidades relevantes de la política, la cultura y profesionales, la necesidad de continuar con las actuaciones iniciadas e interrumpidas por el hecho violento puntualizado.[1]
A todo esto, el 12 de junio de 1985[2] , en horario de trabajo, estalló un artefacto en un baño de varones del primer piso de los Tribunales Provinciales, ubicado en Pellegrini y Balcarce de Rosario.
La bomba, de 500 gramos de trotyl, fue accionada desde una distancia oscilante entre 100 y 150 metros, mediante un control remoto, en el momento en que la Brigada de Explosivos intentaba desactivarla. Como resultante del atentado, dos policías fueron internados en observación en el Hospital Clemente Álvarez de Rosario. La investigación judicial estuvo a cargo del juez de Instrucción de la 7ma. Nominación, Daniel Canavosio. [3]
El 13 de febrero de 1987, la jueza federal Estela Andrea Hernández, convirtió la detención que sufría Mario Alfredo Marcote (a) “El Curita”, en prisión preventiva rigurosa. Marcote, imputado de numerosos hechos relacionados con la represión ilegal –ya detallados en anteriores columnas-, había nacido el 1º de diciembre de 1949, hijo de Raúl Enrique y de Irma Magdalena Carignano.
Marcote, de nariz aguileña, ojos pequeños, utilizaba anteojos con patillas de metal y el cabello corto. Por ese entonces era delgado y vestía generalmente con una camisa azul y pantalón marrón. Tras terminar el secundario se recibió de Perito Mercantil e ingresó, a una tienda, tras lo cual hizo lo propio en la policía provincial, llegando al cargo de oficial ayudante en el área de Seguridad Personal, siendo trasladado al Servicio de Informaciones a mediados de 1976. Allí producía las fichas de los detenidos y llevaba adelante el libro de entradas y salidas de la dependencia.
Posteriormente se lo comisionó para el traslado de muebles y otros efectos que se hallaban en los domicilios que usurpaban los grupos de tareas. El traslado de los muebles lo hacía en un Citröen azul.
Si de “traslados” hablamos, podemos agregar que otra de sus funciones era la de trasladar detenidos con rumbo desconocido, entre las que se dejó trascender, algunas eran mujeres.
En algunas oportunidades fue a Devoto, Coronda y Trelew, donde habría interrogado y torturado presos, utilizando en las sesiones de tortura, un escapulario.
Según él mismo, en declaraciones a medios de comunicación “quiso humanizarla tortura” y reconoció que el Servicio de Informaciones realizó detenciones en los domicilios de los que eran buscados y allí labraba actas”, las que no recuerda donde quedaron archivadas.
El 22 de junio de 1987 fue desprocesado por estar alcanzado por la Ley de Obediencia Debida y solicitó la baja el 2 de diciembre de 1980.
Pero volvamos al episodio de Tribunales antes explicitado. El policía Juan Aguirre [4] en el turno noche -1.45 horas -, cubría un turno de vigilancia nocturna en los Tribunales Provinciales cuando dos individuos, con uniformes policiales, le señalaron que venían de la subcomisaría 5ta.
Aguirre habitualmente recibía a policías en la madrugada, ya que era normal que vinieran a pedir a los juzgados en turno solicitudes de urgencia para efectuar procedimientos.
Otro policía que se hallaba en idéntica condición que su compañero policía les abrió la puerta del Juzgado de Instrucción de la 10ma. Nominación y al hacerlo le apuntaron con una ametralladora PAM. Tras reducirlo, le vendaron los ojos y le quitaron el arma reglamentaria.
Tres horas más tarde, una empleada del juzgado ingresó y comprobó que faltaban los tres cuerpos del sumario 6-84 donde se investigaban denuncias contra Jorge Pérez Blanco, Eduardo Rebecchi y Teresa De Conde, quienes trabajaban para el Destacamento de Inteligencia 121.
Se inicia la investigación de Villate
El fiscal federal Adolfo Villate, 35 años después de los hechos relatados pidió al juez federal Carlos Vera Barros que disponga la detención de tres, por entonces altos mandos del Destacamento 121, por el robo.
El magistrado interrogó por los hechos que nos ocupan al general Víctor Pino Cano, el coronel Héctor Fructuoso Funes y al coronel Luis Américo Muñoz por lo que entiende la Fiscalía, son delitos de lesa humanidad y por lo tanto de carácter imprescriptibles.
El fiscal Villate explicó que “si bien el robo fue después de la dictadura, formó parte de un plan sistemático y clandestino del Estado que incluía la impunidad de otros delitos cometidos en los años previos”.
Vale apuntar que en la nota periodística a la que se hace referencia como fuente, se apunta que “en 1987 el ex segundo jefe del Destacamento 121 Luis Américo Muñoz, pidió al entonces presidente Raúl Alfonsín que lo ascendiera a coronel.
Y para justificar su solicitud tuvo el desparpajo de mencionar como antecedente de lo que él consideraba una “carrera intachable”, que “había participado del secuestro de los militantes justicialistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi”, asesinados en 1983.
Villate apuntó que Muñoz no podría haber participado del robo sin el conocimiento de sus superiores, esto es el general Víctor Pino Cano y el coronel Héctor Fructuoso Funes, quienes fueron detenidos.
El juez Fermoselle estaba investigando a Jorge Pérez Blanco, Eduardo Rebecchi y Teresa De Conde, la otra participante de la patota del 121. Blanco, antes de ser detenido, fue alcanzado por la muerte natural.
Tanto de la imputada, como de Rebecchi, en ese entonces,no se conocían sus paraderos y se hallaban prófugos.
Versiones indicaron que en las carpetas figuraban direcciones, fotos, análisis ideológicos, planes de acción y métodos de represión de un grupo de civiles y militares ligados al Servicio de Inteligencia del Ejército.
Habitaciones repletas de expedientes
En una nota de El Ciudadano, Norma Ríos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos indicó que “estaba lo que encontraron en la casa de Rebecchi en Dorrego al 1600, esto es “tres habitaciones repletas de expedientes que contenían datos de estudiantes, políticos y delegados gremiales”.
“Era un depósito de material bibliográfico secuestrado a las víctimas de la represión, Había una carta personal del entonces coronel Mohamed Alí Seneldín, dirigida a Rebecchi”.
El robo a los Tribunales primerió a Fermoselle que había planificado trasladar todos esos elementos al juzgado de instrucción a su cargo.
La batida de Bueno
Ya que estamos transitando en la presente columna el año 1987, es oportuno referir que en ese año el ex agente de inteligencia del II Cuerpo de Ejército, Gustavo Francisco Bueno (a) Germán Bueno o Banegas, reveló en el exterior, ante el Centro de Estudios Legales y Sociales, la identidad del agente Constanzo (a) “El Tucu”, quien había sido mencionado por primera vez en el libro de Miguel Bonasso “Recuerdos de la Muerte”. Constanzo revistaba en la Quinta de Funes como miembro de la inteligencia militar con el rango IN14.
El “tucu” terminó por admitir, en declaraciones a la prensa, que “envolvía cuerpos de muertos, entre los que se hallaban chicos, y los trasladaba a las barrancas del Paraná o mediante avión a la Bahía de San Borombóm, en los ya conocidos “Vuelos de la muerte”.
Fue investigado en primera instancia, por el juez de Instrucción de 1ra Nominación, por ese entonces 10ma. Nominación, el doctor Martínez Fermoselle, quien en el Cuerpo 28 de la causa Feced, se lo incluyó como torturador de la Quinta de Funes, en la que negó tener relación alguna con los hechos que se investigaban. El “tucu” vivía en Pueyrredón 2931 y trabajaba en el Mercado de Productores de Fisherton, dónde utilizaba un camión para transportar fruta.
El 14 de febrero de 2006 el imputado declaró más de tres horas ante el juez federal subrogante Nº 4, doctor Germán Sutter Schneider, en el marco del proceso que se seguía por la participación de Constanzó en el referido centro de tortura y en el de la Fábrica Militar de Armas “Domingo Matheu”. En oportunidad, entre otros temas, fue inquirido por el destino de los mellizos de Raquel Negro y “Tucho” Valenzuela.
El interrogado fue mencionado como un torturador que cumplía esa execrable función en el Centro Clandestino de Granadero Baigorria, siendo un acusador del teniente coronel ® Rodolfo Riegé. Constanzó imputó a Riegé el asesinato de prisioneros.
El propio Constanzó reveló en los interrogatorios judiciales que participó, en 1975, del Operativo Independencia en Tucumán, donde las acciones eran dirigidas por el general Acdel Vilas y además, admitió que cumplía funciones para un legislador justicialista.
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Fue en el año 1987 que el gobierno de Alfonsín dicta la Ley de Obediencia Debida y es así que 206 integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad de las seis provincias del litoral argentino son desprocesados.
En mayo de ese año, la Cámara Federal de Apelaciones remite unos 80 expedientes originales de la Conadep Rosario al Estado Mayor Conjunto del Ejército que giraban en torno a los centros clandestinos de detención, que dependían directamente del Ejército.
El 22 de junio se dicta la medida judicial que beneficia a los principales imputados de torturas que actuaron en la provincia de Santa Fe.
A febrero de 2006, “como resultante de la causa Quinta de Funes, se hallaban aun detenidos Juan Amelong, Jorge Fariña y Pascual Guerrieri. Con prisión domiciliaria permanecían Adolfo Luciano Jáuregui y Enrique Testoni. Continuaban prófugos Hugo Cardozo, Héctor Gertrudis, Carlos Isach, Walter Pagano y Francisco Scilabra.[5] Ya habían fallecido Edgardo Juvenal Pozzi, Carlos Torres y Hugo Vidarte”.[6]
Respecto al centro clandestino de torturas la “Quinta de Funes”, cabe mencionar finalmente, que Jaime Dri -único sobreviviente de la misma- declaró que en la quinta estuvieron “chupadas” 15 personas y él mismo”. Otro que logró escapar fue el militante montonero Tulio Valenzuela, pareja de la también secuestrada Raquel Negro.
Valenzuela escapó de las redes militares cuando era utilizado en un operativo elucubrado por el general Galtieri– por ese tiempo comandante del II Cuerpo de Ejército- para secuestrar y asesinar a la cúpula montonera exiliada en México, país al que viajó Tulio junto al espía Amelong, mientras quedaba su pareja embarazada como rehén, junto a otro hijo.
El objetivo era que Valenzuela colaborara para montar el escenario que entregaría en bandeja a los secuaces de Galtieri, a los dirigentes montoneros.
Valenzuela, ya en territorio mejicano “deschavó” la operación y junto a la cúpula montonera ofreció una conferencia de prensa, generando un escándalo político y diplomático de envergadura, el primero en Argentina y el segundo entre nuestro país y el estado mejicano, este último de proporciones no calculadas ni imaginadas por el gobierno militar de nuestro país.
Valenzuela, a mediados de 1977 –ex responsable de la Columna Rosario de Montoneros- se despidió de su compañera Raquel Negro para viajar a Méjico donde se reuniría con la conducción nacional montonera y posteriormente se dirigiría a Brasil.
Poco después, un grupo de tareas detuvo a su segundo a cargo: Carlos Laluf, quien terminó con sus huesos en la Quinta de Funes, donde se habría prestado a actuar como doble agente. Así, fue dejado en libertad –vigilada- y volvió a la militancia como si nada hubiera pasado y, en su nueva función, habría mandado al frente a otros dos compañeros, quienes también aceptaron formar parte del doble juego.
Los planes militares, contemplaban que Carlos debía viajar junto con Raquel Negro a Brasil para encontrarse con Tulio Valenzuela, pero prefirió ir sola y el Ejército ordenó a Laluf que enviara a otro militante montonero, que nada sabía del doble juego.
Éste último hizo contacto con Tulio y le entregó un informe sobre la Columna Rosario, escrito en la Quinta de Funes y recibió de él 70.000 dólares para el funcionamiento de la columna, que luego, vía Carlos, irían a parar a las arcas del grupo de tareas. Además, arregló un encuentro entre Carlos y Julio para el mes de noviembre, también en Brasil.
Los militares dejaron salir a Laluf, quien viajo a Río de Janeiro con otro militante quebrado: Leopoldo y no pudo contactar a Tulio por un error en la construcción operativa de la “cita”. Pero, casualmente, se encontró con Raquel en Copacabana y así logró recuperar el contacto en Puerto Stroessner, reunión que se efectivizó bajo el control de un grupo de tareas del II Cuerpo de Ejército.
Galtieri la tenía clara
Si dominaba la conducción montonera Galtieri ocuparía la jefatura del Estado Mayor, cuando el general Roberto Eduardo Viola reemplazara a Videla en la comandancia del arma. Su plan era claro: dominar a Tulio cuando se encontrara con Maluf para llevarlos a Funes.
Terminaba el mes de diciembre del 77 cuando Tulio y su compañera, junto a su hijo, pasaron la frontera para ir a Mar del Plata, donde él debía reunirse con Carlos. Raquel tuvo a su cargo los contactos y en la tarde del 2 de enero de 1978 fue a una cita con un quebrado en Luro y Catamarca. Los oficiales de la Quinta de Funes pidieron la liberación de la zona a la Sub Zona Mar del Plata, se hicieron pasar por turistas y prepararon la emboscada.
Los redujeron a trompadas, haciéndose pasar por policías que atrapaban a un ladrón de motos, en el medio de la tienda Los Gallegos.
Luego los metieron en un auto, mientras en otro vehículo se llevaron al pequeño. Raquel, media hora después cayó en una trampa similar y todos terminaron en el interior de un camión que los esperaba en la ruta con destino a la Quinta de Funes, donde Valenzuela comenzó a ser llamado “mayor Valenzuela”. Todo se tornó más claro cuando uno de los oficiales de Galtieri le contó el plan: tenía que conducir a un grupo de tareas del Ejército hasta la siguiente reunión de la conducción nacional montonera en Méjico, donde los miliares intentarían secuestrarlos y matarlos.[7]
En sus declaraciones a la justicia, el “Tucu” Constanzo habría afirmado que “los detenidos en la Quinta fueron trasladados, en primera instancia, a la Escuela Magnasco –ubicada en Lagos y Estanislao Zeballos de Rosario- y posteriormente desaparecidos”, a excepción de Raquel Negro, quien fue separada del grupo, tras lo cual no se supo nada de ella ni de sus mellizos por nacer.
Valenzuela regresó al país con la contraofensiva montonera en 1979 y fue capturado por fuerzas militares.[8]
En lo que concierne específicamente a Amelong, es necesario agregar que el 15 de febrero de 2007, su defensor de oficio, el doctor Osvaldo Gandolfo, presentó un escrito ante el juez Sutter Schneider exigiendo “una excepción por falta de acción” contra la Secretaría de Derechos Humanos de la nación, constituida como querellante en la causa “Quinta de Funes”.
Amelong –obviamente- rechazó todo tipo de acusaciones, pero no explicó cómo su quinta fue utilizada como campo de concentración de 12 detenidos-desaparecidos, ni donde estaban los hijos de Raquel Negro, quienes figuraban como desaparecidos.
El referido torturador fue denunciado por violar repetidamente su régimen de reclusión, lo que obligó al juez Carlos Vera Barros a trasladarlo al Batallón de Fray Luis Beltrán.[9]
Asesinar para controlar a la mafia de Rosario
Desde que iniciamos la tarea de recomponer y atesorar en textos, lo más minuciosamente posible el armado de un rompecabezas de la muerte en Rosario, hemos logrado que los lectores de la columna sientan la generosa necesidad de acercar datos e informaciones, los que nos permitieron acceder a una mayor precisión histórica de los hechos.
En ese derrotero, en el que decidimos avanzar, nos encontramos, en esta oportunidad, con el aporte exclusivo de un familiar cercano a uno de los protagonistas de la historia que tuvo, como “actor de reparto”, presuntamente contra su voluntad, a Luis Dainotto, quien fue relacionado con Francisco Marrone, alias “Chicho Chico”, el que pretendía obtener el control de la mafia en Rosario, a principios de 1930.
Marrone, como ya lo señalamos en columnas anteriores de Proyecto Escaño, para destacarse socialmente entre los componentes de la clase adinerada, utilizaba taxis para trasladarse a diversos lugares de la ciudad, entre ellos a la confitería del Jockey Club, de Maipú y Córdoba.
Allí se hacía pasar por una persona muy relacionada y pedía dinero anticipado para hacer gestiones tendientes a liberar presos, en la que cayó –según una fuente familiar a quien esto escribe-, Luis Dainotto, que tenía, presuntamente, a su hijo detenido.
La nueva versión histórica
El nieto de Luis Dainotto – que posee el mismo nombre-, al exponer su versión de los hechos para negar que su abuelo fuera mafioso, le señaló a quien esto escribe: “Hay que leer Caras y Caretas del 19 de enero de 1924, número 1320, para comprender como venía la cosa con ese asesino Marrone”.
Luego agregó: “Mi padre me contó que al abuelo lo amenazaban pidiéndole plata y diciéndole que le iban a secuestrar a los hijos. Mi abuela, Josefa Cacciatore logró rescatar, en un intento de secuestro, de arriba de la bicicleta a mi tío Pepe, yaen mano de uno de los secuestradores”, y más adelante acotó: “El abuelo liquidó a otro que le lastimaba las vacas y se la tenía jurada por estos acontecimientos. Mis tías Ana y María y papá acompañaban al abuelo a repartir la leche casa por casa. No era un vago”.
Luis Dainotto (nieto) subrayó a continuación en su mensaje: “Nuestro abuelo era una persona con mucha personalidad y ascendencia sobre la colectividad siciliana. No se dejó doblegar hasta que, evidentemente, no pudo más. Papá me contó que mi abuelo fue a la muerte. Él sabía que lo iban a matar en aquella reunión a la que lo convocaron. No fue sorprendido, se entregó para evitar males mayores a su familia”.
La versión de “Caras y Caretas”
La publicación de Caras y Caretas, antes aludida, señala textualmente:
“Una tenebrosa y vengativa mafia, que ya intentara anteriormente sacarle dinero y uno de cuyos presuntos miembros fuera muerto por Luis Dainotto, después de una violenta discusión, de nuevo lo amenazó de muerte, presentándose en su tambo y exigiéndole una fuerte cantidad”.
Seguidamente continúa el informe de la publicación: “El amenazado, sin amedrentarse, dijo que iba por la suma de dinero pedida y entonces, desde una pieza contigua, armado de una escopeta y una pistola, hizo fuego sobre los malhechores, los cuales, sorprendidos, se dieron a la fuga, perseguidos por el tambero que seguía disparándoles, resultando herido de muerte Tomás Tarallo y siendo capturado Nicolás Ballesteri”.
“En cuanto al tercer cómplice –se relata en Caras y Caretas-, la policía sigue de cerca sus pasos. Dainotto se entregó sin resistencia a las autoridades, declarando haber obrado en legítima defensa de su persona e intereses”.
Sólo resta apuntar que, en tiempos del episodio referido, la policía era conducida por el comisario Deolindo Muñoz y el subcomisario Enrique Alejandrez estuvo a cargo de las indagaciones y captura de Nicolás Ballesteri.
“Aquella reunión”
Cuando hacemos referencia a “aquella reunión”, el interlocutor del autor de la presente columna se refiere a la que se realizó el 27 de abril de 1931, convocada por Marrone, en una quinta de San Lorenzo, donde se intentarían dirimir diferencias existentes.
Quienes debían asistir, fueron convocados en la oficina de José La Torre y en la carbonería de Felipe Scilabra y pasado el mediodía se trasladaron a la quinta donde “Chicho Chico” hizo un aparte con José Consiglio, Juan Michelli, Santos Gerardi, Raymundo Arango y Romeo Capuani, los que portaban armas cortas, a excepción de Consiglio, que tenía una escopeta.
Participantes del cónclave mortal
Participaron de la reunión Luis Dainotto, Esteban Curaba, Juan Michelli, Diego Vitino, Felipe Scilabra, Luis Montaña, Salvador Mongiovi, Carmelo Vinti, José Consiglio, José La Torre, Raymundo Arango, Santos Gerardi, Santiago Bue, José Logiácomo, Carlos Cacciano, Felipe y Leonardo Campeone, Diego Raduzzo, Romeo Capuani y Vicente Ipólito, así como Blas Bonsignore, Joaquín Logrecco y los hermanos Gaspar y Pascual Brocoleza.
Marrone hizo ingresar a la habitación principal a Dainotto, Curaba, Scilabra, Raduzzo, Mongiovi, Ipólito y Costanza, quedando el resto de los invitados en el patio de la quinta, bajo el control de Consiglio, desde donde escuchaban las recriminaciones de Marrone diciéndoles a los primeros que entre el grupo había espías.
La muerte no se hizo esperar
El final llegó muy rápido: Luis Dainotto (el abuelo) y Curaba fueron ahorcados con una soga al cuello, la que también fue usada para atarles con sus extremos a las piernas, colocadas previamente hacia atrás, de manera que las víctimas quedaran arrodilladas mientras morían asfixiados.
A tal punto, el nieto de Luis Dainotto mostró la realidad violenta que se vivía en esos tiempos, que completó su relato contando que “mi papá y sus hermanos dormían debajo de la mesa porque los padres temían que les dispararan desde la calle”, como actualmente (2021) hacen los sicarios en Rosario.
“Para nuestra familia fue un karma lo acontecido con mi abuelo y creo que mi padre, suboficial mayor de Infantería de Marina, fallecido en 1982, a los 62 años, al igual que sus hermanos sufrieron mucho la pérdida de su progenitor en 1931, a manos de un grupo de asesinos” enfatizó el nieto de Luis Dainotto, quien recalcó: “Los hijos de mi abuelo tenían 10, 8 y 4 años en 1930. Papá nunca estuvo preso. A los 16 años, papá salió del Colegio San José y luego fue dos años al seminario, para ingresar a los 18 a la Marina de Guerra. Había quedado huérfano a los 10 años.
[1] Informe preliminar sobre atentados y actos intimidatorios impunes cometidos en la provincia de Santa Fe. Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal de Rosario
[2] Idem anterior.
[3] La Capital, 13/6/1985, tapa y pág. 25.
[4] Agustín Aranda. El Ciudadano. 6/2019.
[5] Francisco Scilabra era investigado por secuestrador y encargado de los traslados del CCD Granadero Baigorria. Tenía el rango N14 y actuó bajo el nombre de guerra “Federico Silver”. Resultó impune por la ley de Punto final.
[6] Rosario 12. 15/02/2006. Pág. 4
[7] La Voluntad. Martín Caparrós, Anguita. Tomo 3. Pág. 403.
[8] Semanario El Eslabón. Marzo 2007. Pág. 3.
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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Foto: Tribunales Provinciales de Rosario (Foto Aire de Santa Fe)
Viene de acá: Caso Ingalinella: asesinado en una sesión de tortura
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