Dos en la Ciudad – Por Juan Pablo Darioli
El mago de oHz
✒️ El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario, que absolvió a civiles y policías por los secuestros, torturas y asesinatos de militantes sindicales de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución en 1975, tiene una multiplicidad de capas de lectura que van desde lo histórico hasta la coyuntura política y judicial. De la evaluación de los hechos que sucedieron hace 50 años se desprenden las señales que expresan el clima de época actual y envuelven la relación entre capital y trabajo, pero ya en un contexto donde no se puede poner en cuestión el régimen de propiedad y las flechas apuntan a las normas que regulan el trabajo. Parafraseando a Zitarrosa, no hay cosa más sin apuro que el empresariado argentino buscando su reforma laboral. Después de las desapariciones e intento de disciplinamiento de la dictadura cívico militar y la flexibilización del menemismo, el gobierno nacional busca ahora darle el golpe de gracia al modelo sindical argentino.
Desde la perspectiva histórica, las claves del fallo son dos: por una lado, los hechos que se juzgaron en el TOF 1 datan de la previa al golpe de marzo del 76 y retoman la complejidad y las consecuencias legales de pensar el plan represivo como una continuidad que une la Triple A con las Fuerzas Armadas, como expuso Raymundo Gleyzer en su cortometraje, y, por ende, la responsabilidad de un gobierno constitucional y electo, como el de Isabel Martínez de Perón; por el otro, la necesidad de avanzar en la completitud de la memoria histórica, condenando la complicidad civil del programa represivo, que cuenta en este juicio con su mayor expresión, José Alfredo Martínez de Hoz, y estableciendo parámetros de reparación para con nuestro país. Un años antes de los acontecimientos analizados por el tribunal federal, en 1974, se produjo un hito en la lucha gremial conocido como “el villazo”, que desplazó a la burocracia sindical de la UOM por una comisión directiva combativa, y significó una derrota para quienes gerenciaban la empresa Acindar, cuyo presidente era Joe Martínez de Hoz. El operativo “Serpiente Roja del Paraná” fue el preludio de lo que luego se vivió en decenas de fábricas durante la dictadura, con el ex Acindar como Ministro de Economía de la Nación. Una condena ejemplar se hubiera podido leer con positividad en relación a las luchas de los trabajadores y un rechazo a la represión de la conflictividad social.
Los jueces Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci no consideraron probadas las responsabilidades de los imputados, aunque por su parte, el juez Germán Sutter Scheneider votó en disidencia condenando solamente a dos responsables, un ex directivo de la empresa y un ex policía. La decisión de parte de Sutter Schneider y Moisés Vásquez no llamó la atención, más sí del juez Paulucci, que en otras ocasiones había dispensado condenas por delitos de lesa humanidad. Los pasillos del palacio de calle Oroño, donde funciona la justicia federal, despiertan desde hace un tiempo algunos sobresaltos que se le adjudican al “fantasma de Bailaque”. Traducción: contrariar el clima de época puede acelerar carpetas, trámites y/o expedientes perjudiciales. Este mensaje en medio de la guerra interna, casi silenciosa, de la Corte Suprema de la Nación es sumamente preocupante en varios sentidos. La adaptabilidad de la justicia federal es uno, pero es más alarmante la susceptibilidad con la que es recibida la amenaza de no plegarse a las comandancias de la Corte, lo que hace presumir que Bailaque y el juez Salmain no son excepciones.
Además, la cosecha electoral del oficialismo nacional en octubre abre una puerta para avanzar en el nombramiento de vacantes en la misma Corte y en los juzgados federales. Las negociaciones son a tres bandas, entre gobierno nacional, gobernadores y cortesanos, y puede ser la postal de una etapa dialoguista del mileísmo, con cosas sustanciosas para negociar y ceder. Algunos análisis hablan de más de 400 cargos a completar en los próximos años.
En el órden político y sindical, el gesto de injusticia contra los trabajadores organizados tiene una resonancia dentro de la disputa por la reforma laboral. En un escenario claramente regresivo para los derechos, trastocar las normas que regulan las relaciones laborales no nos depara nada bueno. Está dicho que todavía no existe proyecto oficial, más que el presentado hace más de un año por la diputada santafesina Romina Diez, pero el comienzo de los discursos resistentes van por el lado de lo que cada uno perdería como individuo trabajador: las horas de trabajo, las vacaciones, la indemnización, etc. El sentido colectivo de los trabajadores es una retórica del pasado. Es más difícil explicar el concepto de ultraactividad o la prelación del acuerdo más favorable para los trabajadores. A diferencia de los ítems particulares, que son percibidos por los excluidos del sistema laboral formal como privilegios, los principios abstractos podrían ser la base para la regularización de todas las nuevas actividades que se van generando en el mercado laboral.
Algunos seguirán agitando la presencia del mago de hOz, escondidos entre artilugios técnicos, gritos y climas de época, pero, como en la película fantástica, finalmente todas son ilusiones.
