El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
El narcomenudeo se combate con "allanamientos expansivos" según el ministro de Seguridad Cococcioni
El narcomenudeo en Rosario y en localidades cercanas a nuestro medio está siendo objeto de una persecución policial en un nivel más minucioso. Ello es innegable, aún con el aporte fluctuante del gobierno nacional, aunque obviamente falta mucho para llegar a los objetivos propuestos por los sistemas de seguridad y prevención que la población de nuestra provincia precisa para terminar con la seguidilla de asesinatos, robos, hurtos y balaceras que deja en el camino la estela de la droga que termina llegando a los puertos del cordón industrial y desde allí a diversos países.
Precisamente, como resultante de dicha intensificación de las indagaciones en ciudades vecinas, la fiscal Natalia Benvenuto, hace unas semanas le habría advertido al Arzobispado que en uno de los tantos terrenos descampados que posee, –en este caso uno existente en la intersección de Alemania y Malvinas Argentinas de Fray Luis Beltrán-, se había intervenido un búnker que vendía droga en cantidades apreciables, ya que se habían secuestrados “ladrillos” de un kilo de cocaína, los que en el mercado ilegal cada uno de ellos se multiplican por diez cuando se aplica al narco menudeo.
Benvenuto aún no llegó a la cúspide de la banda para determinar a quienes tributan los “vendedores”, pero está claro que los mismos tienen una importante clientela, ya que por esa zona los camioneros y los “visitantes” de fin de semana, con alto poder económico, consumirían droga que se estaba –al parecer- “comercializando” a un precio menor en el búnker que allí estaba instalado. El precio final permitiría abastecerse a los compradores por toda la semana, según trascendió en la localidad que nos ocupa.
Allanamientos “expansivos”
Las autoridades policiales ayer viernes allanaron 30 domicilios y quedaron a disposición de la justicia seis personas, a la vez que fueron detenidos otros cuatro “transeros”, como se los denomina en el argot de la delincuencia a los vendedores de cocaína, a los que se les secuestraron cien dosis, así como armamento.
Esos procedimientos, evidentemente, tienen relación con lo ocurrido el mes pasado, cuando se registraron cuatro homicidios en inmediaciones de un búnker de drogas que estuvo localizado en Cavia y Ghiraldo.
En primera instancia, en horas de la noche se produjeron 24 allanamientos dispuestos por la justicia y gracias a la reforma del Código Procesal se sumaron otros seis más, luego de que se consultara al fiscal, ya que en la intervención policial se notaron movimientos sospechosos en una finca adyacente a la que estaba siendo allanada, según lo señaló el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, quien al formular apreciaciones sobre el accionar policial, indicó que “se secuestró valioso material probatorio” y luego hizo hincapié en “allanamientos expansivos”, esto es una forma nueva de expresar las consecuencias imprevistas y positivas de un primer accionar en un determinado lugar. Toda una novedad de Cococcioni en torno a la aplicación del lenguaje aplicado a la gestión policial.
Las medidas solicitadas por tres fiscales estuvieron encabezadas por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), con colaboración de Gendarmería y de la Dirección de Niñez, así como de Defensa Civil. Evidentemente todos se pusieron las pilas para trabajar en conjunto y compartiendo información.
Según trascendió, de los 30 domicilios allanados, nueve están “aptos para demolición”, puesto que se trataría de aguantaderos en precarias condiciones. No me extrañaría que en la semana que se inicia y en las siguientes, se haga uso del “festival de demoliciones” que da rédito en los medios de comunicación.
Un vocero de la investigación expresó que la PDI secuestró 400 dosis de cocaína; 30 celulares, dinero en efectivo, dos escopetas, municiones y “material para realizar recargas de cartuchos”, lo que no es un tema menor. En tanto, desde la Fiscalía mostraron hermetismo y cautela sobre los resultados, aunque es evidente que serán los celulares los elementos que más data brindan en favor de la llegada a nuevos implicados.
Dealers detectados
Hay que hacer notar que en la tarde del jueves pasado, personal de la Policía Motorizada había identificado en la vía pública a dos presuntos “dealers” de cocaína en Laplace y Blas Parera, en barrio Parque Casas. Según la versión policial, al ser detectados, los sospechosos corrieron hasta un domicilio cercano donde había un tercero que estaba armado con una pistola 9 milímetros y sobre una mesa había envoltorios con droga.
Las indagaciones posteriores permitieron, horas después –como consecuencia de otro “procedimiento expansivo”-, detener a una joven de 28 años en un domicilio de Vila al 1700. La vivienda había sido allanada previamente y en teoría estaba desocupada. En el interior había unas 120 dosis de cocaína, se informó oficialmente. Esto demuestra, una vez más, que detectado un búnker, si no le logra destruir por cuestiones legales, a los pocos días se vuelve a reutilizar.
Si nos retrotraemos en el tiempo, advertiremos que el martes 16 de abril, gatilleros mataron a dos jóvenes en Cavia y Ghiraldo y tres días después, se sumó otro homicidio: el de Claudio Barrionuevo, cuya investigación tiene actualmente a tres sospechosos en prisión preventiva. La disputa territorial se cobró otra vida el 1º de mayo, cuando dos sicarios en moto mataron a tiros a Matías Coria en Cavia y Larrechea, una “zona caliente” de Rosario.
Acusación dificultosa
Saltamos a otro tema: El condenado jefe narco Esteban Lindor Alvarado agregó una imputación de la Justicia provincial por haber, supuestamente, mandado a balear a una persona para sacarle las llaves de un galpón que se usó para “alterar” algunos vehículos con el objetivo de venderlos a un precio más alto del valor real de mercado.
Los fiscales provinciales Marisol Fabbro y Miguel Moreno imputaron al jefe narco por presuntas maniobras de lavado y por haber mandado a usurpar de manera violenta dicho galpón de la zona noroeste de Rosario, en mayo de 2022.
La audiencia comenzó el jueves pasado y se retomó ayer viernes, luego de que el juez Florentino Malaponte girara a la Justicia federal una parte de la causa.
La audiencia de este jueves fue en el Centro de Justicia Penal. Allí, los fiscales atribuyeron a Alvarado haber ordenado a los otros imputados César Patricio L. C., Yamir Nahuel C. y Lucas Fabián G. haber llevado adelante intimidaciones desde el 11 de mayo de 2022 a un hombre que alquilaba un taller de chapería y pintura ubicado en Bolivia al 2300 con el objetivo de que les entregue la llave del lugar.
Las amenazas escalaron el 11 de mayo de ese año, cuando según Fabbro y Moreno, gatilleros abrieron fuego contra la víctima y contra un ocasional cliente, quienes sufrieron heridas por los tiros. Dos semanas después, uno de los lesionados cedió ante las extorsiones e hizo entrega de la llave.
Desde el Ministerio Público de la Acusación sostuvieron que quienes ocuparon el inmueble fueron Yamir C. y Lucas G., encargados de usar posteriormente ese espacio para guardar vehículos “por encargo y con dinero adquirido ilícitamente de Esteban Alvarado”.
“Esta banda criminal intentó ocupar distintos establecimientos dentro de Rosario, incluso por intermedio de la violencia, excluyendo de allí a las personas que detentaban la legítima posesión, y bajo la fachada de venta de carbón, a fin de utilizarlos como base para actividades ilícitas y para ocultar vehículos adquiridos a través de maniobras tendientes a hacer difícil detectar el origen del dinero con el que se adquirían, ya que le realizaban a los vehículos modificaciones para aumentar su valor”, pudo saberse de una fuente calificada.
Los vehículos eran pulidos o se le realizaban alteraciones de su cuenta kilómetros, para luego colocarlos en venta y de esa forma dar apariencia de licitud a las operaciones y a los bienes mencionados”, indicó la fiscal Fabbro, quien agregó que la presunta estructura cometió delitos violentos, como la mencionada tentativa de homicidio, extorsiones, privación ilegítima de la libertad y estafas.
Precisó que debajo de Alvarado está Yamir C., quien supuestamente recibe las órdenes del recluso y las retransmite al resto de los imputados. El Ministerio Público de la Acusación estimó el monto lavado por la presunta banda, a través de los vehículos, en varios millones de pesos. El fiscal Malaponte, a su turno, se declaró incompetente en las maniobras de lavado dadas a conocer y giró esa parte de la acusación a la Justicia federal.
Los Monos usaron el teléfono fijo del penal
Ariel Guille Cantero y su sobrino Luciano Uriel “Lucho” Cantero, cabecillas del clan del barrio 17 de Agosto, sumaron procesamiento por tráfico de drogas en una resolución dictada por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez. El fallo también alcanzó a una hija de Guille Cantero y a otros tres presuntos cómplices.
Jorge Rodríguez procesó esta semana al cabecilla de la banda de los Monos “Guille” Cantero (35) y a su sobrino Luciano Uriel “Lucho” Cantero (21) por el delito de tráfico de estupefacientes agravado por usar a una menor de edad.
Así el magistrado validó una investigación basada en escuchas que, según los fiscales instructores, está fechada desde noviembre de 2022 a marzo de 2024. En el fallo le atribuyen a “Guille” haber ordenado una balacera al Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, a fines de 2022. “Dejen de verduguear a Guille Cantero o vamos a matar a los del servicio penitenciario. Con la mafia no se jode”, decía el cartel dejado por los sicarios.
El fallo del juez está basado en escuchas de “Guille” y “Lucho” interceptadas en el penal de Marcos Paz donde están considerados presos de “alto riesgo” desde enero pasado, una categoría análoga al “alto perfil” de los penales provinciales. De hecho, en abril pasado, el magistrado había hecho lugar al pedido fiscal de prohibir el uso del teléfono fijo y de restricción de visitas.
Es que los investigadores habían detectado que los Cantero utilizaban sus contactos telefónicos autorizados legalmente (de familiares directos) para “triangular” comunicaciones con terceros con el objetivo de brindar órdenes relacionadas con su empresa delictiva.
"Se observó la utilización del mecanismo de triangulación de llamadas basado en que, una vez iniciado el llamado, el contacto habilitado une a terceras personas a la comunicación y habilita la interacción de Ariel Cantero con sujetos excluidos del listado de abonados con quien tiene permitido conversar", sostiene el dictamen enviado al juez Rodríguez por los fiscales Sebastián Basso y Diego Iglesias.
Los acusados tienen permitido hablar con sus abogados defensores, quienes presentaron un habeas corpus que días atrás fue rechazado por los jueces de Cámara, Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán.
Los fiscales advirtieron que “Guille” contaba con la participación de su hija Triana y otros tres jóvenes que fueron detenidos entre el 6 y 8 de marzo pasado. En los procedimientos realizados por el Equipo de Trabajo de Narcomenudeo de la Fiscalía Regional se secuestraron 61 gramos de cocaína, 14 gramos de marihuana y elementos típicos del corte, fragmentación y distribución al menudeo.
La detección de un intento de venganza
Otra escucha de enero, permitió detectar que Guille quiso vengar el ataque a tiros sufrido por dos allegados, uno de ellos apodado Papaíno, componente de un famoso clan del sur, que supuestamente le responden.
"Hay que buscar a esos hijos de puta (…) Le busco enseguida, decile, que él los guíe nomás (…) Yo le presento a alguien, que él los guíe sino no hay problema (…) Mientras voy pensando a quién. Pero que se quede tranquilo que para mañana ya se lo mando”, dice por el teléfono Guille, que hace más de una década está fuera de la calle, pero acumula más de cien años de condena por distintos delitos.
También le atribuyen haber ordenado un atentado contra un anexo de la cárcel de Marcos Paz como represalia a su sistema de aislamiento. Fue el 13 de noviembre de 2022 cuando desde un auto dispararon 12 veces. Cuatro balas impactaron en la garita de control de la unidad Nº7 que aún está en construcción.
Las escuchas detectaron, a criterio del juez, que Lucho Cantero utilizaba a su hermana menor de edad, para triangular los llamados. Lucho está detenido desde enero de 2022, cuando la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC) lo allanó y secuestró un arsenal de más de 20 pistolas. Desde entonces, tiene investigaciones abiertas por tres homicidios, asociación ilícita y acopio de armas. Ahora, según la Justicia Federal, también estaría detrás de la venta de drogas desde Marcos Paz.
En la comunicación –según precisó un medio escrito de información capitalina, el 27 de julio de 2023, Lucho habló con su hermana sobre la construcción de una propiedad, sus ambientes, un jacuzzi y la espera de un lote de mármol valuado en nueve millones de pesos, además de su interés en comprar una casa en un barrio privado. Ello, dice el juez, puso de manifiesto una “importante liquidez de dinero” con la que aún contaría el referente de la “nueva generación de los Monos”.
“Yo quiero comprar la otra, la Baby”, “esa es la picante”, “con el roni [accesorio armamentístico], toda completa, nueva, sin uso”, “la Glock más chiquita de todas”, le pidió a un hombre en una conversación de agosto de 2023, según se escucha en otro llamado dado a conocer por Infobae.
Por todo, el juez de Morón dictó los procesamientos de “Guille” y “Lucho” Cantero por delito de tráfico de estupefacientes en su calidad de organizadores, agravado por haberse cometido valiéndose de un menor de edad y por el número de personas intervinientes y les trabó un embargo de 50 millones de pesos. La resolución también alcanzó a Triana Cantero y a otros allegados del clan: Débora Soledad Rivas, alias “Gorda Sole”; Yanina Ester Rolón y Jonatan Ezequiel “Jony” Ligorria.
Mafia “Nueva Generación”
Una pareja de malvivientes que admitió operar en favor de un preso de la banda de Los Monos, apresados en Rodríguez al 4100, con drogas y un arma, fueron condenados a tres años de prisión efectiva.
La pareja fue imputada por asociación ilícita, encubrimiento y tenencia de arma fue condenada en un juicio abreviado por el que se hicieron cargo de los delitos. En agosto de 2023 ambos habían caído en una serie de allanamientos orientados a desbaratar a “La Mafia Nueva Generación”, una gavilla carcelaria con operadores extramuros que estaba comandada, según la Fiscalía, por Matías César, un preso ligado a la banda de Los Monos.
Los condenados por el juez Ismael Manfrín son Ariel Iván Barbona, de 29 años, y Nicole Marina Vallejos, de 28. Ella era una de las visitas autorizadas de Matías César en la cárcel de Piñero y estaba anotada como la “hermana” del recluso, señalaron fuentes del caso.
A solicitud del fiscal Franco Carbone la pareja fue allanada el 30 de agosto de 2023 en una vivienda de Rodríguez 4100, zona sudoeste, donde el personal policial secuestró una pistola 9 milímetros marca Glock, con numeración limada y un trozo de cocaína de alrededor de 700 gramos, por lo que aún tienen cuentas pendientes en la Justicia federal. Por el hallazgo de la pistola, se sumaron imputaciones por tenencia de arma y encubrimiento.
Para la Fiscalía, ambos reportaban a los intereses de Matías “Pino” César, un delincuente oriundo de barrio Tablada que en 2018 cayó detenido como parte de la banda que tiroteó edificios del Poder Judicial en nombre de Ariel “Guille” Cantero.
Condenas
Por esa saga terminó condenado a 20 años de prisión. Con el encierro en la cárcel de Piñero vinieron nuevos contactos y como si la estadía fuera un posgrado en delito César – apodado Marta- no tardó en ser acusado como jefe de su propia asociación ilícita dedicada a la venta de drogas y todo lo que ese negocio generalmente conlleva en Rosario: balaceras, portaciones de arma, usurpaciones y atentados contra la vida.
El grupo se hacía llamar "La mafia nueva generación", en una especie de tributo al cártel de Jalisco Nueva Generación, la organización narco y terrorista de México. De esa manera firmaban los carteles que acompañaban las balas.
Conceptos de la fiscalía
La Fiscalía en el expediente señaló sobre el caso: “El objeto prioritario de la banda es la comisión de diferentes e indeterminados delitos violentos orientados a la construcción y manutención de relaciones de poder y ocupación, dominio y control territorial”. En ese marco Vallejos y Barbona eran parte del “círculo de confianza de Matías César", indicaron.
“Estaban a disposición para realizar operaciones como venta de estupefacientes –señalaron–; guardaban, almacenaban y suministraban recursos materiales al resto de la banda criminal como armas de fuego, vehículos y grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas”.
Subinspectora provincial quedó presa
La funcionaria policial provincial, empleada de la comisaría 2ª, fue imputada por incumplimiento de deberes y otros delitos y a una familiar le secuestraron cocaína lista para la venta.
Fue detenida luego de una serie de allanamientos en una investigación por narcomenudeo en la cual, entre otras personas, quedó presa una familiar de la agente que tenía en su poder más de 200 envoltorios de cocaína listos para la venta.
A principio de mayo, la Fiscalía de Investigación y Juicio solicitó una serie de allanamientos por una investigación de venta de drogas a baja escala.
La misma se había iniciado a raíz de un informe de la Unidad Especial de Microtráfico, área de la Fiscalía de Rosario creada ante la adhesión a fines de 2023 de la provincia a la ley nacional de narcomenudeo.
Los operativos se realizaron en viviendas de Pedro Giacaglia al 7700 y una de Pedro Lino Funes al 2100, de la zona oeste de Rosario.
Cintia Colombo, subinspectora en la comisaría 2ª, quedó presa porque en su vivienda de Pedro Lino Funes al 2100 tenía de manera irregular gran cantidad de elementos vinculados a su trabajo como funcionaria pública.
La Fiscalía describió que hallaron 61 sobres de papel con evidencias de procedimientos policiales y que había acopiado municiones sin la autorización legal. Tenía en su poder unas 20 vainas servidas de distintos calibres y más de 350 cartuchos de varios tipos de armas de fuego. Además los investigadores encontraron que tenía, también de forma irregular, elementos de librería proveídas por el Estado para sus dependencias oficiales y no para el uso particular de sus empleados. Entre ellos, trascendió, había 11 libros de guardia.
La fiscal Viviana O’ Connell incriminó a Colombo los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, acopio de municiones y peculado y el juez de Primera Instancia Nicolás Foppiani determinó que la agente de la policía provincial quedará presa por el plazo de ley.
En paralelo, al allanamiento a la casa de la policía, la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó otros tres operativos en viviendas de Pedro Giacaglia al 7700. El resultado fue la detención de Fiorella C., familiar de la policía detenida, Leonela B., Teresa I. Talía M., Juan José A. y Franco N. y el secuestro de varios “ravioles” de cocaína listos para la venta y otros elementos típicos del acopio, fragmentación y distribución al menudeo.
En una de las viviendas había más de 90 gramos de cocaína, mientras que en otra casa se secuestraron 4 gramos. Sin embargo en ambas había precintos, bicarbonato de sodio, bandas elásticas, balanzas de precisión, envoltorios de nylon y otros elementos que fueron decomisados.
A estas personas O’ Connell les imputó los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el número de participantes. En tanto, el juez Foppiani dispuso prisión preventiva por el plazo de ley para todos menos para Leonela B., sobre quien determinó que quedará en prisión domiciliaria.
Desfederalizan el narcomenudeo en Santa Fe
“No vamos a perseguir el consumo personal. Hoy en Rosario no se genera una causa o un traslado a comisaria por este tipo de tenencia”, señaló la fiscal Valeria Haurigot, integrante de la Mesa de Microtráfico creada por la Ley de Desfederalización, dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se señaló.
La fiscal compartió el criterio de persecución criminal definido para las causas relacionadas con drogas y personas en Santa Fe por la fiscal general María Cecilia Vranicich.
“De un total de 1.500 ingresos que hizo la Policía para llevar adelante procedimientos, sólo hemos dado curso a 20 aproximadamente”, indicó la fiscal Haurigot. Luego agregó: Si no es prioridad no va a generar un papel, pero sí procedemos al secuestro y a la destrucción de la droga. “Apuntamos a las bandas que generen violencia altamente lesiva que impide la convivencia pacífica para quienes tiene que salir a trabajar. No buscamos ir contra el consumidor ni los eslabones fungibles de la cadena de tráfico. Tenemos en cuenta las situaciones de vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes y mujeres en búnkeres en situación de trata de personas)”, agregó la fiscal y acotó: “Apuntamos a los sectores intermedios y establecimos un sistema de traspaso de información con el fuero federal para los niveles más altos”.
La funcionaria al puntualizar sus declaraciones, marcó prioridades de persecución con quienes asistieron a la jornada de contextualización de uso de la cannabis y organizada por la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (Aupac) y la cooperativa de trabajo Plan Verde en la previa de la Marcha Mundial de la Marihuana.
Criterio de política criminal
El cuadro que presentó junto a Marina Pieretti, otra integrante del MPA, incluyó como criterio de política criminal sólo el delito de comercialización. Y dentro de ese delito 4 niveles de prioridad: El primero, cuando esté vinculado a otros delitos, se usen armas de fuego o sean en puestos fijos o búnkers. El segundo, cuando se trate de facilitación donde participen menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad. El tercero, cuando ocurra en mercados abiertos, como parques, y en especial, si hay menores de edad. El cuarto y último se centra en otras formas de alterar la tranquilidad pública.
Medicaban a bebés para mirar Netflix
Las doñas, expertas en habladurías del micro centro rosarino, comentaban “chismorreaban” muy sueltas de cuerpo que “Las ex profesionales del área de Neonatología del Sanatorio de Niños de Rosario seguramente dormían a los bebés para ver Netflix para ahorrarse el aumento del 72% del sistema de películas y series”.
Lo cierto es que dichas enfermeras quedaron imputadas por abandono de persona y ejercicio ilegal de la medicina ya que medicaban a los bebés para que no las molestaran y poder mirar películas o dormir.
Los medios de comunicación cubrieron toda la semana la información que comenzó este lunes a conocerse con la audiencia contra las ya dos ex enfermeras de Neonatología de Rosario, detenidas por presunto maltrato a bebés. Ambas mujeres quedaron imputadas y detenidas.
La fiscal Viviana O’Connell, tomó intervención ante una denuncia de compañeras de trabajo de la institución que data de mayo de 2022. La funcionaria judicial dijo que, de acuerdo a los testimonios de denunciantes, las ex enfermeras suministraban medicación a los bebés “para tranquilizarlos, para que no molesten, una porque tenía que mirar Netflix y la otra para dormir porque tenía otro turno corrido”.
Fueron identificadas como Analía Bouhier (59 años) y Yanina Bessolo (53) tenían muchos años de experiencia y hacían el turno nocturno de 0 a 6.
“Compartían el turno noche donde no había padres y era menor el personal dando vueltas. Eran muy allegadas entre sí”, dijo la fiscal y añadió que de acuerdo a testimonios de la causa una de ellas cambió su carácter en los últimos años deviniendo en una persona “más agresiva” con los pacientes y sus familiares.
“Tratamos de corroborar las denuncias con testimonios de personas ajenas a la institución, que no estaba en conocimiento de que eso estaba sucediendo”, dijo la fiscal y agregó que además realizaron análisis de sangre u orina a los bebés afectados y se encontraban sustancias que no habían sido prescritas por los médicos o que no se correspondían con las cantidades recetadas.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) detalló que la Fiscalía les atribuye en uno de los casos documentados haber puesto en peligro la vida de un bebé "suministrándole benzodiacepinas, droga que no tenía indicada por profesional médico, a fin de lograr su sedación y así evitar que demande atención, lo que podría haber provocado diversos efectos adversos, incluso el fallecimiento".
En otro de los casos, se constató que suministraron a un bebé una dosis mayor a la indicada por profesional médico de benzodiacepinas y barbitúricos a fin de lograr su sedación, lo que podría haber provocado diversos efectos, incluso el fallecimiento.
El tercer caso mencionado en la investigación, también ocurrió en el área de neonatología del Sanatorio de Niños, donde una de las imputadas fue vista zamarrear a un recién nacido "lo que provocó que su cabeza efectuara un latigazo hacia atrás, colocando a la menor de este modo en una situación de desamparo, puesto que era quien tenía a su cargo su atención en ese turno".
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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
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