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Evalúan tratar proyectos de ley para combatir la inseguridad en Rosario – Por Ricardo Marconi

 El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
Evalúan tratar proyectos de ley para combatir la inseguridad en Rosario

Al Congreso, mediante el Ejecutivo, ingresó un paquete de proyectos de ley para combatir la inseguridad en Rosario y uno de ellos tiene el respaldo del gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro.

Cuatro proyectos, para combatir la inseguridad, fueron ingresados en la, Cámara de Diputados de la Nación para su debate en el recinto.

Son proyectos de ley, referidos al enfrentamiento el crimen organizado y fueron ingresados por la mesa de entradas del Congreso para su tratamiento en la referida Cámara.

Se trata de los proyectos de Ley de Reiterancia, la creación de un Registro de Datos Genéticos, ley de Legítima Defensa y la Ley Antimafias, este último con apoyo de parte de Pullaro.

El Registro de Datos Genéticos y el proyecto de Ley Antimafias contarían con buenos ojos de parte de la oposición para su aprobación.

Ley Antimafia

El proyecto señala que Argentina padece del “accionar de “grupos criminales organizados” que cometen delitos de extrema gravedad”, las cuales “actúan ejerciendo una posición dominante en una zona territorial determinada, como actualmente sucede en la ciudad de Rosario”.

El texto propone una serie de procedimientos especiales como lo es el concepto de “zona Sujeta a Investigación Especial”, la cual habilita la actuación “conjunta y sistemática de las Fuerzas Federales de Seguridad, del Ministerio de Seguridad, de las Unidades Fiscales Especializadas de la Procuración General y de los juzgados federales de todo el país”.

Por otra parte, el proyecto propone la calificación de “delito de asociación ilícita agravada por la constitución y funcionamiento de las organizaciones criminales”, el cual agrava las escalas penales y fija la penalidad del delito más alta según el delito más grave cometido por la organización investigada.

Además, “se tipifican hechos ilícitos cuando sean reiterados, bajo amenazas o lesiones o tuvieran por fin la eliminación de organizaciones rivales, se busque amedrentar a la población o se intente asegurar el control de un territorio para la comisión de nuevos delitos".

"Se establece un sistema de extinción de dominio, ya que este tipo de asociaciones utilizan su fuerte poder económico, apuntado a los bienes y propiedades incautados, que pasarán a ser propiedad del Estado Nacional, una vez que se acredite su origen ilícito, "sin perjuicio de garantizar la indemnidad del patrimonio para el caso en que se concluya la causa con la absolución de los imputados".

Las normas de Legítima Defensa y de Reiterancia estarían más trabadas por UxP y otras fuerzas políticas para salir aprobadas.

Laura Rodríguez Machado, diputada por el PRO que preside la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, destacó que “Pullaro pidió una ley como la que envió el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad".

Diferencia

Vale apuntar que los legisladores entienden que no se puede investigar de la misma manera organización criminal que una organización mafiosa, por lo que el proyecto busca salvar esa diferencia a la hora de tratarlas penalmente.

Por otro lado, la Ley de Registro de Datos Genéticos es la más avanzada en la Cámara de Diputados. Este proyecto de ley tiene como fin incorporar tecnología y actualizaciones de la ciencia en favor de las investigaciones criminales.

Los avances científicos permiten obtener la identidad genética que se traspasa por transferencia al tocar un objeto, a través de lo que se conoce como "ADN de contacto". No obstante, la ley vigente sólo contempla la obtención de un “perfil genético” con una cierta cantidad de fluidos, como la sangre y el semen. "La ‘huella genética’ no permite conocer ningún dato personal: ni la raza, ni la edad y ni siquiera el sexo del autor de un delito.

Es como observar la impresión -la foto- de una huella dactilar estampada sobre un objeto, ya que una huella dactilar impresa no permite tampoco conocer edad, raza ni sexo”, sostiene el texto del proyecto y añade que “da información clara y precisa, pero preserva cuestiones de identidad previas”.

Esa ‘huella genética’ consiste en un código binario que se ingresa en un software especializado” que no estará conectado a internet “con los datos de la causa judicial respectiva, sin ningún dato filiatorio de los imputados ni el de las víctimas. Sólo se ingresan los datos de la causa".

Además, "el Registro también se propone ingresar los perfiles genéticos de todos los imputados y condenados del sistema judicial. Al igual que las huellas genéticas, tampoco se ingresan al sistema con identificación filiatoria, puesto que sólo se obtiene un código binario sin nombres ni datos personales, más que los de la causa judicial. El sistema informático compara códigos de barra".

El proyecto concluye: "El sistema también es una herramienta poderosa para acreditar la inocencia en casos complejos, permitiendo exonerar a los inocentes. Además, como el Registro permitirá el ingreso de los perfiles genéticos que, voluntariamente, aporten los familiares de personas en búsqueda, se podrá identificar a las personas que se encuentran perdidas o desaparecidas".

Pretenden mudar la Unidad Penal 3

La Unidad Penal 3 de Rosario, se fundó en 1894 y el objetivo es el de trasladarla fuera del macrocentro donde se halla ubicada. El edil Federico Lifschitz reiteró la necesidad de reubicar la penitenciaría de Zeballos al 2900. Se escucharon propuestas pero no hubo definiciones.

Esquina de Ricchieri y Montevideo, una de las que integra la Unidad Penitenciaria N°3 de Rosario

El edil del socialismo pretende reconvertir el sector  de la ciudad donde está la cárcel, a la que considera “una zona neurálgica y ello producirá un impacto positivo”.

La edila de Iniciativa Popular y ahora cantante, Fernanda Gigliani cruzó a su par oficialista. La militante opina que es ahora inconveniente, sobre todo por el nivel de consolidación del tejido residencial”, adelantó desde su cuenta oficial de X y agregó: “daremos el debate acerca del destino que se le dará a ese predio”.

“Como lo hice en otras oportunidades vamos a estar muy atentos en que con la excusa de mover de lugar la Unidad Penitenciaria N°3, algunos pretendían, como ya intentaron otros en algún momento, hacer de esas tierras un negocio inmobiliario sin pensar en el interés público y colectivo de los usos que allí se posibiliten localizar”, apuntó la concejala.

 

Tormenta de ideas

En 2012, el entonces diputado provincial por la Unión Cívica Radical Julián Galdeano buscó el traslado de la unidad penitenciaria con el objetivo de mejorar la situación carcelaria y  la calidad de vida del barrio.

Galdeano, seguramente los memoriosos recordarán, propuso construir una nueva cárcel que replicara la capacidad de contención de reos, mientras que lo que se buscaba era licitar esas tierras para emprendimientos inmobiliarios y gastronómicos.

Otra propuesta fue la ideada por ediles de Ciudad Futura en junio de 2019  en el marco de un parque público con  300 viviendas para alquilar. El proyecto, presentado en su oportunidad por Caren Tepp naufragó.

Pasó el tiempo y el exconcejal de por Juntos por el Cambio, Roy López Molina, reclamó “el cierre definitivo de la Unidad Penitenciaria 3” y le pidió al Ejecutivo municipal que enviara una propuesta para iniciar un debate público sobre el futuro del predio. Esto fue en 2020, luego de que una gresca entre los internos fuera contenida por efectivos del Servicio Penitenciario provincial.

El concejal Fabrizio Fiatti y el actual intendente Pablo Javkin, promovieron una convocatoria para que la provincia determinara el traslado de la cárcel y discutir qué proyectos y con qué objetivos se iban a realizar en los terrenos de dicha manzana. El proyecto perdió estado parlamentario en 2021 y fue retomado por los concejales oficialistas a finales de mayo pasado.

Por último, durante su gestión como gobernador, Miguel Lifschitz dio inicio a las obras para la construcción de un polo carcelario que sustituyera a La Redonda en 27 de Febrero al 7800, pero -siempre hay un pero-,  la acción no se hizo realidad durante el gobierno de Omar Perotti y las obras quedaron, una vez más, frenadas.

Tirador detenido

El secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira, dio cuenta de la detención de uno de los implicados en el ataque a una estación de servicio, ocurrida el último miércoles.

Pereira brindó detalles acerca de la detención de uno de los sospechosos de haber atacado, a bordo de una motocicleta, la estación de servicio ubicada en Oroño y Lamadrid.

Los vidrios de la estación Puma en Oroño y Lamadrid quedaron estallados (Foto: redboing)

Se trata de Marcos Natanael S., de 20 años y sindicado como el presunto autor del ataque a tiros. “De acuerdo a las investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en conjunto con la PDI, la persona detenida sería el autor de los disparos contra la estación de servicio”, destacó Pereira, quien agregó que las tareas investigativas continúan para dar con el segundo participante del ataque en la que también dejaron una nota dirigida hacia el jugador de fútbol Ángel Di María. 

Este tipo de episodios delictivos vienen ocurriendo desde el 12 de diciembre pasado y el funcionario puntualizó que “la Fiscalía avanzará con los peritajes para determinar la autoría de la nota que dejaron dirigida a Di María”. La detención, por parte de la PDI se produjo ayer, pasadas las 11.30 en el barrio Santa Lucía en la zona oeste de la ciudad de Rosario, donde el joven se encontraba merodeando. Intervino en la causa el fiscal Franco Carbone.

Procesan a siete lavadores de activos

Entre los acusados se encuentra Jorge Benegas, ex mano derecha del narco condenado Esteban Alvarado. La investigación logró determinar que el grupo imputado gestionaba bienes como terrenos, propiedades y vehículos adquiridos con dinero de la venta de drogas.

La Policía Federal secuestró panes de cocaína que se hallaban en paquetes embaladas con una cinta amarilla con el ya clásico bajo relieve de un delfín.

Los siete procesados  por la justicia federal rosarina intervenían en las aludidas maniobras para la organización de Julio Rodríguez Granthon, al que todas las fuerzas de seguridad conocen como “El Peruano”, ubicado tras las rejas en la cárcel de Marcos Paz.

Julio "El Peruano" Rodríguez Granthon

“El Peruano” es considerado en la justicia federal como el proveedor de cocaína en gran escala de la banda de Los Monos, entre otros grupos, mientras que al mencionado Benegas le asesinaron a balazos a la esposa, crimen adjudicado a sicarios el año pasado.

El homicidio de la esposa de Benegas, Valeria Nasca, de 7 tiros, ocurrió el 7 de mayo de 2023 en la puerta de un galpón de Liniers al 2600, donde funcionaba Valmarc Transportes, una empresa constituida en enero de 2022 y es parte del patrimonio que puso bajo la lupa esta investigación.

La resolución de Vera Barros

La resolución del juez federal Carlos Vera Barros se suma a otros procesamientos que había dictado en la misma investigación contra una decena de otros supuestos colaboradores de “El Peruano”.

Los integrantes de la gavilla fueron detenidos en abril pasado en allanamientos realizados por la Policía Federal. Como se indicó, en ese operativo se encontraron seis panes de cocaína con el dibujo de un delfín, supuesta marca del salteño Delfín Reinaldo Castelo, conocido como “Patrón del Norte”.

Los panes de cocaína fueron incautados en una vivienda de Funes, donde fue apresado el padre de “El Peruano”, Francisco Rodríguez Villarreal, de 63 años, abogado, ex militar y considerado el encargado de lavar activos, según trascendió. Benegas cumple una condena a prisión perpetua. Previamente, en octubre de 2021, había sido condenado a 5 años de prisión, debido a que fue considerado organizador de una asociación ilícita que lavaba activos.

Razones del procesamiento

Seis acusados fueron procesados con prisión preventiva por tráfico de estupefacientes para su comercialización organizada, a lo que la justicia sumó tenencia ilegal de armas de fuego y encubrimiento.

Junto a Benegas y Villarreal integran la banda de detenidos Lucrecia María de los Ángeles Biagiola, Yanina Marta Messina, Marcos Jeremías Di Marco y Paola Gabriela Ramos.

Gustavo Ariel Cardozo Acosta obtuvo la falta de mérito por el tráfico de drogas, pero vale indicar que fue procesado por el delito de receptar bienes con el objeto de aplicarlos a una operación de lavado de activos. A los siete implicados les trabaron embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 2.250.000 pesos cada uno.

Las indagaciones que permitieron detener a la banda nacieron a partir de una denuncia anónima, generada en octubre de  2022, en la que se puntualizaba que los implicados  vendían droga para un peruano detenido. Incluso se mencionaban entre los datos aportados, los números de tres teléfonos que utilizaba Rodríguez Granthon, siendo los aparatos secuestrados en su pabellón.

De los mismos se obtuvo información trascendente que permitió avanzar a los investigadores y a la justicia luego de realizar un meticuloso análisis patrimonial del peruano que había arribado a la ciudad de Funes.

Granthon ya había sido detenido en junio de 2019, oportunidad en que se lo localizó con 3 kilos de droga de máxima pureza por el barrio Empalme Graneros, no de los más “críticos” de Rosario. Está cumpliendo una pena de 21 años de prisión como organizador de una gavilla dedicada al tráfico de estupefacientes.

Detalles organizativos

Rodríguez Granthon compraba terrenos, viviendas y vehículos que eran inscriptos a nombre de terceros para ocultar el origen de los fondos; maniobras que permitían introducir dinero del delito en el mercado rosarino.

En la resolución judicial consta la compra de un terreno den el barrio Troncales del sur de Alvear, donde hay construida una vivienda de 230 metros cuadrados con una inversión de 128.000 dólares y de otro terreno en el barrio Pinares del Sur, en Piñero, donde hay edificada una propiedad de 400 metros cuadrados, así como un terreno en Paysandú al 2000 de Funes, a lo que habría que sumar varios vehículos, entre los que se cuentan 6 camiones.

Al nacido en Perú se le endilgaron, además, la tenencia de 567 kilos de marihuana que se secuestraron del interior de un taller de Funes, donde también se secuestraron armas tales como una Pietro Beretta, calibre 22 y un revólver calibre 32, junto a 6 kilos de cocaína, en este caso hallados en un operativo cumplimentado en Funes, junto a otro armamento.

El manejo de los bienes

La justicia consideró que Rodríguez Villarreal coordinaba con su hijo aspectos de la organización, fundamentalmente en lo atinente al manejo de bienes materiales que pretendían introducir al mercado formal mediante testaferros que eran conducidos, al parecer, por una organizadora que elegía personas que se hallaban en libertad. Esa persona sería Yanina Messina, quien actuaría como la dedicada a la inscripción de los bienes.

Medios de comunicación dan cuenta de Marcos Di Marco, implicado por la justicia como dedicado al aporte de medios para el traslado de miembros de la banda, aunque tenía, además, bienes a su nombre y constituía, al parecer, una sociedad de transporte con Benegas.

El magistrado, a cargo de la causa planteó que varios integrantes de la banda fueron vistos en el galpón de Benegas, mientras que Lucrecia Bigiola, fue sindicada como pareja del peruano, mientras que Gabriela Ramos surge como la administradora de las propiedades, aunque en algunos casos figuraba como la propietaria.

En Echesortu balean a un hombre

Un hombre en situación de calle resultó baleado frente a un cajero automático localizado en Mendoza al 4000 y la policía se vio en la necesidad de iniciar indagaciones sobre un probable enfrentamiento entre el indigente y un vigilador privado que le habría exigido que “se fuera a dormir a otro lugar”.

La víctima sufrió una herida de bala en una de sus manos y las versiones indican que el indigente poseía un arma blanca, con la que habría intentado atacar al personal de vigilancia, quien respondió efectuando dos disparos. El afectado se había retirado del lugar, encontrándose una vaina servida calibre 9 m.m. Posteriormente en 9 de Julio y Lavalle quien recibió la herida de bala fue localizado y trasladado al Hospital Centenario.

Desde el Ministerio Público la Acusación se comunicó que el arma del custodio privado quedó secuestrada y que los dos protagonistas de esta historia permanecerán en libertad mientras avanza el proceso judicial.

Preso “desarrollador”

El recluso Ángel Ochoa, quien en su momento esta columna mencionó como posible encargado de entregar un vehículo que luego sería utilizado para matar al chofer de un sindicalista, señaló que  con su teléfono desarrolló un sistema de compras que consideró tecnológicamente avanzado.

Y no contento con ello, agregó que la empresa Meta le había ofrecido un precontrato por la suma de 300.000 dólares. Apoyándose en su “descubrimiento” requirió mediante su abogado la prisión domiciliaria.

El abogado de Ochoa habría argumentado en su favor que “el detenido regresaría a dormir a Piñero y la computadora estaría controlada siempre por funcionarios judiciales y policiales”.

La Nación publicó que Ochoa “compraba autos robados y los vendía por Marketplace desde el pabellón Nº20”. El recluso agregó que la misma red que usaba para ubicar los vehículos que adulteraba en el taller de un amigo y que los ofrecía en Facebook le habría mandado un precontrato para que desarrolle una aplicación que Ochoa creó en la sombra de la cárcel.

Ochoa fue relacionado criminalmente con la venta -desde el interior de un penal-, de un Fiat Palio que utilizaron sicarios para asesinar el 18 de noviembre de 2022 a Mauricio Cordara, chofer del exdiputado Pablo Ansaloni. La víctima murió por error del sicario que era conocido en el mundillo de los sicarios como Calamar, quien había sido contactado por Fernando Burgos, que buscaba un auto para hacer un trabajo.

El vehículo fue retirado del interior de un galpón ubicado en México y Nicaragua.

Ochoa le contestó que tenían un auto disponible, “un Palio rojo”. Estaba muy lejos de los Camaro que aparecen en el juego. Lo tenían “guardado” en un galpón en México y Nicaragua, en el barrio Empalme Graneros, uno de los más peligrosos de Rosario. Iván Alonso y el sicario apodado Calamar fueran a ejecutar a Ansaloni.

Al parecer, el abogado de Ochoa fue engañado por el ladrón de autos que le dijo que había “logrado generar una aplicación que permitiría modificar el negocio de las compras por medio de Internet”, utilizando la IA. El letrado –según explicitó-, “logró este desarrollo con su teléfono y un cuadernito donde anotaba los algoritmos. Yo los vi y para mí parecen jeroglíficos”.

El abogado del “recluso genio” pidió que este último sea beneficiado con la detención domiciliaria para poder desarrollar su proyecto. Acotó –según el abogado Impallari-, que después de avanzar en el proyecto Ochoa envió a Meta, la empresa de Zukerberg un mail a la sección “desarrolladores”.

Hace unos días le informaron que logró superar el último nivel de admisibilidad, y que le harían un precontrato”, agregó el abogado defensor en el escrito que presentó en la Justicia donde se detalla que el monto de esa supuesta prestación es por 300.000 dólares.

Ochoa llegó a decir que daría trabajo a unas 50 familias, mientras que el Abogado admitió que “Meta no sabe que quien desarrolló esta app está preso. Ochoa nunca les dijo que él había inventado este producto desde la cárcel”.

Impallari contó que desde hace dos años representa legalmente a este preso y que conoce pocos detalles de su vida, solo lo que denotan sus antecedentes, una condena a 13 años por robo calificado y varios casos en los que aparece como partícipe secundario por la sustracción de autos que llevaba adelante con su celular desde el penal de Piñero.

“Él me dijo que después de terminar la secundaria hizo un curso de diseñador gráfico, que tiene un certificado que lo acredita, pero que su pasión siempre fue la tecnología. Aprendió mucho con su teléfono en la cárcel, donde tenía mucho tiempo, afirmó el letrado, que aseguró que el plan de Ochoa es que si lograra desarrollar el contrato podrá resarcir al Estado.

El ofrecimiento de un tránsfuga

“Ofreció 25.000 dólares para resarcir a sus supuestas víctimas, otros 25.000 a la Policía de Santa Fe por comprar autos de dudosa procedencia, otro monto al poder Judicial de la provincia por generar un dispendio jurisdiccional innecesario y un desgaste en la investigación de los delitos, 25.000 para los abogados defensores y 200.000 para todas las personas empleadas”, apuntó el experto en robar autos.

Para colmo, Impallari –trascendió-, en el escrito judicial mencionó que “este proyecto de aplicación será presentado a la brevedad ante el presidente Javier Milei”, que su gira en Estados Unidos mantuvo un encuentro con el CEO de Google, Sundar Pichai, y el de Apple, Tim Cook.

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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política

Imagen: La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, junto al gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro

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