📜 El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
Feced detenido por la Justicia Federal
El 3 de enero de 1984 Agustín Feced fue detenido en Rosario, tras lo cual se lo derivó al Hospital de Granadero Baigorria, luego al destacamento de Gendarmería Nacional y finalmente al Hospital Español. La orden de la justicia federal era que nadie podía entrevistarlo ya que se había decidido su incomunicación. La medida no se habría cumplimentado.
Sí se lo trasladó, luego al Hospital de Campo de Mayo, en Buenos Aires y a fines de 1985 se decidió hacerle una intervención quirúrgica cardíaca.
Previamente, los médicos de Gendarmería le habían diagnosticado demencia senil, a los efectos –dicen las malas lenguas- de que la justicia federal rosarina no pudiera interrogarlo nuevamente.
Recuperado, se fue a la provincia de Formosa una vez más, con la idea de radicarse luego en Paraguay. Fue allí donde, supuestamente, se enfermó nuevamente y decidió regresar a la capital formoseña, donde habría muerto el 21 de julio de 1986.
Investigaciones del periodista y actualmente diputado Carlos Del Frade permitieron determinar que “dos años después de su muerte, Feced estuvo alojado en el hotel Ariston de Rosario”.
Es necesario agregar que en el Museo de la Memoria de Rosario– octubre de 2006– se realizó una muestra fotográfica denominada “Imágenes robadas, imágenes recuperadas”, la que se rescató del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba).
El material se recolectó entre 1936 y 1998 y nuestra ciudad tuvo un espacio en la muestra. Allí se notó la presencia de Feced, sobre el que aparece un dossier de unas 500 fotos registradas como consecuencia de persecuciones policiales en Santa Fe, durante la presidencia de Agustín Lanusse.
Por otra parte, hay un mapa que confeccionó el mismo Feced, en el que se ubicó geográficamente a los militantes considerados peligrosos y las zonas donde residían. Al mapa se lo denominó “Carta de situación antisubversiva”.[1]
El infierno blanco de la U.N.R.
Tras poner negro sobre blanco con su firma en la orden respectiva, el ex juez Francisco Martínez Fermoselle estaba convencido que abría una nueva caja de Pandora, ya que había tomado la determinación de allanar la casa de Santiago 1254 de Rosario, donde habitaba Jorge Walter Pérez Blanco, quien era investigado en función de haber sido jefe del grupo de actividades especiales de inteligencia, torturador y secuestrador del CCD Granadero Baigorria y Fábrica Militar Ovidio Lagos. Tenía el rango de IN 10 y habría actuado bajo los nombres de guerra “Doble V” y “Walter West”, resultando impune por la Ley de Punto Final.
Un archivo impensado
Martínez Femoselle no se había equivocado en hacerle caso a las pruebas que había acumulado y el 19 de septiembre de 1984 dispuso que la policía ingresara en el domicilio del sospechado, donde las autoridades se hallaron frente a un panorama impensado. Allí secuestraron 3000 tarjetas, ordenadas alfabéticamente por nombres y entidades que remitían a un archivo central.
Pérez Blanco tenía en su poder datos de identidad de estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Rosario e incluso fuentes consultadas admitieron que algunas tarjetas tenían marcas de distinto tenor –cruces, por ejemplo- y hasta figuraba la tarjeta de un juez, en la que se señalaban datos personales y actividades que permitían encuadrarlo políticamente. Había también una tarjeta de componente de la delegación local de la CONADEP. Y como si esto fuera poco, se agregaban resúmenes de reuniones y asambleas –mecanismo que utilizaba la División Informaciones de las policías de la provincia, como método de trabajo para recolectar datos- y una agenda de seguimientos minuciosos con datos de las personas vigiladas, fechas de tareas de espionaje y las firmas de los responsables. Incluso se le comentó a quien esto detalla, que aparecían menciones a personas desaparecidas entre 1977 y 1978.
En el operativo judicial se habrían secuestrado credenciales de la Policía Federal, de la provincia de Santa Fe y del Ejército, a nombre de Jorge West.
Una versión insistente que escuchó el autor de la investigación que nos ocupa es que antes que llegara al lugar Fermoselle, el Ejército y la Policía Federal habría retirado ficheros del lugar y que la esposa de Pérez Blanco fue interrogada exhaustivamente.
El juez autorizó también el allanamiento de las oficinas de Córdoba 1792, 3er. Piso, sede de la Asociación Rumano–Argentina, donde había documentación de una empresa exportadora perteneciente a Pérez Blanco y hasta una foto del mismo, acompañado del ex presidente paraguayo Alfredo Stroessner.
No fueron estos los únicos lugares que Martínez Fermoselle decidió intervenir judicialmente. Se allanó, por su decisión, el domicilio de Eduardo Rebecchi –Dorrego 1638- y de Teresa Gaona de Cobe, cuya captura había sido solicitada el 5 de octubre de 1984. Por razones que el autor no pudo determinar, la documentación hallada en la finca de Rebecchi no se había secuestrado, pero sí pudo escuchar que el grupo de tareas que posteriormente ingresó a la casa del mismo sí se apoderó de los “papers”.
Martínez Fermoselle y su secretario Francisco Martín fueron seguidos y las indagaciones posteriores al ingreso del grupo de tareas al despacho del aludido juez en Tribunales, permitieron certificar que Pérez Blanco no se hallaba en la ciudad ya que había viajado a Buenos Aires y se habría registrado en los hoteles Gran Sarmiento y Sportman.
En Rosario, Jorge Pérez Blanco se presentaba como pastor de una Iglesia Luterana Unida, de la zona sur de la ciudad y con esa “pantalla” hacía inteligencia en reuniones sacerdotales del 3º Mundo, -Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos- e incluso, habría integrado la comisión que detuvo al sacerdote Santiago Maguire en 1971.[2]
Pérez Blanco, quien se hacía custodiar la casa por la policía las 24 horas, en el colmo de caradurismo, llegó a dar clases de postgrado en criminología y recién fue suspendido en 1998, aunque, como muchos otros, terminó beneficiado por la Ley de Punto Final.
Un espía en la peatonal rosarina
El agente de inteligencia era considerado una quinta columna del Ejército y entre la Agrupación Actividad Especial de Inteligencia o Reclutamiento de Información habría incluido fichas falsas y prontuarios inventados para generar desinformación que habría elaborado en una oficina ubicada en el Pasaje Pan –Córdoba entre Mipú y San Martín-, en pleno centro de Rosario.
La por entonces fiscal Griselda Tessio, llegó a pedir la indagatoria de Pérez Blanco y el mismo un 9 de noviembre de 1984 prestó declaración indagatoria en el Juzgado de Instrucción de la 10ma. Nominación, donde aún se investigaba el hallazgo de archivos de la represión, entre los que se contaban datos del ya aludido agente de inteligencia Rebecchi, quien se hacía pasar por estudiante de abogacía en la universidad para recoger información. También se investigaba a la agente de inteligencia Teresa Gaona de Cobe.
Francisco Scilabra y Pérez Blanco tenían –según declaró el espía Gustavo Francisco Bueno– eran los principales responsables de las operaciones psicológicas.
Bueno, quien los “mandó al frente”, integró el Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército donde se elaboraban las “operaciones”, que no eran otra cosa que cargarles a los subversivos hechos en los que el único responsable era el Ejército, como por ejemplo el caso de dos militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo que fueron acribillados en la intersección de San Juan y España, en 1975 y que se dio a conocer como “un ajuste de cuentas entre dos organizaciones políticas”.
El periodista Fabián Scabuzzo, en su blog laberinto.com.ar, bajo el título “Murió el Astiz rosarino” dio a conocer la muerte de Pérez Blanco como ocurrida el 11 de julio de 2013, en estado de libertad “como dispuso en junio de 2009 la Cámara Federal de Rosario al dictarle la falta de mérito en la causa por la desaparición de Ariel Morandi, Susana Miranda, Hilda Cardozo y las privaciones ilegítimas de la libertad y torturas de Olga Moyano, Ramón Verón, Juan Rivero y Adriana Arce”.
Pérez Blanco fue detenido por orden del magistrado federal Marcelo Bailaque el 25 de abril de 2008, en razón de la investigación por la causa denominada “Jordana Testoni”, elevándose a juicio oral bajo el nombre de Guerrieri, la que concluyó el 15 de abril de 2010 con la condena a prisión perpetua de Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo.
El 9 de agosto de 2013, en la parte de esa causa que continuaba en etapa instructoria, el juez Bailaque decidió dictarle falta de mérito a Pérez Blanco, a pesar de las presentaciones judiciales de la querella representada por la abogada Gabriela Durruty.
En el relato de Scabuzzo se señala que “en los último años Pérez Blanco fue elegido como representante rosarino del Parlamento Argentino de Religiones, otro de los muchos presuntos disfraces con los cuales integrantes de la Secta Moom intentan involucrarse con instituciones y personas influyentes del país”.
Golpe comando
En la madrugada –se dice a las 6.30- del 8 de octubre de 1984 se inició el golpe comando a los Tribunales provinciales de Rosario por parte de 15 sujetos, cuyo objetivo era ingresar al Juzgado de Instrucción de la 10º Nominación para apoderarse de alrededor de 150 sumarios y registros que acreditaban puntillosamente la persecución política de militantes, políticos, estudiantes, obreros y profesionales.
La documentación antes citada había sido supervisada por el teniente coronel Guerrieri, -quien tenía al ya mencionado Blanco como su hombre de extrema confianza- había tenido la responsabilidad de dirigir el CCD La Calamita, de donde sólo se conocen dos sobrevivientes.
Y ya que nos referimos a La Calamita aprovechamos para actualizar la información sobre ese terrorífico lugar.
Fue una investigación de la periodista Lisy Smiles [3], que permitió precisar que la Policía Federal entregó en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario una nota, con un pedido. Mediante la misma el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del doctor Germán Sutter Schneider, solicitaba la colaboración de la Facultad en una causa por violaciones a los derechos humanos. En la misiva se requería un relevamiento y una maqueta de un ex centro clandestino de detención y desaparición de personas que funcionó en Granadero Baigorria: La Calamita. Un diario de Rosario había destapado el tema por vez primera.
El estudio especializado lo realizó la arquitecta Silvia Andreu y a partir de allí se efectuó un abordaje de la cuestión que permitió establecer, en primer término, que del lugar no había planos, debido a que alguien los había “arrancado”. El Departamento de Arqueología de la U.N.R. logró reproducir el lugar de la manera más cercana posible y se complementó el estudio con fotos de archivo del Museo de la Memoria.
Reconocimiento aéreo
La CONADEP, en 1984 había logrado concretar un reconocimiento aéreo, según en la entrevista lo apunta la arquitecta Alejandra Buzaglio, quien se tomó el trabajo de hacer su propio recorrido fotográfico y comenzó la maqueta desmontable del lugar, luego utilizada para verificar testimonios de la causa judicial. Posteriormente se obtuvo una maqueta virtual que posteriormente, a pedido del juez, se multiplicaron por ocho para ser utilizadas en otras causas, tales como las de “El Pozo”, “La Quinta de Funes y la Escuela Magnasco”.
Por La Calamita transitaron más de un centenar de víctimas y al menos –según la CONADEP- hubo una decena de nacimientos.
Una relación cercana, como víctimas, tuvieron con el lugar, en enero de 1977, siete militantes: Héctor Luis Fluxá (20 años); su pareja, Lidia Somoza (21); Mónica Lidia Somoza (21); Mónica Cristina Woelflin (24); Nadia Doaria (33); Gladis Beatriz Hiriburu (20) y su compañero Luis Enrique Ulmasky (24), quienes fueron secuestrados en distintos lugares de Rosario el 20 de enero de 1977.
Los militantes mencionados habrían sido llevados por el grupo que comandaba Feced hasta galpones ubicados sobre calle Ayolas – hoy denominada Uruguay- y Cafferata, donde se habría realizado un simulacro de enfrentamiento.
En medio de operativos ocurridos en 1981, -sobre el que brindamos profusa información en esta indagación periodística-, realizados en relación con el secuestro del cónsul inglés Stanley Silvester, fueron detenidos Juan Carlos Arroyo, José María Ferrari y Néstor García.
Pedido de informes
El 6 de julio de 2007, un pedido de informes de la diputada del ARI Alicia Gutiérrez apuntó a precisar si el comisario Hugo Colombo, por ese entonces subjefe de la Unidad Regional XVII, con sede en la ciudad de San Lorenzo, es el mismo que citara en una declaración judicial,[4] por el caso Feced, el imputado en la causa José Rubén Lofiego –ya fallecido-, quien participó de una declaración indagatoria el 9 de septiembre de 2004, obrante a fojas 10286, cuerpo 49 y en una ampliación de la misma, realizada el 29 de septiembre de 2004, obrante a fojas 10.559 y cuerpo 50, que se tramitaba en el juzgado del doctor Sutter Schneider, donde se cita a Colombo junto a miembros de las fuerzas de seguridad como responsables de secuestros, torturas y desapariciones.
En la oportunidad, Gutiérrez preguntó si para el ascenso de Colombo se tuvo en cuenta la denuncia y los antecedentes y si el Ministerio de Gobierno pidió a Sutter Schneider alguna información respecto a la situación procesal del comisario implicado en la causa Feced.
Implicancias de una causa farragosa
Unas líneas merecen lo actuado por el juez federal Julio Oyarbide en julio de 2007 –ya fallecido-, quien imputó, en relación con la causa de la Triple A, por los delitos de asociación ilícita y homicidios al agente de inteligencia Almirón e Isabel Cartas de Perón, que enfrentó un pedido de extradición desde España.
El arresto domiciliario por la misma causa se determinó para el ex comisario Morales y otro ex policía, Miguel Ángel Rovira. Aún no había sido detenido, pese a que desde enero de 2007 tenía sobre sí un pedido de captura internacional, Felipe Romeo, quien dirigía el órgano de difusión de la Triple A, una de cuyas sedes se utilizó como pantalla de un depósito de armamento y centro operativo. Romeo, según un informe de Página 12, a principios de 2007 “vivía en Buenos Aires, reciclado como restaurador de cúpulas y edificios antiguos, mientras la justicia sospechaba que se había ido del país”.
La decisión judicial permitiría investigar los homicidios del diputado Rodolfo Ortega Peña, del abogado de presos políticos Alfredo Curutchet, del ex jefe de la policía bonaerense Julio Troxler, del académico Silvio Frondizi, del periodista Pedro Barraza y de su amigo Carlos Laham, casos por los que había sido extraditado López Rega, “El Brujo”, en 1986 y fue preso, pero falleció antes de ser condenado, quedando dormido el expediente.
Si se producía el fallo de la Cámara para habilitar los casos habría, al menos, unos 600 crímenes para investigar, de acuerdo a un listado de una agrupación justicialista que nucleó a varios organismos de derechos humanos.
Otro aspecto de la causa Feced, prolongado en el tiempo, tuvo que ver con dos de los agentes de inteligencia que trabajaron, haciendo estropicio, por orden del “carnicero rosarino”.
Nos referimos al ex oficial Mario “Cura” Marcote y al civil Ricardo Chomicki, quienes cumplieron prisión preventiva en celdas rosarinas por crímenes de lesa humanidad, cometidos en jurisdicción del II Cuerpo de Ejército, comandado, en ese entonces por el ex general Ramón Díaz Bessone.
En esos momentos, a “El cura” y a Chomicki, vale apuntar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación les denegó la libertad.
Marcote y Chomicki habían sido procesados por su presunta responsabilidad en 38 secuestros y aplicación de torturas a prisioneros durante la dictadura del período 1976-83, en las causas que fueron reactivadas a partir del 2003, tras la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
El Tribunal declaró el pedido como “inadmisible” y debieron los imputados seguir presos, a la espera del juicio oral, según lo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
El militar que “saltó como un fusible”
El teniente coronel Horacio M. Verdaguer asumió la jefatura de la Policía de Rosario el 27 de diciembre de 1978 mediante el Decreto 0606, del gobierno provincial.
A pesar del clima existente en la población contra la fuerza de seguridad que representaba, exigió a sus subordinados, al asumir el mando, buenos modales, orden, seguridad y justicia. El gobernador que firmó el decreto de su asunción era el vicealmirante Desimoni. Santa Fe seguía estando en poder de la Marina.
Y el 7 de diciembre de 1979, ocurrió un episodio delictivo histórico y investigado por el juez de Instrucción Patricio Lara. En el sector de Contaduría del Palacio de Jefatura, -Santa Fe 1950- se robaron 125 millones de pesos Ley 18.188, correspondientes al pago de adicionales policiales del mes de octubre y la consecuencia de la sustracción fue la remoción del titular de la Unidad Regional II.
Nueva onda: La de designación de interventores
Rodolfo Enrique Riegé, un militar peinado a la gomina, como decía mi abuelo, fue designado delegado interventor de la Unidad Regional II el 19 de diciembre de 1979, oportunidad en que como subjefe de la fuerza de seguridad lo hizo el inspector mayor Julio Amigot, quien venía desempeñándose como titular de la Unidad Regional IV, del Departamento Caseros, con asiento en Casilda.
Como Santa Fe era territorio de la Marina, a Riegé lo puso en funciones en el Salón Blanco de la Jefatura, mediante el Decreto 3958/79, el ministro de Gobierno, capitán de navío ® Eduardo Máximo Sciurano.
Al asumir, Riegé manifestó que su labor “no sería el fruto de una gestión personal, sino el producto de un esfuerzo común”.
En diciembre de 1991 volvió a la Jefatura, pero en este caso como secretario de Seguridad Pública, oportunidad en que cumplía funciones de jefe en la Unidad Regional II el comisario general Atilio Bléfari.
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Teniendo como fondo la primera gestión de Riegé, el jefe de la División Informaciones de la Unidad Regional II, comisario inspector Rubén Mario Guzmán, reconoció el 14 de noviembre de 1980, la detención de Sergio Hugo Schilman quien “permaneció alojado en uno de los ambientes de la División Informaciones”, desde la 1 de la madrugada del 23 de agosto de 1979 -siendo jefe de policía el teniente coronel Horacio Verdaguer– hasta las 20 horas del día 28 del mismo mes”.
Guzmán acotó que “se remitió al Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo del doctor Rafael Carrillo Ávila, la nómina completa del personal” de la mencionada División para que se llevaran a cabo investigaciones judiciales.
Posteriormente, en junio de 2007, Schilman narraría: “Durante mi detención fui víctima de todo tipo de tormentos que pusieron en riesgo mi vida. Las torturas de que fue objeto con posterioridad a las 12.30 del 24 de agosto de 1979, fueron de tal magnitud que motivaron mi internación en el área de terapia intensiva de CAMI, ubicado en Pellegrini 1353, donde estuve al borde de la muerte”.
Por este caso, el comisario mayor Hugo Carlos Colombo, a junio del 2007, subjefe del Departamento Operaciones de la policía de la provincia de Santa Fe, estuvo imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales. A pesar de ello, Colombo continuó ascendiendo en gobiernos de la democracia y cuando debió prestar declaración en los tribunales federales rosarinos, hizo referencia a que había ingresado al Servicio de Informaciones de la policía de Rosario en enero de 1978, permaneciendo hasta septiembre de 1979.
“No tenía tratos con detenidos” dijo “y había varios en ese entonces”, acotó ante el juez el 13 de marzo de 1981.
Sus compañeros fueron en ese entonces los oficiales José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Antonio Tuttolomondo y el agente Miguel Luján Monzón. En sus declaraciones Colombo señaló que Lofiego era el encargado de tomar declaración, a la vez que hacía las veces de instructor de todas las causas. Colombo admitió en su declaración haber visto la declaración de Schilman.
El 13 de marzo de 1981, el entonces oficial subayudante Alberto José Antegeovanni, aseguró que cumplía funciones en la División Informaciones en el área denominada Reunión, desde mediados de enero de 1978 hasta el 19 de septiembre de 1979. Señaló que “no conoció a Schilman y que el trato directo con los detenidos lo llevaba adelante el Centro de Operación de Informaciones y la guardia a través del comisario Scardino y los oficiales Lo Fiego, Marcote, el Colombo y Ramírez, que se encargaban de tomarle declaración a los detenidos”.
Admisión de responsabilidades
Scardino, cuatro días después de la declaración de Antigeovanni admitió que había participado de la detención de Schilman conduciendo uno de los vehículos que participó del operativo de captura y señalando como compañero en esa tarea al oficial Carlos Ulpiano Altamirano, así como a Antegeovanni, quien quedaba al descubierto en el cruce de indagatorias.
El 17 de marzo de 1981, César Heriberto Peralta, declaró que participó de la detención de Schillman, junto a Altamirano –17 veces denunciado en causas por violación a los derechos humanos y acusado de 16 casos de tormentos y apremios ilegales- junto al comisario Antegiovanni.
Peralta ingresó a la División Informaciones en marzo de 1975 y debió responder a la justicia federal por la imputación de 27 causas por violaciones a los derechos humanos, de las cuales 23 están relacionadas con tormentos y apremios ilegales.
El por entonces oficial Lucio César Nast declaró que “Schilman, antes de ser liberado “estuvo en el despacho del delegado interventor Milcíades Verdaguer, junto al jefe de la División Informaciones, comisario inspector Rubén Guzmán”,
Él aclaró en su exposición judicial que “todo detenido que ingresara a la Divisón Informaciones debía permanecer durante su estado de detención con los ojos vendados por orden del delegado interventor de la unidad por razones de seguridad”.
De esta medida tenía conocimiento el Comando del II Cuerpo de Ejército, que comandaba por esos años el general Luciano Jáuregui.
“La orden fue transmitida en forma verbal y tenía el objeto de que los detenidos no se conocieran entre sí y que no pudieran ver los planos de seguridad interna ni externa del área dónde se hallaban detenidos”, apuntó Nast, quien –además- hizo referencia a que “recorrían las oficinas del Servicio de Informaciones de la policía de Rosario gran cantidad de personal con distintas jerarquías de las tres Fuerzas Armadas que en forma constante visitaban el Departamento, en algunos casos para indagar a los detenidos”.
Refirió que “Los días 12 de enero y 27 de febrero de 1980, por orden del delegado interventor de la Unidad Regional II, teniente coronel Rodolfo Riegé, “le fueron tomadas fotos de frente, perfil izquierdo, derecho, cuerpo entero y medio cuerpo, figurando la respectiva constancia en el libro memorando de la sección Fotografías de la Unidad Regional II, donde dice cuarenta copias, al igual que a otros oficiales relacionados con el caso Schilman”.
Nast declaró que “algunas de las fotos fueron incautadas a un miembro de la Embajada Argentina en Paraguay,- Obdulio Vitale-, por el juez de Instrucción de la 2da. Nominación, doctor René Bazet”. El propio Nast dejó constancia que lo expuso ante el juez de Instrucción de la 5ta. Nominación, doctor Benjamín Ábalos.
El policía que nos ocupa mencionó que Riegé había formado y dirigía una comisión investigadora no oficial, compuesta por los oficiales Lofiego, Moore, Trueta, Aguilera, Sies y el subcomisario Santa Cruz, famoso por la ferocidad con que actuaba en los procedimientos –fallecido-, quienes exhibieron fotos de Nast a presuntas víctimas de hechos delictivos ocurridos en distintos puntos del país, y por supuesto en Rosario.
El 25 de junio de 1981, Riegé como delegado interventor de la Unidad Regional II escribió que “ el procedimiento policial en el cual resultara detenido -Schilman- así como su permanencia, alojado en la División Informaciones de la Unidad Regional II, durante el período comprendido entre los días 23 al 28 de agosto de 1979, fue concretado bajo el control operacional, producto de órdenes impartidas por la ex jefatura de Área 211 –actual Comando Subzona 21-, del Comando de Ejército II, habiéndose instruido actuaciones sumariales con motivo de presuntas irregularidades cometidas por personal policial bajo control operacional durante esas fechas”.
Con anterioridad, el 4 de noviembre de 1980, la doctora María Mercedes Caballero, del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, sobreseyó a los policías de Rosario José Carlos Scortechini, Carlos Ulpiano Altamirano, Lucio César Nast, Nicolás Citriglia, Alberto José Antegiovanni y Enrique Daniel Ferrara, imputados de privación ilegítima de la libertad y robos calificados reiterados.
[1] Notiexpress, Vigilar y castigar. 5/10/2006. Pág. 10
[2] La Capital –Suplemento Señales –29/12/07. Página 5
[3] Memoria en Construcción. Diario La Capital. Suplemento Señales. 08/06/2008. Lisy Smiles
[4] José Rubén Lofiego. Indagatoria del 9/9/2004. A Colombo se lo imputa a partir de que el jefe de Informaciones de la Unidad Regional II, comisario inspector Mario Guzmán el 14 de noviembre de 1980 reconoció que Sergio Hugo Schillman permaneció detenido en la División Informaciones desde el 23 de agosto de 1979, hasta las 20 horas del 28/8/79. Schillman estuvo internado, como resultante de las torturas en terapia intensiva del Sanatorio CAMI, de Pellegrini 1353. en razón de ese caso judicial, Colombo fue imputado de privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales, a pesar de lo cual siguió ascendiendo en la carrera policial. Rosario12. Emisora LT10 .26/07/07.
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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Foto: Agustín Feced
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