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Historia desclasificada – Por Ricardo Marconi

📜 El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi

Historia desclasificada

 

“La inteligencia es como un juego de ajedrez, donde no hay momentos para relajarse”. El Libro de Damed. Charles Fort 

 

En el derrotero que nos hemos propuesto, de manera sistémica para ir conformando el rompecabezas que componemos, debemos detenernos en el proceso histórico para recalcar un aspecto que posteriormente, con el  correr de los años, se tornaría decisivo para discutir el procedimiento judicial que llevó a los militares a aplicar una decisión exterminadora: La justicia Argentina hizo historia de los procedimientos políticos, sociales y criminales, generados en 1975 –detallados en anteriores columnas-, que derivaron en el golpe de marzo de 1976.

Entre otros temas, no menos sensibles, también brindamos un detalle de la actuación de la Triple A hasta los primeros meses de 1976 y su enfrentamiento con organizaciones revolucionarias tales como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, hasta conseguir la sensación de desastre institucional y social, a los efectos de presentar a la presidenta María Isabel Cartas de Perón como incapaz de dirigir el país y para posibilitar que los militares se hagan cargo dela situación, dando “cobertura legal” a la represión iniciada  con el decreto 281/75 del 5 de febrero de 1975, que llevó la firma  del exgeneral Jorge Rafael  Videla, en el que se autoriza a la realización de operaciones de represión en Tucumán, que dio origen al “Operativo Independencia”, temas sobre el que brindamos minuciosos detalles que se han pretendido ocultar o falsear históricamente.

Se recordará, seguramente, que meses más tarde, el 6 de octubre de 1975, con la firma de Ítalo Luder, se ponen en funcionamiento dos decretos, uno de los cuales permite la constitución del Consejo de Seguridad Interior y el Consejo de Defensa, a través de los cuales se buscó el ordenado aniquilamiento, a nivel nacional, de la subversión.

A partir de ese 6 de octubre, se inició un proceso para ultimar preparativos destinados a toma el poder y desarrollar, en gran escala, un plan de eliminación y desaparición sistemática de personas de diferentes bloques de la población, la que fue clasificada por profesión, adscripción ideológica, religiosa, sindical, gremial e intelectual y que terminó, asimismo, afectando a estudiantes, trabajadores y hasta amas de casa, entre otras víctimas.

El plan, como detallamos en otros capítulos de este trabajo, terminó en la conformación de un bloque continental que podemos calificar como una especie de “internacional del terror”, que en nuestro país se instrumentó a partir de la subdivisión territorial militar y nacional, largamente explicada en obras destinadas al análisis minucioso de la represión.

 

Operaciones de limpieza

Sólo basta decir que la decisión judicial explica con detalle dicha subdivisión y los mecanismos que permitían, secretamente, realizar interrogatorios bajo condiciones de tortura, secuestros para realizar “operaciones de limpieza” que afectaban a los estamentos sociales de manera indiscriminada, fusilamientos, dando en lo público, una sensación de que la violencia social en las calles había desaparecido, ya que habían dejado de aparecer masacrados en las calles grupos de personas.

Una de las más de 100 fotos entregadas a la Justicia, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con imágenes de víctimas de los «vuelos de la muerte». Fueron tomadas por un fotógrafo uruguayo cuando los cuerpos eran hallados en las orillas del Río de la Plata en ese país vecino

Con ello lograron que la población no conociera la existencia de aproximadamente 340 centros de detención clandestinos, asimilables a campos de concentración, donde se consumaba el exterminio de personas, depositadas en fosas comunes, el lanzamiento de personas vivas mediante “vuelos de la muerte”, violaciones y desapariciones, cuyo número final minucioso se desconoce. Y a ello debe agregarse saqueos de bienes, con rapiñas abyectas y la desaparición de más de 500 recién nacidos, arrebatados a sus padres detenidos.

 

 

Algunos casos

La decisión judicial, con el detalle de los hechos, luego se interna en el área operacional del II Cuerpo de Ejército, en las responsabilidades de los generales a cargo- entre los que se encontraba en su cúspide Leopoldo Fortunato Galtieri-, la enumeración de los centros clandestinos, la particularización del caso del secuestro protagonizado por Miguel Ángel Labrador, ocurrido en septiembre de 1976, quien que su familia trabajaba en la explotación de un negocio de venta de calzado en Rosario.

Miguel Ángel Labrador (Foto: http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar)

Miguel terminó detenido el 10 de septiembre de 1976 y en la ex Jefatura de Policía de la Unidad Regional II el 2 de octubre se lo admite públicamente desde las autoridades de la misma, a través del comisario inspector Antonio Ávila. Tiempo más tarde, es el propio -por ese entonces general de brigada- Galtieri quien admitió que Miguel “posiblemente esté muerto”.

El análisis judicial de los hechos ocurridos señala que: “El 10 de octubre de 1976, veinte hombres encapuchados y armados entre policías y militares, a cuyo frente estaba José Rubén Lofiego (a) “El ciego” –fallecido-, ocuparon el domicilio de Víctor Labrador y su esposa, a quienes informaron que habían dado muerte a su hijo Palmiro Labrador y a su esposa Edith Graciela Koatz, tras lo cual golpearon a Víctor Labrador y comenzaron a saquear su casa. Le sustrajeron la llave de la fábrica de calzados y la vaciaron también. A las 2,30 de la madrugada Víctor salió de su domicilio para ir a la casa de los fallecidos.

Allí se entera que la banda asesina de “El Ciego” o “Mortensen” habían golpeado a sus familiares, uno de los cuales –Oscar Rubén Rivero– fue atado a una silla y obligado, con torturas, a firmar varios cheques con fechas de vencimientos postdatados, siendo el primer vencimiento el 17 de noviembre de 1976 por el importe de 60 millones de pesos. Luego le desvalijaron la casa.  Habrían participado los oficiales Alberto Vitantonio, Antonio Ávila y su yerno.

Rivero fue a la casa de Palmiro Pérez y allí se encontró con un tiroteo inventado para eliminar a Palmiro y a su esposa Edith, así como a Víctor Labrador y, al día siguiente, el matutino de la ciudad dio a conocer el enfrentamiento a través de un comunicado del Comando del II Cuerpo de Ejército que informó de un enfrentamiento armado, cuando en realidad las víctimas no tenían armas y habían sido torturados, según la hija de Víctor Labrador, María Manuela.

A los efectos de no cansar al lector con consideraciones jurídicas, nos abstenemos de exponer las consideraciones del fallo sobre el incumplimiento de tratados internacionales invocados por el juez argentino para que se cumplimenten sus disposiciones. Esto implicaba, sí vale apuntarlo, el incumplimiento de tratados bilaterales como el de Asistencia Judicial en Materia Penal, la Convención de Viena y las resoluciones dictadas por la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas.

Tampoco podemos obviar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, que declaró a las leyes de Punto final y Obediencia Debida, incompatibles con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por el congreso argentino el 1º de marzo de 1984.

El fallo continuó enumerando incompatibilidades entre las leyes y convenios internacionales y las leyes de Punto final y de Obediencia Debida, a la vez que imputa a las autoridades argentinas -encargadas de dar curso a las investigaciones-, “dejar que un manto de silencio ominoso cubra por siempre los hechos que aquí se pretenden investigar y sancionar”.

La justicia se pronunció en su fallo y en relación con el caso que nos ocupa, señalando que “los hechos pueden ser constitutivos de un delito de terrorismo” y previamente había hecho lo mismo con el de genocidio.

Juez Baltasar Garzón en ocasión de una visita a Argentina en 2005 (Foto: Presidencia de la Nación Argentina)

Finalmente y luego de implicar a Galtieri como participante activo de determinados hechos y copartícipe de otros, junto a numerosos militares  como inductor de asesinatos , secuestros y desapariciones, dispuso emitir órdenes de detención internacional para obtener su extradición, tener por imputados a los citados Vitantonio, Lofiego y Ávila y emitir una rogatoria para lograr sus declaraciones, según órdenes del doctor Baltasar Garzón Real, juez del Juzgado  Central de  Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional. [1]

 

 

 

Desclasificar para apresar

La baja temperatura del invierno, aquel 10 de julio de 2002, el juez Claudio Bonadío, ordenó la detención del ex presidente Leopoldo F. Galtieri, así como de otros 30 militares por la desaparición de una docena de militantes Montoneros, ocurrida en 1980, entre ellos Horacio Campiglia y Susana Binstock.

La información desclasificada permitió precisar que los secuestros de Campiglia y Binstok, en Brasil, por parte de agentes de inteligencia argentinos y de Brasil, derivó en el traslado de los capturados al Centro Clandestino de Campo de Mayo, a lo que se sumó información relacionada con secuestros ocurridos en el período 1979-1980.

En ese período, en primera instancia, se había decidido hacer una clasificación de personas desaparecidas por parte de la justicia y, además, los jueces habían tomado la determinación de obtener datos complementarios sobre otros argentinos que eran buscados.

Los magistrados tenían, al parecer, datos sobre la estructura y modus operandi del aparato de inteligencia implicado en las desapariciones durante el bienio especificado y también poseían detalles de la cadena de mandos del Batallón 601 y el Centro de Operaciones Conjuntas, que los jueces tenían bajo la denominación de Reunión Central, que se hallaba bajo el mando de Galtieri, entonces jefe del Ejército, que luego se conoció ampliamente bajo la denominación de Plan Cóndor de la década del 70, junto al detalle de las operaciones de espionaje y contrainsurgencia, realizadas entre Bolivia, Perú, Brasil y España, en los inicios de la década del 80.

A ello se sumaba la precisa documentación del Equipo de Derechos Humanos de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, esto es alrededor de 10 mil violaciones a los derechos humanos, con gran número de desaparecidos.

 

Las órdenes de Madeleine Albright

Vale recordar que la exsecretaria de Estado norteamericana Madeleine Albrigt dispuso la recolección, revisión y desclasificación de informes logrados por Estados Unidos sobre nuestro país, luego de participar en una reunión que se llevó a cabo en Buenos Aires el 16 de agosto de 2000, con representantes de Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS.

Madeleine Albright, primera mujer secretaria de Estado de EE.UU (Foto CNN)

Oficiales del Departamento de Estado habían trabajado sobre la cuestión, pero no lograron los resultados que pretendían. Las informaciones, se conoció, estaban relacionada con la apropiación ilegal de niños y con la referida Operación Cóndor.

El proceso de revisión se concluyó y se dejó lista su publicación para efectivizarla en setiembre de 2001. Los datos reunidos conformaron 35 volúmenes de 500 páginas cada uno.

La exfuncionaria Albrigt, gracias a la información que obtuvo, redefinió con claridad meridiana las relaciones existentes en la sociedad y el Estado argentino y en razón de ello pudo precisar los objetivos reales del golpe de la primera Junta Militar, esto es desarticular la movilización social con represión y aplicar mecanismos para disciplinar con comunicados y decretos a los efectos de limitar públicamente a la participación de la sociedad en su conjunto.

En Santa Fe, para ser más específicos, se aplicó la intervención del coronel José María González y, posteriormente, fue reemplazado por el vicealmirante Jorge Aníbal Desimone hasta 1981.

En Rosario, el intendente Rodolfo Ruggieri –al que en el mundillo de la política todos conocían por “sal gruesa”, ya que no se privaba de ir a todos los asados-, fue encarcelado.

Y junto con él cayeron otros políticos y funcionarios provinciales y municipales, asumiendo en el lugar de Ruggieri el coronel Hugo Laciar, quien a su vez fue reemplazado por el capitán Augusto Félix Cristiani hasta 1981.

Y con el tiempo, la lista de intendentes se volvió a modificar, ya que a la intendencia llegó para presidirla el demoprogresista Alberto Natale, en el contexto de un reordenamiento político que se inició, a nivel nacional, con la asunción del general Viola para aplicar un proyecto de despolitización social con la ayuda –se decía en Buenos Aires-, de la Iglesia, partidos políticos y medios de comunicación, incluidos los de Rosario, hasta iniciada la década del 80. Por ese tiempo, los medios escritos locales eran el vespertino La Tribuna y el matutino La Capital.

Obviamente, la funcionaria estadounidense se enteró también que con fechas 10 y 28 de junio de 1996, se dictaron autos de procesamiento, en los que se acepta la jurisdicción y competencia para admitir querellas contra el general Galtieri.

Las resoluciones quedaron firmes al no ser recurridas por el Ministerio Fiscal ni por las acusaciones que, de esta forma, terminaban por aceptar, sin reservas, la jurisdicción y competencia de la justicia.

 

El atentado a una periodista

El 26 de julio de 1996 la periodista Marta Fassino, sufrió un atentado con una bomba de estruendo en su domicilio de calle Piedras 7200, de la capital provincial. Ya había recibido amenazas por sus investigaciones periodísticas sobre la represión ilegal en Santa Fe y por tal motivo tenía custodia policial en su domicilio.

Días antes del atentado, había dedicado en su programa, un amplio espacio a los campos clandestinos de represión. Por esos días circulaba el Informe del doctor Marcelo Borgonovo, que sirvió de disparador para separar policías vinculados a la Causa Feced. Curiosamente, en el momento de producirse la deflagración, la vivienda de Fassino[2] no contaba con custodia policial.

El 4 de octubre de 1996 se cursó una comisión rogatoria internacional a la Argentina para recibir la declaración -sobre hechos denunciados, como imputado y con traslado a la querella-, a Galtieri.

Una bomba, de fabricación casera, detonó el 10 de octubre de 1996, provocando la rotura de mampostería de la casa de Rolando Gentile, ubicada en Necochea 1990 de Rosario.[3]

El 16 de noviembre de 1996 el juez de Instrucción de la 14ta. Nominación de Rosario, doctor Adolfo Prunotto Laborde caratuló como “muerte accidental”, la que sufriera Jorge Pablo Constantino, de 20 años, quien cayó desde una terraza. Ello fue así, a pesar que las organizaciones de derechos humanos señalaron que “el cuerpo ofrecía huellas de castigo”.[4]

A los pocos días, el 22 de noviembre de dicho año para ser más precisos, la policía desarmó un artefacto explosivo que había sido colocado frente al domicilio de la docente Nilda Villar.[5]

Las informaciones policiales primarias indicaban que un joven, en compañía de otros, estaba sustrayendo elementos del interior de un desarmadero de automóviles.

Las autoridades, tras conocer el episodio, rodearon el lugar y se enfrentaron –siempre al decir de las autoridades-, en un tiroteo, donde resultó abatido Néstor Paniagua, de 19 años.

Los vecinos declararon que la víctima del presunto enfrentamiento no estaba armada y los familiares negaron la versión oficial. Según estos últimos “lo ataron de las manos y lo acribillaron”. En la causa intervino el juez de Instrucción de la 3ra. Nominación, Luis María Caterina.

El 23 de enero de 1997 se desenvuelve dicha comisión rogatoria internacional sin lograr los objetivos antes explicitados y en ese mismo día se acuerda una nueva remisión y ampliación de la comisión al Ministerio de Relaciones Exteriores para que haga lo indecible, a los efectos de lograr que las autoridades argentinas accedan al cumplimentar la solicitud.

Por ese entonces Galtieri ni siquiera había sido juzgado. Es más, no se le había iniciado procedimiento alguno por los hechos en los que estaba incriminado y el Ministerio Fiscal – según nuestra fuente-se mostró contrario a la medida en ese momento procesal.

 

Nueva modalidad prostibularia

En la gestión de Benítez1992– un funcionario no querido por la policía provincial, comienza una nueva modalidad en el ejercicio de la prostitución rosarina: la utilización descarada de departamentos privados, generalmente ubicados en la zona céntrica y que en el año 2008 dio “trabajo” a 500 trabajadoras sexuales, muchas de las cuales dedicadas a esa tarea para pagar sus estudios universitarios en las facultades privadas de la ciudad.

En algunos departamentos habría montadas “empresas fantasmas” que trabajan con jovencitas que cumplían su función 16 horas seguidas y antes de irse deben dejar el lugar limpio con las camas hechas para el próximo turno.

En algunos casos las “mariposas de la noche”, como se las denominaba, debían pagar de su peculio los avisos de los diarios que llenan páginas enteras con ellos, siendo uno de los principales ingresos de estos últimos. La yerba, el azúcar y el edulcorante para matar los momentos libres corrían también por cuenta de las chicas.

Las jóvenes –que llevaban sus libros a su trabajo para estudiar entre cliente y cliente- eran competitivas y conflictivas, según una fuente entrevistada y en algunos casos llegaban a juntarse hasta 6 chicas por turno.

En el 2008, 16 años después del inicio de las actividades en los departamentos, 30 privados estarían en manos de 5 personas y sus nombres son un secreto casi inviolable.

No existía, al parecer, en la Municipalidad de Rosario reglamentación sobre estos “negocios” y por ende no tributarían impuesto alguno, a no ser que hubiera existido una “caja rosa” invisible.

A todo esto, en Rosario, al parecer en 2010, el mercado de la droga crecía a pasos agigantados y el ex intendente Héctor Cavallero, en 2010, habría afirmado que ya nuestra ciudad contaba con 100.000 adictos.

Obviamente, el tema da para muchísimo más y sólo damos la primera puntada para ir colocando más componentes de nuestro rompecabezas mortal de Rosario.

 

 

[1] Equipo Nizkor. Derechos Humanos en la Argentina- Juicio por desaparecidos españoles en Argentina. Decreto de prisión provisional incondicional de Leopoldo Fortunato Galtieri.

[2] Diario La Capital. 23/7/2000. Pág. 16

[3] Íbidem

[4] Foro Memoria y Sociedad. Informe 3. Dra. Matilde Bruera, profesor Rubén Naranjo, doctor Roberto Shcoler. 27/12/ 1998. Pág. 3

[5] Íbidem.

 

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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política

Foto: Una de las más de 100 fotos entregadas a la Justicia, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con imágenes de víctimas de los «vuelos de la muerte». Fueron tomadas por un fotógrafo uruguayo cuando los cuerpos eran hallados en las orillas del Río de la Plata en ese país vecino

Viene de acá: Juan Vucetich cazador de asesinos

Continua aquí: Héctor Cavallero: “en el 2010, Rosario contará con 100.000 adictos”

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