🔥 En una edición distinta de la Comisión de Seguridad, expusieron los abogados Marcos Peyrano y Froilán Ravena. Ellos realizaron la demanda de amparo colectivo en el marco de la Ley General del Ambiente.
Por su parte, los ediles que participaron del encuentro fueron Ariel Cozzoni, Caren Tepp, Fernanda Gigliani, Marcelo Megna, Norma López, Roy López Molina y Susana Rueda.
El dr Peyrano, explicó que la presentación se hizo en el Juzgado Federal de Rosario por ser la Ley General del Ambiente y en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, por la ley de amparo Nº 19.986.
La Cámara declaró:
. La incompetencia en materia de acción por daños e indemnización, por lo que deberá intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación
. Ordenó prohibir nuevos focos ígneos y genéricamente prohibió la generación de quemas (hasta esta orden no estaban prohibidas las quemas)
. Profundizar y fortalecer el Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Región Delta del Paraná (Piecas)
. Ordena a las provincias, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, a presentar un informe bimestral sobre lo realizado
. Ordena al Ministerio de Ambiente de la Nación a un sistema permanente y preventivo de monitoreo y un mapeo de la zona. Los ministerios de Ambiente y de Seguridad de la Nación, deberán presentar un informe bimestral
. Realización de una audiencia con la participación de las 3 provincias, los ministerios de Ambiente y Seguridad de la Nación; la Municipalidad y el Concejo Municipal de Rosario, la Municipalidad de Victoria, la Prefectura Naval Argentina y las entidades ambientalistas que estén trabajando en la zona
Informó asimismo, que la provincia de Entre Ríos nunca aplicó multas superiores a los $300.000, cuando fija hasta 15.000 sueldos básicos de un empleado de planta permanente del Estado entrerriano.
Además, se propone la creación de un Fondo Especial para Reparación de Daño Ambiental, a cargo de la Municipalidad de Rosario con el control del Concejo.
A su turno, Froilán Ravena anunció que en el aspecto penal, se pidió la posible desobediencia del gobierno de Entre Ríos y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.