📜 El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
La Operación Bolsa
Apesadumbrada, Isabelita –como muchos la llamaban-, aceptó al nuevo jefe del Ejército Argentino, Jorge Rafael Videla, quien no quiso participar como representante de la fuerza que comandaba, en la comitiva que trajo a Juan Domingo Perón a la Argentina.
Y el 11 de julio de 1975, la titular del Ejecutivo comenzó a caer aceleradamente a partir de su decisión de desprenderse –contra su alicaída voluntad-, de su secretario privado y ministro de Bienestar Social, José López Rega, al que todos conocían como “El brujo” o “Lopecito”.
En setiembre de 1975, en voz baja, los componentes del gobierno peronista escuchaban, diariamente, comentarios sobre la casi segura caída del gobierno de Isabelita en las emisoras de radio, los canales de televisión, los medios escritos y en los cafés de los barrios, así como entre los porteros de los edificios cuando barrían la vereda.
“El golpe de Estado y la dictadura de Videla y compañía, fueron recibidos con entusiasmo por la guerrilla, como parte de la trastienda y estrategia de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo”, hace 45 años.[1]
“La caída del gobierno, en setiembre de 1975 –en teoría aceleraría las contradicciones entre el Ejército y sus mandates-, el imperialismo estadounidense y la oligarquía criolla por un lado y el pueblo y sus representantes: la guerrilla, por el otro”, según Reato[2] .
Reuniones de gabinete desde la cama
Con depresión, insomnio y cansancio moral, incluso con disturbios gástricos, la presidenta permaneció en cama, a tal punto que las reuniones de gabinete se hacían con los ministros en su dormitorio[3].
Había un vacío de poder, el que repercutió en la embajada norteamericana con sede en Buenos Aires, donde el embajador Robert Hill envió un cable el 10 de setiembre de 1975 en el que se señalaba: “El poder político real ya no es de la presidenta. A esta altura, si se queda como presidenta, o no, es una cuestión casi de interés académico. Hay un vacío de poder en el centro y no será ella quien lo llene. El problema, sin embargo, es que la señora de Perón puede no darse cuenta de que el juego ha terminado”.
La evaluación de Montoneros coincidía con la de Hill, al que se lo vinculaba con la inteligencia norteamericana y sus movidas golpistas. Evidentemente los Montoneros tenían como objetivo político el deterioro del gobierno, ya que con ello se impedía “al imperialismo que pueda estabilizar su política bajo la cobertura peronista, con la secuela de confusión desorganizada de masas que eso hubiera acarreado”.
Los militares aprovecharon con celeridad esta última circunstancia y ello lo admitió la cúpula montonera, en una de las clases del Curso de Formación en el exilio, en 1977, en homenaje a Julio Roqué, el asesino del líder sindical José Ignacio Rucci, en 1973[4].
La cúpula de la guerrilla ya tenía conocimiento, desde octubre de 1975, de la decisión de las fuerzas armadas de producir un golpe, pero evitaron hacer algo para evitarlo.
Es que los Montoneros pensaban que el ajuste económico y la represión militar que se generaría luego, pondría a la población de su lado.
Se decide el golpe
El 24 de marzo de 1976 se hizo realidad la Operación Bolsa, e Isabel Martínez Cartas de Perón, nacida el 4 de febrero de 1931, fue eyectada del poder. Se había hecho del mismo en 1974, tras la muerte de Juan Domingo Perón, abriéndose las puertas del período más violento, sanguinario y anárquico que le tocó vivir a los argentinos.
Estuvo cinco años presa y debió vivir en el exilio y la ortodoxia peronista no la reivindicó. Isabel se recluyó lentamente para vivir aislada y se alejó de la vida pública. Su política económica quedó abrochada al “rodrigazo”, luego del ajuste económico de Celestino Rodrigo, tras la devaluación del 160 por ciento por el dólar comercial, y del ciento por ciento del financiero, entre otras medidas económicas.
La nafta –vale recordarlo-, subió en su costo el 172,7 por ciento; el transporte el ciento por ciento; la leche 65 por ciento; los medicamentos el 70 por ciento y los ahorros bancarios se licuaron.
Se produjo una explosión contestataria en los sindicatos, encabezados por Lorenzo Miquel y Casildo Herrera –del gremio textil-, en varias ciudades que finalmente desembocó en una huelga general de 48 horas.
Miles de argentinos se convocaron en la Plaza de Mayo para pedir la cabeza de “Lopecito”, que cayó irremisiblemente como una fruta madura.
Cuando en una entrevista periodística se la consultó a Isabel sobre su posibilidad de intentar volver a ser presidenta, respondió sin titubeos: “Hay mucha gente capacitada en el país. Siempre se puede servir a la Patria, aunque de un lugar más humilde. Todos deben participar para que Argentina se agrande”.
Al momento de iniciar esta crónica “Isabelita” no forma parte de la escena pública y pasa sus días de ostracismo en España.
Fue la primera vicepresidenta de Argentina y la primera mujer en llegar a la presidencia en América Latina. Presidió el Partido Justicialista desde 1974 a 1985 y cuenta con el récord de detenida como mandataria constitucional. Se la liberó en 1981 y partió hacia España.
Vale apuntar que en tanto en 2007 como en 2008 el gobierno de esos años exigió su extradición por crímenes de lesa humanidad en el marco de la investigación de la Triple A, pero las causas se consideraron prescriptas.
Dicho esto, a vuelo rasante de pájaro, vamos de lleno a relatar los alcances de la que se denominó la “Operación Bolsa”.
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En un helicóptero, junto a su secretario privado Julio González fue trasladada -mediante engaños- al Aeroparque, dónde la esperaba el general Villarreal junto al brigadier Lami Dozo y el contralmirante Santamaría, quien le comunicó su arresto y le retiró, precautoriamente, el revólver que llevaba en la cartera.
Isabel, ante la situación explicitada, ofreció como salida institucional a los militares, la conducción de 4 ministerios y el co–gobierno del Congreso. A las 3 de la madrugada, en el avión presidencial Patagonia, la presidenta fue conducida hacia su nueva residencia: “El Messidor”, bajo un cielo estrellado y con el telón de fondo del ruido de los motores de la nave aérea.
También esa madrugada del 24 de marzo, delegados militares del gobierno citaron en el Comando de Ejército, a dirigentes de medios de comunicación para acordar “la colaboración” al régimen, de los diarios, canales, radios y revistas.
En esa reunión, llena de tensión, los representantes de la cúpula militar entregaron normas generales para una “mejor intermediación” entre la prensa y el público, a los fines de volcar el relato del proceso que se iniciaba.
De esta manera se alentó la autocensura y se convino una comunicación constante para señalar, día a día, los límites y líneas de la información en pos de preservar la seguridad del Estado y aprovechar la influencia y las posibilidades de la prensa.
Habría sido un mecanismo ideado por el periodista Ted Lurie, director del Jerusalem Post, con el que se creaba un mecanismo de censura consentida por los censurados”.[5]
El dispositivo ideado por Lurie estipula que las diferencias conceptuales entre la prensa y el gobierno podían ser dirimidas ante una especie de Tribunal de Apelaciones, constituido por un delegado oficial, un delegado del medio de comunicación involucrado y un componente de la comunidad.
Los historiadores seguros recordarán como antecedente a nivel de Argentina, el decreto de la libertad de imprenta, publicado el 26 de octubre de 1811 por el Triunvirato en plena guerra por la independencia, donde se asegura que el abuso de la libertad “es un crimen” y que su acusación corresponde a “todos los ciudadanos si él compromete la tranquilidad pública, la conservación de la religión católica o la constitución del Estado”. [6]
Los contactos prometidos no se hicieron nunca realidad, a excepción de algunas notas admonitorias enviadas por la presidencia de la cúpula militar. Asimismo, hubo contactos telefónicos para advertir sobre “comunicaciones nocivas”.
Por último, el 22 de abril de 1976 se impartió un instructivo verbal de la entonces Secretaría de Prensa, a través del cual se prohibía la impresión de informes, comentarios y referencias a episodios relacionados con episodios en los que habían intervenido subversivos, si se hubieran hallado cadáveres, secuestros de personas y desapariciones, así como asesinatos de militares, policías o agentes de seguridad, a menos que tales hechos constaran en partes ofíciales.
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Los humanos tenemos la característica única entre las especies de la práctica del secreto, haciendo que el mismo penetre tanto a la vida pública como a la privada y el mismo, tanto en los pequeños ejemplos como en los de mayor entidad, esté directamente vinculado a las transgresiones.
Es así, a tal punto, que nos arriesgamos a decir que forma parte de la esencia humana, que lucha internamente por inclinarse hacia la fidelidad o la infidelidad.
Antes de entrar en materia más hondamente sólo queremos agregar que el autor comparte el pensamiento de aquellos que entienden que “el mayor de los secretos es el que cada uno desconoce de sí mismo y que en ocasiones los otros saben o intuyen mucho antes”.[7]
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El mismo 24 de marzo del 76, Henry Kissinger envió el telegrama 071677 con su firma en el que sostuvo: “Los problemas derivados y ligados a las inversiones serán minimizados, debido a la favorable actitud de la Junta con el capital extranjero”.
El secretario de Estado Kissinger vio que el gobierno golpista, entre 1976 y 1978, hizo lo imposible para hacer descender a los salarios industriales en su valor real, pasando del 57,7 % al 28,3%, mientras la deuda externa crecía en un 50 %, pasando de 5.189 millones de dólares a 8.357 millones.
Las inversiones del exterior crecieron a 4.115 millones de la aludida moneda –1976- a 147.070 millones –1978-, pasando la inflación del 400 al 175 %.
A Kissinger, documentos desclasificados lo exponen como que obvió las masivas violaciones de derechos humanos de la dictadura militar y advirtió: “Si pueden terminar antes que el Congreso de EE.UU., vuelva, sería lo mejor para evitar sanciones”[8].
Maxwell Chaplin, el segundo jefe de la misión norteamericana en Buenos Aires se tomó de este último porcentaje para justificar el envío del télex 241235 Z, del 23/7/76, en el que hacía mención a las críticas de Eduardo Emilio Massera y Suárez Mason a Martínez de Hoz, debido a la caída de la demanda y la recesión.
En su momento el titular de la embajada norteamericana Hill también hizo su aporte telegráfico –télex 071649 Z– en el que portaba su visión económica y militar con un objetivo de máxima: No proliferación de tecnología de armas nucleares y el ya indicado tema de la cuestión de la relación: Argentina- alimentos y su injerencia a nivel mundial.
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A las 10.45 del día 25 de marzo, la Junta Militar asumía en el Edificio Libertador y el mando de la nación pasaba a manos de la trilogía Videla-Agosti-Massera, los que juraron colocando su mano derecha por el Acta del Proceso de Reorganización Nacional que suprimía el Congreso, la Corte Suprema y los cargos ejecutivos nacionales, provinciales y municipales.
Concluido el acto se anunció que la Junta elegiría al “Ciudadano Presidente”, con un gabinete de emergencia conformado por militares. La deuda externa era de 10 millones de dólares y 1.100 millones vencían a los 60 días.
La trama secreta de esa noche y madrugada se había iniciado un mes antes, en la mente afiebrada del general Roberto Eduardo Viola, quien un año antes había acordado con Videla que éste último – como jefe del Estado Mayor Conjunto- lo recibiera, para sondearlo, a Martínez de Hoz, quien luego se entrevistó con Massera, en el comando de la Armada. A partir de allí “casualmente” se fortaleció el sistema de vigilancia interna en las empresas de primer nivel, e incluso se iniciaron tareas exploratorias de espionaje para individualizar activistas.
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Obviamente, como consecuencia de esos actos preparatorios, a cinco días de la Operación Bolsa, los militantes habían sufrido 12 bajas, 6 de las cuales pertenecían al Comité Central mientras que los 6 restantes correspondieron a Logística y Contención. Del total de muertos 7 cayeron en enfrentamientos y 5 fueron capturados vivos y luego entregados al Ejército.[9]
En relación con la operación que nos ocupa, es necesario hacer mención a 125 documentos que la inteligencia norteamericana desclasificó. Los mismos habían sido enviados por los espías del país del norte, residentes en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, al Departamento de Estado. En los mismos se detallaba el accionar del Estado argentino en meses previos al golpe del 76 y también en los posteriores.
En una investigación publicada por el suplemento Zona, se señala que en los documentos “se describe con distanciamiento impasible, pero con un innegable involucramiento el comienzo de una tragedia colectiva”.[10]
Los agentes norteamericanos, en sus informes, avecinaban un baño de sangre y en el Departamento de Estado se analizaba cómo enfrentar la cuestión mientras se apoyaba el plan económico.
Internamente, en Argentina, la conjura política Videla–Viola daba sus frutos, luego que se optimizara todo tipo de negociaciones con políticos radicales y peronistas para profundizar el golpe, con un corto período de transición, aunque los militares, con una visión de mediano plazo, requerían que se los sostuviera más tiempo en el poder.
El “cuarto hombre”
La Armada y la Fuerza Aérea, de entrada, presionaron a Videla para que cediera el comando del Ejército y se apartara de la Junta Militar para quedar como Presidente o en su defecto, que se convirtiera en el “cuarto hombre” sometido a los dictados de la Junta. El presidente ocuparía un sitial parecido al titular de una empresa comercial.
Videla, para aceptar la propuesta y dejar su puesto de comandante en jefe, contemplaba que el gobierno debía ejercer el control sobre el aparato antisubversivo. También debían decidirse los proyectos políticos a largo y mediano plazo. Por último, Videla quería que le otorgaran un amplio margen para cumplir con su tarea.
Palabras más, palabras menos, Videla dejó entrever que para ser el cuarto hombre debía primero irse el jefe de la Armada, el almirante Eduardo Massera.
El flamante embajador de EE.UU. en Argentina, Raúl Castro les puso su firma a los dos documentos antes citados y hasta hubo un tercero con su firma en el que Massera replica: “Es incorrecto hablar como lo habían hecho algunos –por Videla-, de una supuesta necesidad de definir la estructura de poder en los niveles más altos del gobierno”.
El 6 de octubre de 1976, el secretario de Estado interino Charles W. Robinson, le puntualizó al Almirante Guzzetti que: “es posible comprender la necesidad de ser duros con la represión” y luego remarcó la: “cuestión de cuando relajar las medidas contra la subversión excesivas”.
Luego el secretario interino le dijo a Guzzetti: “… el problema es que los Estados Unidos es un país idealista y moralista y sus ciudadanos tienen grandes dificultades en entender el tipo de problemas que enfrenta Argentina hoy. Hay una tendencia a aplicar nuestros estándares morales en el exterior y Argentina debe entender la reacción del congreso respecto de los préstamos y la asistencia militar. El pueblo norteamericano, correcta o incorrectamente, tiene la percepción de que en Argentina existe hoy un patrón de grandes violaciones a los derechos humanos”.
Luego de un encuentro entre Kissinger y Guzzetti en el país del Norte, el 19 de octubre de 1976, el embajador Hill escribió “una nota amarga” desde Buenos Aires reclamando que difícilmente podría hacer gestiones de derechos humanos si el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina no escuchaba el mismo mensaje de parte de la Secretaría de Estado.
Es que Guzzetti le había dicho a Hill que “el secretario había conminado a Argentina a ser cuidadosa y había dicho que si el problema terrorista se acababa para diciembre o enero, él (secretario) estaba convencido que se podrían evitar serios problemas en los Estados Unidos…”
Hill escribió, asimismo, que Guzzetti fue a EE.UU. esperando escuchar advertencias fuertes, firmes y directas sobre las prácticas de derechos humanos de su gobierno y, en lugar de eso, ha retornado en un estado de júbilo, convencido que no hay un problema real con Estados Unidos en ese asunto”.
En una nota –considerada por la fuente-, como poco honesta, el secretario de Estado Asistente para Asuntos Interamericanos, Harry W Shaludeman, quien participó en las reuniones con Guzzetti respondió a Hill en nombre Kissinger:
“Tal como en otras circunstancias que sin duda usted ha encontrado en su carrera diplomática, Guzzetti escuchó lo que quería escuchar. Se le dijo en detalle cuan fuertemente ha reaccionado la opinión de este país en contra de informes de abusos por las fuerzas de seguridad en Argentina y la naturaleza de la amenaza que esto supone a los intereses argentinos. El gobierno estadounidense contempla muy seriamente los compromisos internacionales de Argentina para proteger y promover los derechos humanos fundamentales. No debe caber duda al respecto…”.
Para dar por concluida, en honor a la necesaria brevedad que implica un informe periodístico, sólo resta acotar que antes de los memorandos de conversaciones entre Guzzetti y el Departamento de Estado, se emitieron dos cables del embajador Hill, informando sobre los inútiles esfuerzos hechos ante el almirante Guzzetti y el presidente Videla sobre derechos humanos, así como un análisis de inteligencia del Departamento de Estado sobre las prácticas antisubversivas de los militares argentinos y el testimonio de una ciudadana norteamericana torturada por fuerzas de seguridad[11].
La postura de Maxwell Chaplin
Una comunicación del 18 de julio de 1977, firmada por el Segundo jefe de la misión diplomática norteamericana, abundó sobre las variantes en danza para poco después que la dictadura atravesara un año de gestión, es decir el funcionamiento de un presidente que actuara por fuera del triunvirato de la Junta Militar; la preservación de Videla para que se convirtiera en presidente electo hasta la eternización del gobierno militar, con un lento plan de salida hasta 1991, que según el documento de la Embajada 182123 Z, fue elaborado por el periodista Mariano Grondona.
Chaplin exhibe a “un Videla preocupado por la descendencia del gobierno militar” y, según el diplomático-, “tiene una tendencia a abrir el diálogo con la clase política”.
En realidad, nada hizo por una salida democrática, según publicó el 21 de marzo de 1999, el periodista Vicente Muleiro.
Ya en junio de 1977, Chaplin había escrito: “Las fuerzas Videla-Viola, parecen favorecer las negociaciones con los políticos del radicalismo y el peronismo en un período de transición más corto, mientras que los autoritarios parecen estar pensando en términos de una reforma más radical del sistema político”.
El documento de Chaplin trazaba un pronóstico que no se cumplió y que hubiera dejado de lado a los generales como Guillermo Suárez Mason, Luciano Benjamín Menéndez y Santiago Omar Riveros.
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Es necesario, a estas alturas de los hechos, indicar que es obvio que el golpe no fue la resultante de que un grupo de militares se levantó mal una mañana y decidió tomar por asalto el poder. En meses anteriores a esos sucesos que conmocionarían al país, se vislumbraba que la desdibujada Isabel Martínez sería destituida y, aún más grave era que todos eran contestes en que se venía sobre Argentina un año sanguinolento. Se notaban las complicidades soterradas, las presiones inconmensurables, los juegos de intereses contrapuestos y los delirios golpistas acompañados de feroces enfrentamientos derivados de las internas militares, fundamentalmente las que se generaron entre los seguidores de Massera y Videla y, por qué no decirlo, la federalización de la represión ilegal.
Para colmo eran muchos y parió la abuela: Jimmy Carter se hace cargo de la Casa Blanca el 20/1/77 y el nuevo presidente tomó como estandarte de su gestión a la defensa de los derechos humanos en la región, a pesar de la contraofensiva interna que su Departamento de Estado y la CIA, que hacían lo imposible para minar la nueva política.
Al frente de la “oposición interna” estaba Terence Todman, el por entonces subsecretario de Asuntos Interamericanos, quien se oponía a la reducción económica de los programas de asistencia militar. Enfrente tenía a Patricia Derian, la subsecretaria de Derechos Humanos, quien sostenía que la solución estructural de la cuestión pasaba por la presión pública, sostenida y abierta a los dictadores.
En realidad, Derian era una especia de jamón del sándwich, ya que, en Buenos Aires, el embajador Robert Hill estaba de lado de Todman, quien no quería la aplicación de medidas que pudieran tener siquiera un atisbo de ser consideradas una injerencia en los asuntos internos de Argentina. Hill optaba por una diplomacia silente que no implicara confrontaciones directas, las que a su entender derivarían en un sentimiento nacionalista. Sus palabras no fueron consideradas y a los treinta días, aproximadamente, el secretario de Estado de Carter anunció que este último había decidido reducir la ayuda militar a Argentina de 32 millones de dólares a 15, 7 millones, por la persistencia del gobierno argentino en la violación de los derechos humanos y votó en contra los préstamos del Banco Mundial que no estuvieran destinados a cubrir necesidades básicas insatisfechas.
Y eso no fue todo. Cuando el que fuera senador, Hipólito Solari Yrigoyen fue liberado, el subsecretario de Estado Warrren Christopher lo recibió en el Departamento de Estado, procediendo el propio Carter –durante la firma del acuerdo de devolución del canal de Panamá- a entregarle a Videla una lista de desaparecidos.
La frutilla del postre la colocó Cyrus Vance al reconocer públicamente a las Madres de Plaza de Mayo.
Robert Hill, era de esperarse, decidió renunciar.
[1] Ceferino Reato. Periodista y escritor.
[2] Ibídem.
[3] Una funcionaria, en Rosario, también hacía lo propio, aunque no estaba enferma.
[4] Ibídem. Roqué murió en Haedo, donde para evitar que lo capturaran vivo, tras resistir solo durante varias horas, rodeado por efectivos de la Marina, ingirió una pastilla de cianuro.
[5] La Voluntad. Vol. III. Eduardo Anguita y Martín Caparrós. 1976/1978. Editorial Norma.1998
[6] Ídem. Pág. 191.
[7] La Capital. 27/01/2008
[8] Gaceta Electrónica del National Security Archive. Nº 104. En octubre de 1976, Kissinger y altos funcionarios de EE.UU., dieron un total respaldo a los generales argentinos y los alentaron a terminar la represión antes que el Congreso redujera la ayuda militar. Los memos -conocidos como memcons-, se produjeron entre el ministro de Relaciones Exteriores, almirante César Augusto Guzzetti y el secretario y subsecretario de Estado norteamericanos. El Congreso estaba a punto de aprobar sanciones contra el régimen argentino, debido a los miles que se estimaba habían sido secuestrados, asesinados y desaparecidos por la Junta Militar.
[9] Íbidem.
[10] Suplemento Zona del diario Clarín. Marzo de 1998.
[11] National Security Archive. Carlos Osorio y Kathlelen Costar.
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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Foto: Los integrantes de la junta militar Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera y Ramón Agosti, en un acto protocolar luego de tomar el poder en 1976. Foto NA
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