El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
La versión más limpia del averno
Las autoridades estadounidenses que tienen a su cargo las prisiones de Estados Unidos tienen en claro que la Florence ADX es la de máxima seguridad mejor controlada y en ella, por esa razón, está allí Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Los reclusos de ese penal apenas reciben visitas y las celdas tienen medidas estrictamente reglamentarias. Sólo se les permite a los presos ver la luz una hora por día, siendo considerada la más dura en todo el territorio norteamericano. Sin duda es la heredera de Alcatraz y se la considera “la versión más limpia del infierno”.
Está localizada en un complejo correccional, ubicado a 120 minutos de Denver, Colorado y la rodea una planicie cubierta de un pasto del tipo puna, que llega hasta Las Rocallosas, donde habitan 4.000 personas.
En la prisión deben convivir 341 reclusos, de los cuáles algunos cumplen prisión por ser terroristas y responsables de un hecho tan ignominioso como el denominado 11-S, debiéndose agregar, entre otros, el responsable del atentado ocurrido en la maratón de Boston.
El infierno de la peor lacra
En definitiva, están allí quienes son considerados la peor lacra de las prisiones norteamericanas y son tan peligrosos a nivel individual que permanecen aislados 23 de las 24 horas del día.
Fue una prisión ideada en la década del 80 y se hizo realidad en la del 90, con el nacimiento del negocio de las cárceles privadas que poseen celdas con una ventana.
Los más “respetuosos y educados” pueden ver televisión, con programas educativos mediante dos canales en español y acceder a misa o concurrir a un almacén. Una vez por semana acceden a un patio interno donde pueden ver el cielo.
El Caso “Chapo”
Hay que recordar que en EE.U.U., están detenidos–aproximadamente-, 25.000 prisioneros en aislamiento, pero en el caso del “Chapo”, luego que se lograra fugar de la prisión de Puente Grande, en el 2001, se pensó que no pudiera irse, como en ese caso, vestido con un uniforme policial, comprado a un carcelero y caminando por la puerta principal del penal.
Y ya en libertad, tuvo el tiempo suficiente para urdir un plan contra Arellano-Félix, quien terminó muriendo de un balazo y, precisamente en el velorio fue detenido su hermano Benjamín Arellano. Los policías que hicieron el operativo habían sido informados por sicarios.
Desde allí en adelante, el Chapo pasó a ser el líder máximo del Cártel de Sinaloa.
El Chapo sufrió 20 años y 9 meses de condena y cuando estaba preso hacía llamadas a prostitutas por las que pagaba sobornos y, además, traficaba Viagra. Asesinó mediante sicarios a allegados de sus enemigos, entre las que había mujeres embarazadas hasta que, luego del 2000 empezó a perder influencia y, por ende, poder.
Enviaron sus enemigos a sicarios para matarlo y en uno de esos ataques fueron baleados 20 autos y hubo 7 víctimas mortales. Sus atacantes creyeron haber eliminado al Chapo, pero no lo lograron. Sí fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, quien llegó a ser considerado un mártir.
Por ese entonces el Chapo logró escapar a Guatemala y los Arellano-Félix se fueron a México, donde sicarios asesinaron a gente del Chapo, lo que desencadenó una guerra entre las dos familias. Los investigadores de gavillas de narcos saben que es complejo detectar guerras internas entre bandas por el tejido de acuerdos entre los jefes de las mismas.
Fue así que empezaron aparecer cuerpos en barriles con ácido o decapitados, luego de ser torturados, un sistema que aplicaban los mafiosos estadounidenses. A partir de esa circunstancia hubo miles de muertos en la frontera entre México y Estados Unidos.
Los negocios del Chapo
El Chapo exportaba cocaína a Estados Unidos y hasta garantizaba cargamentos de electrodomésticos. Incluso hizo un acuerdo con el gobierno de Mozambique, con escala técnica en Argentina –sin ser detectado-, y hasta estuvo en nuestro país 4 días después del acuerdo comercial en la época de Menem presidente.
Deseo oculto
Uno de sus deseos ocultos era el de invitar a Michael Jackson para que ofreciera un espectáculo personal y su entorno y el artista le pidió 60 millones de dólares por la presentación.
Se investigó a Guzmán por la muerte de Luis Galán por disidencias respecto de un cargamento de droga e incluso ordenó la muerte de más de 100 personas que volaban por Avianca y a un candidato a presidente. Hizo lo propio con un agente de la CIA en 1986 y canalizó sus gustos por el cine, siendo fanático de James Bond, quien como él tenía “permiso para matar”.
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¿Accidente o atentado?
Al cierre de esta columna continuaban investigándose las causas profundas de la caída de la avioneta Cessna 152, que despegó del Aero Club de Alvear, sin autorización para volar en zonas urbanas por su poca experiencia para pilotear e impactó, ayer viernes, en la empresa Air Liquide de Presidente Perón al 7600, por lo que no se descartaban diversas hipótesis.
La más plausible es una que presupone que la caída del aparato habría sido premeditada por el piloto, quien había sido despedido semanas atrás de la empresa, por lo que los investigadores se manejan, en principio, en base a cuatro datos que alimentan la hipótesis de que la caída de la avioneta fue un atentado y no un accidente.
Según testigos accidentales señalaron que la avioneta sobrevoló en círculos y a baja altura sobre el predio industrial, previo a estrellarse, en picada, contra uno de los galpones de la empresa antes indicada.
El perfil del piloto
Otra versión coincide en que el piloto había dejado deslizar en redes sociales de whatsApp imágenes y mensajes sugestivos respecto a lo que este viernes aconteció en la fábrica. De confirmarse eso, se trataría de un atentado sin precedentes perpetrado en Rosario.
El cuerpo sin vida del tripulante de la avioneta, tras ser retirado de entre los hierros retorcidos, fue trasladado al Instituto Médico Legal, siendo identificado como Juan Manuel Medina, de 46 años, quien despegó a las 11.50.
El piloto, que falleció en el acto por el impacto, era un ex empleado de la firma. No tenía autorización para volar sobre la zona urbana de Rosario y allegados aseguran que había subido mensajes e imágenes sugestivas a sus estados en las últimas horas.
Pese a la espectacularidad del siniestro no hubo heridos y sólo hay que lamentar la vida del piloto que tripulaba la aeronave. Además, trascendió que el siniestro fue premeditado por el piloto que murió al impactar contra ese sector de la fábrica, donde se envasan diferentes gases inflamables tales como oxígeno, hidrógeno y nitrógeno para uso medicinal.
Pudo ser una tragedia mayor
El piloto fallecido estuvo a punto de generar una tragedia mucho mayor, ya que en la planta se trabaja con elementos muy inflamables que pudieron haber generado una gran explosión si la aeronave no impactaba contra una columna de hormigón y seguía hacia los grandes tubos de gas.
Hay que indicar que enfrente de la empresa hay una fábrica de pinturas y si hubiera sido afectada, las explosiones hubiera sido destruida una superficie impredecible, teniendo en cuenta que en esa zona de la ciudad hay varias industrias instaladas, muy cercanas entre sí y, además, hay estaciones de servicio, a lo que se suma, en ese horario un intenso tráfico de vehículos.
El gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes junto a peritos de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac).
Asimismo, El Sies dispuso dos ambulancias y un helicóptero de rescate, aunque al llegar al lugar comprobaron que el piloto había fallecido y que el cuerpo se encontraba entre los hierros retorcidos producto del impacto. Trabajaron cinco dotaciones de bomberos, tanto Zapadores como el Cuerpo de Bomberos.
El cuerpo exánime del piloto muerto fue retirado del interior de la empresa para realizarle la autopsia de rigor. No estaba el mismo en un vuelo de práctica habitual.
Testigos admitieron haber visto sobrevolar la zona oeste de la ciudad hasta descender de forma abrupta contra las instalaciones de la firma, casi rozando la arboleda, sin aparentes desperfectos mecánicos.
La persona, identificada como la víctima fatal tenía mensajes en sus redes sociales sugestivos que podrían estar ligados a un posible atentado, acompañados de una imagen de una gran explosión en su estado de WhatsApp.
Si se confirma que se trató de un hecho premeditado, con la intención de provocar un gran daño a la empresa y a las personas que en ese momento estaban trabajando allí y en las inmediaciones, se trataría de un suceso inédito en Rosario.
Nueve imputados por estafas con autos
Se trata de individuos relacionados con tres locales de compraventa de vehículos, ubicados en Pellegrini al 3100 y al 4800 y en Independencia al 3200. El fiscal Pablo Lanza atribuye 32 casos, aunque tiene material para luego ampliar el número de hechos.
Todo había avanzado policialmente cuando al local de Pellegrini 3112 las víctimas fueron a realizar un reclamo, el que derivó en una ola de denuncias por estafas.
Nueve personas fueron acusadas por el fiscal Pablo Lanza por estafas cometidas en los últimos meses en, al menos, las tres agencias de autos citadas.
Entre los imputados se encuentra Nelson Ugolini, ex empleado del Ministerio Público de la Acusación, quien a su vez está involucrado en la causa por juego clandestino por la que fue condenado un ex fiscal y está próximo a ir a juicio el ex fiscal regional Patricio Serjal.
A Alejandro Negroni en la sala 10 del Centro de Justicia Penal, se le atribuyeron 32 casos de estafa, aunque el funcionario del Ministerio Público de la Acusación tiene material para luego ampliar la cantidad de hechos.
Los involucrados son Andrés Javier Alarcón, Camila Giselle Mendoza, Roberto Pereyra, Walter Ríos, Nelson Ugolini, Maximiliano Hernán Alarcón, Leandro Jaquet, Diego Alberto Gordillo y Fernando Ortellado Rodríguez.
De las personas acusadas, algunas pertenecen a la agencia de autos de Pellegrini y Francia, donde el caso cobró notoriedad mediática luego de una manifestación de damnificados en la puerta del local.
Otros son de la agencias que según clientes que hicieron la denuncia, estaban “conectadas entre sí” a la hora de llevar adelante algunas operaciones de compraventa.
“En mi caso compré un auto que valía seis millones de pesos. Entregué una seña de 2.400 dólares y el resto lo iba a pagar con un crédito prendario. Pasaron los días y el banco no nos llamaba. Averiguamos y era porque (el local) no había entregado el 08. Cuando fuimos a preguntar qué había pasado nos dijeron -en la agencia-, que el dueño del auto se había arrepentido y le estaban por iniciar acciones legales. Y que no me podían devolver la plata porque ya la habían invertido”, relató Ezequiel, una de las víctimas, en Radio 2.
La acusación y los implicados
A Camila Mendoza le habrían atribuido 32 casos de “estafa reiterada por abuso de confianza", a Andrés Alarcón 25, a Walter Ríos 11, a Roberto Pereyra 9, a Leandro Jaquet 8, a Nelson Ugolini 6, a Fernando Ortellado Rodríguez 3, a Diego Gordillo 2 y a Maximiliano Alarcón 1.
De acuerdo a la acusación de Lanza, -al menos desde diciembre del año pasado-, todos formaron parte de una asociación ilícita que, “en forma organizada, sistemática y con notas de permanencia en el tiempo”, se destinó a cometer delitos vinculados a la compraventa de automotores.
Para el fiscal, los sospechosos sacaron “un provecho patrimonial ilícito e injusto mediante el abuso de confianza que generaba las fachadas de los locales comerciales que utilizaban, defraudando a las víctimas”.
En su alocución, explicó que los imputados hacían caer en distintos errores a sus clientes “a través de engaños, que consistían en la suscripción de documentos, como por ejemplo, contratos de compraventa de automotor, recibo de dinero, contrato de consignación de automotor para vender, contrato de compraventa automotor (compra) y aparentando bienes o negociaciones, lo que lograba que las víctimas hicieran disposiciones patrimoniales voluntarias y entrega de dinero o vehículos, así como extracción de un préstamo o crédito prendario en bancos y/o entidades financieras, con el objeto de concretar operaciones comerciales con vehículos” en las agencias antes aludidas.
Lanza ponderó que la organización “montó locales como agencias de autos” y constituyó dos cooperativas. “También contaban con oficinas en el micro y macrocentro de Rosario, como eran las de calle Corrientes al 600, Paraguay al 1700, Rodríguez al 1100, donde las víctimas eran mandadas a realizar distintos tipos de maniobras –suscripción de documentos– que concluyeron con desapoderamiento de sus vehículos y de una suma importante de dinero, o de ambos”.
Gestores
“También contaban con gestores para los trámites administrativos en los registros de propiedad automotor y para realizar la transferencia del rodado”, sostuvo Lanza.
El fiscal señaló que algunos de los imputados se comunicaban por redes sociales con personas que habían puesto su vehículo a la venta con la finalidad de mostrarles interés. Luego les pedían que se acercaran a algunos de los locales “montados” y los inducían a suscribir contratos de consignación.
“Solicitaban la entrega del rodado con su documentación y fotocopia del DNI, suscripción del formulario 08, y en ocasiones les entregaban a la víctima sumas de dinero a cuenta de una futura venta pactada en pesos”, contó al tiempo que añadió: “En ocasiones, retiraban el rodado y al utilizarlo infringían normas de tránsito, conducían en estado de ebriedad, lo que hacía que les remitieran el vehículo al corralón, generando una importante deuda de dinero por la multa en cabeza de la víctima”.
“En otros casos, los clientes compraban en la agencia un rodado usado, suscribiendo un contrato de compraventa automotor, en el que se establecía el rodado y la forma de pago, en la que entregaban una suma de dinero a cuenta en efectivo por la adquisición del rodado y el plan de pago, desapoderándolos de la suma de dinero entregada o transferida, muchas veces a cuentas de terceras personas, siendo que posteriormente no cumplían con lo pactado y con la entrega del rodado, generándole a la víctima importantes perjuicios económicos” indicó el fiscal.
Lanza subrayó que en otros casos, los clientes daban sus vehículos y suscribían un contrato de compraventa de automotor en el que se detallaba la forma de pago, el rodado que entregaba, una suma de dinero en un crédito prendario, y un monto restante que se entregaba por transferencia bancaria, pero después no recibían ni el auto ni la plata.
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Reducen homicidios en Rosario casi 60%
El Ministerio de Seguridad de la Nación dio a conocer un nuevo relevamiento de delitos criminales correspondientes al período 2023 en contraposición con los ocurridos en el primer semestre de 2024, en el marco del Plan Bandera.
La ministra Patricia Bulrich destacó que "en las zonas y barrios específicos con presencia de las Fuerzas Federales se redujeron los homicidios en un 72%".
En cuanto a Rosario, destacó que con la implementación del referido plan "se redujeron los homicidios en un casi 60”. La funcionaria se refirió a la importancia de las estadísticas como herramienta para la lucha contra los delitos.
"Nosotros, a partir de los datos, decidimos que hacer, donde tenemos que profundizar las políticas de seguridad y cómo tenemos que trabajar con las provincias", afirmó la ministra, destacando el esfuerzo federal y compromiso interinstitucional entre la Nación y las jurisdicciones.
Bullrich estuvo acompañada por la secretaría de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien tiene a su cargo el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).
Como dato relevante, los resultados preliminares del primer semestre de 2024, comparados con los datos del primer semestre de 2023, demuestran que se redujeron en un 10,6 % los homicidios en el país, con un total de 875 víctimas en el primer semestre y con una tasa proyectada de 4,0 para el año que refleja una disminución del 4.4.
En 2023, la tasa de homicidios dolosos fue de 4,4% cada 100 mil habitantes: 2.046 víctimas y una variación con respecto a 2022 de 3,6% de aumento.
"La baja del 10.6% de los homicidios nos marcan una baja del más de 100 vidas en el semestre. Es un número muy apreciable", recalcó Bullrich y señaló la importancia de la utilización de armas no letales, como las pistolas tasers en situaciones de ataques con cuchillos o armas blancas.
Según el relevamiento, el 57.4% de los homicidios dolosos fueron ejecutados con armas de fuego, mientras que el 25,5% con arma blanca. El 82% fueron víctimas varones, mientras que 17,6, víctimas mujeres.
En el 88% de los casos, fueron personas mayores de edad. Otro dato importante es que el 57,6% ocurrieron en la vía pública, y el 29.1% en domicilios particulares. Sobre este punto, Bullrich adelantó que en los próximos días se enviará al Congreso un proyecto de ley contra la violencia intrafamiliar.
Los resultados también arrojaron que 90 % de los homicidios ocurren en el 10% del territorio, que agrupa 193 municipios que congregan el 70% de la población del país. "Si se trabaja de manera focalizada y articulada en estos conglomerados, es posible y viable la reducción de la tasa de homicidios", afirmó Moteoliva.
Más resultados del Plan Bandera
Las estadísticas del SNIC también arrojaron que disminuyeron las lesiones, las muertes por accidentes en un 6.3%, lo delitos contra la integridad sexual y el incremento de suicidios. Sobre la calidad estadística, la ministra destacó que los indicadores se encuadran en los parámetros indicados y evaluados por Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONU).
"Felicito a todo el equipo que trabajó con estas estadísticas. Estamos orgullosos como país de tener datos fiables que nos permitan seguir bajando los delitos y homicidios conjuntamente con cada una de las provincias de nuestro país", concluyó la ministra de Seguridad.
Condenaron al yerno de “Guille” Cantero, líder de Los Monos
Matías Ezequiel Ottogalli, de 23 años, aceptó un juicio abreviado que fue homologado en el Centro de Justicia Penal. Fue condenado a la pena de cuatro años de prisión efectiva más una reparación económica de medio millón de pesos que deberá entregar a una asociación civil.
“Randy” Ottogalli de 23 años, yerno del líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero, fue condenado a la pena de cuatro años de prisión efectiva más una reparación económica de medio millón de pesos que deberá entregar a la asociación civil Rancho Aparte.
La resolución tuvo lugar cuando el juez Gonzalo López Quintana homologó un juicio abreviado que había sido acordado entre la defensa y la fiscal Marisol Fabbro. El presunto gatillero es el actual novio de una hija de “Guille” Cantero, según la investigación de la fiscal.
De acuerdo a la causa, pertenece al grupo liderado por Uriel Luciano "Lucho" Cantero, líder de la tercera generación de Los Monos de quien recibe órdenes –como así también de su mano derecha Dylan “Capocha” Baldón, también preso– para cometer balaceras, entre otros delitos.
Ottogalli cayó en una persecución de la División de Inteligencia de la Policía de Investigaciones en barrio La Granada. Los agentes lo siguieron al verlo salir de un domicilio de Pasaje 516 al 6400 y lo aprehendieron en Melián y Khantuta.
En el transcurso de la investigación ya fueron condenados Brandon Aramburu (11 años y 6 meses), Alexis Ledesma y Facundo Di Filippo (7 años), Fausto Gamarra y Héctor Carni (6 años), Guillermo Aranda, Walter Arce, Walter Medina, Ricardo Verdún y Emiliano Ruiz Díaz (4 años), Facundo Meza (3 años y 6 meses), Dylan Cantero y Bruno Candia (3 años), y Macarena Cantero (1 año y 2 meses).
Aramburu también aceptó un abreviado que fue homologado por el juez López Quintana. En su caso, la pena fue de 4 años de cárcel –unificada con otra causa, el monto de la sentencia asciende a los 11 años y medio– y tendrá que entregar 700 mil pesos por reparación económica a la misma asociación civil Rancho Aparte.
Avanza investigación al juez federal Bailaque
La diputada provincial Lionella Cattallini presentó este jueves una solicitud ante la Justicia federal para que se avance sobre presuntas irregularidades que habría cometido el funcionario judicial, cuyo accionar actualmente es revisado por el Consejo de la Magistratura.
La diputada provincial Lionella Cattalini fue a la Justicia federal a pedir que se investigue al juez federal Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Nº 4 de Rosario.
Según apuntó, es por haber realizado desde su lugar de trabajo presuntas maniobras que dilataron una causa por narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado –actualmente condenado por homicidio, asociación ilícita, lavado, extorsiones y tráfico de drogas–, con quien además compartiría contador.
Por otra parte, contó que radicó la presentación después de que el magistrado hiciera una “operación claramente pensada” para cambiar la persona que lo acusa en un proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura, donde podría eventualmente ser sancionado y hasta destituido de su cargo.
“La Justicia federal en Santa Fe y en Rosario fue oscura, poco comprometida. Fueron los fiscales provinciales los que se comprometieron con esto, quienes fueron baleados, amenazados, quienes caminan con custodia. Durante años no supimos nada de lo que pasaba acá adentro con respecto al lavado de activos, trata de personas y narcotráfico”, expresó la legisladora desde la puerta del edifico de la Cámara de Apelaciones, en Entre Ríos al 400.
Cattallini indicó que el pedido de investigación decidió hacerlo después de enterarse de que la diputada nacional Roxana Reyes tuvo que excusarse de acusarlo ante el Consejo de la Magistratura, donde se lo investiga por presunto mal desempeño. “Tuvo que dar un paso al costado porque Bailaque, en una operación claramente pensada, contrató a un abogado que es el padre de un empleado de ella.
Ella se excusó correctamente porque entendía que iba a tener un vínculo que no corresponde. Es una maniobra para dilatar la investigación que lo puede destituir”, explicó.
Para la diputada provincial, el juez federal “debe ser investigado porque tiene vínculos que no son acordes a su función”. “Hablan de que podría haber obstaculizado allanamientos, una investigación judicial. No sólo le pido al Consejo de la Magistratura que lo destituya. Le pido a la Justicia federal que lo investigue. No puede haber funcionarios de primera y de segunda”, concluyó.
El proceso que se tramita en el Consejo de la Magistratura contra Bailaque se inició después de que los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, al finalizar el juicio donde fue condenado a prisión perpetua Esteban Alvarado, pidieran que se investigue al juez. Dicha solicitud fue fundada en que durante el debate oral y público detectaron que había información sobre el accionar delictivo de Alvarado que estaba en manos del magistrado y no había hecho nada al respecto.
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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Imagen: ADX Florence, la cárcel donde ‘El Chapo’ Guzmán consumirá su vida
Viene de acá: Referentes de la barra rojinegra fueron detenidos debido a una balacera
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