📜 El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
Los gerentes de la ESMA
A primera vista, Ricardo Miguel Cavallo, -nacido el 29 de setiembre de 1951-, daba la impresión de ser un hombre común, eso sí, un tanto circunspecto, de excelente contextura física y siempre formalmente bien vestido. Daba, en todo momento, la sensación de ser un ejecutivo de primer nivel.
Se hacía llamar Ricardo, Marcelo o “Sérpico”[1] en la ESMA -como el protagonista de una famosa película policial estadounidense-, donde se dedicaba a decidir quién debía morir o vivir desde 1976 a 1978.
Había ingresado como teniente de fragata para ordenar la falsificación de documentos y, tras dos décadas llegó a controlar la documentación mediante la empresa subsidiaria Gemplus, con la que ganó una licitación[2] para emitir carnets de conducir en Méjico, donde apareció el cadáver de Raúl Ramos Tercero, en el DF mejicano, viceministro de Comercio, que le había adjudicado la concesión del Registro Nacional Vehicular (RENAVE).
Cartas sospechosas
Ramos III dejó seis cartas antes de su suicidio, cortándose la yugular, en las que se defendía de acusaciones de corrupción y hubo dudas sobre si en realidad se había suicidado o si fue asesinado.
Los números de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) hablarían –lo menciono a propósito en potencial- de 5.000 prisioneros y no habrían sobrevivido menos de 200, según la CONADEP.
En febrero de 1998, como resultado de una investigación periodística, se calculó un botín de guerra del Grupo de Tareas 3.3.2 “no menos de 70 millones de dólares”.
Desde 1979 a 1981 pasó a especializarse como oficial de Inteligencia y luego fue enviado al Centro Piloto de París, ese invento del almirante Eduardo Massera para optimizar la imagen de la maquiavélica Junta Militar en el exterior y vigilar desde allí a los exiliados políticos desde 1982 a 1984.
Cavallo, tras “borrarse” por un tiempo, caída la narcodictadura de Bolivia en 1982, se instaló en Santa Cruz de la Sierra, gracias a la ayuda de los socios del Plan Cóndor, consiguiendo sobrevivir gracias a negocios en el sector gastronómico.
El emprendimiento Telsud
La Ley de Punto final lo salvó a Cavallo de ser juzgado y pasó a controlar personal, armas y transportes, mediante la empresa Telsud, donde a través de una página de Internet decía que la misma se dedicaba a “la identificación inteligente de personas y objetos”.
Telsud fue fundada en 1988 por Cavallo para fabricar tarjetas para licencia de conducir que poseían un microchip, el que permitía cargar información del usuario y podía actualizar, siendo en ese tiempo el presidente del directorio Víctor Tairol, que reconoció, al ser investigado que Cavallo tenía el 33 por ciento del paquete accionario, habiendo sido vicepresidente de la empresa, cargo que abandonó para ocupar la Dirección del Registro Nacional de Vehículos de Méjico. Cavallo participó también en Sertracen de El Salvador.
El gerente general de Sertracen fue Oscar Eduardo Cavallo, hermano del procesado, quien también había pasado por la Armada y llegó a ser teniente de navío, yéndose tras pedir la baja en 1983 con la llegada de la democracia.
El Salvador y Bélice fueron un punto de partida hacia Sudáfrica de automóviles robados hasta, al menos, el año 2000, según, me dicen, investigaciones judiciales. Las estadísticas referían que en El Salvador, en ese año, se robaban un promedio de 14 autos diarios. Todo un dato.
Sertracen participó, además[3], en el Registro Nacional de Armas que estuvo en manos del Ejército de El Salvador y hubo una denuncia de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica que señalaba: “Es claro que el gobierno ha concedido a esta empresa vitales atribuciones que, mal utilizadas, favorecen operaciones del crimen organizado”.
Fue por ese motivo que se pidió que se investiguen las operaciones de Talsud y Sertracen “en países centroamericanos, a los fines de determinar las relaciones de las mismas con militares y ex militares para garantizar que Centroamérica no se transformase en un paraíso para incursiones y conveniencia de violadores de los derechos humanos enriquecidos por la impunidad”.
Tairol fue procesado y se le dictó prisión preventiva, aunque luego fue sobreseído por la causa originada en la venta de las sucursales del Banco de Italia.
La primera referencia comercial que ofreció Talsud data de 1995, cuando el gobernador mendocino Rodolfo Gabrielli, del Partido Justicialista dispuso que se quedara con la licitación de las licencias de conducir de esa provincia por cuatro años.
Talsud ganó otra lilcitación en La Rioja y en Mendoza tenía la concesión de una planta de Revisión Técnica de vehículos, junto a la empresa TTI de servicios informáticos, con pertenencia a un grupo internacional. Se habló en ese tiempo de una inversión de casi 3 millones de pesos.
Fue fuerte la versión de que Cavallo habría formado parte del apoyo logístico para el asesinato del ex presidente boliviano, general Juan José Torres, ocurrido en Buenos Aires, en 1976, según denunció el diario La Razón de La Paz.
Su capacidad empresarial hizo que Talsud se extendiera a Méjico, El Salvador, Bolivia, Brasil, Zaire. Era la época de furor de las privatizaciones de la década del 90, período en el que se asociaron a Talsud Seal Look y Martiner.
Red de inteligencia
Cuando se produjo la detención de Cavallo el 24 de agosto del 2000, en el aeropuerto de Cancún por las autoridades mejicanas cuando trataba de escapar a Buenos Aires, se comenzó a desnudar una red de empresas montadas por Jorge Radice, camarada en la represión de la Escuela de Mecánica de la Armada y un grupo de civiles dedicados a la seguridad e inteligencia que, con la colaboración de personas y el uso de vehículos instrumentaron el control de la información estratégica en América Latina.
La captura de Cavallo fue dispuesta por el entonces juez español Baltazar Garzón, quien lo procesó por genocidio, torturas y terrorismo, a lo que se agregaron, en el pedido de extradición, las causas por sustracción de automóviles y saqueos.
La corte mejicana recomendó aceptar la extradición y el secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda Gutman admitió la petición en febrero de 2001. Cavallo apeló la decisión y, finalmente, la Suprema Corte mejicana determinó su extradición por los cargos de Terrorismo y genocidio.
Los dueños de la asociada Seal Look a Talsud fueron Guillermo Mazaira y Osvaldo Vilas Figallo, quienes formaban otra empresa con Jorge Radice, dedicado, en paralelo, a la reventa de bienes de desaparecidos, según se infiere de investigaciones judiciales.
Según la Inspección General de Justicia Seal Look Identificación S.A., no había presentado el acta de constitución en el expediente y tampoco lo hizo con el balance de su actuación comercial.
Radice fue presentado a la empresa por Cavallo, quien renovó en 1977 su pasaporte y dio como referencia a Radice, en 1997, manifestando que su lugar de trabajo era Martiel S.A., una empresa de computación con oficinas en Hipólito Yrigoyen 1427, tercer piso, que había sido fundada por Radice, información que se publicó el 10 de setiembre del 2000.
Mientras Cavallo esperaba su juicio en España, en Argentina se anularon la Ley de Punto Final y Obediencia Debida, que impedían el inicio de juicios por crímenes cometidos durante el Proceso y la Audiencia Nacional de España aprovechó la volada para afirmar no tener jurisdicción, por lo que decidió que Cavallo fuera juzgado en su país. Sin embargo, el Alto Tribunal de España decidió que fuera juzgado en Madrid.
No debemos dejar de mencionar que el Tribunal Oral Federal Nº 5 juzgo a Cavallo y a oros 17 represores procesados y el 23 de abril de 2014, a Cavallo se le confirmó la prisión preventiva a través de la Cámara Federal de Casación Penal.
Massera “el jefe más maquiavélico”
El periodista Claudio Uriarte[4], autor de un libro sobre el almirante Emilio E. Massera, el 9 de enero de 2010, calificó al militar como “el jefe más maquiavélico” de la Junta Militar argentina y lo describió como el “más torcido, barroco, oportunista y complejo que tuvo el engendro de siete años de duración que se llamó Proceso de Reorganización Nacional.
Él era el jefe de los gerentes de la ESMA, a quien sus subalternos lo tenían como “el más inescrupuloso a la hora de conservar el poder y como el más político de los militares de ese entonces, ya que la represión y el derramamiento de sangre eran sólo una necesidad circunstancial para hacer realidad sus ambiciones personales, nacidas, quizás, a partir de que obtuviera la jefatura del Servicio de Informaciones Navales, donde recibió, sin hacerle asco, la persecución hacia militantes y la cúpula de izquierda en Argentina”.
Sus seguidores dejaban trascender, en voz baja, que estaba dispuesto a matar con tal de hacer negocios y cumplir con sus ambiciones políticas y multiplicar su papel en la Armada, con lo que ampliaba su papel destacado en la represión de la ESMA, incluso participando personalmente en las primeras operaciones represivas sólo para hacerse notar, ya que actuaba tras las espaldas de sus subalternos. En ese sentido es cómica su intervención al abrir un Liceo Naval en una provincia sin costas sobre el mar como Córdoba.
Massera el halagador de Isabelita
Es de hacer notar que muerto Juan Domingo Perón, Massera se dedicó a halagar a su viuda Isabelita con ramos de flores y bombones e intentó evitar, con la defensa de la Armada su derrocamiento y, aunque parezca incomprensible, el 24 de marzo de 1976, que se planeó en el Edificio Libertad de la Marina, desde donde, en 1975, habían comenzado a conocerse misteriosos contactos con la frase “Área Restringida”.
En esa área se negociaba el papel protagónico de la Armada dentro el Proceso que se venía, logrando el 33 % de poder para esa fuerza militar y así logró la subdivisión de ministerios, embajadores, medios de comunicación y su posicionamiento opositor a la política económica neoliberal de Alfredo Martínez de Hoz, quien se perfilaba como ministro de Economía.
Logró Massera tener una discreta prisión domiciliaria para Isabel Martínez Cartas de Perón y para los peronistas Lorenzo Miguel y Carlos Saúl Menem en el buque “33 Orientales” y para los montoneros que quería recuperar para la ESMA, en donde se armó una parodia carcelaria.
Entrevista
Se habló de una presunta entrevista con Mario Eduardo Firmenich en París y de otra con el después asesinado empresario Fernando Branca, con quien había tenido negocios turbios[5].
El radical Ricardo Yofre subsecretario general de la presidencia de Videla en la Junta, ante una bomba en el palier de su casa, habría sospechado de Massera y hasta un vicealmirante de su gabinete de Asuntos Especiales dejó trascender a Uriarte que “matara por política, vaya y pase, pero hacerlo por una cuestión de faldas…”
El caso, con el correr del tiempo fue la comidilla de revistas dedicadas al escándalo, donde-como ya comentamos en su momento-, se hablaba de romance entre Massera y la mujer de Branca y con Graciela Alfano y escritoras como Marta Lynch.
Llegó a tan alto el nivel del chismerío que el general Guillermo Suárez Mason, a pesar de tener muy buenas relaciones con Massera, decidió abrirse de las conspiraciones del almirante. Para colmo un juez investigaba al marino por el caso Branca y por lo que sucedía en torno al Batallón de Inteligencia 601.
Finalmente, el núcleo de su fracaso político dependió, inevitablemente, de que la dictadura no se decidió en tiempo y forma por la apertura política y esa circunstancia impidió emerger a su Partido de la Democracia Social.
Así la vida real se impuso a la de la política partidaria y terminó apareciendo cada vez menos en los medios, aun criticando a la dictadura de la que había formado parte.
Es de hacer notar que el Cuerpo Médico Forense en su momento ratificó ante la justicia, en 2007, la condición de insano de Massera, pero esa situación médica no lo salvó de que en la causa ESMA continuara como acusado, a pesar de que su banquillo de acusado estaba libre mientras se hacía el juicio, ya que permanecían vigentes entre las causas conexas, la de desaparición de Rodolfo Walsh, la de las monjas francesas y la de Dagmar Hagelin.
Apropiación de menores
A lo señalado se agregaba la causa de apropiación sistemática de menores y el Plan Cóndor. Judicialmente, la extinción de la causa se debe dictar cuando el certificado de defunción llega a los juzgados en los que Massera estaba imputado, así como la extinción penal se produce por muerte del dictador (9/11/2010)[6].
Con la ratificación del 31/8 de la anulación del indulto por parte de la Corte Suprema de Justicia, vuelve a tener vigencia aquella condena a perpetua del juicio de las juntas.
Y también quedaba en pie el embargo de bienes para pagar la indemnización a Daniel Tarnopolsky por la desaparición de toda su familia por la que fue condenado el almirante.
El único proceso que se realizó en el exterior contra el marino tuvo lugar en Roma, por la desaparición de 3 ciudadanos italianos: Juan Pegoraro, su hija Susana –que dio a luz en la ESMA y el de Ángela Aietta de Gullo.
Los historiadores saben que el apellido Massera quedaría entre los “próceres de la picana eléctrica”, apuntó en una de sus crónicas el escritor Osvaldo Bayer, quien al referirse al almirante lo describió como un “ser sombrío como un cuervo sin sotana; nuestro Himmler despreciador de la vida; siempre sonriente, amistoso, un galán con espada al cinto y gorra cargada de perversidades”.
Massera y la Ley de la Omertá
Como en la época de la mafia italiana, estadounidense y Argentina-incluida Rosario-, Massera estableció en la ESMA la Ley de la Omertá y en ella fueron involucrados todos los rangos involucrados en actividades represivas y por las cuales recibieron una porción del “Botín de Guerra”.
“Acá todos ponemos los dedos, todos se comprometen, así a nadie se le ocurrirá hablar”, predicó el almirante asesino.
Osvaldo Bayer, autor de “La Patagonia Rebelde” escribió sobre Massera: “traicionó, como otros tantos uniformados en nuestra historia, desde 1930, a su juramento, pronunciado al recibirse de Guardiamarina, de ser fiel a la Constitución Nacional. Pero claro, ante tantos ejemplos desde Uriburu, en ese 30, ya casi sería un delito argentino, no, lo feroz de su conducta se puede sintetizar en una sola palabra: ESMA”
“En la ESMA de Massera estuvieron, durante 6 meses, las 3 primeras Madres de Plaza de Mayo, arrojadas luego desde un avión, vivas, al río”, recordó Bayer en uno de sus escritos.[7]
¿Cómplices de la rapiña de la ESMA?
Entre todos los trabajos de investigación de primer nivel que surgieron respecto del accionar de la ESMA y la Junta Militar, vale rescatar uno relacionado con la colaboración poco conocida entre las corporaciones económicas, los organismos de control financiero y el gobierno militar durante la última dictadura.[8]
La indagación duró tres años –hasta que el gobierno desmanteló los archivos de la Comisión Nacional de Valores (CNV)-, sobre la documentación que se conoció durante la gestión de Alejandro Vanoli, a partir de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad.
El trabajo estuvo a cargo del historiador Bruno Nápoli, quien llevó la tarea investigativa junto a Celeste Perosino y Walter Bosisio.
En su tarea de investigación, titulada “La dictadura del capital financiero” fueron analizadas minuciosamente actas y documentos, elaborados durante el proceso militar.
“Asesinos y chorros”
La indagación permitió establecer, con altísimo grado de certeza, que el Banco Central y el Banco Nación prestaron a los grupos de tareas que actuaron en el secuestro, torturas y desaparición de empresario, banqueros y financistas “elementos para cumplir con un objetivo: La rapiña y el desapoderamiento de empresas de las víctimas. No hay que olvidarse que esos tipos, además de asesinos, eran chorros”, señaló Nápoli en la entrevista publicada.
Nápoli, en su diálogo con el periodista, recorrió casos como el del Banco de Hurlinghan y el de Industrias Grassi y la entrevista posibilitó conocer que del estudio de la documentación “surgió como las cámaras empresariales les dictaban a los militares las leyes que posibilitaron cambios estructurales en la economía de Argentina, los que aun –dice la nota-, la condicionó como una pesada herencia”, apuntó Nápoli.
Resulta irónico lo sucedido, ya que la Comisión Nacional de Valores debe regular el mercado de capitales para velar por las operaciones en la bolsa y el mercado de valores.
Nápoli también subrayó que “teníamos indicios de que había dicho organismo colaborado con el Ejército, proporcionándole información en Campo de Mayo para que, a partir de la data entregada en causas judiciales –por ejemplo, la del juicio a las Juntas-, la presencia de la CVN fuera mencionada por algunos testigos”.
“A partir de allí, en la Justicia, a instancias de Pedro Biscay y Vanoli, un equipo interdisciplinario, conformado por un antropólogo, un sociólogo y un historiador –Nápoli-, dispuso que se iniciara la clasificación de un archivo de datos y se analizaran las actas del directorio, así como las resoluciones, las direcciones escritas y las comunicaciones con otros organismos como el Banco Central de la República Argentina y el Banco Nación.
“El trabajo de proporción de datos era el de entregar información sobre las empresas y empresarios que colaboraron con el Ejército en el lugar donde tenían detenidos o secuestrados a varios banqueros y financistas”, acotó Nápoli.
En la nota, Nápoli argumenta que “de todo el mecanismo participaron, además, representantes del BCRA y del BNA, es decir los tres principales organismos estatales que poseían información de empresarios y que tenían que velar por la transparencia del sistema financiero. Nuestro trabajo fue descubrir esa información, ordenarla y democratizarla. Es decir, hacerla pública”, concluyó Nápoli.
El “gerente” que faltaba
Aún a riesgo de agobiar al lector, quien esto escribe, no puede dejar de hacer notar que otro de los destacados “gerente” de la ESMA fue el rosarino capitán de navío de la Armada Jorge Raúl Vildoza (a) “Gastón”, nacido en nuestra ciudad el 19 de julio de 1930 e involucrado en el terrorismo de Estado en el período 1976-1983 como jefe de Operaciones del Grupo 3.3.2 de la ESMA, siendo el segundo en el mando después del contraalmirante Rubén Chamorro, entonces director del centro clandestino.
Vildoza, desde 1983 tuvo pedido de captura nacional e internacional por apropiación ilegal de menores y desde el 2003 por delitos de lesa humanidad.
Javier Penino Viñas, nacido en cautiverio en la ESMA, fue apropiado por Vildoza y su esposa Ana María Grimaldos, quien fue capturada en 2012, al intentar ingresar a la Argentina con una entidad falsa, mientras que el marino se convertía en el prófugo más antiguo de la Megacausa ESMA.
Fue Penino Viñas quien aseguró que su apropiador fue el piloto de muchos vuelos de la muerte y existiría una hipótesis del equipo de investigaciones del Ministerio de Defensa, que trabajó sobre los archivos de las fuerzas armadas, que Vildoza actuaba como jefe de la “unidad de combate”.
El 14 de octubre de 2016, el Departamento de Interpol de la Policía Federal notificó al juez federal Sergio Torres que Interpol Sudáfrica dictaminó que “las huellas dactilares de una persona, a la que se identificó como Roberto Sedano, coincidían como las que la Policía Federal Argentina tenía registradas como las de Vildoza, fallecido el 27 de mayo de 2005.
El abogado del diablo
Sobre Vildoza, su abogado Oscar Beccaluva relató la trama de los negocios de la ESMA en una nota periodística que se le hizo en el 2012 en un medio capitalino.
El abogado conoció al grupo de empresas del marino prófugo por más de 23 años, a partir de que familiares del mismo que le pidieron “modificaciones en la licitación de un bingo en Posadas”.
Dos años después volvieron a llamarlo por unos pagarés de un millón y medio de dólares y al poco tiempo lo enviaron a Sudáfrica.
Beccaluva declaró en varios juzgaos sobre los negocios de Vildoza y pidió que la justicia lo relevara del secreto profesional para poder defenderse en una causa y, así, se abrieron las puertas de una historia que se hunde en las profundidades del infierno.
Sobre la trama de los negocios de la ESMA, dada la cantidad de información obtenida sobre el accionar de Vildoza, volveremos en una nueva crónica detallada sobre sus andanzas.
[1] Película policíaca neo-noir ítalo-estadounidense rodada en 1973. Fue dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Al Pacino, quien basó su personaje en el limo homónimo de Peter Mass, quien contó la historia del policía Frank Sérpico, del Departamento de Policía de Nueva York, donde trabajó para combatir la corrupción policial durante 11 años. Fue denunciante y presentó sus pruebas ante la denominada Comisión Knapp.
[2] Diario Clarín. 10/09/2000.
[3] Diario Página 12.
[4] Uriarte fue autor del libro Almirante Cero, una biografía de Massera. Uriarte falleció enjulio de 2007 y en este trabajo se extrajeron datos de un trabajo suyo, inédito.
[5] A esa cuestión nos referimos con anterioridad en otra columna.
[6] Página 12. Página 5.
[7] Osvaldo Bayer. “el almirante que mostró su hilacha”
[8] “La dictadura de capital financiero”. Entrevista de Álvaro Torriglia al historiador Bruno Nápoli. La Capital 25/3/18.
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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Foto: Ricardo Miguel Cavallo, ex marino integrante de la patota represiva de la ESMA
Viene de acá: Massera, el Menguele de la Junta Militar
Continúa aquí: La trama de los negocios de la ESMA