Noticias escritas con balas – Por Ricardo Marconi

El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi

Marcos Natanael Sánchez, fue imputado de balear una estación de servicio y dejar una nota que menciona al jugador de fútbol Ángel “Fideo” Di María.

Marcos, que tenía el propósito enunciado, es hermano de Roberto Elías Sánchez un homicida alojado en la cárcel de Piñero, donde cumple una larga condena.

El incriminado en la balacera, para concretar el ataque, utilizó una moto que él mismo había robado tres días antes a un vecino de barrio Godoy. En el rodado, los peritos hallaron una  de sus huellas dactilares.

A Marcos, de 21 años, se lo acusa de ser coautor de la balacera a la estación de servicios de Oroño y Lamadrid.

Roberto Elías Sánchez, en Piñero, cumple una condena a 18 años de prisión por un homicidio de 2021.

Los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola le imputaron a Marcos Sánchez el delito de intimidación pública, portación de arma y robo agravados, mientras que el juez Hernán Postma dio por formalizada la audiencia y admitió el pedido de prisión preventiva efectiva por el plazo de ley solicitado por la Fiscalía.

La Fiscalía le atribuyó a Marcos Sánchez haber ejecutado el pasado 29 de mayo un ataque armado contra la estación de servicios Puma de Oroño al 5000 a las 21.45, como acompañante de una moto Keller 110 y el conductor del rodado permanece sin identificar, señalaron fuentes que tienen a su cargo la investigación..

El ahora detenido, se dirigió a la playa de carga de combustible. Una vez allí, arrojó una nota intimidatoria dirigida al jugador de fútbol Di María y efectuó al menos cuatro detonaciones hacia el frente vidriado del local comercial.

“Con su accionar, los coautores del hecho tuvieron la clara finalidad de infundir temor y conmoción pública en los habitantes de Rosario, que se evidencia en las características del ataque armado realizado, a sabiendas de que generarían un mayor impacto social”, dijeron los fiscales.

Para sustentar esa afirmación mencionaron a los medios materiales empleados para la concreción del ilícito: la selección de un establecimiento ubicado en arterias principales de la ciudad como blanco del ataque, en un horario concurrido; la mención al jugador de fútbol de trascendencia mundial como Di María y su posible retorno deportivo a la ciudad. También reflejaron el uso de la firma “Los Rosarinos”, que fuera utilizada en numerosos atentados armados contra instituciones públicas y ataques incendiarios a vehículos.

Las medidas investigativas realizadas por la Fiscalía como el relevamiento de cámaras, las entrevistas a testigos, los informes de rastros y de balísticas dieron como resultado la individualización de Sánchez, quien el 31 de mayo fue detenido por la Brigada de Capturas de la Policía de Investigaciones (PDI), en inmediaciones de la colectora suroeste de Pellegrini, a la altura del barrio Santa Lucía.

En el plano de las evidencias, los fiscales aludieron a que en la moto Keller, que fue hallada en Villa Flammarion poco después del ataque, apareció la huella dactilar de Sánchez. Este fue reconocido por dos testigos como quien iba en la moto cuando se cometió la balacera.

Otro testigo hizo lo propio, como el autor de la sustracción de la moto y, por otro lado, también lo acusó de haber sustraído, entre las 23 del 25 de mayo y la 1.30 del día siguiente la moto Keller 110, que se encontraba con el trabavolante colocado, y una bicicleta rodado 26 de color rosado.

Para logar su propósito, ingresó al garaje de un inmueble de Uriarte al 7800, en el barrio Godoy, trepando un portón de dos metros. Una vez allí, abrió el portón desde adentro y se llevó ambos rodados.

Vale recordar que Roberto Elías Sánchez, en octubre de 2023 fue condenado a 18 años de prisión, en un juicio donde se debatió la autoría del homicidio  de David Matías Acosta, un hombre que en marzo de 2021 fue acribillado en Dean Funes al 8100, a través de la ventana abierta de su casa. Como tenía una pena previa por robo de cuando era menor, las dos se unificaron en 21 años de cárcel.

La mención de un astro futbolístico en una amenaza tumbera con la mera intención de ampliar la repercusión del ataque no es una modalidad nueva.

Vale recordar que el 25 de marzo pasado, Pablo Acotto, un transero oriundo de Pérez ligado con una banda dedicada al narcomenudeo arrojó desde un auto un paquete con una amenaza dirigida a la familia de Di María en la entrada de un barrio privado de Funes y efectuó disparos al aire.

La maniobra, aunque rústica y carente de logística, cumplió su objetivo de generar despliegue policial y mediático. El acusado cayó detenido días después junto con una mujer que obró como cómplice. La investigación señaló que desconocidos le ofrecieron dinero para realizar la intimidación mafiosa, pero la causa no habría  avanzado en ese sentido.

Otro episodio, con un punto en común, aunque de un tenor más grave, fue la balacera al supermercado Único de Lavalle al 2500, propiedad de la familia de Antonella Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi.

Las balas estuvieron acompañadas de un panfleto que mencionaba a Messi con la mera intención de expandir el mensaje, el cual fue decodificado como un hito más de un ida y vuelta entre dos facciones criminales. Por un lado, los laderos más cercanos a Ariel “Guille” Cantero en el control de la barra brava leprosa; Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos “Toro” Escobar. Y por otro, los “disidentes” de la organización criminal, por entonces alojados en el penal federal de Rawson: Pablo “Nico” Camino y Leandro Vilches.

Lo cierto es que, a diferencia de los episodios de 2024, la balacera al súper de los Rocuzzo no parecía buscar concesiones de los poderes del Estado, sino una demostración de poder de fuego en el marco de una guerra entre bandas.

El caso tiene como prófugos a sus principales cabecillas y es por esa circunstancia que se está llevando a cabo una minuciosa investigación contra una supuesta estructura delictiva, dedicada al lavado de dinero en Rosario y su interland mediante diversos rubros comerciales.

Desde el año pasado, específicamente desde el mes de octubre de 2023, el jefe de la gavilla –que no ha sido imputado, pero que figura en el expediente judicial, fue víctima de un acto violento.

Los sigue siguen habitualmente esta columna recordarán la causa judicial generada en el ámbito federal que fue denominada “Cosecha blanca”. En la misma se hizo referencia a un grupo de delincuentes que envía a Rosario droga proveniente de Bolivia y luego, en nuestro ámbito produce el blanqueo que surge de la comercialización de la misma mediante actividades comerciales.

Los cabecillas –nos dicen-, se hallan prófugos desde el momento en que se produjeron allanamientos en el citado mes de octubre y como otra consecuencia de la actividad investigativa un abogado fue procesado y posteriormente excarcelado, produciéndose a continuación una serie de balaceras. Una de ellas tuvo como destino la casa del empresario aludido y otra en una propiedad del barrio denominado Aldea.

Gendarmería Nacional, a través de su sector dedicado a la persecución de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas ilícitas llegó a dar a conocer cómo funcionaba la aludida estructura utilizando tres avionetas con las que se movilizaba cocaína desde Bolivia con destino a Carrizales, desde donde se canalizaba el estupefaciente hacia Buenos Aires.

Lo recaudado –según las investigaciones puestas en marcha-, tenía como destino distintas empresas –entre ellas algunas que poseían avionetas, flotas de taxis-, franquicias de medios de comunicación y hasta bares de Rosario.

Las tres naves fueron incautadas y entregadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Ministerio de Justicia santafesino, donde se avanza en investigaciones “narcoterroristas”. Dos de los aviones fueron detectados en un hangar de Campo Timbó.

De la investigación judicial surgiría que quienes lograron fugarse habrían recibido información reservada con antelación a los operativos que iban a realizarse y ello implicó que lograran darse a la fuga, dejando en el camino, y a su suerte, a los colombianos Juan Manuel Gómez Orrego, quien actuaba como piloto; Santiago Arbeláez Zapata -ingeniero aeronáutico-, José David Hurtado Osorno, Wilmer David Bolívar Cano –copiloto-, y Julián Correa Posso, quien también realizaba tareas mecánicas.

Otros componentes de la banda de posibles narcotraficantes, atrapados en los allanamientos fueron detenidos y puestos a disposición de justicia federal.

Se trata de Ángel Ramón Narvay, posiblemente formando parte de V y A Digital, una empresa ubicada en  Álvarez, que trabaja en la instalación de pantallas LED y Claudio Darío Di Mare, quien es el representante de dos compañías de taxis y remises. Estas últimas serían empresas adquiridas por el grupo prófugo dedicado a lavar dinero.

La nómina de prófugos está compuesta por Brian Walter Bilbao –presunto jefe de la organización–, su hermano Waldo Alexis Bilbao; Pablo Javier Raynaud, Paola Vanesa Acuña –pareja de Brian Bilbao y posible testaferro–, Yoel Denis Aragón  –hijastro de Brian Bilbao y quizás prestanombres–, Mariano Miguel Zuviría –chofer y asistente del líder de la banda–, Maximiliano Javier Martínez y Mauricio Dardo Aranda.

De acuerdo a las indagaciones, Acuña tuvo numerosos contactos con un empresario que esta semana sufrió un gravísimo episodio de violencia en su domicilio. También está involucrado en la causa Germán Antonio Durán –actualmente, excarcelado–, quien fue gerente comercial de Vórterix Rosario y está sospechado de haber realizado maniobras comerciales en favor de Brian Bilbao ya que trascendió que le habría vendido un bar.

Idéntica situación procesal tiene Tomás Abel González, quien se encuentra en libertad después de haberse presentado ante la Justicia para dar respuestas por su posible participación en operaciones desde su agencia de autos J.B. Exclusivos.

El abogado Pablo Mariano Stradiotto, se halla sospechado de haber “asesorado” a Bilbao en presuntas maniobras comerciales. Ya compareció ante la Justicia federal, recibió la excarcelación bajo el pago de una caución y fue, además, procesado.

En lo que concierne al lavado de dinero, una página Web de nuestro medio señaló que “En la parte de lavado de activos, la Fiscalía Federal Nº 3, la Procunar y la Procelac hicieron hincapié en las operaciones económicas hechas por la presunta organización –mediante supuestos testaferros– en Vórterix Rosario, Vórterix Mar del Plata; las empresas Remitaxi y Taxideral”.

A ello hay que agregarle “la  compraventa de vehículos a través de la agencia J.B. Exclusivos; venta, armado y colocación de pantallas LED, cartelería, sonido, afiches e impresos para eventos públicos y privados con la compañía VyA Digital; los bares Affascinante Pizzería y Affascinante Rock and Beer, la adquisición, reparación y reventa de maquinaria agrícola, explotación de establecimientos rurales, ganaderos y agrícolas para el cultivo de granos, cereales y oleaginosas; compra, venta, importación, distribución y acopio de materia prima y agroquímicos a través de la empresa Glycine; fabricación de biodiésel y aceite hidráulico; compraventa ilegal de divisas extranjeras; negocios inmobiliarios con la empresa Adelante Broker Inmobiliario; compraventa de materiales de construcción en Ladrillera Rosario y el alquiler mensual de cocheras con lavadero situadas en Pueyrredón al 300 y en Vélez Sarsfield al 700”.

La Policía Federal arrestó a cinco hombres de la denominada “Banda de los contadores” y secuestró vehículos de alta gama y dinero en efectivo, entre otros elementos. Las autoridades federales secuestraron varios vehículos de alta gama, dinero y computadoras y se presume que emitían facturas falsas para lavar dinero.

Al parecer, la banda se dedicaba a evadir impuestos a través de la emisión de facturas apócrifas y por ello fue desarticulada por las autoridades federales. La justicia ordenó una serie de allanamientos donde resultaron detenidas cinco personas, integrantes de una organización que incluía más de un centenar de usinas de emisión inscriptas en la Afip cuyo objetivo se presume que era el de lavar dinero.

Fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación, indicaron que la organización generaba en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) miles de comprobantes de ventas irregulares, que luego entregaban a terceros que utilizaban las facturas para justificar gastos y reducir impuestos.

Las investigaciones llevaron meses e involucraron escuchas telefónicas y numerosas tareas de campo, mediante las cuales se recolectó un gran volumen de material probatorio, que fue utilizado por la Afip Rosario para descubrir que numerosas personas jurídicas realizaban maniobras delictivas, utilizando usinas de facturación. La investigación mediante una IP particular arrojó que la banda contaba con hasta 112 usinas de facturación irregular.

La Federal secuestró computadoras, celulares y más de dos millones y medio de pesos en efectivo. Se presume que el objetivo de las facturaciones apócrifas tenía el objetivo de la evasión impositiva para el mencionado lavado de dinero.

El resultado de las indagaciones fue la realización de diez allanamientos en las ciudades de Rosario, Casilda y Sanford, que incluyeron inmuebles, empresas y estudios contables. Arrestaron por ello a cinco hombres acusados de integrar la “Banda de los Contadores”.

En las incursiones fueron secuestrados $ 2.363.700 de pesos en efectivo, dos motos, tres autos marca Peugeot, Audi y una camioneta pickup Ford. Además, las autoridades encontraron pendrives, un disco rígido, dos chips de teléfonos celulares, una tablet, cinco notebooks, una CPU, 15 celulares, tres computadoras de escritorio y documentación que resulta de interés para las investigaciones.

El Juzgado Federal N° 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Martín Bailaque, secretaría 1 a cargo de María Victoria Gastellu y la Fiscalía Federal N° 3 de Rosario, conducida por Javier Matías Arzubi Calvo, secretaría de Virginia Sosa fueron las intervinientes en el proceso.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación sostuvieron que si bien las acciones hacen eje en las investigaciones por narcotráfico y el desarme de los circuitos de distribución de estupefacientes, centraron la importancia de la operación en desbaratar las estructuras que hacen posible el negocio de la droga, como lo son los centros de lavado de activos.

Siete policías de la provincia fueron imputados por el presunto robo de una cifra cercana a los 77 mil dólares, aunque el peso probatorio determinó que dos de ellos  quedaran bajo la figura legal de prisión preventiva, ya que parte del dinero le fue incautado a uno de los efectivos actuantes en el procedimiento.

Infobae dio a conocer previamente que los policías tenía el objetivo de determinar  el domicilio de una pareja y tomar debida cuenta de su estado de salud, luego que se recibiera una denuncia de búsqueda de paradero tras un episodio de salud mental.

Trascendió ahora que las autoridades intervinientes aprovecharon el procedimiento para quitarle el dinero de sus ahorros personales a un pariente de la pareja.

El subjefe de la Comisaría 15°, Darío Carrillo, quedó bajo prisión preventiva efectiva hasta el 26 de julio; la agente Andrea González quedó bajo arresto domiciliario hasta la misma fecha. Los otros uniformados quedaron en libertad bajo el pago de una fianza de medio millón de pesos.

En la audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal, el fiscal José Luis Caterina afirmó que los siete policías –seis de ellos cumplían tareas en la seccional 15º y el otro integraba el Grupo Táctico Multipropósito– ingresaron el 13 de abril pasado a la casa del barrio Nuestra Señora de la Guardia donde debían constatar la presencia de la pareja, ya que al menos uno de sus integrantes había tenido tres días antes un presunto brote psicótico en un bar. Luego de realizar la medida y de secuestrar dos revólveres que eran del padre del integrante del matrimonio –quien quedó demorado por no tener la documentación correspondiente de las armas–, los agentes le quitaron los ahorros en dólares a un pariente de las personas buscadas.

Ante el juez Rodrigo Santana, el fiscal explicó que un policía usó parte de los dólares sustraídos para comprar una embarcación mientras que otra agente utilizó los billetes verdes para pagar una fiesta de cumpleaños.

Caterina aseveró , además, que “el grupo de policías amenazó a un adolescente que estaba en la casa donde se realizó el procedimiento, colocaron nombres falsos de testigos del operativo y argumentaron ante la familia en cuestión que se trataba de un allanamiento por una supuesta causa por lavado de dinero del condenado jefe narco Esteban Lindor Alvarado, motivo por el que debían incautar los dólares”.

Concluido el operativo, el dueño de los dólares se presentó en el Ministerio Público de la Acusación para preguntar si le iban a devolver el dinero que le habían incautado en la casa.

 Al revisar las actuaciones, las autoridades respondieron que los 220 mil pesos que se habían encontrado en el procedimiento habían sido regresados. Sin embargo, ese familiar insistió que faltaba el grueso de la plata: 76.900 dólares.

Ante esa situación, el fiscal Caterina inició una investigación de oficio de manera sigilosa y durante un mes y medio libró una serie de medidas para determinar las inconsistencias en el accionar de los policías que habían llegado a la casa de la zona sur.

La acusación para Carrillo, González, Romina Acosta, Brenda Alderete, Joaquín Gerominez, Marcelo Gómez y Amilcar Madera fue por los delitos de hurto doblemente calificado –por aprovechamiento de un infortunio particular del damnificado y por ser miembros de las fuerzas de seguridad– y falsedad ideológica, en carácter de coautores en concurso real.

En el caso específico de González, la agente también fue imputada por encubrimiento agravado por ánimo de lucro y por condición de funcionaria pública. En tanto, la situación judicial de Carrillo se vio agravada porque le encontraron en su casa varios dólares –que se investiga si era parte del botín robado– y una pistola sin la documentación correspondiente.

Los hijos menores de edad de la pareja quedaron a resguardo de un pariente, mientras que su padre y madre fueron derivados a un tratamiento psiquiátrico, de acuerdo a lo manifestado por investigadores policiales.

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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política

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