Dos en la Ciudad – Por Juan Pablo Darioli
Quinela y sinoca
✒️ La obra inédita “Diccionario de Rosario” de Wladimir Mikielievich tiene 54 tomos encuadernados personal y artesanalmente, donde el autor recopila las más variadas informaciones, anécdotas y producciones gráficas sobre nuestra ciudad. En el libro 42, Mikielievich generó un ingreso con el título “QUINIELA” y la clasificación “Hist.” en la cual deja asentadas dos versiones posibles del surgimiento del “juego prohibido” que “tuvo origen en Rosario y luego se popularizó a todo el país”.
La primera, tipografiada a máquina, comenta que “se le atribuye su creación a Francisco Elizalde”, aunque luego hace una corrección a mano y asigna el invento a Domingo Irigoyen, que estaba “establecido con agencia de lotería en la calle S. Martín 892”. Esta rectificación se debe al trabajo de un periodista de nombre Domingo Castro, que en 1922 señala como “creador de la quiniela a un vecino vasco establecido en la esquina de Rioja y San Martín”. Por otro lado, Mikielievich recoge una segunda versión y la agrega de puño y letra sobre el margen superior de la hoja: “Otros atribuyen su creación a Juan Ereñú, nacido en Rosario en 1849 y fallecido en la misma ciudad en noviembre de 1939”. Esta variante afirma que los hermanos Ereñú poseían una lotería en San Martín al 300.
Los demás pasajes del texto son muy ilustrativos de la problemática y resultan muy actuales. Hablan de la prohibición policial y municipal, luego de la regulación estatal y la recaudación de un impuesto y la expansión por el país y la transformación en un “vicio imposible de extirpar”. Las inquietudes de Mikielievich por estas realidades menores de la historia local, en su afán nomenclador, lo distancian de la generación predecesora de historiadores de Rosario, representada en Juan Álvarez, cuyo interés político y de clase tenía objetivos concretos. En cambio, estas apostillas, si bien no tienen una sistematización, aportan mucha data sobre cómo se vivía en la ciudad y la realidad de los hombres y mujeres de a pie.
En enero de 2017 se promulgó a nivel nacional la ley 27.346, que introdujo el artículo 301 bis en el Código Penal, transformando cualquier modalidad de juego de azar sin la debida autorización en un delito penal. Este cambio normativo redefinió la arquitectura de la corrupción asociada a un sector que, desde las épocas de Domingo Irigoyen, tuvo sus idas y vueltas. Con el cambio de contravención a delito penal, los capitalistas del juego no podían seguir dependiendo de la policía de calle para la protección de los locales y tuvieron que buscar arreglos más arriba. El caso más resonante de los últimos tiempos es el de Leonardo Peiti, que al declarar como testigo arrepentido, ventiló una trama judicial, policial y política de dinero que venía del juego clandestino para proteger y beneficiarse de la ilegalización. Es popularmente conocido que estas verticales llegaron hasta Armando Traferri, senador por San Lorenzo, pero son menos conocidas las menciones a los policías José Luis Amaya (ex jefe de la Policía de Santa Fe de 2016 a 2018) y Daniel Corbellini (ex jefe de la Policía de Investigaciones, ex titular de la central OJO y actual asesor del Ministerio de Educación), ambos de confianza y con cercanía al gobernador Pullaro.
Pero cuando este caso retumbaba por todos lados, debajo operaba un cambio de 180° sobre el mundo de las apuestas ilegales. Los “casinitos” empezaron a permear en usuarios con dispositivos móviles por sus facilidades de (mercado) pago y la cercanía de la banca. Un mundo nuevo que se abrió en estados y grupos de difusión de whatsapp. El impacto sobre el entramado social de los barrios es alarmante: el endeudamiento deriva en violencia y la expectativa de salvarse con un golpe de suerte dispone la adicción al juego. El editor de la Revista Crisis, Juan Pablo Hudson, le dedicó al tema dos notas que son muy precisas para entender el fenómeno: la primera ya está colgada en la web y se llama “Rosario juega con fuego”. La segunda está en la última edición impresa bajo el título “Los casinitos narcos en Rosario”.
Los detalles están en el aire. En julio de este año, frenaron a un pibe de 17 años en un control y este ofreció coimear al oficial porque no podía justificar el montón de celulares que tenía encima. Le dijo:
“Jefe, estoy con los casinitos clandestinos, no me los saquen porque me arruinan. Vamos a arreglarlo”.
Más cerca en el tiempo, en octubre, le imputaron a un integrante de Los Menores, Fernando Cappelletti, la coordinación de apuestas ilegales presenciales en clubes y virtuales.
Los casinitos significan un nuevo reordenamiento de la arquitectura del juego, quedando delegada la gestión en la bandas narcocriminales, vuelve a potenciar a los agentes de calle porque están más al tanto de las dinámicas de recaudación que de los locales físicos, y aporta a las cajas negras de la policía/otros.
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Sin ninguna referencia al contexto económico que vive el país por el rumbo que impone el gobierno nacional, la provincia de Santa Fe y el municipio de Rosario presentaron sus presupuestos. Sí tuvieron tiempo para rezar el mantra de la época, la estabilidad fiscal, y replicar los indicadores macroeconómicos del presupuesto nacional (inflación de 10,1% anual y un dólar a $1423 para diciembre del 26). Si hacemos foco en el presupuesto local podemos notar que el ingreso de recursos dinerarios al municipio tiene crecimientos muy por encima de la inflación proyectada, destacándose las recaudación por multas que crecería un 57,1% respecto del año anterior. A contramano, la recaudación por el Derecho de Registro e Inspección, más conocido como DREI, solamente crece un 6,5%, significando una caída en términos reales contando la inflación proyectada y aumentando por cada punto de desfase. Al ser un termómetro de la actividad económica, este indicador augura un mal año para el desarrollo local.
Vamos a los gastos: respecto del año anterior, también crece considerablemente por encima de la pauta inflacionaria, lo que indica que nadie cree en que los aumentos de precios va a estar por los 10 puntos para 2026. Los dos puntos por debajo del 30 que tienen los salarios, más pensando que el ejecutivo pide permiso para aumentar los cargos de la planta, pueden significar un estancamiento del salario público municipal.
Párrafo aparte merece el análisis de la carrera hacia el Palacio de los Leones de los funcionarios oficiales: en punta pica la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, que tiene un 54,5% más de recursos para hacer política en un cuerpo que se viene más fragmentado; Carolina Labayrú, en Cercanía, salva los papeles con un 29%; y muy atrás queda el candidato del whpeísmo, Miguel Tessandori, que con el 12%, perderá algo de presupuesto en términos reales.
