Dos en la ciudad – Por Juan Pablo Darioli
Rosario SAS
El mismo día en el que Sturzenegger y el Ministro de Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, se arrojaban cumplidos porque “el Aeropuerto de Rosario se convierte en una alternativa real al monopolio histórico de Ezeiza para la exportación“ con la política Exporta Simple, se realizó una conferencia de prensa con la animación de otros dos ministros santafesinos: los Pablos, Cococcioni y Olivares, de Seguridad y Justicia y de Economía respectivamente. Fue para anunciar que se iban a reforzar los controles en el movimiento de activos, como respuesta a las flexibilizaciones anunciadas por el equipo económico de Milei.
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Unos días después hizo lo propio el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a través del titular de ARBA, Girard. En el imaginario colectivo la ruta del lavado de activos llega a “Puerto Maderos, Nordelta y Rosario”, como también resumió Cristina Fernández de Kirchner en su reciente intervención.
La decisión del gobierno nacional, que tendrá gran impacto en la ciudad de Rosario, lleva en la relación criminal, económica y judicial una complejidad no apta para maniqueísmos. No es un régimen que pasa a partir de las medidas, que en su mayoría todavía se desconocen, de sistema en blanco a uno en negro. Los indicadores de la informalidad en Argentina son alarmantes desde los 90, con la primera oleada flexibilizadora, y se convirtieron en un componente estructural de la realidad económica. Por ejemplo, algunas estimaciones sugieren que la informalidad en la economía argentina podría rondar entre el 30% y el 50% del producto bruto interno nacional. Es decir, entre un tercio y la mitad del valor que produce el país se mueve en negro. Esto produce una evasión tributaria de igual magnitud porcentual. Además, la tasa de informalidad laboral según el INDEC está en el 42%, afectando a casi 6 millones de compatriotas, sobre todo a quienes se desempeñan en los sectores de servicio doméstico (con el 77% de informalidad), construcción (76,6%) y comercio (51,9%).
Evidentemente, Milei busca mover un poco la actividad económica al mismo tiempo que le pide a los ahorristas que pongan los dólares hormiga para la balanza de pagos, incentivando el consumo en el sector informal. Rosario acumula 14 meses de recesión de la actividad formal, midiendo la facturación a través del pago del DREI. La realidad de la Rosario “barrani” es otra.
La pregunta es por el costo que tienen estas políticas y ahí sí tenemos que entrecruzar otras situaciones, más allá que la económica. En el desagregado del cuadro anterior se puede ver que los sectores dinámicos que escapan a la crisis son “construcción” y “comercio por menor”, los cuales vimos antes tienen altos índices de informalidad. Aumentar controles fiscales y laborales tiene como consecuencia bajar la actividad económica. Relajar esos controles no necesariamente tiene el impacto contrario, pero hacía allá vamos.
En la gama de colores que va del gris al negro, en la ciudad de la bandera tuvimos una primer avanzada con las normativas aprobadas por el gobierno de Mauricio Macri en 2017, que instauraban el funcionamiento de las Sociedades por Acciones Simplificadas: formas más sencillas, rápidas y con menos requisitos para tener una empresa. Lo que se descubrió rápidamente es conocido: las bandas del narcomenudeo rosarino, en particular la de Los Monos, utilizaron las SAS como un mecanismo clave para el lavado de dinero y la legitimación de activos provenientes de sus negocios. Empresas fantasmas, facturas truchas, lavado de dinero y demás delicias. Ya con Milei en la Casa Rosada, en abril de 2024, la Inspección General de Justicia emitió dos resoluciones que trajeron a las SAS nuevamente a la palestra e incluso flexibilizaron más los requisitos.
El “enjuague” de activos es un proceso que se beneficia ampliamente del aumento de la informalidad en la economía y usa figuras legales con bajos controles. Y no es para pensar solamente en las bandas narcos sino también en muchos otros delitos. SAS y blanqueo de dólares. Un lindo paquete para lo que se viene.
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Legislativas. Fue un acto que pasó desapercibido pero guarda una gran importancia de cara al futuro de la gobernabilidad del Concejo Municipal. El oficialismo esperaba sacar en una reunión conjunta de comisiones el expediente que habilita la construcción del proyecto denominado Pininfarina donde estaban los talleres gráficos de La Capital o más cercano en el tiempo el Distrito Pichincha. Como es costumbre, el lunes se convoca a la comisión de Planeamiento y Urbanismo a las 11.30h en el Anexo “Alfredo Palacios” pero la semana pasada también le dieron cita a Gobierno para apurar el trayecto de algunos expedientes. Manuel Sciutto casi sin hablar, con un gesto corporal, comunicó lo que ya todos sabían: que el bloque socialista iba a seguir “estudiando” el proyecto de las dos torres de 42 pisos en Rivadavia y Santiago. La reunión quedó abierta y se volvió a convocar para el jueves 22, día en que también había sesión ordinaria. Tampoco hubo apoyo del socialismo y el expediente no avanzó. Sin entrar en desesperación, el vocero oficial, Fabrizio Fiatti, pidió que no se demorara el asunto.
El hecho remite a lo que pasó en diciembre de 2022, cuando Verónica Irizar presentó su renuncia a la presidencia de la comisión de planeamiento porque estaba en contra de avalar un expediente que daba luz verde a la construcción de unas megatorres en Puerto Norte. Su reemplazo fue el complaciente Ciro Siesas, por entonces edil, y todo marchó a paso firme.
Nuevamente, dentro del mismo tema, el socialismo aprovecha para marcar la cancha. El desembarco del gobierno provincial en la gestión de Rosario, la retórica antikirchnerista y los gestos de cercanía con La Libertad Avanza, hacen que el partido de la rosa apronte la valija por si tiene que partir.
