Se cuadruplicaron los asesinatos por encargo en la última década – Por Ricardo Marconi

Ante “la necesidad de superar la lógica del abordaje de los delitos en forma aislada”, la fiscal general destacó la definición de una “política de persecución penal estratégica por objetivos priorizados” entre los que destacó “lasviolencias altamente lesivas asociadas a la criminalidad organizada, los mercados ilegales de armas de fuego, los delitos cometidos por funcionarios públicos, los delitos en perjuicio de personas en situaciones de vulnerabilidad y los que generen grave afectación de derechos”.

Al hacer mención a las violencias altamente lesivas, la funcionaria indicó que “no solo es más extrema que hace unos años, sino que además se trata de violencias con características distintivas”.

En ese sentido, la fiscal se refirió a los ataques con armas de fuego que generan muertos y heridos, a la vez que definió la categoría de “economía ilegal” para los hechos vinculados con mercados de producción de bienes y servicios ilegales o la pertenencia de algunos de las víctimas y supuestos autores a organizaciones criminales.

Al hacerse un desglose, surge que en 2014 los homicidios cometidos en Rosario, en contexto de economía ilegal, eran un 29% del total mientras que el 33,5% se habían originado en conflictos interpersonales y un 10,6% fueron perpetrados en ocasión de robo.

Para 2023, los hechos vinculados a organizaciones criminales superaban el 64% mientras que los cometidos por enfrentamientos personales bajaron al 9,2%; incluso los robos con saldo fatal disminuyeron al 6%.

Hay que hacer notar que Vranicich remarcó que, en el mismo sentido, “también se observaron modificaciones en relación a la existencia de mandato o de pacto previo (sicariato) a la comisión de homicidio, cuyo porcentaje aumentó 4,35 veces desde 2014 a 2023”. Al respecto, el informe destaca un cuadro en el que detalla que en 2014 se descartaba el sicariato en el 76,8% de los homicidios en Rosario y que sólo se había verificado en un 10,6%.

Para 2023, se estableció que al menos un 46,1% de los crímenes fueron por encargo, mientras que un 18% sigue bajo investigación y se descarta el sicariato en un 35,8% de los casos.

Otro rasgo que describió tuvo que ver con los 686 legajos penales creados durante 2023 por homicidios o intentos de asesinato. En este sentido remarcó que el año pasado hubo 273 personas condenadas por homicidio, de las cuales 106 fueron sentenciadas en juicio oral y 167 en procedimientos abreviados.

Se admitió en el encuentro que hubo un descenso en la individualización de autores de homicidios y vínculo ese guarismo con que “a mayor índice de homicidios en contexto de criminalidad organizada desciende la tasa de resolución de casos”.

La fiscal general no pasó por alto a la conmoción generada a principios de marzo con los cuatro asesinatos al azar de trabajadores que cumplían funciones en servicios nocturnos (dos taxistas, un colectivero y un playero).

Vranicich, en tal sentido afirmó que “Se advierte una nueva lógica criminal sin antecedentes en la historia de la provincia. Hay claras evidencias de que se dieron en un contexto de sicariato cometidos por jóvenes no punibles, extremo que plantea un fuerte desafío a la institucionalidad y nos interpela como sociedad toda”.

Otro de los temas que abordó la fiscal general fue el microtráfico o narcomenudeo a partir de la adhesión de la provincia de Santa Fe a la Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, vigente desde el pasado 29 de diciembre.

Explicó la creación del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General con la idea de insertarlo en el abordaje prioritario de las violencias altamente lesivas ligadas al mercado de drogas ilegales.

En ese rubro también valoró las autorizaciones judiciales que recibió el MPA para derribar 19 búnkeres de venta de drogas: doce en Rosario, tres en San Lorenzo y dos en Santa Fe.

“Las solicitudes de derribos y tapialamientos de inmuebles que son utilizados como búnkeres se enmarcan en la estrategia de persecución penal de priorizar las investigaciones en relación a los mercados abiertos de drogas, entendiendo por tales aquellos que operan en público en tiempos preestablecidos y en un área geográfica definida”, aseguró Vranicich

Hasta el 20 de abril fueron imputadas 168 personas por microtráfico y 107 quedaron en prisión preventiva; entre éstas hay 33 mujeres. “El criterio para definir avanzar en una imputación se basa en el análisis interseccional con perspectiva de género.Se tienen en cuenta el rol asumido por las mujeres que están involucradas en hechos junto a otras personas, el estado de vulnerabilidad, la autonomía para decidir participar, el vínculo con quien coordina la actividad, entre otras circunstancias”, dijo al respecto la fiscal, mientras los funcionarios presentes se movían nerviosos en sus bancas.

También se refirió a la “intervención focalizada como herramienta estratégica de abordaje interinstitucional” que se trabaja conjuntamente entre el MPA, el gobierno provincial y los municipios de Rosario y Santa Fe para encarar las violencias altamente lesivas. “Los operativos están orientados a la prevención social, comunitaria, situacional y a la persecución penal estratégica en áreas urbanas con alta conflictividad”, señaló, para agregar que “se está avanzando en la articulación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), para lograr vincular armas de fuego y municiones entre distintos hechos criminales. El objetivo es detectar el desvío de esos elementos desde el mercado legal hacia las manos de organizaciones criminales”, afirmó con énfasis la fiscal general.

En ese marco, al exponer sobre las armas de fuego en este contexto, sostuvo que en Rosario hubo en los últimos años más de 600 heridos de bala por año. Los puntos más altos fueron 739 en 2022 y 646 el año pasado.

El Gobernador santafesino Maximiliano Pullaro se presentó junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, en la reunión de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior en el Congreso de la Nación.

Expusieron su mirada respecto del proyecto de ley, dieron detalles de la legislación y de lo que hoy se llevan adelante en Santa Fe respecto al tratamiento del proyecto de ley sobre Abordaje Integral del Crimen Organizado, conocida como Ley Anti Mafias, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional. Los funcionarios respaldaron el avance de esta legislación, pero a la vez consideró Pullaro que tiene "un exceso de garantismo".

Durante la reunión, tanto Pullaro como Cococcioni manifestaron su acuerdo general con el proyecto, aunque también propusieron algunas modificaciones, expusieron detalles de la legislación santafesina y de las medidas que se aplican en la provincia, y respondieron las preguntas de los legisladores nacionales.

“Venimos a defender y a dar nuestra proposición”, dijo el gobernador, quien reconoció que Santa Fe es “una provincia que está golpeada por el crimen organizado, con índices de violencia superiores a la media nacional durante los últimos 15 o 16 años”.

Agregó que por eso “podemos dar nuestra mirada y nuestra experiencia de lo que nos sucedió, para que no suceda en otros puntos de la República Argentina”.

Asimismo, Pullaro afirmó: “Venimos a respaldar el proyecto de ley y a dar la mirada que tenemos, y a decirles que no tenemos que tener miedo de llevar adelante reformas importantes, y lo voy a demostrar con datos y cómo, con algunas reformas importantes en la provincia de Santa Fe, que comenzaron en diciembre del año 2023. Muchas cosas empezaron a cambiar y la violencia comenzó a bajar de manera considerable”.

“Nos parece que esta ley tiene un exceso de garantismo”, dijo Pullaro y consideró: “Es sumamente importante poder contar con una ley que tenga una mirada integral de lo que son las organizaciones criminales y con “instrumentos que permitan ser mucho más rápidos y ágiles en lo que es la persecución de la violencia, del delito, y fundamentalmente del crimen organizado, porque al crimen organizado hay que golpearlo rápidamente y para eso se necesitan muchas herramientas”.

Posteriormente, Pullaro expuso datos:  "En Rosario, que el año pasado fue la zona más violenta de la República Argentina, al día de hoy tenemos 49 homicidios dolosos, mientras que el año pasado, sin estas herramientas, teníamos 129. En la capital provincial, que también siempre fue un distrito que tiene mucha violencia, tenemos 18 homicidios dolosos en lo que va del año, cuando llegamos a tener en otros momentos 50 o 60″.

Y sumó: "Esto tiene que ver con los instrumentos que fuimos logrando tener en la provincia de Santa Fe, y con una articulación con el Ministerio Público de la Acusación, con las fuerzas Federales y con la Justicia Federal".

Por último, el gobernador pidió a los legisladores que “no se queden cortos, porque si se quedan cortos, el problema que tenemos en Santa Fe, que de a poco estamos resolviendo, los pueden empezar a tener otras provincias y les va a costar el mismo tiempo que nos costó a nosotros poder revertirlo”.

Seguidamente Coccocioni aseguró: “Compartimos el proyecto, su espíritu, y la necesidad de contar con la herramienta de la ley Anti Mafias”. Y agregó: “Les puedo asegurar que es imperativo tener herramientas de investigación y persecución penal amplificadas para este tipo de organizaciones”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el aislamiento del líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero, que se encuentra preso en el penal federal de Marcos Paz, donde cumple condenas del fuero provincial y federal por el monto de 113 años de cárcel. La resolución tuvo lugar el martes pasado cuando se rechazó el planteo que había presentado la defensa del narcocriminal.

La decisión judicial llegó después de que se presentara un recurso extraordinario elevado por el abogado de Cantero después de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Rosario y la Sala II de la Cámara de Casación Penal declararan inadmisible el pedido de cese de aislamiento.

Los jueces de Cámara habían indicado que el líder de Los Monos “posee un mayor espacio habitacional que el de cualquier otro recluso alojado en ese complejo penitenciario, que en el cronograma de actividades diarias se le ofrecen actividades recreativas deportivas y educativas que forman parte de su tratamiento penitenciario, que son rechazadas por propia voluntad del interno bajo el argumento de que no puede mantener contacto con otros detenidos”. Además, habían destacado que el cronograma de la unidad prevé distintas franjas horarias para que el interno se comunique con sus familiares. De esta forma, Cantero seguirá detenido bajo un régimen de máxima seguridad.

El imputado, de 68 años, quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, tras ser imputado por el fiscal Patricio Saldutti. La pareja de la víctima José Adrián Roda, de 40 años, permanece con pedido de captura por estar sospechado de ser el autor del femicidio de Adriana Claudia Luna (57 años).

La mujer que fue hallada muerta en su casa de Víctor Mercante al 500, fue imputado este miércoles su vecino e inquilino Luis Osvaldo Palma (68 años). El fiscal Patricio Saldutti lo acusó de haber tenido conocimiento del crimen y no haber dado aviso a la Policía, y de haber limpiado la escena. José Adrián Roda (40), la pareja de la víctima, permanece con pedido de captura.

El juez Gonzalo Fernández Bussy, luego de escuchar a las partes ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para Palma, que fue imputado por encubrimiento agravado.

Además, se solicitó la apertura del teléfono del hombre, ya que se podrían encontrar allí datos sobre el prófugo. Según la acusación del fiscal, el femicidio tuvo lugar el miércoles de la semana pasada. Sin embargo, el caso se conoció cuando una amiga de Luna fue a visitarla a su domicilio –porque no le respondía los mensajes y las llamadas– y la encontró muerta en su habitación.

Lo llamativo es que Luna y su pareja Roda vivían en el inmueble de Víctor Mercante al 500 y alquilaban una habitación a Palma, que en conocimiento de lo ocurrido, nunca dio aviso al 911 ni al Sies.

El cuerpo de la víctima tenía signos de haber recibido golpes y también presentaba heridas cortantes. Después del trabajo llevado a cabo por el gabinete criminalístico se despertó una sospecha que complicó a Palma: alguien había adulterado la escena del femicidio al haber limpiado rastros de sangre.

Para el Ministerio Público de la Acusación el aporte del inquilino –no haber dado aviso a la Policía– fue indispensable para que Roda pudiera escaparse. A eso se añade la limpieza que llevó a cabo, de acuerdo a las tareas investigativas, para favorecer al sospechoso.

Vale apuntar que desde el Ministerio de Seguridad provincial se expusieron datos del Observatorio de Seguridad Pública para mostrar que cayeron los crímenes y el uso de armas de fuego en los ataques.

“Verificamos una mayor proactividad policial en la calle y las investigaciones criminales volvieron a estar a la altura de las circunstancias”, dijo Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe presentó este lunes el Observatorio de Seguridad Pública –que también integra el Ministerio Público de la Acusación– y resaltó que “en los primeros cuatro meses del año en Rosario bajaron un 60 por ciento los homicidios dolosos. Vemos una mayor proactividad policial en la calle y las investigaciones criminales volvieron a estar a la altura de las circunstancias”, dijo Esteban Santantino.