El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
Una cuestión muy poco analizada: el exilio argentino de presos políticos en Bélgica
Un centenar de emigrados políticos tuvo como destino final el territorio de Bélgica, consecuencia directa de la violencia existente en el período 1973/1983.
Cuatro particularidades sobre dicha cuestión fueron analizadas minuciosamente y a ellas hacemos referencia en esta columna de Proyecto Escaño:
- El exilio a Bélgica no fue elegido por afinidad cultural, ni por vínculos históricos con nuestro país, sino por la necesidad de obtener una visa de refugiado. Y eso tuvo consecuencias para la composición de los grupos de exiliados y por el papel que jugó el comité argentino más destacado: El Comité Argentino de Solidaridad (CAS), que colaboró en la preparación de las listas de candidatos para la obtención de las visas de origen belga.
- Un segundo elemento fue la favorable recepción, de parte de la sociedad belga, de los argentinos y otras comunidades exiliadas como resultante del auge de los nuevos movimientos sociales durante la década del 70 y la receptividad de un sector de esa sociedad con respecto a temas del “tercer mundo”, la crítica al imperialismo y el capitalismo.
- Un tercer factor, menos lineal, tuvo que ver con la resolución de las trayectorias políticas previas de los exiliados y …
- La experiencia de los emigrados argentinos en Bélgica y su número reducido formó parte del cuarto principio considerado. Esa circunstancia posibilitó estrategias de acción diferentes a las conocidas, a lo que se sumaron los nexos logrados en Bruselas, junto a la dinámica colectiva en el Servicio de Estudiantes Universitarios Latinoamericanos.
Aspectos fundamentales tenidos en cuenta
1.- La política migratoria belga.
2.- La importancia del Estatuto Estatal del Refugiado –en agosto de 1977-, se aprobó la inclusión de refugiados argentinos en los programas de acogida, financiados y reunidos en el COLLE CTIFF D`ACCUELAL AUX RÈFUGIES DU CHILI, la cúpula de organizaciones de acogidas belgas. Ello permitió a los argentinos llegar a Bélgica con la garantía previa del reconocimiento como refugiado, implicando la obtención de la visa. Se trató de presos políticos que salían de la cárcel con derecho a opción. En el medio estaba el trabajo de la embajada belga y el Consulado de Bélgica en Buenos Aires; el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el CIME, fundado en Ginebra por los países europeos para controlar los movimientos migratorios en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial para organizar a los repatriados desplazados.
En 1978 sus programas incluyeron ayuda a 62.850 refugiados, de los que 1.700 eran chilenos y 2.300 latinoamericanos de otros países, fundamentalmente Argentina.[1]
Otros organismos actuantes fueron el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Justicia y organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja y Cáritas.
Estas últimas organizaciones redactaban listas de detenidos políticos junto a un Comité de Argentinos Exiliados (CAS). La selección era enviada a la Embajada Belga, a través de Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica y, posteriormente, los diplomáticos en Buenos Aires consultaban a la Junta Militar para que autorizaran las visitas a los detenidos, a los efectos de negociar sus salidas con visa a Bélgica.
Luego, el representante del consulado hacía una entrevista con lo que se materializaba el compromiso belga y, a continuación se enviaba un informe a Bruselas para la lista definitiva de candidatos. Las listas eran enviadas a la Junta Militar con el mensaje que el gobierno belga estaba dispuesto a otorgar las visas.
El accionar de la Junta Militar aprobaba la salida luego que el preso cumplía su condena cuando no había de por medio una orden de “libertad vigilada”[2] o cuando el detenido hacía uso de la “opción”.
Tras la llegada a Bélgica
Llegados a Bélgica, los presos políticos liberados pasaban por la Administración Aduanera que estaba localizada en el Aeropuerto, con conocimiento del ACNUR y finalmente se le entregaba la visa.
Hay que hacer notar que había otra categoría de emigrantes argentinos que luego obtenían su cubrimiento legal mediante el Estatuto del Refugiado. La situación belga era más clara que la de España, donde la figura del refugiado “no existía”[3] y los refugiados ingresaban como simples turistas o utilizaba la doble nacionalidad. Para el Estado español este mecanismo era indiferente por la situación legal existente.[4]
El estatuto belga garantizaba los mismos derechos que los belgas, menos el derecho de desarrollar actividades políticas que podrían dañar las relaciones entre el gobierno belga y el del país de origen. [5]
Otro grupo de exiliados argentinos llegó a Bélgica a través de Brasil, país al que arribaron con pasaportes falsos, cruzando la frontera en Puerto Iguazú, en colectivos a Uruguay y hasta a pie.
Los exiliados llegaban a Río de Janeiro y, desde allí, con la ayuda de la ACNUR se continuaba el viaje, ya que Brasil tenía un régimen menos represivo y menos asfixiante que el existente en Argentina.
Entre el 20 de mayo y el 4 de agosto de 1977, 35 argentinos pidieron asilo para ir a Bélgica mediante la ACNUR y 15 viajaron a Bélica. El resto decidió quedarse en Brasil o bien obtuvieron una visa para otro país.
El delegado de la ACNUR era Frank Krenz, quien envió dos cartas a ministro belga Van Eslande el 22/3 y el 22/7 de 1977, según archivos del Ministerio de Asuntos Interiores del Departamento de Migración, de Bélgica.
La figura jurídica de los derechos humanos se fue convirtiendo en un tema cada vez más importante en Bélgica, a partir de 1970[6], ya que denunciaba a las violaciones a los derechos humanos.
El golpe chileno y su consecuencia
El golpe en Chile provocó una reacción fuerte en Bélgica, en sectores políticos y sindicatos socialistas y cristianos, tanto en la comunidad flamenca como en la comunidad francófona. Para colmo, el golpe militar uruguayo se produce el 27 de junio de 1973, presidido por Juan María Bordaberry.
La renuncia de Cámpora
El 13 de julio de 1973 renunció Cámpora, junto a Solano Lima y de inmediato se aplica la Ley de Acefalía, asumiendo en setiembre Lastiri (49 días), quien era el presidente de la Cámara de Diputados.
En toda Bélgica surgieron comités de solidaridad con Chile entre 1973 y 1990 y llegaron a ese país entre 4.000 y 4.500 exiliados chilenos.
El caso argentino nunca logró el mismo nivel de atención en la sociedad belga, debido a que en Argentina el caso era más complejo respecto de lo sucedido con Salvador Allende y Pinochet.
El Tribunal Russell
Creado el tribunal en los años 60, el inglés Bertrand Russell en Bruselas se dedicó a investigar las violaciones a los derechos humanos en países latinoamericanos y en febrero de 1975 nació el COLARCH, un proyecto plural con organizaciones políticas, sindicales, de derechos humanos, universitarios e ideológicos. Fueron 10 organizaciones que actuaron con flexibilidad, practicidad y dinamismo, a la vez que ofrecieron apoyo financiero.
Entre 1985 y 1994 el organismo aludido participó de 7 de los 8 Programas de Acogida de inmigrantes provenientes de Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y El Salvador, concediendo el gobierno de Bélgica 1.100 visas de protección. Las visas no incluían apoyo económico y los presos disponían de un número de seguridad pública, con el que podían solicitar residencia.
El COLARCH era responsable del alojamiento, trámites iniciales y proceso de integración y el transporte y alojamiento, seguro médico, becas, trabajo y seguro de desempleo, así como de la inscripción a cursos de idioma.
Además, el organismo tenía contacto con el Centro de Estudios Legales y Sociales y con las Madres de Plaza de Mayo, así como con el Consulado Belga, que destinaba a los exiliados a familias de acogida. En el caso de Suecia, los exiliados iba a campamentos –que nada tienen que ver con los campamentos argentinos-, lo único igual es el nombre. En Holanda, a los exiliados se los ubicó en Centros de Acogida, donde había horarios fijos de comida y los que eran receptores sabían español.
Problemas psicológicos
Los emigrantes argentinos llegaron, en algunos casos, con problemas psicológicos, producto de la tortura sufrida y ese espacio lo cubrió el Colectivo Latinoamericano de Trabajo Psico Social, fundado en 1976 y conformado por profesionales argentinos y belgas, escritores, historiadores, psicólogos, asistentes sociales y hasta actores, cuyo primer objetivo era el de prevenir problemas psicosociales para atenuar dificultades y para establecer un eje de continuidad con su militancia anterior al exilio, ya que habían sufrido desórdenes psíquicos al chocar contra una realidad diferente luego de las experiencias sufridas.
Había, entre los exiliados negadores de sus problemas psicológicos y en esos casos, a los exiliados que así actuaban se los derivaba a médicos internistas y luego estos los reenviaban a terapeutas, psicólogos y psiquiatras, a los fines que lograran aceptar su pasado y asumir su presente.
El CAS –nacido en 1977- creció hasta 1979 y se desintegró a partir de 1983. Protagonizó, sin duda, la acogida política a través de diez personas que gestionaron el CAS, formado por especialistas que provenían de distintas orientaciones políticas y diversos partidos. No se “quebraron psicológicamente con la experiencia” porque estaban muy unidos y convencidos que tenían que organizar la denuncia de lo que pasaba en Argentina con el terrorismo de Estado, la violencia brutal desatada y la aparición de un nuevo mecanismo mortal “los desparecidos”, a lo que agregaron la necesidad de conseguir visas para salvar vidas y lograr la salida de víctimas hacia otros países de acogida.
La inexistencia de “prácticas políticas” la inexistencia de estructuras partidarias en Bélgica y las crisis internas belgas, así como la distancia geográfica con Argentina, agudizó la pérdida de contacto con redes políticas afectadas por la represión, generando en el exiliado emociones mezcladas y contradictorias como lo son sentir culpa por haber “sobrevivido” y “haberse ido” mientras otros caían definitivamente.
Conclusiones
Hubo, finalmente, en Argentina un reflejo nacionalista por parte de un sector chileno exiliado que exigía ayuda económica y de trabajo, mientras el SEUL ayudó al exiliado argentino a insertarse y posicionarse en un contexto discursivo en lo político más amplio posibilitando la creación de una red de relaciones supranacionales.
El número de exiliados argentinos en Bélgica, posibilitó su confraternización como refugiados en su totalidad. Eso les otorgó un perfil más cercano y vale aclarar que hubo, en Argentina, un comité belga contra la represión que optó por una clara oposición al Mundial de Fútbol de 1978.
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Promesa de Pullaro: Nueva cárcel de “alto perfil”
Una vez más, quienes hace más de cuatro décadas nos desempeñamos en el periodismo, escuchamos la ratificación de un proyecto destinado a poner tras las rejas a presos de “alto perfil”, destinado, en este caso, a 3.000 reclusos.
En esta oportunidad, el gobernador Maximiliano Pullaro dejó claro que la nueva prisión estará destinada a componentes de bandas criminales involucradas en delitos complejos y recalcó que “hay una unidad ejecutora trabajando en el proyecto”, a la vez que consideró que el área de seguridad será una de sus prioridades.
Será interesante que los jefes de las bandas y sus componentes dejen de ordenar, desde esa futura prisión, balaceras homicidios, distribución de drogas y otras lindezas, ya que “Maxi” dijo que aplicará –una vez terminada la prisión-, las medidas necesarias para profundizar el control, de la cárcel.
Mientras tanto, desde esta columna, solicitamos humildemente que esas medidas las profundice en los penales existentes. El que esto escribe, sabe que los componentes del servicio penitenciario sufren terribles presiones para que “se dediquen a mirar para otro lado”, cuando se organizan fugas o se introducen drogas y armas. Las amenazas que recibiría el personal de seguridad respecto a la vida de sus familiares ya es muy conocida, al igual que los sueldos que perciben en comparación con la que manejan desde el escalón más bajo de las gavillas narcos: los sicarios.
Pullaro subrayó que “Consta en numerosas investigaciones que las balaceras a domicilios o instituciones, los homicidios y las extorsiones suelen ser instigadas desde la prisión”. «Si soy gobernador, en nueve meses construyo una cárcel para 3 mil presos de alto perfil en Santa Fe», aseguró Pullaro en una entrevista con La Capital.
Hablando a futuro
Durante la campaña Pullaro había mencionado «cuatro puntos inmediatos» en relación a la seguridad pública:
- «Sacar la policía a la calle. Hoy está en comisarías y destacamentos, sin cumplir funciones operativas.
- Ir muy fuerte con investigaciones criminales complejas sobre los 15 focos de conflictos y de violencia que tenemos en la ciudad. Voy a tomar el control penitenciario de las cárceles. Vuelvo a crear celdas de alto perfil, con narcos y sicarios en ese lugar.
- En nueve meses construyo una cárcel para 3 mil presos de alto perfil en la provincia de Santa Fe.
- Como cuarta medida, vuelvo a armar mesas multiagenciales para frenar el delito y la violencia en los barrios».
Anticorrupción
Pullaro, como todo político que en días asumirá una nueva posición destacada, le ofertó a la oposición que se integre a su gestión mediante un nombre concreto para que asuma en la Subsecretaría de Anticorrupción.
Al cierre de esta columna, el nombre no apareció.
[1] Archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica.
[2] La libertad vigilada impedía la salida del país de los presos liberados: Franco, 2008; Duhalde , 1999: 136.
[3] Mira Delli – Zotti; 2004. Página 90.
[4] Jessen, 2004, Página 138
[5] Cieters, 2001, Página 44.
[6] Rihoux y Molitor, 1995: 112
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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Imagen: Foto interior del libro «Historias de Exilio» (Editorial Último Recurso, 2018)
Viene de acá: La expansión narco en los penales santafesinos
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