📜 El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
Veintiocho mil hombres en armas, entrenados para matar como un ejército paralelo
Para los seguidores de esta columna y de los datos estadísticos, cabe recordar que en 1974 la pobreza en nuestro país alcanzaba al 5,4 por ciento de los habitantes, mientras que hacia 1983 –dictadura militar de por medio- llegaba a 37,4% por ciento de esa misma población.
El dato permite relacionarlo con lo que ya hemos detallado respecto de lo ocurrido en marzo del 75, en la ciudad de Villa Constitución, cuando 4.000 integrantes de las fuerzas de seguridad nacional y efectivos provinciales prácticamente la ocuparon, luego de recibir el mandato del entonces ministro Alberto Rocamora.
El funcionario aludido había dado la orden de concretar esa operación al comisario Antonio Fischetti (a) “El Padrino” o “Don Chicho”, luego que fuera reclutado por la Triple A.
En ese tiempo, el presidente de la empresa Metcon pagaba 150 dólares diarios por el servicio de vigilancia por 6 horas y Acindar [1]hacía lo propio abonando un plus.
Los que pagaban
Los responsables de los pagos eran, en este último caso, el gerente de Relaciones Institucionales Pedro Aznarez y Roberto Pellegrini, este último jefe de Relaciones Laborales, los dos jefes más odiados de Acindar.
Los trabajadores y los representantes sindicales no tenían dudas: Ellos habrían autorizado levantar un cerco de alambrado de púas, en un perímetro determinado de la fábrica que daba a la ruta que conectaba a Villa Constitución con Rosario.
Incluso, en ese entonces, ya se comentaba entre el personal de la planta metalúrgica, que en ese lugar funcionaba un centro clandestino de detención. El tiempo confirmó la especie.
Trascendió por ese tiempo también que José Alfredo Martínez de Hoz, como gerente general de Acindar pidió un crédito de 600 millones de dólares a Isabel Martínez Cartas de Perón.
La asunción de Mingo
Cuando Martínez de Hoz asumió como ministro de Economía, Jorge Rafael Videla otorgó la autorización y Domingo Cavallo –Mingo para sus amigotes-, convirtió esa deuda privada en parte de la deuda del Estado.
A finales de 1977, la crisis militar interna producía una lucha despiadada por la designación del “Cuarto Hombre”, lo que se reflejaba en los informes que elevaba el embajador estadounidense de turno a la cúpula de la diplomacia estadounidense, la que seguía de cerca el proceso militar argentino.
La inversión del Mundial 78
Precisamente el Estado nacional gastó 700 millones de dólares para el Mundial de Fútbol 78, una cifra considerada por economistas como sideral y una de las consecuencias fue el crecimiento inflacionario en un 160 por ciento. Esos sí, los empleados estatales, al menos en Santa Fe y Rosario, cobraban sus sueldos el último día hábil del mes. Los sueldos eran “chiquitaje” y para los militares interventores no valía la pena meter allí sus uñas.
Se generó el Ente Autárquico Mundial 78 (EAM78), que facilitó a los militares el control absoluto del campeonato, siendo el primer presidente Omar Actis, del ejército, enfrentado al almirante Carlos Lacoste, un íntimo amigo del almirante Emilio Eduardo Massera, el representante de la Armada en la Junta Militar, sobre el que ya emitimos dos informes y aún nos resta agregar “algo más” de sus camaradas como el marino Vildoza, imputado de apropiarse de un hijo de una persona detenida, entre otros delitos.
Actis muere y asume Lacoste
A nivel nacional, luego de luchas internas y palaciegas, Lacoste terminó controlando el EAM 78, tras la muerte de Actis, justamente en 1978, episodio que le fue atribuido a la guerrilla, aunque sobrevoló la sombra del marino Massera.
Y, seguidamente, se decidió la remodelación de Argentina Televisora Color (ATC), así como las terminaciones de los estadios de River, Vélez Sársfield y Rosario Central, así como la realización de los de Córdoba, Mar del Plata y Mendoza, lugares ideales para quedarse con algún vuelto.
El 23 de marzo del 78, Lacoste recibió a la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) en el Aeropuerto de Ezeiza y se definieron los manejos de los negocios y los espacios de poder.
Precisamente, la Armada, en ese año, había puesto al mando en Rosario al intendente, sobre el que, en su momento, haremos las consideraciones periodísticas que correspondan.
En 1978 vale darle significación a una cuestión esencial: En un documento desclasificado se hace mención a las dificultades que tenía Videla para designar ministros “moderados” y a la caída de toda posibilidad de recuperar, en un lapso breve, la democracia.
En ese mismo documento se menciona la posibilidad de Videla de enfrentar a los más duros del poder militar y a Martínez de Hoz, quien se oponía a la apertura política, ya que él sostenía que para que su plan tuviera resultados positivos “necesitaba más tiempo” para que así sus medidas de austeridad revirtieran la situación económica imperante. Martínez de Hoz se sentía el heredero del Proceso, aunque su figura despertaba escasísimo consenso.
El incremento de la deuda externa
Desde 1975 a 1983, la deuda externa se incrementó en 35 mil millones de pesos y al primer año de la dictadura cívico- militar, la mortalidad infantil, en las principales provincias argentinas, había aumentado un 40 por ciento.
Además, desde 1975 a 1893 la Argentina vivió en la impiedad de un estado criminal. La muerte dejabas de ser pública y se transformaba en sinónimo de una acción fantasmal.
Todos tenían en ese lapso histórico un solo objetivo básico: sobrevivir al estado de cosas con una actitud mezquina, cobarde y aberrante para los que conocían los hechos y los aceptaban.
A todo esto, hay que agregar que la inflación era indetenible. Entre 1976 y 1983 y los números dieron cuenta de un incremento del 517.000 por ciento y en julio de 1982, el desquicio económico permitió que 600 empresas transfirieran su deuda privada al Estado.
28.000 hombres en armas
Mientras todo esto ocurría, es valedero puntualizar que el general Carlos Guillermo Suárez Mason, el militar que planificó la represión en el litoral argentino y la Mesopotamia, desde su sede en el Segundo Cuerpo de Ejército tenía a su cargo la Agencia Escorpio Investigadores Asociados.
Al 31 de octubre de 1985 el gobierno nacional ordenó detenciones y puso blanco sobre negro un tema inquietante: Nos referimos a que había nueve años después del golpe de marzo del 76, en funcionamiento, 280 agencias de investigaciones con una dotación de personal promedio de 100 agentes cada una.
El tema no es menor, ya que implicaba una masa humana de, al menos, 28.000 hombres en armas, conformada en función de ex personal militar y policial retirado pero entrenado, que una mente desquiciada podría utilizar, sin miramientos y en un breve lapso, para que funcionara como un ejército paralelo.
El jueves 17 de octubre de 1985, el juez Carlos Olivieri dispuso, tras meditarlo, teniendo mucha información en sus manos, el allanamiento de la agencia de seguridad Escorpio y, posteriormente, decidió la detención de 12 civiles y militares con el propósito de detectar al ex general prófugo Suárez Mason, considerado la cabeza militar del proyecto golpista de 1976.
El procedimiento judicial había sido solicitado por los abogados Jorge Baños y Marcelo Parrilli, quienes habían aportado al magistrado datos, los que fueron minuciosamente analizados por varias horas.
A esos detalles, se le había agregado un trabajo de investigación periodística que había llevado 40 días de trabajo, el que, como resultado permitió descubrir el funcionamiento del grupo “Omega”, con asiento en Miami, Estados Unidos, comandado por Suárez Mason.
El martes 22 de octubre de 1985 el ministro del Interior Antonio Tróccoli, comunicó a los medios los datos que había obtenido de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre la cuestión que nos ocupa, a lo que se sumó el relato del grupo, dedicado al humor y a notas de fondo, del semanario que hizo la investigación, en donde se habían obtenido precisiones de primer nivel sobre la conexión Miami-Montevideo-San Pablo.
Allanamiento y resultados
Del allanamiento quedaron detallados diversos hechos concretos:
- Se demostró la transferencia simulada de bienes de Suárez Mason a favor de su cuñado Félix Alais de la empresa Kinsol S.A, que tenía una cubierta jurídica en Uruguay.
- El juez Carlos Olivieri se había reservado en su juzgado elementos que involucraban a Suárez Mason en delitos y derivó el resto al Juzgado Federal de la jueza Amelia Berraz de Vidal, ante la posibilidad de la necesidad de iniciar nuevas investigaciones si surgía la configuración de nuevos delitos.
- Se expuso así, como el elemento más importante, la exposición del tipo de organizaciones como la señalada, que conformaban el peligro potencial para la estabilidad y la seguridad social en nuestro país.
- Explotaba una bomba cada 48 horas promedio en Capital Federal y se investigaba quien o quienes podrían tener el armamento y el apoyo tecnológico y la cobertura para producir tantos atentados.
- Se sospechó, además, sobre un denominador común: las agencias de seguridad y, además, surgió una pregunta elemental, ¿quién las estaba contratando?
- Vale decir en este sentido que se había dictado el 24 de marzo de 1976, la Ley 21265, que restringía las autorizaciones de funcionamiento de dichas como mecanismo preventivo.
- El 8 de marzo de 1983, el inspector ® de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández –quien integraba la ayudantía del ministro del Interior del régimen militar, Albano Harguindeguy, había proporcionado a la Comisión Argentina de Derechos Humanos en París (Francia), uno de los informes más completos sobre la organización y acerca de los hechos de represión en Argentina, Rosario, incluidos.
- Fernández resaltó la tarea del comisario general Alberto Villar, muerto en un atentado a manos de una terrorista. Es más, se lo señala como el inspirador del grupo Triple A, que actuó también en nuestro medio.
- En Rosario, entre 1975 y 1983 Carlos All, “El Cuervo”, alias capitán Alejandro, nacido en San Nicolás en 1948, estuvo a cargo de la estructura militar del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
- A fines de los 60 se encontraba haciendo el servicio militar cuando fue captado para el PRT por Enrique Gorriarán y Ana María, su compañera. No fue un simple trámite, recordó Ana María que se escapaba varias de las noches del cuartel y en una estación de servicio cercana se reunieron varias veces para zanjar algunas dudas y diferencias.
- All, una vez incorporado rápidamente demostró compromiso con la causa, al punto de ser delegado en el V Congreso del PRT, realizado en Julio de 1970, donde se fundó el ERP.
- Su militancia se desarrolló en el área de inteligencia, fue protagonista de varias tareas delicadas y de riesgo, como la negociación por la captura del empresario Sallustro con la gente de Fiat.
- A fines de 1975 el Ejército secuestró a los hijos de Mario Roberto Santucho, a sus sobrinos, su cuñada y al hijo de un compañero. El Cuervo All fue el encargado de rescatarlos en el hotel donde habían sido dejados, tarea que le había sido encomendada.
- En marzo de 1976 participó de la reunión del CC en La Pastoril, reunión que fue interrumpida por la llegada de la policía al lugar y “El Cuervo” logra escapar, aunque varios son apresados en el intento, entre ellos Juan Mangino, responsable de Inteligencia. El Cuervo sería quien lo remplazaría en esa tarea.
- En julio de 1976 Carlos sale del país y a principios de 1977, estuvo viajando rumbo a España. Ante el camino que seguía el partido y su ruptura tomó parte del grupo que decidió continuar su militancia en Nicaragua junto al FSLN
- Participó, realizando tareas de inteligencia en ese país, tras la revolución en Nicaragua y luego de varios años se radicó en Venezuela, donde también continuó cumpliendo dicho rol, falleciendo en dicho país, al parecer, a mediados del 2000.
Integrantes de la Triple A
Peregrino Fernández, en su informe mencionó como integrantes de la Triple A a Gustavo Eklund “El alemán”, considerado el mejor tirador del grupo y Félix Alejandro Alais[2] , este último cuñado de Suárez Mason, siendo el que actuaba como jefe de personal.
En la sala principal de Escorpio, vale mencionarlo, había un imponente cuadro del comisario Alberto Villar. A ellos hay que agregar al comisario ® Armando Barrido, quien manejaba aspectos operativos de la empresa.
En una publicación humorística de 1985, funcionaban como componentes de la empresa, en posiciones destacables, el coronel ® Roberto Rualdes, dedicado a la inteligencia de la empresa, aunque figuraba como “asesor”; el juez Modestino Pizarro Miguens, como asesor legal y el juez federal José Nicasio Dibur, a cargo de la gerencia de investigaciones.
Dibur, como magistrado, durante el Proceso de Reorganización Nacional, tenía a su cargo la investigación de los crímenes de la Triple A.
En definitiva, Dibur, actuó, evidentemente, desde los dos lados del escritorio. Formó parte de Escorpio e investigó a gente que habría cometido los mismos por órdenes de Villar.
Condenados
Es de hacer notar que entre abril de 1985 y abril de 2012 fueron condenadas 282 personas responsabilizadas por delitos de lesa humanidad.
Dichos delitos no prescriben y en Rosario se hallaba vigente la causa 131/07, la 120/08 y sus acumuladas, por lo que de las 282 -presuntamente responsables-, 44 tuvieron condena firme y 238 quedaron en revisión por parte de la Cámara de Casación Penal de la Corte suprema de Justicia de la Nación.
Vale puntualizar que hay causas en las que un mismo imputado fue condenado más de una vez.
[1] Sobre Metcon y Acindar, en columnas anteriores se brindó un meticuloso informe que en otros medios de comunicación no se conocieron.
[2] Mencionados en el asesinato del diputado Rodolfo Ortega Peña. Los dos llegaron a retirarse como comisarios.
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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Foto: Carlos Guillermo Suárez Mason, planificó la represión en el litoral argentino y la Mesopotamia, desde su sede en el Segundo Cuerpo de Ejército tenía a su cargo la Agencia Escorpio Investigadores Asociados (Foto diarioanticipos.com)
Viene de acá: El secuestro de Tulio Valenzuela a manos de un grupo de tareas de Leopoldo Fortunato Galtieri
Continúa aquí: El análisis de un engaño criminal
