📜 El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
La «Operación Gabriela»
Para continuar armando nuestro particular rompecabezas, teniendo en cuenta el derrotero histórico-político de la violencia en Rosario, llegamos al 1º de julio de 1970, cuando asume la jefatura de la policía de Rosario Juan Carlos Duret, otro de los tantos coroneles del Ejército que tendría bajo su mando a los policías de Rosario, quienes no tenían otra opción que aceptar órdenes de las fuerzas armadas, aunque a ellas le agregaba su impronta de violencia subterránea.
Duret había nacido el 27 de julio de 1924 e ingresado a las fuerzas amadas el 1º de febrero de 1943. Dejó su carrera militar el 14 de diciembre de 1945, en la que alcanzó la jerarquía de general de brigada y se retiró el 31 de enero de 1974.

A treinta días de su asunción, -el 30 de julio de 1970, a las 14.45-, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) llevaron adelante un operativo y lograron copar la ciudad de Garín, partido de Escobar, zona norte del Gran Buenos Aires.
Antes de ingresar de lleno a la “Operación Gabriela” es necesario recordar, como un antecedente más, que las FAR se formaron a finales de la década del 60 y su ideal en ese momento no era otro que entrenarse militarmente para unirse a las guerrillas rurales de Bolivia.
Sus miembros provenían de la Federación Juvenil Comunista, del Partido Comunista Argentino, con una ideología de base marxista –leninista, al que se sumaba un aditamento latinoamericanista.
Fue su fundador Carlos Olmedo– abatido el 3 de noviembre de 1971, en el denominado combate de Ferreira, en la provincia de Córdoba-. Con la muerte del “Che” Guevara, las FAR se vieron envueltas en un debate interno para lograr expandir sus cuadros a los efectos de comenzar a trabajar con el uso de la violencia en base al accionar de la guerrilla urbana, un proceso que se extendió hasta el Cordobazo, en mayo de 1969.
Luego, con influencias ideológicas de Tupamaros, las FAR conformaron una organización política-militar para luchar contra la Revolución Argentina.
Expuesto el recuerdo necesario para contextualizar el proceso histórico, volvamos a la Operación “Gabriela”, que fue planificada por Roberto Quieto –cuyo nombre de guerra era Negro- Carlos Olmedo (Germán) y Marcos Osatiynsky (Lucio), siendo conducida sobre el terreno por Carlos Olmedo, quien desplegó sus hombres para asaltar la sucursal del Banco Provincia, copar el destacamento policial para obtener armas, hacer lo propio con las dependencias de ENTEL y la estación de ferrocarril.
“Gabriela” duró sólo 11 minutos y participaron 24 hombres y 12 mujeres, que secuestraron a Stanley Sylvester cuando salió a comprar el pan en el barrio de Fisherton. Luego de concluido el operativo, se replegaron en cinco camionetas y tres autos previamente robados.
La publicidad lograda con el ataque, les posibilitó acercar varios adeptos y marcar el inicio de una serie de acciones en los años siguientes, entre los que se contaron secuestros extorsivos resonantes que efectuaron con elementos de otras organizaciones armadas irregulares, entre las que se contaba el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
De esta manera, los componentes de las FAR fueron definiéndose políticamente y con ello se acercaron al peronismo de corte revolucionario y al grupo Montoneros.
El secuestro improvisado
Como adelantamos, el 23 de mayo de 1971 se concretó el secuestro del cónsul honorario inglés en Rosario Stanley Sylvester, empresario de 58 años, como resultante de un plan ideado por militantes que actuaban en el Frigorífico Swift, conducidos por Osvaldo Debenedetti, (a) El Tordo. Junto a él integraban el grupo, entre otros, Ricardo Arias, Telésforo Gómez, Rita Montenegro, de la ciudad de San Lorenzo, que llegó a desempeñarse con el rango de capitán en el Ejército Revolucionario del Pueblo; y Martha Antonia Martínez Moreno.

Un comité militar se agregó con el inicio de la operación, encabezado por Jorge Carlos Molina. Las demandas de los secuestradores fueron la reincorporación de 800 trabajadores despedidos del frigorífico y la entrega de 25 millones de pesos en alimentos, frazadas y útiles escolares en concepto de indemnización a los obreros de la carne. Los objetivos “revolucionarios” de ese tiempo no eran los de obtener dinero.
Reivindicaciones
“Las reivindicaciones pasaban por difundir los comunicados del grupo en el marco de un plan de propaganda armada”, señaló al periodismo Jorge Luis Marcos, quien al momento del secuestro integraba el mencionado Comité Militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores que tendría posteriormente, bajo su dirección al ERP.[1]
El secuestro se preparó en el domicilio de los militantes Jorge Molina y su pareja Nilda Miguez, una vivienda ubicada en el inicio de calle Lamadrid, junto al terraplén y las vías del ferrocarril.
Fue en esa casa que el grupo de secuestradores del PRT cavaron un sótano, con una tapa para albergar al cónsul- gerente del Swift desde hacía doce años, quien había sido elegido como víctima por los problemas que se habían desencadenado en el frigorífico.
La operación criminal debió ser aprobada por el Comité Nacional del ERP, donde se desempañaban Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Menna, Luis Pujals y el ya citado Marcos.
A pesar de todos los planes previstos, el secuestro terminó siendo un acto improvisado ya que el Tordo y Molina aprovecharon para interceptar a Sylvester, en un día no previsto, “cuando salía de su casa para ir a la panadería, lo subieron a un auto y se lo llevaron a la casa”, relató Marcos. [2]
El impacto local de la noticia obligó a cerrar las rutas de salida de la ciudad y el entonces jefe de policía Agustín Feced inició la búsqueda desesperada de la víctima por las implicancias políticas del hecho.

Medio millar de policías federales, dirigidos por el inspector mayor Alberto Villar, también formaron parte de la búsqueda frenética de Sylvester, organizada por el área de Operaciones del Comando del II Cuerpo, a cargo del general Juan Carlos Sánchez.
Momentos de tensión
Tengo grabado en mi memoria los tensos momentos que vivía la ciudadanía de Rosario, ya que era consciente que, sin más trámite, -generalmente a primera hora de la mañana-, el Comando del II Cuerpo llegaba a una cuadrícula de la ciudad y los soldados, armas en mano y listas para gatillar, ingresaban casa por casa para revisar hasta los inodoros de las viviendas.
El terror de los vecinos era tan grande –aún a sabiendas que no tenían responsabilidad en el secuestro- que por cometarios que se producían por el consabida boca a boca, prendían fuego en las terrazas con todos aquellos elementos que pensaban que podrían ser considerados “subversivos”, entre ellos los libros.
Por ese entonces, quien esto escribe era –y sigo siendo-, un seguidor de la obra del escritor de ciencia ficción y fantasía Ray Bradbury y ello me llevaba indefectiblemente a su novela Fahrenheit 451, la temperatura en la que se enciende el papel y arde.
Exigencias
Las crónicas periodísticas de los medios, que siguieron el desarrollo de los hechos dieron cuenta de los siete comunicados del ERP, para exponer sus exigencias, las que se concentraron en: la reincorporación de los 800 trabajadores cesantes en el frigorífico, el pago de los salarios caídos, la reducción del tope de producción y el cese del maltrato por parte de los jefes de sección.
El 28 de mayo de 1971 el frigorífico, presionado por el Ejército para que bajara los niveles de tensión en los operarios, mientras seguía la búsqueda de la víctima del secuestro, entregó mercadería consistente en “un kilo de arroz, una botella de aceite, leche en polvo y azúcar. También se entregaron dos frazadas a cada uno de los 3.600 empleados del frigorífico.[3]
Los barrios que más sufrieron la “visita” del Ejército fueron Stella Maris, Roque Sáenz Peña y Saladillo.
Sylvester fue liberado sin un rasguño el 30 de mayo de 1971 y casi todos los participantes del secuestro fueron abatidos por la policía o desaparecieron en los años de la dictadura.
Operativo “rastrillo”
En noviembre de 1971, como consecuencia de un operativo “rastrillo” fue detenido el ex procurador Luis Eduardo Lescano. Las fuerzas militares que actuaron en el hecho estaban al mando del comandante del II Cuerpo de Ejército, general Juan Carlos Sánchez, quien condujo al detenido a un pabellón especial para presos políticos en la Unidad de Detención Nº 3, de Ricchieri y Zeballos, custodiado por Gendarmería Nacional.
Sánchez había armado un “Operativo cerrojo”, que se inició a las 4.30 de la madrugada y que ocupaba un perímetro que iba de bulevar Seguí al sur y de San Martín hasta la avenida Ovidio Lagos.
La zona se recorrió –como señalamos-, casa por casa para detectar armas y explosivos, así como literatura que era calificada arbitrariamente “de izquierda”.
Mientras esto ocurría, en el Gran Rosario había un 27,3 % de hogares pobres y un 35,8 % del total de la población se consideraba en esa situación. De esta manera 465.503 habitantes estaban bajo la línea de pobreza. Por otra parte, más de 100.000 personas, en los centros urbanos de Santa Fe no avanzaban para superar la línea de indigencia.
Desde Principios de 1972, La Fuerzas Armadas Revolucionarias, sobre todo en los meses previos a los hechos conocidos como la Masacre de Trelew, debatieron acerca de la necesidad de fusionarse con Montoneros.
Los militares llegaron a la vivienda de Lescano y lo detuvieron porque estaba en la mira de Agustín Feced y lo condujeron a una prisión, a disposición del Poder Ejecutivo. Así estuvo en un pabellón militar de la Cárcel de Encausados hasta mayo de 1972.
El abogado y amigo de Lescano habría logrado entrevistar al general Anaya, quien le dijo sobre su representado que “era el jefe de la guerrilla en Rosario”.
Un caso paradigmático
Durante la gestión del Duret se dio un caso paradigmático del terrorismo de Estado, de similares consecuencias al caso Lescano, ya referido.

El nuevo episodio tuvo como víctima a Felipe Rodríguez Araya, quien nació en Rosario el 9 de mayo de 1934 y se graduó como abogado en 1961, en la Universidad Nacional del Litoral.
Formó parte de la unión Cívica Radical del Pueblo y a partir de 1973 comenzó a militar en el Movimiento de Renovación y Cambio de la U.C.R., donde cobró notoriedad a partir de la defensa de los detenidos políticos.
Defendió, entre otros, a Gabriela Yofre, apresada por el homicidio del comandante del II cuerpo de Ejército, ocurrido el 11 de abril de 1972 y a Liliana Olga Montanaro, integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo, acusada del homicidio de Oberdán Sallustro, director de la Fiat.
Sufrió atentados con ráfagas de ametralladora en el frente de la vivienda de su madre.
El 29 de septiembre de 1972 Rodríguez Araya se hallaba en su departamento de Mendoza 666, con su esposa Marta Figueroa, de 28 años, sus hijos, Agustín, de 8; Lisandro, de sólo 10 meses y su sobrino, de 4 años, tras asistir a la última función del cine Monumental.
Mientras su esposa acostaba a Agustín, hacía lo propio con su sobrino y preparaba al bebé para dormir junto a Felipe, sonó el timbre. Cuando la mujer del abogado preguntó quién era, del exterior respondieron con las mismas preguntas.[4]
Felipe y su mujer, ante la sospecha de que ocurría algo extraño, levantaron las persianas y salieron al balcón que daba sobre calle Mendoza, desde donde vieron a dos personas en la vereda, quienes le dijeron que buscaban al portero- que por otra parte el edificio no tenía-, haciendo pensar al abogado que los inquisidores no eran otros que una dupla de cacos.
Al abrir el ventanal que daba al dormitorio, divisaron dos automóviles Ford Falcon- uno verde agua y el restante color verde oscuro- estacionados, de cuyo interior descendieron personas con armas largas.
La esposa de Felipe trató de convencerlo de que saltara desde el tercer piso a una terraza de la casa lindera, mientras el negándose le decía: “Si me voy los hacen pelota”. Atinó a ir hacia el teléfono para llamar al Comando Radioeléctrico, quienes no vinieron inmediatamente porque había una zona liberada o porque él no se había identificado.
A todo esto, los atacantes rompieron la puerta de ingreso del edificio a culatazos –era un vidrio blindex- y subieron a las zancadas al 3º piso.
Al pedirles Felipe que se identificaran, los individuos que querían ingresar a la vivienda lo hicieron como componentes de la policía de la provincia de Santa Fe y agregaron que si no los dejaban entrar, ingresarían a itakazos.[5]
Al ingresar, los “policías” revisaron meticulosamente la casa y se llevaron a Felipe para “interrogarlo y luego lo regresarían”, según su propia esposa. Rodríguez Araya miró a su mujer y en esa mirada le dejó un mensaje “grabate mentalmente quien es el que me lleva”.
[1] Stanley Silvester, un cónsul de rehén en el Bajo Saladillo. Osvaldo Aguirre. La Capital. Suplemento Señales. Mayo 29 de 2011. Pág.4-5.
[2] Íbidem.
[3] Íbidem.
[4] Los pasos de la memoria. Pág. 33
[5] Íbidem
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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Foto: razonyrevolucion.org
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