📜 El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
El «Carnicero Verde» cruza Los Andes
Feced alcanzó “nivel internacional” cuando lo enviaron a Chile, en el marco de las negociaciones que, a fines del 78, había comenzado el cardenal Samoré y que posteriormente continuó el propio Santo Padre Juan Pablo II.
El 7 de julio de 1978 –siguiendo nuestra línea de tiempo-, había sido desactivado el Centro de Detención de la Fábrica Militar de Armas Portátiles “Domingo Matheu”, en el que se desempeñaba como máxima autoridad el teniente coronel Jorge Rubén Fariña[1], quien usaba los apelativos de “Sebastián” y “Comandante Pablo”, en los operativos.
El viernes 30 de julio de 2021 el matutino La Capital, en su página 20, dio a conocer la condena a prisión perpetua, dictada el día anterior, para Fariña y tres ex policías de la Federal, por crímenes de lesa humanidad de 29 víctimas en la Quinta de Fisherton y la sustracción de quien resultó ser la nieta recuperada 103.
Fariña fue condenado como “coautor penalmente responsable de la privación ilegítima de la libertad, violencia y amenazas agravadas en concurso real, con tormentos aplicados por ser las víctimas perseguidas políticas”.
Además, se lo condenó por homicidio agravado por alevosía, en el marco de la denominada causa Klotzman, por delitos cometidos en perjuicio de las 29 víctimas señaladas.
La misma pena recibieron los tres ex policías federales Federico Almeder, Juan Enrique Langlois –partícipe necesario-, y Enrique Andrés López, como coautores penalmente responsables de privación ilegítima de la libertad, agravada por violencia y amenazas y por aplicación de tormentos calificados por tratarse de víctimas perseguidas por causas políticas.
Asimismo, Fariña, fue considerado “coautor penalmente responsable por la sustracción de una menor de diez años, calificándolo como crimen de lesa humanidad”, en perjuicio de María Pía Josefina Kertz, hija biológica de Cecilia Beatriz Barral, quien dio a luz en cautiverio y Ricardo Horacio Klotzman, siendo entregada a una familia de Santa Fe.
Sofía Barro Fosín, abogada defensora del caso logró reconstruir como Cecilia y Ricardo fueron secuestrados el 2 de agosto de 1976 de su domicilio “y se los llevaron. A ella, con un embarazo a término”. La entidad Hijos Rosario pidió que cumplieran la pena en cárcel común, puesto que estaban los implicados detenidos bajo el beneficio de la prisión domiciliaria. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación actuó en el caso como querellante y el fiscal solicitó que los hechos explicitados fueran “considerados delitos de lesa humanidad” por cuanto “formaron parte de un plan sistemático y generalizado que se llevó adelante en contra de la población civil”.
El juicio se había iniciado en setiembre de 2020, luego de varias postergaciones y hubo dos sobrevivientes: Fernando Brarda y un hombre que luego de 40 años que estuvo secuestrado por error en la Quinta de Fisherton, por donde pasaron los desaparecidos de la causa[2].
El centro clandestino que nos ocupa, -al parecer, surgió como alternativa, al producirse el cierre de la Quinta de Funes, a fines de 1977– lo administraba personal jerárquico del Comando del II Cuerpo de Ejército, junto a un grupo del Batallón 121, proveniente de dicha “Quinta”.
Esposados y encapuchados
Los detenidos eran ingresados por un portón abierto en 1976 y el lugar constaba de 3 habitaciones, una de las cuales era dedicada a sala de torturas. En otra de las dependencias, los detenidos permanecían esposados y encapuchados, a la espera de ser interrogados y el lugar restante era una caballeriza de 30 metros cuadrados, dónde se reunía a los prisioneros.
Por último, en la cocina, había una radio de comunicación que se prendía, a todo volumen, para acallar los gritos de los torturados. Allí cumplían funciones Ernesto Constanzo, (El tucu); Eduardo Ribecchi (Rébora); Juan Amelog (Daniel); Luciano Adolfo Jáuregui, Oscar Pascual Guerrieri[3] y Enrique Testoni, junto al gendarme Eugenio Zacarías y el agente de inteligencia Carlos Sfulcini.
Formaban parte del “equipo” Hugo Vidarte (ex militar), Hugo Cardozo, y los ex gendarmes Héctor Gertrudis y Carlos Gamberale.
Allí, entre otros, estuvieron “desaparecidos” Ramón Verón y el ex concejal Juan Rivero –ya fallecido-, quienes fueron detenidos el 12 de mayo de 1978, según consta en la causa que investigó el juez federal Omar Di Jerónimo. Verón fue capturado en su casa de Barrio Plata, en la zona sur de Rosario y el restante en el barrio Saladillo.
Vale apuntar que el grupo de la Fábrica de Armas, en la madrugada del 11 de mayo de 1978, concretó una redada contra militantes de la Coordinadora de Gremios.[4]
Verón y Rivero señalaron en su exposición ante el juez Juan Di Gerónimo que “el Centro Clandestino de Detención funcionó sobre el paredón sur y fue administrado por el II Cuerpo de Ejército y la patota del Batallón 121, que había actuado en la “Quinta de Funes”.
“Los detenidos eran ingresados en vehículos por un portón, colocado en los finales de 1976 –señaló Rivero- quien detalló el interior del lugar, agregando que “tenía el lugar tres habitaciones, una sala de torturas, una cocina –donde los presos se hallaban con las esposas colocadas y vendados- donde esperaban turno para ser interrogados y una caballeriza de 30 metros cuadrados, donde permanecían los detenidos”.
“En la aludida cocina, los militares colocaron una radio a todo volumen con música para tapar los gritos de los interrogatorios y otra radio del sistema de telecomunicaciones”, aportó Rivero.
Rivero era por ese entonces delegado de la Metalúrgica Materfer y fue detenido cuando los represores buscaban a su hermano. Como el mismo no estaba se lo llevaron a él y lo torturaron el primer día. Le colocaron algodón en la boca y lo ataron con cables. Estuvo, además, colgado de argollas en las caballerizas hasta que recuperó el sentido luego de varios días.
Rivero siempre tuvo claro que sus torturadores fueron Ernesto Constanzo y Eduardo Rebecci[5] –nombre de guerra Rébora-, quienes venían de vez en cuando a verlo después de la sesión para ver si había recuperado el sentido. En el mismo lugar, Rivero reconoció a Carlos Isaac[6], “un represor petiso, rubio, medio colorado, de voz chillona”.
El 2 de noviembre de 2009 se inició la etapa de declaraciones de lo sucedido en la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu y en la oportunidad declaró Rivero. El mismo día declararon Verón y otra de las sobrevivientes: Adriana Arce. Todos ellos querellantes y en la causa caratulada Amelong y que fuera acumulada a la causa Guerrieri.
El día de las declaraciones Adriana Arce narró como se le practicó un aborto sin anestesia en otro lugar que no fue el CCD y luego regresada a la Fábrica Militar.
Por su parte, Verón trabajaba en el frigorífico Swift y fue detenido junto a su pareja Hilda Cardozo, una docente salteña, de 26 años, quien fuera vista en la ESMA en –La Perla -, en la provincia de Córdoba.
Verón estuvo esposado junto a Susana Miranda, una enfermera que se desempeñaba en el Sanatorio Plaza, quien había sido detenida junto a Ariel Morandi, un compañero de trabajo.
Morandi y la mujer habían estado en el Centro Clandestino de la Jefatura de Rosario, donde se lo veía con la cabeza quemada con bencina.
El centro clandestino fue, como señalamos, finalmente desactivado y los prisioneros fueron derivados al Batallón de Comunicaciones 121 del Ejército, mientras que otros terminaron desaparecidos.
Dueño y señor de la vida y la muerte
En la madrugada del 11 de mayo de 1978, por orden de Galtieri –dueño y señor de la vida y muerte de los que allí serían detenidos- efectuó un procedimiento contra militantes de la Coordinadora de Gremios.
En primer término, se detuvo a la enfermera Olga Moyano, cuando salía de trabajar del Sanatorio Plaza, donde trabajaba y dos horas más tarde, en Dorrego y Mendoza, Ariel Morandi y Susana Miranda, fueron capturados, tras su salida del mismo nosocomio.
Fueron en su totalidad derivados al Servicio de Informaciones de la Jefatura, donde se los torturó salvajemente. La casa de Morandi, a las pocas horas fue saqueada por otro grupo de tareas –Pasaje Sauce al 5700- y lo propio ocurrió en la casa de Miranda, en Capitán Bermúdez.
Raúl Haroldo Guzmán Alfaro, jefe del SE, les negó a familiares de Morandi la detención del mismo y posteriormente, la madre de Morandi recibió idéntica respuesta del teniente Enrique Hernán González Roulet.
En la noche del 11 de mayo de 1978, otro grupo de tareas secuestró en Santa Fe y Cafferata a Adriana Arce, cuando regresaba de un viaje a Santa Fe. Venía siendo vigilada en el colectivo, por Eduardo Constanzo, lo que la mujer advirtió “por el aspecto de chorro que tenía su vigilador”. [7]
Quince individuos, aproximadamente, participaron al día siguiente, del referido secuestro de Juan Antonio Rivero[8], sobre quien recogimos su testimonio. Allí también estuvo presente el también ya aludido Constanzo.
Un hermano de Rivero se entrevistó con el director de la Fábrica Militar Enrique Testoni, quien le manifestó que el secuestrado se hallaba prófugo.
El propio Rivero, mientras se hallaba detenido en el Centro Clandestino de Detención, reconoció a José Luis Pérez Caro, “un oficial de la Policía Federal con quien había dirigido partidos de fútbol para la Asociación Rosarina”, apuntó en la entrevista antes citada.
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En el período 1976 /1978, las comunicaciones de los “subversivos”, no podían concretarse en lugares públicos y resultaba inviable que lo hicieran en departamentos. En razón de ello eran citados telefónicamente y se encontraban con sus superiores mientras fingían pasear mientras recibían órdenes. Las reuniones eran chequeadas previamente para evitar citas falsas.
“Perder” sinónimo de “desaparecer”
En la jerga interna de los militantes, cuando alguien era informado sobre la “enfermedad” de un amigo/a, significaba sencillamente que había caído en manos de las fuerzas represivas o se había “perdido”, una denominación neutra para evitar términos tales como muerte o detención.
Ello era corroborado, días más tarde, con la aparición, sin vida, de militantes fusilados o dinamitados en el interior de un zanjón. Luego, con el avance represivo “perder”, se transformó en sinónimo de “desaparecer”.
Los militantes tenían claro que “la guerra se gana cuando el enemigo pierde la voluntad de combatir y para ello hay que ganar también la batalla de la información y de la propaganda”, decían los militares encargados de manejar la contrainformación.
Y la resistencia no tenía precisamente un buen equipo de contrapropaganda oficial. Si eran muy comunes las volanteras que no eran otra cosa que cajas de zapatos con un mecanismo explosivo que impulsaba los volantes hacia arriba y en diversas direcciones. Se utilizaban mucho en el interior de las universidades.
“Ello era complementado, aunque de manera muy reducida, con la instalación de bases de comunicaciones en el interior de departamentos, desde donde se escuchaban de las radios policiales, a los efectos de precisar el movimiento de los patrulleros. A esto se le agregaba el traslado de información por medio de correos de una secretaría a otra para decidir ataques sorpresivos en sectores poco custodiados de la ciudad”.[9]
La propaganda militar era muy fuerte y el control sobre la ciudadanía en Rosario obligaba a los resistentes a utilizar sistemas de contraseñas para asegurar la realización de una cita. De esta manera el nombre de libros, la utilización de determinada prenda de vestir o la iniciación de un diálogo de manera precisa servían para asegurarse que no estaban en peligro o que no eran vigilados.
Llegó a un punto de gravedad en la situación, que el Ejército Revolucionario del Pueblo, en una reunión del equipo militar en Rosario, emitió la orden de no operar más militarmente hasta que “no estuvieran creadas las condiciones de seguridad”, tras lo cual dispuso organizar el repliegue de los militantes. La nueva orden fue trabajar a mediano y largo plazo en el interior de empresas industriales.
En febrero de 1977 la Dirección General de Radio y Televisión, a nivel nacional, en función de disposiciones de la Secretaría de Información Pública de la Nación, estableció disposiciones para los programadores de la red de canales. El organismo dispuso, obviamente también para los medios de Rosario:
“Programas musicales de alto nivel y jerarquía”.
“Obras cumbre de la literatura comentadas por personalidades”.
“Conciertos con la explicación de las obras, su ubicación en el tiempo y características de ejecución”.
“Visitas filmadas a museos del país”.
“Ciclos de obras teatrales del más importante repertorio nacional y mundial”.
“Audiciones didácticas de apoyo a la enseñanza primaria, secundaria y terciaria”
Las órdenes incluían, además, transmisiones deportivas, educación física, enseñanza de idiomas y programas periodísticos elaborados para “servicio de necesidades concretas de la comunidad”, a lo que debían agregarse programas humorísticos en cuadros breves”.
[1] Fariña fue imputado de la detención y desaparición de Raquel Negro, por ese entonces embarazada, sí como del secuestro de Adriana Arce. Fue jefe de Operaciones y torturador del Destacamento de Inteligencia 121 y se desempeñó como tal en los CCD de Granadero Baigorria –La Calamita-, Quinta de Funes y Fábrica Militar Ovidio Lagos.
[2] La Capital. 30/7/21. Pág. 9
[3] Guerrieri participó de la detención de Raquel negro y actuó en diversos CCD. Su apodo era “Jorge Roca” y fue puesto en libertad por la Ley de Obediencia Debida.
[4] Osvaldo Aguirre. La Capital- 7/6/2004
[5] Eduardo Rebecci fue procesado por secuestrador de los CCD Granadero Baigorria, Quinta de Funes y Fábrica Militar Domingo Matheu. Quedó contemplado por la Ley de Obediencia Debida.
[6] Carlos Isaac fue denunciado como participantes de secuestros y torturador, siendo el corresponsable del CCD “Quinta Operativa”, de Santa Fe. Resultó impune por la Ley de Punto Final.
[7] La Capital, 07/06/2004. Página 8.
[8] Ex concejal de Rosario.
[9] La Voluntad Tomo III. “Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina 1976/1978.
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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Foto: La casa que sirvió de Centro Clandestino de Detención en la zona oeste de Rosario (colectivoepprosario.blogspot.com)
Viene de acá: Rolón y Landoni, los mensajeros de «la parca»
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